Este artículo ha sido publicado originalmente en Revista de Economía Crítica. Manuel Delgado Cabeza es catedrático jubilado del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
A partir de los años 50 del pasado siglo, con el aumento de la capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras en el Norte, el capital encontró en el turismo una nueva frontera para la acumulación. Al calor de lo que se convertiría en turismo de masas, desde los centros económicos europeos algunas zonas litorales del Sur empezaron a ser vistas como espacios que reunían las condiciones para ponerlos al servicio del negocio turístico. Entre ellas, el litoral andaluz. El régimen franquista, interesado en propiciar una apertura política y económica, conectó enseguida con esos intereses del capitalismo internacional, viendo a su vez en el turismo una salida al problema del déficit de la balanza de pagos, que podría ser compensado con las divisas que llegarían. Las élites económicas dentro del Estado encontraban también así una manera de facilitar su vinculación al resto de las economías capitalistas y al mismo tiempo de satisfacer sus necesidades de importación de tecnología y maquinaria para alimentar la expansión y la acumulación en las áreas industriales.
De modo que, una vez más, cuando convino a intereses lejanos y ajenos a Andalucía, con los que conectó una estrecha oligarquía local subalternizada y satelizada por aquellos, la vida y las condiciones para su reproducción se plegaron aquí a esos intereses. En principio en la parte de la costa a la que José Antonio Girón de Velasco, uno de los principales jerarcas del régimen franquista, delimitó geográficamente como La Costa del Sol en un artículo de prensa publicado en 1954 que llevaba ese título. Una costa en la que él tuvo una actividad intensa desde la política y también participando en numerosos y a veces turbios negocios inmobiliario-turísticos en los que nunca apareció como titular.
El “descubrimiento” del litoral andaluz como fuente de apropiación de riqueza
Entre los primeros “descubridores” de esta parte del litoral andaluz como fuente de apropiación de riqueza cabe citar a Norberto Goizueta, ingeniero navarro que desde su yate divisó la zona de Guadalmina, entre Marbella y Estepona, donde adquirió un terreno entonces de uso agrícola de 400 hectáreas por 13 céntimos de peseta el metro cuadrado que después transformaría en un gran complejo turístico. De la mano de Norberto Goizueta llegó a Marbella el salmantino Ricardo Soriano y Scholtz, Marqués de Ivanrey, que adquirió dos fincas en el paraje de El Rodeo en las que más tarde se localizaría un complejo hotelero y una urbanización, jugando este promotor un papel fundamental en la explotación inmobiliario-turística del territorio marbellí. A su vez, Ricardo Soriano atrajo a la zona a su tío, Maximiliam Hohenlohe-Langenburg, que durante la Segunda Guerra Mundial había trabajado para el servicio de inteligencia del Tercer Reich en España, habiendo sido también antes un importante colaborador del régimen nazi. Cuando Maximiliam, en 1946, “descubrió” la Costa del Sol adquirió unos terrenos en la zona de Santa Margarita, que luego su hijo Alfonso de Hohenloe-Langenburg, promotor de numerosas urbanizaciones y complejos turísticos y uno de los personajes más poderosos de la Costa del Sol, convertiría en el área del Marbella Club.
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Maximiliam Hohenloe facilitó la llegada y la acogida en el litoral andaluz de numerosos refugiados nazis, algunos de ellos destacadas figuras del nazismo huidos de la justicia, que se vieron protegidos por el régimen de Franco. Este cobijo e inmunidad fue posible gracias a un entramado del que formó parte Ricardo Soriano, en torno a cuyo segundo apellido, Scholtz, existió, antes de que él llegara a Marbella, una espesa red de vinculaciones con intereses políticos y empresariales asociados a la Alemania nazi; aunque el epicentro de la trama fue José Antonio Girón de Velasco, que llegó a tener como compañero de negocios a Hans Hoffmann, personaje que tuvo un gran protagonismo en la Legión Cóndor y en la División Azul y que fue miembro destacado de la Gestapo (Portero, 2021).
Con Hoffman hizo Girón operaciones como la de la urbanización de la zona de Santa Amalia, en Fuengirola. Unos terrenos que fueron comprados en 1949 muy baratos por la esposa del alemán después de que el alcalde del municipio utilizara con los propietarios, pequeños campesinos, la amenaza de la expropiación. Una vez adquiridas las tierras fueron vendidas por el mismo precio de compra a la esposa de José Antonio Girón. Son terrenos donde se localiza el Castillo de Sohail, considerados de “protección especial” y que fueron urbanizados modificando el Plan General de Urbanismo mediante un Plan Parcial que salió a exposición pública cuando la obra ya estaba terminada (Jurdao,1979). Uno de los casos de recalificaciones que quebrantan el planeamiento urbanístico en beneficio de los poderosos, que aquí ya proliferaron en el franquismo y que llegó a ser moneda común en las burbujas inmobiliarias que vendrían décadas después.
Años más tarde Hoffmann canalizó fondos a través de la fundación Seidel hacia el partido Alianza Popular de Manuel Fraga, origen del actual Partido Popular; una muestra de que la buena relación con este grupo de nazis acogidos por el franquismo continuó como si nada con la llegada del nuevo régimen con fachada democrática. Ya en 2006, en la Operación Malaya aparece el nombre del hijo de Hans Hoffmann, Juan Germán Hoffmann, considerado como uno de los testaferros del cerebro de la trama de Juan Antonio Roca. Juan Germán fue condenado a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, dándose a la fuga y siendo localizado en Alemania, donde el Gobierno no accedió a la petición judicial de extradición.
Los alemanes y otros agentes nazis procedentes del Imperio austrohúngaro fueron no sólo cobijados políticamente en la Costa del Sol, sino apoyados por el régimen de Franco en sus negocios especulativos de compraventa de terrenos y promoción inmobiliario-turística, y tuvieron aquí fácil la ocasión de blanquear dinero, suponiendo su capital una parte muy importante del montante total de la inversión en la zona, de modo que en los años 50 estuvieron entre los principales inversores.
En relación con la burguesía local, cabe reseñar el papel clave en la configuración y expansión del negocio turístico en la Costa del Sol que jugaron los hermanos Bolín Bidwell, malagueños de ascendencia sueca y británica cuyos antepasados se habían dedicado al comercio marítimo, al negocio del cultivo de la caña y a la exportación de vinos dulces. Uno de los hermanos, Luis Antonio, prestó valiosos servicios en el golpe de Estado de 1936 y terminada la guerra fue director general de turismo durante 15 años. Su sobrino, Enrique Bolín, “el inventor de Benalmádena”, se instala en este municipio cuando su padre, importante promotor urbanístico, compra terrenos dentro de este término municipal para construir el complejo turístico de Torrequebrada; fue alcalde en varios períodos desde 1966 a 2007, y miembro de Alianza Popular y del Partido Popular.
Vinculado asimismo a la burguesía local puede citarse el caso de Enrique Van Dulken, hijo de un comerciante llegado de los Países Bajos relacionado con la exportación de productos primarios locales, que fundó en 1962 una compañía de transporte turístico. Como inversor local sobresale también, en Mijas, Leopoldo Werner Bolín, Conde de San Isidro, perteneciente a una saga malagueña que nace con el banquero alemán Leopoldo Werner Wolf. Con las tierras de la familia urbanizó en Mijas casi 800 hectáreas en la Hacienda El Chaparral. También cabe citar el caso del terrateniente y abogado algecireño Salvador Guerrero, que convirtió, como promotor, las 1.300 hectáreas de una explotación agrícola, forestal y ganadera de su propiedad en la urbanización residencial y turística Elviria de Marbella. Como José Luque Manzano, sevillano, también terrateniente que invierte en el negocio turístico construyendo, en terrenos adquiridos en Marbella, el Hotel El Fuerte, inaugurado en 1957, un negocio que dará lugar a una cadena hotelera a la que se hará referencia más adelante.
Venidos de fuera en los años 50 y 60, además de los ya nombrados llegaron a la costa a hacer negocios personajes como José Banús, conocido como “el constructor del régimen”, que había participado, entre otros muchos proyectos, en la construcción del que el régimen franquista denominó “El Valle de los Caídos” y que se hizo con alrededor de 900 hectáreas de terrenos en la franja costera andaluza en los que después se construyeron urbanizaciones como Puerto Banús, Nueva Andalucía o Incosol; o Ignacio Coca, banquero madrileño que junto con José Antonio Girón de Velasco urbanizó la zona de Los Monteros, que pronto se convertiría en punto de encuentro de la élite del franquismo. Coca también financió a través de su banco numerosas promociones turísticas como la del Hotel Carihuela y otras. Cabe citar también entre los promotores a Emilio Jiménez Casquet, alto mando del ejército de Franco al que se pueden atribuir varias urbanizaciones, entre ellas Torreblanca del Sol, en Fuengirola; Fermín Aguirre Arocena, empresario vasco promotor de varios complejos turísticos en Benalmádena; Ángel Carazo, burgalés, constructor y promotor de numerosos proyectos inmobiliario-turísticos en varios municipios del litoral andaluz, entre ellos los complejos Alhoa; José Meliá, valenciano, fundador en 1947 de Viajes Meliá, que promovió varios proyectos hoteleros en la costa andaluza, entre ellos el Hotel Don Pepe, localizado en Marbella; o Gabriel Escarrer Juliá, mallorquín, propietario del entonces Grupo Sol.
Sobre la especulación y el pillaje
Como nos confirma el trabajo de Fernández-Carrión (2005), entre los primeros promotores de la Costa del Sol apenas aparecen nombres correspondientes a la burguesía local; la mayoría o son extranjeros o son empresarios catalanes, valencianos, vascos y madrileños, y éstos, los llegados de fuera, son precisamente los propietarios, promotores o/y gestores de las mayores operaciones localizadas aquí. Los escasos apellidos locales relacionados con la promoción del turismo están con frecuencia vinculados a familias llegadas desde el Norte en el siglo XIX y cuyo enriquecimiento tiene sus orígenes en la continuidad de los circuitos comerciales que el comercio colonial, controlado por capital foráneo, había establecido en la Málaga del siglo XVIII: el negocio asociado a la extracción y/o compraventa de productos primarios para la exportación.
Mayor ausencia aún de inversores locales encuentra Jurdao en su trabajo ya citado, que relata con mucho detalle el caso de la colonización turística del municipio de Mijas, para el que señala que “desde 1953, ingleses y alemanes ‘descubrían’ la zona aún virgen”, refiriéndose a la inexistencia entonces de actividad turística. De modo que aquí en los años 50 y 60 tiene lugar un proceso generalizado de adquisición de tierras que se hace conforme a mecanismos especulativos por quienes, utilizando la mayoría de las veces procedimientos coactivos, la presión y el engaño, según Jurdao “tienen un objetivo: el pillaje” (pág.212). Un modelo de urbanismo salvaje que está en manos de extranjeros o de “españoles venidos de otras tierras”, de modo que puede decirse que la población autóctona quedó fuera del negocio inmobiliario-turístico, o tuvo una implicación marginal en el mismo que se concretó en la fase de la compraventa de terrenos.
Población local y territorio, al servicio de un nuevo amo
En este primer “tsunami” urbanizador de los años 1950 y 1960 en la Costa del Sol, los núcleos agrarios originarios pasan a ser apéndices de las urbanizaciones y bloques de apartamentos, que pasaban a constituir el grueso urbano de los municipios. Cuando en la zona se extiende la especulación, la agricultura y el valor de uso agrícola de las tierras quedan arrasados como si por allí hubiera pasado un ciclón. Extraños en su propia tierra, la población local termina siendo desplazada de su hábitat, obligada a abandonar su medio para pasar a ser utilizada al servicio de un nuevo amo: el modelo turístico urbanizador implantado desde fuera.
Un modelo en el que la especulación inmobiliaria y el negocio turístico se vendían, en un contexto de escasez y pobreza extrema, como un “milagro” paradigma del progreso, en un ejercicio de ilusionismo en el que, como escribía el periodista Ángel Palomino (1972:214), “de la chistera del ilusionista salía, lanzada, disparada, la plusvalía”; en este modelo Andalucía ponía el territorio, la tierra, ahora convertida en suelo, y la mano de obra, dos mercancías abundantes y baratas aquí, pasando los andaluces de jornaleros/as del campo o pequeños/as campesinos/as a jornaleros/as de la construcción (albañiles) o del turismo (camareros/as o personal de limpieza en la hostelería). Tareas penosas, precarias y mal remuneradas sometidas aquí a una sobreexplotación en relación con la existente para sus equivalentes en otras economías dentro del Estado; sobreexplotacion cuyas raíces hay que buscarlas en el carácter de economía dependiente y marginada que la economía andaluza viene desempeñando históricamente dentro del sistema. En Andalucía se utilizó y continúa utilizándose el caldo social que genera su condición de economía subalterna, de realidad sometida e inferiorizada, para extremar las condiciones de explotación. Se buscaba y se busca aprovechar esa condición de sirvienta de otras economías que ahora el modelo turístico contribuye a profundizar, acentuando el círculo vicioso,
Esta brusca alteración del panorama socioeconómico fue también un atropello ecológico y cultural. En lo ecológico, explotación y degradación del patrimonio natural para satisfacer las necesidades de un modelo turístico inmobiliario asociado a una intensa huella ecológica a la que nos volvemos a referir más adelante y que da cuenta de su carácter extractivista y depredador. Una devastación que responde a una mayor permisividad; una destrucción extremada y facilitada también por esa condición de realidad subalternizada a la que se hacía referencia antes, por el funcionamiento de Andalucía dentro del sistema como área de extracción y de vertidos. Una posición que marca aquí de manera fundamental las condiciones en las que la vida se desenvuelve; en lo social, en lo ecológico, en lo político y en lo cultural.
En el ámbito cultural, durante esta primera etapa del “descubrimiento”, en los municipios turistificados se instala una cultura dominante (utilizando el termino cultura en sentido antropológico –manera de entender la vida y de vivir–) donde antes prevalecía una cultura autóctona con rasgos que están en las antípodas de esa mirada del nuevo amo que se impone de la mano del turismo (Galán et al, 1978); se asalta una forma de ver el mundo que contiene un fuerte potencial transformador en un choque en el que la cultura local experimenta una importante conmoción Jurdao llega a utilizar el término etnocidio (pág.437)–, dándose la confrontación entre dos mundos, entre dos cosmovisiones, una de ellas, la autóctona, ya previamente inferiorizada desde la ideología del desarrollo, que ahora experimenta de manera más evidente y cotidiana el alcance de esa inferiorización.
La llegada del turismo viene así a redundar en el carácter previo de la realidad andaluza como sirvienta de las realidades del Norte, una característica común a las formaciones sociales del Sur. Una situación que se oculta desde la ideología hegemónica interpretando la dominación como “atraso”. Desde una mirada desde arriba que lleva consigo el mandato o la obligación de perseguir a un fantasma: el de ser a imagen y semejanza de otros a los que se considera superiores (“desarrollados”). Pero la experiencia nos dice que quienes corren detrás de ese fantasma están condenados a no ser, porque mientras no llegan (al desarrollo), no se considera que son, pero como nunca llegan, nunca van a terminar siendo. Esto explica en gran medida la negación en muchos ámbitos a la que se ven sometidos los pueblos del Sur.
La subordinación política e institucional como condicionante del colonialismo
Para que este expolio pudiera perpetrarse fue imprescindible la configuración de toda una trama de alianzas entre intereses económicos y políticos en la que el sistema político se ponía al servicio de esta transformación colonizadora. Una de las concreciones de esa trama fue la Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol, fundada en 1964 por exministros franquistas como José Antonio Girón de Velasco, que fue su primer presidente, Raimundo Fernández Cuesta o Eduardo González Gallarza, junto con promotores ya nombrados como José Banús, Ángel Carazo, José Meliá, Enrique Marsans, Ignacio Coca o Alfonso de Hohenloe. Pronto se creó en Madrid una dirección general de turismo que hasta 1952 estuvo en manos de un miembro de la familia Bolín-Bidwell, citada antes como una de las sagas más influyentes en el entramado para la apropiación de riqueza generado alrededor del negocio turístico en la Costa del Sol. En 1951 se creó el Ministerio de Turismo, con el falangista y principal artífice de la censura franquista Gabriel Arias-Salgado al frente. En 1961, desde una comisión interministerial presidida por el entonces ministro de la Vivienda, el también falangista José Luis Arrese, se puso en marcha un Plan en la Costa del Sol para la construcción de infraestructuras hidráulicas (embalses y redes de abastecimiento de agua), eléctricas y viarias que atendieran las crecientes necesidades del negocio inmobiliario-turístico (De Mateo, 2023).
En 1965, el Ministerio de Información y Turismo, con Manuel Fraga como ministro, declara a la Costa del Sol “Zona de Interés Turístico”, una denominación que permitía saltarse la Ley de suelo de 1956 para que pudiera continuar perpetrándose, ahora con respaldo legal, “la ocupación incontrolada del espacio costero, considerado ahora zona de libre e indiscriminada ocupación territorial” (Gamboa González, 2015:218). De modo que desde los hilos del poder central o desde sus aliados y subordinados locales, se utilizaron las instituciones del Estado para facilitar la reproducción de las condiciones sociales y materiales que la expansión del modelo turístico aquí necesitaba. Con intervenciones orientadas a facilitar los requerimientos de este negocio concebido, diseñado y controlado desde intereses dominantes ajenos y lejanos a Andalucía.
Una situación de colonialismo tal como éste se entiende en el Diccionario de Ciencias Sociales de la Unesco (pág.440): “Un estado de inferioridad o de servidumbre experimentado por una comunidad, país o nación en situación de subordinación económica, política y cultural derivada de las relaciones con otra comunidad o nación más desarrollada”. Porque, aunque formalmente dentro del Estado no ha existido el status jurídico-político de colonia, Andalucía ha venido funcionando en sus relaciones con otras comunidades y países –dentro y fuera del Estado–, bajo un patrón de relaciones de dominación que va más allá de lo económico y por el cual sus principales dinámicas internas obedecen a decisiones e intereses localizados en los territorios centrales del Norte, que en gran medida continúan ejerciendo el papel de metrópolis.
De modo que esta situación de inferioridad y subordinación, que ya venía experimentando Andalucía previamente, fue profundizada claramente con la llegada del turismo de masas. Procurándose también que se diera una condición asociada a los procesos de colonización que contribuye a que se legitime socialmente la dominación: que el colonizador tenga el reconocimiento del colonizado, que va a terminar leyendo la realidad con las gafas construidas desde la ideología dominante, en un proceso colonizador también del pensamiento. Desde una ideología que, entre otras cosas, “naturaliza” la inferioridad de los no desarrollados (“atrasados”). Así vemos cómo, desde la connivencia, la complicidad y la servidumbre de los gobiernos locales, muchos de los municipios donde actuaron los amos del negocio turístico cuentan con monumentos, nombres de calles o títulos que tratan de mostrar el reconocimiento y “la deuda” contraída por la población autóctona con sus “bienhechores”.
Integración andaluza en el capitalismo global y explotación inmobiliario-turística
Lo que ha venido en etapas posteriores ha sido en gran medida una reproducción ampliada, o una vuelta de tuerca de lo que se acaba de contar para las décadas 1950 y 1960. Con algunas particularidades. Ahora la entrada en la Unión Europea y el predominio del capital financiero serán los principales condicionantes de un proceso de integración en la economía globalizada que en Andalucía supondrá cambios en las formas de dominación, con una profundización de su papel de economía primaria de la mano del extractivismo agrícola para la exportación y en las dos últimas décadas también minero, y su consolidación como gran plataforma turística cuya dinámica continúa estrechamente vinculada al negocio inmobiliario. Una gran plataforma turística que en relación con la etapa anterior experimenta transformaciones que cabría decir que “se encierran” en dos, relacionadas entre sí: una, traducida en la escala o tamaño en la ocupación de espacio de la actividad turística y la otra que se refiere a la intensidad en la dedicación y en la explotación social y territorial asociada al turismo.
Las dos muy condicionadas por el predominio de la lógica financiera en una etapa del capitalismo en la que las principales formas de hacer dinero ya no tienen como fuente “lo producido”, la elaboración de mercancías, sino la apropiación de riqueza a partir de la mera compraventa de activos patrimoniales –“bienes” y derechos que pueden generar ingresos futuros– de los que se procura que aumenten de valor; una “creación de valor” basada en lo que se espera que rindan los activos en el futuro; fundada en expectativas de ganancias que se anticipan; “lucro sin contrapartida” (Naredo, 2019); crédito que supone un “adelanto” de supuestos beneficios que engordan a una oligarquía parasitaria, acrecentando su capacidad de compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Inmersos en esta dinámica, los grupos que invierten en el turismo focalizan sus estrategias en la apreciación de sus activos, (inmuebles, derechos de uso y otros), tratando de “crear valor” para sus inversores; ahora la actividad turística pasa a ser una mera excusa para que esta revalorización pueda tener lugar.
Como un ejemplo entre otros muchos de esta financiarización de la actividad turística se podría utilizar el caso de Azora, un fondo de inversión inmobiliaria convertido en uno de los principales inversores en Europa y Estados Unidos, con una amplia cartera de activos turísticos que se amplía en 2025 con la adquisición de la plataforma de gestión hotelera MedPlaya Management, uno de los principales operadores turísticos del mercado español, que en Andalucía gestiona hoteles emblemáticos como el Pez Espada (Torremolinos) o el Riviera (Benalmádena). El objetivo de esta operación es “reposicionar”, según el propio fondo Azora, estos activos (léase reestructurar o reorganizar su funcionamiento) para conseguir el máximo aumento posible de su valor, facilitando así que los inversores del fondo continúen alimentando su expansión.
Establecimientos y servicios hoteleros o turísticos se convierten así en instrumentos financieros con los que se especula en los mercados. Con importantes implicaciones de entre las cuales nos interesa subrayar aquí la presión que este binomio finanzas-turismo supone sobre la explotación de las partes más vulnerables de la cadena: la mano de obra y la naturaleza, priorizándose la rentabilidad a corto plazo en la búsqueda de hacer realidad las máximas expectativas de ganancia. “El malestar social es un indicador de la mejoría financiera” dice en una viñeta un personaje de El Roto.
Sobre la turistificación y sus consecuencias
En este escenario, en Andalucía el número total de turistas ha pasado de 2,6 millones en 1970 a los 36 millones de 2024, localizándose aquí cerca de un millón de plazas turísticas, una cuarta parte de la oferta turística española, porcentaje muy por encima del peso de la población andaluza dentro del Estado (18%). El 45,8% de estas plazas son viviendas de uso turístico, siendo Andalucía la comunidad donde el porcentaje de plazas en este tipo de viviendas es mayor dentro del Estado, para el que la media es de un 35,1%. Según el Ministerio de Vivienda, Andalucía es también en 2025 la comunidad con mayor número de pisos turísticos ilegales, con el 31,1% del total de los encontrados dentro del Estado. El turismo se ha extendido aquí como una plaga, en una expansión facilitada también por la debilidad del resto del tejido económico, siendo esta fragilidad a su vez un rasgo propio de su carácter de economía subalternizada.
En este contexto, como sucede también en otras áreas, el capital financiero-turístico-inmobiliario, que desde 2008 ha optado por la vía turística como una de las soluciones a la crisis, en su expansión ha tomado el control de muchos de los espacios urbanos que cada vez más existen, se utilizan y se transforman en función de las necesidades de crecimiento y acumulación de ese capital, convirtiéndose la turistificación en una seria amenaza para la vida y su reproducción en los lugares de los que se apodera el turismo, a la vez que va generando una precarización y un malestar social creciente (Cañada et al, 2023)
En las burbujas inmobiliarias habidas desde los 1980 a 2007 tuvieron también una fuerte implicación los gigantes del negocio turístico, las grandes cadenas hoteleras y los capitales que invirtieron en modalidades como el turismo residencial, de modo que en las tres décadas que van de 1977 a 2007 en Andalucía estos modos especulativos de apropiación de riqueza ocuparon, –“sellaron”–, más suelo del que se había ocupado hasta entonces a lo largo de toda la historia, revistiendo esta agresión daños de especial gravedad en ciertas partes del territorio entre las que destaca la franja litoral, un ecosistema especialmente frágil y vulnerable.
En el caso de la Costa del Sol, en 2007 los dos primeros kilómetros de la franja costera se encontraban ya “pavimentados” prácticamente a la mitad (Delgado, 2016). Una avalancha que se traduce en un fuerte proceso de deterioro y degradación territorial reflejado en el enorme déficit ecológico de los principales focos turísticos localizados en Andalucía. En el caso de los cinco municipios más importantes de la Costa del Sol, Benalmádena, Fuengirola, Málaga, Marbella y Torremolinos, en 2018 la diferencia entre el territorio requerido para satisfacer su consumo de “recursos” naturales y la superficie municipal (huella ecológica) está en todos los casos por encima de 200 veces el tamaño del municipio. En el caso de Fuengirola, su consumo de materiales y energía exige un territorio más de 900 veces mayor que la superficie de su término municipal (Delgado y Cano, 2021). Son cifras que corroboran los graves costes ecológicos y el intenso carácter extractivo de este modelo financiero-turístico-inmobiliario.
Dinámicas especulativas no sólo ajenas a las necesidades de la población andaluza sino construidas en su contra en la medida en que la mayoría terminará pagando durante muchas décadas las plusvalías y los beneficios de los que se apropian unos pocos. Originándose en este contexto el mejor caldo de cultivo para la corrupción, no como una conducta patológica individual sino como resultado de la propia lógica por la que se rige el sistema, poniéndose de manifiesto, como señala Naredo (2019:108) “la incompatibilidad de fondo entre capitalismo y democracia”. Y sirviendo la fachada democrática para legitimar un manejo oligárquico del poder y la toma de decisiones en el que ahora juegan un mayor papel los ayuntamientos y los políticos locales que teniendo la llave tanto de las recalificaciones de los terrenos como del funcionamiento de las Cajas de ahorro como instrumentos de crédito para alimentar el modelo podrán participar en mayor medida en el reparto del botín.
Negocios inmobiliario-turísticos y corrupción: la Marbella de Gil y Gil como caso paradigmático
Proliferando así los casos de corrupción en Andalucía, sobre todo en la década de mayor auge de la especulación inmobiliaria (1997-2007), de manera que 82 de los 333 casos de corrupción localizados en este período por el Corruptódromo (el 25%) se situaban en territorio andaluz. De entre ellos destaca la trama de Marbella, y el caso Malaya, considerado como el mayor caso de corrupción urbanística ocurrido dentro del Estado. Una trama con ramificaciones en seis de las ocho provincias andaluzas construida a partir del desembarco desde Madrid de un personaje, Jesús Gil, promotor inmobiliario-turístico condenado en los años 1960 a cinco años de cárcel por el derrumbe, que causó 58 muertos, del complejo turístico de Los Ángeles de San Rafael (Segovia); condena de la que fue indultado por Franco. Este personaje pronto fue otro de los “descubridores” de que esta es una tierra propicia para ser expoliada.
Nombrado alcalde de Marbella en 1991, entre otras cosas gracias al hartazgo de la población frente a la gestión municipal del PSOE en los tres mandatos anteriores y también ante un vacío de poder real propio de situaciones coloniales, allí cometió toda clase de tropelías, algunas de ellas poco imaginables en otros lugares. Los desmanes fueron desde la expulsión de prostitutas, drogadictos e inmigrantes utilizando métodos deplorables, al desvío de cuantiosos fondos desde el Ayuntamiento a cuentas a su nombre, de sus empresas, de testaferros o del Club Atlético de Madrid, pasando por su supuesta implicación en multitud de delitos urbanísticos. Dislates que le llevaron a ingresar en prisión tres veces cuando era alcalde, siendo un prototipo de comportamiento tanto en la utilización de la política al servicio de sus negocios inmobiliarios como en su dedicación al saqueo de lo público.
Concentración del poder turístico. Andalucía, camarera de Europa
Hoy en el negocio turístico los grandes grupos que lo controlan son el resultado de un fuerte proceso de concentración del capital, de modo que entre las 388 cadenas o grupos hoteleros en el mercado español recogidos por su volumen de ventas en el informe Alimarket (2025), los cinco primeros, RIU (con sede en Baleares), Meliá (Baleares), Minor (Madrid), Barceló (Baleares) y Marriot España (Madrid), acaparan cerca de la mitad (43%) del total de ventas. De entrada, esta jerarquización da cuenta de una fuerte polarización empresarial, con una cabecera muy minoritaria mostrando una gran capacidad para apropiarse de valores monetarios, mientras el resto se encuentra en una situación mucho más desfavorable.
Andalucía ocupa un lugar muy residual en la lista, de modo que entre los cien primeros grupos hoteleros del registro de Alimarket sólo cuatro se localizan aquí. El primero de ellos, Senator-Grupo Hoteles Playa ocupa el lugar 22; fundado por José María Rossell Recasens, llegado de Girona en 1967 a la costa almeriense, hoy es un grupo que pertenece a su familia.
El segundo es Fuerte Group (lugar 53), grupo del que es propietaria la familia Fuerte Manzano cuyo capital tiene su origen en la agricultura y que como ya se dijo inició el negocio en los años 50. El tercer grupo localizado en Andalucía es Soho Boutique Hotels (lugar 66) que pertenece a Gonzalo Armenteros y Antonio Gordillo; el primero procedente del sector inmobiliario y que aterriza en el negocio turístico después de la crisis de 2007. Este es un ejemplo de separación entre propiedad y gestión, práctica de gestión extendida con la financiarización turística, siendo ellos inquilinos de los inmuebles que alquilan para gestionar hoteles urbanos medianos o pequeños.
El cuarto grupo es el Marbella Club (lugar 82), hoy propiedad del inversor británico Daniel Shamoon. Entre estos cuatro grupos suman un volumen de ventas que supone un 3,7% del volumen de ventas de RIU, el primer grupo que aparece en el ranking. Esta cifra, como todo lo demás, da buena cuenta de cuál es el papel que juega Andalucía en relación con los amos del negocio turístico y de la contribución del turismo a la exclusión de los procesos de toma de decisiones y a la reproducción de la función de Andalucía como economía y sociedad sirvienta, ahora camarera en Europa.
Los comportamientos patrimoniales de las familias más ricas dentro del Estado van también en la misma dirección. Por una parte, fuerte proceso de polarización dentro de la riqueza apropiada por parte de las 200 mayores fortunas españolas: los diez primeros patrimonios pasan de acaparar el 32,1% de la riqueza acumulada por los 200 en 2011 a acumular más de la mitad (52,9%) en 2025, sólo 14 años más tarde. Por otra, mientras más de la mitad de estas grandes fortunas se concentran en los centros hegemónicos de riqueza y de poder dentro del Estado, Cataluña, Madrid y El País Vasco, Andalucía se sitúa en la otra orilla, con 10 apellidos entre los 200 y el 1,9% del total del valor patrimonial apropiado por los 200. Según estos datos, la élite económica andaluza ocupa un lugar muy marginal en la distribución del poder económico dentro del Estado; en su conjunto puede decirse que es una élite raquítica.
Siete de estos diez patrimonios localizados en Andalucía figuran asociados al sector agroalimentario, al inmobiliario o a los dos, y sólo un apellido aparece explícitamente ligado con el turismo, junto con la construcción y la agricultura como respaldos de su apropiación de riqueza. Se trata de Nicolás Osuna, constructor granadino enriquecido en la última gran burbuja inmobiliaria, al que se relacionó con el caso Malaya, gran propietario de tierras y gran receptor de dinero público a través de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria. Es también uno de los mayores tenedores de activos inmobiliarios de Andalucía, con más de 400 inmuebles alquilados. Entre sus activos se encuentran los establecimientos hoteleros del Grupo de Hoteles Center.
Sí aparecen de manera marginal activos turísticos dentro de algunos de los patrimonios más importantes. Uno de los casos es el de la familia Mora Figueroa, representante genuina de la aristocracia jerezana, con más de 28.000 hectáreas de tierra de su propiedad. Como otras muchas familias de terratenientes andaluces sobresalió por su apoyo al golpe de Estado de 1936 y al franquismo después. El premio a esta fidelidad terminará siendo su mejor negocio: la concesión de Coca-Cola para Andalucía y Extremadura, a la que deben el grueso de su fortuna. Una manera de reacomodo a la globalización de la vieja oligarquía agraria, que se inserta así en las nuevas formas de hacer dinero vinculándose al capital transnacional para servir a sus necesidades en los procesos de elaboración y distribución de sus marcas. A través de Netco Investment gestionan un complejo turístico en San Roque, municipio donde tenían en cartera un megaproyecto turístico ya aprobado por el ayuntamiento que en 2024 han vendido, junto con los terrenos asociados al mismo, al Banco de Santander.
Otro caso de grandes patrimonios andaluces en los que figuran marginalmente activos turísticos sería el de la familia Martínez-Cosentino cuya riqueza procede de la extracción de mármol en Macael. Hoy, además de continuar con la actividad extractiva operan con activos inmobiliarios y otros activos mediante la sociedad de inversión Surister, el fondo de Inversión Baria Investment y el Grupo Bánica de inversiones, y están construyendo como propietarios en Mojácar el complejo turístico Mecenas Mediterranean Resort, que será gestionado mediante alguna forma de uso por Hyatt Hotells Corporation, de capital estadounidense. Por último, la familia Beca Borrego, de origen grandes terratenientes y vinculados después al negocio inmobiliario a través de Bekinsa; posee una importante cartera patrimonial de viviendas y locales en alquiler en Málaga, Huelva y Sevilla, con establecimientos hoteleros en estas dos últimas provincias. Controlan un fondo de inversión, Almaro S.A. a través del que operan.
Consideraciones finales. Discusión y conclusiones
La creciente centralidad del turismo como dedicación de Andalucía, junto con su papel como gran plataforma agroexportadora al servicio de los grandes amos del negocio alimentario, se traduce socialmente en una instalación persistente en la pobreza y en la marginación que se ve reflejada incluso utilizando los indicadores más convencionales. Si para 2022 observamos los resultados del proyecto Urban Audit (INE), tomando la renta media por habitante de los 81 municipios mayores de 20.000 habitantes localizados en Andalucía, estos resultados nos dicen que 73 de esos municipios están en los dos tramos más bajos de renta de los cuatro considerados y 51 de ellos se sitúan en el tramo inferior. Y que de entre los 31 municipios mayores de 20.000 habitantes situados en el litoral andaluz 30 están en los dos tramos inferiores y 20 de ellos se encuentran en el escalón inferior.
De modo que después de décadas dedicados al turismo y/o a la agricultura intensiva de exportación se perpetúan como municipios empobrecidos. Esa posición de Andalucía dentro del sistema se refleja también en indicadores como el riesgo de pobreza o exclusión social, que en 2023 afecta a bastante más de la tercera parte de su población, (37,6%); muy lejos de las cifras para Cataluña, (20,5%), Madrid (20,9%) o El País Vasco (14,8%).
Sobre la intensa explotación del trabajo asalariado en el turismo y dentro de él especialmente en la hostelería, hay que subrayar el carácter de buena parte de sus tareas, quehaceres de intendencia (limpieza y restauración) que pueden asimilarse a trabajos de atención y de cuidados. Eso propicia una feminización del trabajo y en consecuencia una inferiorización y desvalorización de tareas y personas muy atractiva para el sistema, que consigue así una baja en los costes salariales, una reducción en los derechos laborales y una mayor precarización de las condiciones de trabajo. Los niveles de opresión soportados por algunos colectivos de mujeres en la hostelería, como las camareras de piso (kellys), dan pie a recordar la frase de Silvia Federici: “El cuerpo de las mujeres es, todavía y sin duda, la última frontera del capitalismo” (Córdoba Azcárate, 2023). En Andalucía, esta degradación del trabajo en el turismo se ha visto especialmente recrudecida después de la crisis de 2008, que dejó en el desempleo a miles de personas en una economía en la que el negocio inmobiliario en la década 1997-2007 llegó a asociarse, directa o indirectamente, con el 40% del PIB (Delgado, 2016).
Ante la creencia de que el turismo es una fuente de riqueza para las sociedades donde se localiza y en consecuencia cuanto más turismo mejor, se va imponiendo la realidad de que este es un turismo construido en beneficio de sus grandes amos y en contra de la mayoría de la sociedad y de la naturaleza. En el caso de realidades periféricas como Andalucía el turismo deteriora las condiciones en las que la vida se desenvuelve reforzando las formas de dominación características de una realidad subalternizada, de modo que bajo nuevos ropajes se recrean viejas formas de despojo y de exclusión, profundizándose el papel de sirvienta que la realidad andaluza venía ya jugando previamente.
En este contexto es urgente una toma de conciencia colectiva que permita pensar y actualizar formas alternativas y modelos de turismo fuera de los circuitos de acumulación de capital; un turismo que forme parte de nuevos espacios organizados colectivamente que en lugar de destruir la vida desde la lógica del capital ponga la vida en el centro desde la lógica de los cuidados. Nuevos espacios de autonomía, de autogestión, descentralizados, desmercantilizados, despatriarcalizados y descolonizados. Las experiencias construidas bajo el paraguas de la economía social y solidaria (Izcara y Valls, 2024; Díaz-Soria, 2024) podrían abrir vías para alentar la esperanza en este sentido.
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