Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
Empezábamos este mes con una manifestación del Primero de Mayo, que, en esta ocasión, fue más allá de las reivindicaciones laborales y salariales, para poner de relieve las dificultades para acceder al derecho a la vivienda. Ambas cuestiones están estrechamente relacionadas, por el enorme decalaje entre la evolución de los salarios y los precios del mercado inmobiliario. Según datos de Comisiones Obreras (2025), los salarios han aumentado de media un 23,3% en la última década, mientras que el precio del alquiler ha aumentado un 50,8% y el de compra, un 42,4%.
El impacto del paro sobre el comportamiento electoral se ha examinado ampliamente tanto en nuestro país como en todo el mundo. Por el contrario, apenas se ha estudiado el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario en las preferencias políticas. En Europa, ésta es una línea de investigación emergente y, en Catalunya y España, prácticamente no existen estudios sobre el tema.
Cuando 1 de cada 3 personas ya considera la vivienda el problema más grave de Catalunya –como apunta el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (2025)–, es pertinente preguntarse qué impacto político podría tener este factor en nuestro país. Los primeros estudios europeos para examinar la relación entre la evolución de los precios del mercado inmobiliario, los resultados y las encuestas electorales aportan algunas pistas.
El impacto electoral del encarecimiento de los alquileres, una línea de investigación emergente en Europa
Uno de los primeros estudios europeos sobre esta cuestión, del año 2019, examina la relación entre el aumento del precio del alquiler y el crecimiento del voto populista en dos contextos muy diferentes: el apoyo al Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año 2017 ya la opción del Brexit durante la campaña del referéndum. Según Adler y Ben Ansell, en ambos procesos electorales, la inflación del mercado inmobiliario favoreció el voto a opciones populistas de los sectores sociales más afectados por el aumento de precios.
Otro estudio de Michael Marshall (2025) en Reino Unido asocia el hecho de vivir en un piso de alquiler social con la oposición a la inmigración y el voto al partido de ultraderecha Reform UK. En zonas con carencia de vivienda asequible, es más probable que los inquilinos con menos recursos quieran restringir los flujos de inmigración y se descanten por la extrema derecha.
En la misma dirección apunta otra investigación a Alemania, publicada en 2024. Los investigadores Tarik-Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer, incluso, cuantifican el impacto electoral del fenómeno: por cada euro de aumento del precio del alquiler por m², aumenta el apoyo, sube el apoyo a Alternativa por Alemania (AfD) en más de cuatro puntos porcentual. Así pues, no se puede menospreciar la influencia de la vivienda en las preferencias políticas, como tampoco puede infravalorarse la capacidad de la ultraderecha para explotarla en favor de sus intereses.
¿Cómo aprovecha la extrema derecha el malestar social por la vivienda?
Partidos de ultraderecha de todo el mundo tratan de conectar con las personas preocupadas por la problemática de la vivienda con propuestas intencionadamente ambivalentes. Su discurso populista ofrece soluciones para promover la vivienda asequible, pero solo para la población autóctona. De esta forma, desvían la atención de las medidas neoliberales, más alineadas con el discurso no intervencionista de la derecha, que apuestan por la desregulación del mercado inmobiliario y por la protección de los intereses de los propietarios.
Un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia es el discurso de Donald Trump. En enero de 2026, sorprendió a la opinión pública con su propuesta de acabar con la compra especulativa de viviendas unifamiliares y, ese mismo mes, también planteaba su polémico plan inmobiliario para reconstruir una “Nueva Gaza” en el Foro de Davos.
Volviendo al contexto europeo, hace años que los líderes de extrema derecha culpabilizan a los inmigrantes de la escasez de vivienda asequible, ocultando la responsabilidad de los especuladores inmobiliarios, y defienden la “priorización de los nacionales” para acceder a ellos. Lo hizo Marine Le Pen cuando era candidata de Reagrupament Nacional (RN) en las elecciones presenciales francesas de 2022 y muchos han seguido su estela desde entonces. Cuando a mediados de 2024, Nigel Farage anunció que lideraría la candidatura de Reform UK, soltó en su discurso que era necesario construir una casa cada 2 minutos para acoger la inmigración.
Además, la ultraderecha considera la vivienda un patrimonio nacional y familiar que debe protegerse de quien le hace peligrar: desde su óptica, okupas e inmigrantes. Veamos, por ejemplo, este fragmento literal de un tuit de la presidenta italiana Georgia Meloni (2025) traducido al catalán: “Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado (…), estamos tomando medidas decisivas contra las okupaciones ilegales, acelerando los desahucios y protegiendo a las familias, las personas mayores y los propietarios honrados”.
Aliança Catalana y Vox han importado las mismas recetas sobre vivienda que la ultraderecha europea
La misma estrategia se ha importado en nuestro entorno territorial. Tanto la ultraderecha que apuesta por la unidad de España como la que defiende la independencia de Catalunya plantean recetas similares en materia de vivienda. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas podemos leer: “Modificaremos los criterios para otorgar vivienda protegida, ayudas de alquiler, alquiler social o mesa de emergencia con el fin de priorizar a los españoles”. En término similares, se expresa Sílvia Orriols en este reel compartido en el perfil de Instagram de Aliança Catalana: “La solución no puede pasar por ir construyendo 50.000 o 100.000 pisos con el dinero público de los catalanes, de los contribuyentes catalanes, para terminarlos otorgando a niños recién llegados y que más pueden llegar a que recién llegados. hacer es que nuestra juventud pueda emanciparse y tenga preferencia”.
Las okupaciones son otro de los temas estrella de ambos partidos. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas (2024), el concepto de las okupaciones -escrito con co con k indistintamente- aparece 19 veces y, en el de Aliança Catalana, 18. Por el contrario, en ninguno de los dos casos, se menciona ni una sola vez el concepto de los desahucios. Levantar la limitación de los precios del alquiler o favorecer a los propietarios de viviendas con beneficios fiscales también eran dos de las prioridades de los programas de ambos partidos en las elecciones de 2024.
En esos comicios, Vox logró 11 diputados, y Aliança Catalana, que se presentaba por primera vez, 2. Pero una reciente encuesta electoral, publicada por el diario Ara, augura un fuerte crecimiento de Aliança Catalana en las próximas elecciones catalanas, y la sitúa como tercera fuerza con un tenedor de entre 20 y 22 diputados.
Hacen falta políticas decididas por el derecho a la vivienda y no sólo disputar el relato de la extrema derecha
Para revertir esta tendencia, obviamente deben combatirse los discursos de la extrema derecha y disputarle el espacio de las redes sociales. Pero esto no significa delegar la política en la comunicación. Es necesario articular una estrategia política para combatir las desigualdades sociales en múltiples frentes, que priorice las políticas de vivienda. Un reciente estudio de la Progressive Politics Research Network (PPRNet) indica que, si los partidos progresistas del centroizquierda abordan de forma decidida este tema, podrían recuperar un amplio apoyo electoral.
Las movilizaciones sociales, cortafuegos de la extrema derecha
Pero, tanto o más importante que el ámbito electoral e institucional, son las luchas sociales en la calle. Está más que demostrado que la presión social sobre las instituciones les conduce a tomar medidas más garantizadas por el derecho a la vivienda. ¿Cómo se habría regulado si no el precio del alquiler? Por otro lado, los movimientos sociales también están canalizando el malestar social por la vivienda y conduciéndolo hacia propuestas más constructivas que las de la extrema derecha.
En los últimos años, la cara más visible del movimiento por la vivienda es el Sindicato de Inquilinas. Años atrás, lo fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en 2009 ante la ola de desahucios provocada por la crisis financiera internacional de principios de siglo, que acabó desembocando en el movimiento 15M dos años después en España; y en una ola de movimientos de protesta en distintas partes del mundo.
Cuando se cumplen 15 años del movimiento de los indignados, conviene recordar que una de sus funciones fue justamente la de actuar como cortafuegos de la extrema derecha. Esa mirada atrás nos lleva necesariamente a una reflexión sobre el presente. ¿Cómo crear y reforzar los puntos de unión entre los movimientos sociales actuales (por la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte público, el feminismo, el medio ambiente, el antiracismo…) que permitan articular grandes movilizaciones sociales para frenar y combatir a la extrema derecha? Responder a esta pregunta es clave, tanto local como globalmente, frente a la amenaza real que supone en estos momentos la extrema derecha para nuestros derechos sociales, políticos y culturales.
La entrada ¿Cómo evitar que la crisis de la vivienda alimente a la extrema derecha? se publicó primero en lamarea.com.
