La agente se hacía llamar Fátima y se integró en tres colectivos sociales de Madrid durante más de un año a raíz de las protestas contra el genocidio sionista.

Temas principal: Violencia policial

Leer artículo completo

Ha escrito por las tardes, en sus ratos libres, después de currar como auxiliar administrativo las mañanas de lunes a viernes. Se sabe con suerte por el «irrisorio» alquiler que paga en Conde de Peñalver (Madrid). No todo el mundo podría permitirse pararse a pensar durante años qué significa el trabajo y hasta qué punto la meritocracia es una de las ideologías que dominan la sociedad. El periodista Miguel Gómez Garrido acaba de publicar La cultura del desesfuerzo. Meritocracia, trabajo y otras trampas (Siglo XXI, 2026), un viaje en forma de ensayo ameno a través de las falsas promesas del trabajo, el tiempo libre y la hiperproductividad. Incluso se atreve a apostar por un futuro que merezca la pena vivir a través de lo que llama «cultura del esfuerzo común».

Con referencias constantes a autores clásicos y contemporáneos, Gómez también da viva cuenta de ser un pensador de su tiempo, encontrando en personajes como el Santa de Los lunes al sol y las letras de Estopa y Robe Iniesta aquello que puede explicar el mundo. Es una tarde primaveral de principios de mayo y la cafetería de Lavapiés en la que responde a estas preguntas es demasiado moderna tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Este periodista de 32 años mueve las manos al hablar, las entrelaza y las utiliza para taparse por unos segundos la cara al reflexionar sobre la libertad. Mira al frente casi todo el tiempo, aunque sus palabras no rehúsan la confrontación.

Define el trabajo como una trampa. ¿Por qué?

Porque no deja de realizar promesas que luego no se corresponden con el resultado. Estamos en un punto en que no sabemos muy bien qué es el trabajo. La gente te felicita cuando te jubilas, pero también cuando te contratan. ¿Qué está sucediendo ahí? El trabajo nos angustia cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos, ahí está la trampa, en todo eso que nos promete y que nunca nos permite alcanzar.

Uno de los aspectos más llamativos de su libro es que consigue deconstruir la cultura del esfuerzo, desnudarla, para señalar directamente a quién beneficia y a costa de quién lo hace. ¿Cómo ha podido llegar la masa obrera a creerse que se es mejor, que se merece más, cuanto mayor sea el esfuerzo?

Es lógico. Tiene mucho más sentido pensar que lo que vas a hacer tiene un sentido. Es un mecanismo normal, de recompensa. De hecho, lo contrario es lo que toda la vida hemos llamado «alienación». Siempre nos hemos quejado de que el trabajo no tiene sentido, de que no lo entendíamos, pero es un espacio en el que vas a estar muchísimas horas de tu vida. Necesitas creer que lo que haces es útil, convencerte y preocuparte de que lo estás haciendo bien.

Aquí entra en juego algo esencial: el tiempo. Según un informe de Santalucía Espacio Futuro, un 60% de los trabajadores prioriza el horario y la flexibilidad frente al salario. Usted lo resume así: «Los que tienen un peluco de quince mil euros no fichan. El tiempo es suyo». ¿Priorizar el goce y defender el tiempo es una forma de revelarse contra la cultura del esfuerzo?

Sin duda. Es algo que ya pasa, un anhelo en presente. Es una pulsión que la pandemia vino a confirmar. Ahí vimos cómo la gente está deseosa de tener más tiempo para sí misma, y esto procede del mismo éxito del neoliberalismo.

¿Cómo si el neoliberalismo muriera de éxito?

El neoliberalismo nos animó a que nuestra identidad tuviera muchas más piezas que las de antes, es más compleja. No queremos trabajar tanto porque no tenemos tiempo para hacer otras cosas, en parte porque ahora tenemos muchas más posibilidades que antes. Eso hace que la idea del trabajo se le quede corta hasta a las personas más apasionadas de su trabajo. Esta sensación de que tenemos menos tiempo se explica en que queremos hacer más cosas, así el trabajo se desplaza de ese centro en el que estaba antes.

La hiperproductividad está tan enraizada en el día a día que muchas personas ni siquiera saben qué hacer con su tiempo libre. Mi madre es profesora de adultos, funcionaria, y suele decir que a ella no le importaría seguir dando clase cuando se jubile, sin cobrar. También noto cierto temor en ella al momento de la jubilación. ¿Hay algo de revolucionario en el aburrirse?

Yo creo que no. Sigo la idea de Emilio Santiago y César Rendueles y creo que deberíamos separar la idea de que queremos trabajar menos de la idea de que eso significará no hacer nada. Solo vamos a poder conquistar el derecho al aburrimiento apacible, no ansiógeno, sino feliz, si por el camino somos capaces de decir: «No, perdona, mamá. Cuando te jubiles podrás hacer muchísimas cosas porque la sociedad está llena de necesidades, inquietudes y posibilidades».

Está claro que cuando nos quitamos el yugo del trabajo y de la productividad podremos hacer las cosas de forma más tranquila. Podremos no sentirnos mal cuando necesitamos descansar, por ejemplo. Y aquí está un poco mi beef con Juan Evaristo Valls. No se trata de salirnos del trabajo para tumbarnos y no hacer nada. Desde mi punto de vista, estamos deseando hacer muchas cosas con nuestro tiempo libre.

¿Cuál es el reto aquí?

Que la siguiente generación no lo pase tan mal una vez que deja el trabajo, lo que también es normal que ocurra cuando la mayor parte de tu vida ha girado en torno a él. Nuestros padres son los primeros que querrían hacer muchísimas cosas que ahora no pueden, pero hay que convencerles de que tienen derecho para ello.

Ya lo ha mencionado. El filósofo Juan Evaristo Valls escribió El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada(Ariel, 2025). El autor dijo en una entrevista en La Marea que «una sociedad más perezosa nos llevaría a desplazar el capital del centro para entender la vida como descanso, placidez, repleta de vínculos improductivos y repleta de relaciones de cuidado». ¿Usted qué cree que pasaría si todos nos «desesforzáramos» un poco más? ¿Es algo utópico?

No creo que sea para nada utópico, ya estamos viendo un montón de ejemplos. Una gran parte de este movimiento de priorizar el tiempo al trabajo no viene de una organización explícita, es una corriente, una pulsión que ha crecido en la gente de manera orgánica. Poco a poco vemos cómo la gente no se cree ese discurso de que uno es lo que es en su puesto laboral. De alguna manera, se ha instaurado el sentido común y es una de las cosas que más esperanza a me generan.

Sobre qué pasaría si nos «desesforzáramos» más, pues nada. La sociedad seguiría funcionando y el agua seguiría fluyendo por las cañerías. Pienso que, si debemos entender el esfuerzo de alguna forma, es que debe ir hacia las personas a través de canales comunes. Esa es la manera de que todo funcione mientras nos esforzamos un poco menos. No olvidemos que el esfuerzo, aunque pensamos que es la norma, debería ser la excepción. Y luego también podríamos pensar por qué la mayor parte de los esfuerzos son individuales, no colectivos para un fin común.

Afirma que «la cultura del esfuerzo es una de las estrategias con las que el liberalismo trata de convencerte de que sí te da a elegir». ¿Vivimos en la ilusión de ser libres?

Yo creo que somos más libres de lo que pensamos. Cuando la gente asume los postulados de la cultura del esfuerzo, no es porque sea tonta o esté alienada. Me repito, pero creo que lo hace porque psicológica, vital y socialmente le va a granjear mayor beneficio. Tenemos que ser capaces de construir una alternativa a eso.

El médico Eduardo Vara, autor de Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación(Ariel, 2024), señaló en una entrevista en Ethic que «intentar mejorar constantemente es perjudicial para el trabajador». ¿Existe algún límite en ese «mejorar constantemente»?

Cuando uno se pregunta por la mejora y por la constancia, habría que preguntarse qué es mejorar y con qué intensidad puede hacerlo, y, sobre todo, a costa de qué. Esa es la respuesta que debemos encontrar como sociedad. Si los rendimientos de una empresa mejoran porque un empleado trabaja tres horas más a la semana, ¿es una mejora o un empeoramiento?

A mí también me jode el imperativo de insuficiencia que hay constantemente. Parece que tenemos un software instalado de mejora continua e infinita, y eso es devastador a nivel humano. No hago una enmienda a la totalidad sobre esto, pero sí tendríamos que empezar a aceptar algunos de nuestros defectos y límites.

Pero muchas veces la izquierda compra esta forma de entender el ascenso social a través de la meritocracia. La clase obrera es la que se esfuerza de verdad, no los ricos, no los poderosos.

La izquierda ha podido legitimar la cultural del esfuerzo a nivel histórico con lemas como «la tierra para quien la trabaja», y eso tenía todo el sentido del mundo. Defendíamos ese principio con el objetivo no tanto de estar más orgullosos de nuestro trabajo, sino de trabajar menos, repartirlo, llegar a construir una sociedad en la que el trabajo no fuera, ni mucho menos, la actividad central. Ahora bien, eso no significa que queramos ser clase obrera para siempre, porque la lucha tendría que seguir centrada en destruir las clases.

De hecho, seguimos trabajando casi la misma jornada que hace un siglo, cuando se conquistaron las ocho horas.

Hemos llegado a un punto en que la exigencia de acortar el horario laboral es algo muy residual. Ni siquiera los sindicatos mayoritarios la defienden con ahínco.

Volvamos a uno de los principales conceptos que aporta en su ensayo. Para darle la vuelta a la idea añade un adjetivo que lo cambia todo: propugna la cultura del esfuerzo común. ¿A qué se refiere exactamente?

Lo puedes llamar progreso, Estado, fraternidad… Lo que quieras, pero siempre buscando entre todos una manera planificada para evitar duplicidades y competencias absurdas. Si tienes un servicio postal que funciona bien, no es necesario que existan otros tantos que se encarguen de lo mismo. Es tan sencillo como eso.

La cultura del esfuerzo común lo que intenta es hacer pensar qué necesitamos como comunidad y sumar esfuerzos para no tener que estar tirando de heroicidades para conseguir los objetivos. Nada más y nada menos. Quiero una vida que merezca la pena ser vivida, que no sea una oda al sacrificio.

Desde el plano más personal, ¿ha merecido la pena el esfuerzo que ha hecho para escribir este libro? ¿Cómo lo ha hecho para capear esta contradicción?

Sí que ha merecido la pena. Yo he necesitado reconciliar todo ese esfuerzo con el proyecto político que presento en el libro, y eso es lo que quiero que suceda en la sociedad. La cultura del esfuerzo común nos tiene que ayudar a que cada uno pueda desarrollar sus pasiones e intereses con toda la intensidad y ganas del mundo, aunque se le den de pena. Tenemos que sacar nuestras aficiones, nuestros pasatiempos, de las garras del trabajo. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que yo pueda no vender ni un solo ejemplar de este libro y que no pase absolutamente nada.

La entrada Miguel Gómez Garrido: “El trabajo nos angustia cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos” se publicó primero en lamarea.com.

Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

La entrada La IA amenaza tus libros se publicó primero en lamarea.com.

Félix Barrio Juárez asumió la dirección general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) en mayo de 2022. Desde entonces y hasta 2025, este ente dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha desembolsado 431.616 euros de dinero público en el pago de las indemnizaciones por los siete despidos que han golpeado al organismo, cinco de ellos declarados improcedentes en sede judicial.

En el trienio anterior, con Rosa Díaz al frente, la cifra se quedaba en los 83.000 euros. Desde el comité de empresa denuncian que las salidas vienen motivadas por “capricho” de Barrio, que se ha creado un clima de “tensión e incertidumbre” entre la plantilla y que el dinero de las indemnizaciones procede del erario público. El INCIBE ha asegurado que no se financia a través de los presupuestos generales del Estado (PGE), pero es mentira. Gracias a los Presupuestos de 2023, el organismo ingresó más de 150 millones de euros.

La información económica publicada anualmente por el propio INCIBE es clara sobre la cuantía a pagar por las salidas de la empresa, englobada en el capítulo de gastos de personal. En 2022, el Instituto pagó 81.607 euros en indemnizaciones por despidos; en 2023, la cifra se elevó hasta los 137.349 euros; y en 2024 subió hasta 212.660 euros. 

“Todo esto tiene un coste para las arcas públicas que no asume la persona que ha tomado la decisión”, señala Jacobo S. Méndez, delegado sindical del CSIF en el comité de empresa. R. F., del comité por CC. OO., señala que se trata de “una situación sin precedentes”, pues “nunca se había producido una concatenación de despidos en tan poco tiempo”; y añade que el hecho de que cinco de siete salidas hayan sido improcedentes “ya dice bastante de quién puede ser la persona que está tomando las decisiones a la hora de despedir”.

La empresa asegura que en 2022 tuvo lugar un despido, primero por motivos disciplinarios, después considerado improcedente en sede judicial. En 2023 se efectuaron tres despidos disciplinarios, de los cuales dos fueron considerados improcedentes y uno declarado nulo, pues la trabajadora estaba embarazada, en sede judicial. En 2024 se produjeron otros tres despidos disciplinarios, de los cuales dos terminaron siendo improcedentes. Según ha añadido el Instituto, radicado en León, en 2025 no ha habido ningún despido, aunque fuentes cercanas al comité de empresa aseguran que otro trabajador ha tenido que abandonarlo. Actualmente la plantilla se sitúa en los 168 empleados.

Despidos pagados con dinero público

“Barrio es un hombre muy político, afín al PSOE y a CC. OO. A la gente que no es de su cuerda, o que ponía en duda sus decisiones, se la ha ido cargando. Nos encontramos que, de golpe, un día había despedido a tres personas”, sostiene Méndez. Los siguientes despidos fueron escalonados. Así hasta llegar a tener que desembolsar más de 430.000 euros para indemnizar a aquellos que se vieron obligados a dejar esta sociedad mercantil estatal. “Es una cifra bastante elevada. Es notorio que estamos en una negociación colectiva y nos dicen que no hay dinero para nada, cuando con ese dinero se podrían costear muchísimos beneficios para la plantilla”, añade el delegado de CSIF.

Méndez considera que los despidos han sido un “capricho” del director general: “Le da igual porque el dinero no es suyo, sino de todos los españoles”. “Sabemos que esto es conocido por los políticos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y tampoco sabemos por qué consienten que ocurra”, añade R. F. Por su parte, desde la cartera que dirige Óscar López se adhieren a lo expresado por el INCIBE.

Más de 150 millones de euros en los últimos presupuestos

El Instituto solo ha contestado a una de las preguntas formuladas por La Marea. Preguntados por el presupuesto que tiene la institución para abonar las indemnizaciones por despido, han respondido que “INCIBE es una sociedad empresarial mercantil que no recibe asignación directa de los Presupuestos Generales del Estado”. Es falso. Según el propio documento de información financiera que publican cada año, “cabe señalar que el origen principal de los fondos con los que INCIBE se financia son públicos y se derivan de la Administración General del Estado a través de aportaciones directas de partidas aprobadas en los PGE”.

En los últimos PGE, aprobados para 2023, el INCIBE recibió más de 23,5 millones de euros dentro de la partida ejecutada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Además, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también recibieron fondos públicos destinados a este ministerio en el mismo año. En este caso, la cifra aumenta hasta los 131,62 millones de euros.

Fuga de talento en el Instituto

Méndez detalla que la institución ha ofertado plazas vinculadas a los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea que, en teoría, se estabilizarán en los próximos meses. Sin embargo, la dirección ha impulsado otra estrategia para capear los despidos centrada en una reorganización del organigrama de la compañía. “Si despiden a la responsable de una subdirección, se queda coja, así que deciden suprimir esa subdirección y dejar que una sola persona se encargue del cometido que antes realizaba todo un equipo de trabajo, al que recolocan en otras áreas”, explica el sindicalista de CSIF, quien afirma que es lo que ha ocurrido en Comunicación, Relaciones Institucionales y Marketing.

R. F. opina que se trata de “grandes profesionales cualificados que de la noche a la mañana han visto su despido”. Además, desde el comité han pedido a la empresa que recapaciten sobre su política de despidos y que, resolución judicial recogiendo la improcedencia mediante, accedan a la readmisión de los trabajadores, sin que la compañía haya respondido a su demanda. Desde el comité de CC. OO,, admiten que reemplazar a estos perfiles no siempre es fácil, mientras que “la plantilla también se ve afectada por su falta”.

Un golpe “incomprensible” para los despedidos

Uno de los despedidos ha asegurado a La Marea que “en absoluto” se esperaba su cese en la empresa. “Aunque había bastantes precedentes, uno confía en que, en una entidad pública de este calibre, los procesos sean transparentes y basados en el desempeño real. Tras una trayectoria sólida, con evaluaciones anuales positivas, recibir un golpe así resulta incomprensible”, ha comentado este antiguo trabajador del INCIBE que prefiere mantenerse en el anonimato.

Cataloga de “devastador” el impacto en su vida de este movimiento por parte de la dirección. “No solo por la pérdida del empleo, sino también por el momento vital: enfrentarse a un proceso judicial largo mientras lidias con una situación personal delicada supone un desgaste emocional y físico inasumible. Te deja en una situación de vulnerabilidad extrema que acaba afectando a tu entorno familiar”, desarrolla.

El miedo llega a la plantilla

El delegado de CSIF en el comité de empresa asegura que en la plantilla “hay muchísimo miedo” y nadie quiere pronunciarse. “Hay temor a protestar, a denunciar, a decir que las cosas se están haciendo mal en un clima de tensión e incertidumbre”, añade. R. F., por su parte, enfatiza que este miedo puede venir provocado porque “León es una ciudad pequeña y no hay muchas más opciones de trabajar en una sociedad mercantil estatal”.

La alarma generada en la plantilla también puede tener relación con lo que sugieren estos despidos. Según entiende el extrabajador del Instituto, se podría hablar de “una política de limpieza para deshacerse de perfiles que no encajan en la visión personalista de la dirección”; una política que genera “un clima de terror, incertidumbre y una fuga de talento constante”. «Cuando ves que profesionales solventes son despedidos y que el centro prefiere dilapidar cerca de medio millón de euros en indemnizaciones con dinero público antes que rectificar, el compromiso del que se queda se diluye”, añade.

Una gestión arbitraria y sin responsabilidad en el coste

«Aquí los protagonistas no somos los empleados, sino todos los ciudadanos que deben saber cómo se despilfarra su dinero”, dice Méndez. Y prosigue: “Yo lo que quiero es que la gente sepa cómo se gestionan los impuestos que todos pagamos, porque se hace de forma arbitraria y nadie asume la responsabilidad del coste”.

El antiguo trabajador del Instituto sigue al sindicalista de CSIF: “Más allá de mi caso personal, es imperativo denunciar que estas prácticas no tienen cabida en una Administración Pública moderna. El uso arbitrario del poder y el desprecio por la estabilidad de los trabajadores vulneran principios éticos y derechos fundamentales que deben estar por encima de cualquier gestión personalista y que además atentan contra cualquier política laboral progresista”.

La entrada Instituto Nacional de Ciberseguridad: despidos improcedentes a cargo del erario público se publicó primero en lamarea.com.

Los proyectos de edificación de centros de datos para dar respuesta a las empresas tecnológicas ante la creciente demanda de inteligencia artificial (IA) se caracterizan por la opacidad que los rodea. Es lo que sucede actualmente en Fuenlabrada, justo en la parcela en la que hace unos años se erigía la fábrica de Coca-Cola, epicentro de la lucha laboral que consiguió doblegar a la empresa ante el cierre de la factoría y un espacio codiciado por su abastecimiento de agua. 

Por eso esta finca de 195.000 metros cuadrados es tan golosa. Aunque nadie sabe exactamente cómo la planta tecnológica golpeará al mayor recurso natural que existe, cambios de uso del suelo mediante, varias organizaciones sociales y políticas alertan de las consecuencias de un proyecto que desde el Consistorio fuenlabreño venden como “el mayor campus de centros de datos de Madrid”.

Aurora Gómez Delgado es una de las integrantes de Tu nube seca mi río, un colectivo de resistencia ciudadana contra los centros de datos. Ella conoce la dificultad para seguir la pista de estos enclaves que últimamente brotan como esporas en diversas ciudades de toda España. En este caso, según cuenta, llegaron al proyecto de Fuenlabrada por un soplo de una persona afincada en Georgia (Estados Unidos). “Los centros de datos a hiperescala como este están conectados a zonas rurales y de la periferia porque necesitan mucha agua para funcionar y refrigerar sus sistemas de procesamiento”, dice la activista.

De esta forma, las compañías se decantan por lugares conectados con fuertes fuentes de agua y energía, como son los enclaves utilizados en el sector de la cerámica o, en este caso, de la producción de bebidas gaseosas. “Los inversores también buscan que no haya resistencia local, que, en realidad, no existía hace unos años. Pero sí existía la lucha obrera en Coca-Cola, y las resistencias se unen unas con otras”, comenta Delgado.

Hay dos tipos de centros de datos. Por un lado, los propios de los grandes tótems tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft. Por otro, aquellos de empresas llamadas de colocación, que se los alquilan a los gigantes digitales. Gómez explica que en Fuenlabrada se erigirá uno de este segundo tipo. “Estamos viendo una subida increíble de esta burbuja especulativa, con muchos fondos de inversión pujando en ella”, comenta. Si todo continúa según lo previsto, esta localidad al suroeste de la capital tendrá un centro de datos propiedad de Thor Equities, dueño del terreno desde 2022.

El agua, siempre la mayor incógnita

La gran pregunta que rodea este proyecto industrial es cuánta agua consumirá. “Tanto investigadoras como periodistas y activistas nos hemos encontrado con que la falta de información es atroz. La opacidad siempre acompaña a los centros de datos”, afirma con contundencia la propia Gómez. 

Los únicos datos oficiales accesibles para la ciudadanía fueron expuestos en las redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada el pasado 17 de marzo. En un post, el consistorio gobernado con mayoría absoluta por el socialista Javier Ayala expuso que la empresa británica Apto invertiría 2.000 millones de euros para construir en la ciudad “un gran campus de centros de datos, el mayor de la región cloud de Madrid”, que seguramente después será utilizado por las grandes compañías de Silicon Valley.

El terreno que ocupará alcanza los 195.000 metros cuadrados, que albergarán cinco centros de procesamiento de datos, “alcanzando una capacidad total prevista de hasta 240 megavatios”, añadieron. El permiso de obra ya está aprobado y su construcción comienza “de inmediato”, siempre según la publicación del ayuntamiento fuenlabreño, desde donde aseguraron que se prevé la creación de unos 2.500 empleos.

Sin embargo, el Consistorio no ha contestado a ninguna de las preguntas planteadas por La Marea al cierre de la edición de este artículo sobre cómo han calculado esos dos millares y medio de puestos de trabajo, cuál será el uso del agua por parte del centro de datos y si el Ayuntamiento realizará algún tipo de control al respecto. Tampoco han explicado por qué Fuenlabrada necesita un centro de datos.

Cambios en el uso del suelo

Eva Fuentes Rincón, responsable del área de Ecologismo y Medio Ambiente de Podemos Fuenlabrada, sin representación en el Ayuntamiento, señala: «Hemos pasado de la sorpresa a la preocupación”. Esta vecina de la localidad se pregunta qué necesidades de la población cubrirá la factoría. “No podemos dejar que estos centros de datos se construyan sin una regulación concreta ni que su construcción infle una burbuja especulativa, como ha sucedido con los macroproyectos de energías renovables”, opina.

Desde su partido político, aseguran que ya están analizando si el proyecto cumple con la legislación vigente en todos sus aspectos, pues hay viviendas situadas a apenas 200 metros del enclave que se podrían ver afectadas por el mismo. En este sentido, Fuentes advierte de que tras la marcha de Coca-Cola de Fuenlabrada y después de que vendieran el terreno al fondo de inversión Stoneweg en 2020, la finca ha experimentado diversos cambios en la denominación del uso del suelo. “Desde entonces, habrá triplicado su valor. Ahora mismo el suelo tiene una categoría superior para centros de datos”, explica.

Un acuífero, oro para los centros de datos

La integrante de Podemos enfatiza que en el subsuelo de la finca elegida hay un acuífero, explotado en su momento por Coca-Cola. Lo corrobora Mercedes Pérez Merino, antigua delegada sindical por CC. OO. de la compañía Casbega, franquiciada por Coca-Cola en Fuenlabrada. “Una de las cosas que les movieron a traer la factoría es que había pozos y acuíferos, y muy buenos”, reitera.

Esta administrativa ya jubilada recuerda cómo fueron los propios trabajadores del municipio quienes, al ver cómo la empresa explotaba el agua, reclamaron que repercutiera de alguna forma en la sociedad. “Instalaron una depuradora para que los ayuntamientos de la zona pudieran hacer uso de esa agua para riego y limpieza”, rememora Pérez, quien entró a formar parte de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada en 1983.

La factoría llegó a ser una de las más productivas para la firma transnacional. Sin embargo, decidieron cerrarla. Una lucha ardua de la plantilla y las mujeres de los trabajadores, conocidas como Las Espartanas, consiguieron doblegar a la empresa. El apoyo mutuo fraguó una victoria que se tradujo en un sueldo hasta la jubilación para todos los trabajadores despedidos de unos 2.500 euros al mes, según cifra Pérez.

“Siempre pensé que tras la venta de la factoría había algo que se nos escapaba. Ahora lo entiendo. Esto del centro de datos lo tenían pensado desde mucho antes”, añade la antigua trabajadora de Coca-Cola. Desde su experiencia, considera que la sociedad debería reflexionar sobre los tiempos con los que trabajan las transnacionales, inasumibles para las personas normales, comenta. “Hay que prepararse, porque no dan puntada sin hilo y son insaciables”, concluye.

Una Administración a favor de las empresas

Siempre se puede hacer algo. Para intentar combatir la proliferación de estos centros que tan duramente golpean a su entorno, Gómez subraya que algo que podrían hacer las Administraciones es no favorecer su presencia en el territorio. “Todos los centros disfrutan de legislación especial que hace que la burocracia sea menor y todo vaya más rápido, por lo que a la gente local no le va a dar tiempo a enterarse de lo que pasa”, critica.

La activista añade que esta industria tan pujante goza también de grandes subvenciones públicas a nivel regional, así como de la exención del pago de impuestos como el de bienes inmuebles o el de actividades económicas. “Al menos en España todavía es necesaria una valoración ambiental para dar el visto bueno, porque en otros países se ha retrocedido en eso”, apuntilla.

Desde Tu nube seca mi río concluyen que la aparición de un centro de datos como el proyectado en Fuenlabrada no aporta ningún beneficio para la sociedad. “A mí solo me cabe pensar que de repente los políticos regionales o son muy tontos o hay intereses espurios”, asevera la misma Gómez. 

Según sostiene, tendremos que esperar todavía algunos años para ver si se producen puertas giratorias en este sector. No sería extraño. La antigua vicealcaldesa de Madrid y militante del extinto Ciudadanos, Begoña Villacís, es la directora ejecutiva de Spain DC, la patronal española de centros de datos. No es la única. El nombre de Marcos de Quinto ya marcó la lucha aguerrida de los trabajadores de Coca-Cola y sus mujeres, Las Espartanas, pues él fue vicepresidente a nivel mundial de la compañía entre 2015 y 2017. El antiguo diputado en el Congreso de los Diputados también por Ciudadanos actualmente trabaja para empresas ligadas a la IA, tal y como explica Gómez.

Casos de éxito: proliferan las resistencias

La lucha social, como en tantos otros frentes, comienza a dar sus frutos. Gómez asegura que el año pasado la mitad de los proyectos de construcción de centros de datos se consiguieron ralentizar en Estados Unidos gracias a la presión ciudadana. En otros tantos países se están aprobando moratorias para su edificación, y en Europa hay organizaciones que la reclaman a nivel global. “Es una industria que recién está despegando. Allá donde vamos, nosotras encontramos un grupo que quiere levantarse como resistencia a los centros de datos. Todo el territorio español está plagado de estas resistencias”, concede la activista.

De todas formas, el combate contra los centros de datos empieza desde casa. En un momento en que la IA inunda cualquier dispositivo, la concienciación ciudadana para evitar su uso innecesario se torna crucial. “Una sola búsqueda en un buscador que utiliza la IA implica toda una cadena de suministros que conllevan sufrimiento en otras partes del globo, ya sea por las tierras raras de Ucrania y Groenlandia, el litio en Chile o el coltán en el Congo”, ejemplifica Gómez. Es ella quien concluye: “Los consumos tecnológicos son algo privilegiado que recae en gente menos privilegiada. Hay alternativa al tecnocapitalismo. Hasta la fecha hemos podido sobrevivir sin IA, pero no podemos sobrevivir tres días sin agua”.

La entrada En busca del agua: de la fábrica de Coca-Cola al mayor centro de datos de Madrid se publicó primero en lamarea.com.

Todavía nadie sabe por qué aquel 5 de enero de 1939 decidió inscribirse en el Registro Civil con el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. Esa es la gran incógnita que aún sobrevuela a la hora de hablar de la que siempre se dio a conocer, firmó y se refirió a ella misma con el nombre de Margarita Juana. La periodista Andrea Momoitio, convertida durante tres años en buscadora de la respuesta que nunca llegó y biógrafa accidental de una historia que estaba por contar, publica Farsante. Una historia queer en la Falange (Libros del KO, 2026). 

A caballo entre su Santa Cruz de Tenerife natal y Madrid, capital de su educación y desmanes, Margarita deja tras de sí una juventud repleta de mentiras que transitó entre la Residencia de Señoritas, su adhesión y predicamento a favor de la Falange, la cárcel y una muerte que llegó en Alemania bajo las bombas aliadas.

La investigadora Yanira Hermida Martín fue la primera que indagó en la vida de Margarita. Momoitio tomó su testigo y todavía ahora fantasea con que aparezca una tercera persona que pueda reconstruir un hilo desvencijado por el paso del tiempo, el silencio y el estigma. “Todo lo que nos queda por saber tiene que ver con su intimidad, y de eso no queda rastro. A mí ya se me acabó la imaginación”, acepta la periodista.

La más que entendible resignación que se apodera de Momoitio ante la falta de respuestas no impide vislumbrar toda una obra repleta de información. Sí sabemos que Margarita nació el 24 de junio de 1896, en el número 27 de la calle Duggi, en la finca de don Bruno, su padre, alemán. “Si no fuera porque no puede ser, creeríamos que no tuvo infancia”, escribe en su libro sobre Margarita la también autora de Lunática (Libros del KO, 2022). A los 19 años, en octubre de 1915, la tinerfeña ya firmaba en la prensa.

Una conservadora en el Madrid efervescente

Sus ansias de formación la llevaron a recalar en Madrid por primera vez a finales de abril de 1920. Al año siguiente, ya formaba parte de la Residencia de Señoritas bajo la tutela de la pedagoga y humanista María de Maeztu. “Procedía de una familia de nuevos burgueses. No venía de una familia rica de cuna. Lo que querían era tenerla controlada”, explica Momoitio. Fue en esos años donde comenzó a mentir, farsear su vida, para conseguir saborear la capital un tiempo más allá del que quería su familia. Allí coincidió con compañeras como Victoria Kent, la misma que diseñaría la cárcel en la que llegaría a estar presa casi tres meses en 1940.

Pero para eso todavía quedaban numerosas vicisitudes que experimentar en su biografía incompleta. Por ejemplo, formar parte de un movimiento feminista que entonces también se encontraba dividido. “Ella defendió la corriente que apostaba por promover el acceso de las mujeres a algunos derechos, pero enmarcados en la educación. El objetivo era estar más formadas para ser mejores esposas y madres, no para desarrollar sus propias vidas, intereses y carreras profesionales”, explica Momoitio. Vinculada a la fe católica, se opuso al sufragio femenino.

En la CNT por miedo, en la Falange por convicción

Margarita ingresó en el cuerpo de Correos en 1922 y la guerra civil estalló cuando se encontraba destinada en Málaga. Mientras tanto, se había convertido en la directora de la revista Héroes, cargo que ocupó apenas unos meses. Materializó su adhesión a la Falange en mayo de 1934, seis meses después de que José Antonio Primo de Rivera la fundara en el Teatro de la Comedia de Madrid. 

Momoitio no tuvo nada fácil cerciorarse de que esto era cierto. Solo lo hizo cuando en el archivo de Correos encontró una carta de la mismísima Pilar Primo de Rivera en la que pedía al jefe de Margarita que le otorgara un mes de permiso sin empleo y sueldo. “Dijo que era una camarada y que quería que trabajara para ella en Salamanca”, añade la periodista. Sucedió en diciembre de 1937.

Su militancia en la Falange la llevó a ser la delegada femenina del Sindicato Vertical en Málaga. Su objetivo era promover la sindicación de otras mujeres. Para conseguirlo, Margarita y otras como ella daban mítines en los que dejaban claro el papel secundario que deberían tener las mujeres, en el sindicato y en la sociedad en general. 

Para entonces ya había superado el expediente de depuración iniciado por los sublevados contra ella. Se percataron de que, durante un tiempo, engrosó las filas del anarcosindicalismo con el carné de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Se defendió. Temerosa de que Málaga cayera bajo el “dominio rojo”, lo hizo para no tener represalias, testimonió en su momento.

Un delito penado con años de cárcel

La documentación analizada por Momoitio indica que Margarita hizo todo lo posible por escapar de su trabajo en Correos. Con una baja médica, recaló de nuevo en Santa Cruz de Tenerife a finales de 1938. La víspera de Reyes del año siguiente, decidió ir al Registro Civil para remendar el error cometido por sus progenitores al nacer: no haberla inscrito. Sin embargo, decidió hacerlo bajo el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. La detención llegó el 10 de mayo. Durante seis días, el tiempo que su padre necesitó para conseguir la fianza, durmió en la prisión santacruceña de mujeres.

Ella aseguró en un primer momento que el cambio de nombre respondía a su afán de ir al frente de guerra en Alemania. Es decir, dar hasta su vida por los nazis. El fiscal lo advirtió desde el principio de la causa judicial: “Porque ser hombre o mujer da lugar a distintos derechos y obligaciones y distinto trato en las relaciones sociales”. 

Las exploraciones médicas atestiguaron que no estaba claro que los caracteres sexuales secundarios y terciarios pertenecieran a un individuo de sexo femenino. “La voz, piel y el vello manifiestan una tendencia intermedia y algunos, francamente varoniles”, dejaron por escrito los médicos. Lo mismo sucedía con su aspecto psíquico. Clasificaron a Margarita como pseudohermafrodita o intersexual. Al mismo tiempo, cuestionada la propia Falange sobre si Margarita aparecía en sus listas, el partido joseantoniano renegó de su vástago.

Una penúltima huida

Nada evitó su condena, que llegó en abril de 1940. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife determinó una pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de falsedad en documento público. También tuvo que pagar 2.500 pesetas de multa y parte de las costas del juicio. Pero el viaje no había terminado. En el tiempo que transcurrió hasta que la condena se hizo firme, Margarita marchó a la península sin autorización judicial para ello. “Dijo que nunca quiso eludir a la justicia y que lo hizo para cambiar de abogado”, explica Momoitio. Su padre, don Bruno, lo denunció.

La orden de búsqueda y captura pronto llegó a la capital. El 19 de octubre superó la puerta de la cárcel de Ventas, ideada por su antigua compañera de la Residencia de Señoritas Victoria Kent, para estar en ella 82 días. El 9 de enero de 1941, dos años después del intento fraudulento a ojos de la justicia de su inscripción en el Registro Civil, Margarita ya estaba de vuelta en Tenerife.

La escritora y periodista desconoce si Margarita realmente sentía cierta pulsión a socializar como un varón o su movimiento respondió a otros intereses. Nadie sabe ahora qué versión creerse: si realmente quería ir a luchar con la División Azul del lado de los nazis o se sentía un hombre y las personas se burlaban de ella, como también argumentó durante el procedimiento judicial. “Las mujeres falangistas de alguna manera se sentían por encima de la categoría general de mujeres. Yo creo que pretendía acceder a derechos o posibilidades que no tenía”, comenta Momoitio. A pesar de los recovecos que quedan en blanco en esta historia, la biógrafa se inclina por pensar que estamos ante una mujer cis, lesbiana, falangista y muy ambiciosa.

Muerta tras bombardeo aliado

En abril de 1943 cumplió la pena. Al final, consiguió marchar hacia Alemania. Recaló en un hospital psiquiátrico fundado en 1877 en la ciudad de Ahrweiler y en posesión del doctor Ehrenwall. Trabajó como enfermera. El 29 de enero de 1945, unas 200 bombas arrasaron la zona. Más de dos docenas de ellas fueron a parar a la clínica. Margarita murió, y con ella todo rastro a la respuesta todavía por descubrir: por qué decidió inscribirse en el registro como Juan Carlos. 

En abril de ese año, don Bruno publicó la esquela de su hija en la prensa local de Santa Cruz de Tenerife. Su cuerpo reposa en el cementerio de esta ciudad alemana. Una placa con su nombre y el de las demás enfermeras fallecidas durante el bombardeo sirve de homenaje. 

Momoitio asegura en su libro que nunca va a cansarse de conocer a esta farsante, a pesar de las contradicciones. “Ella pertenecía a ese grupo de personas que ganó la guerra e invadió el Estado español de represión y miseria”, apunta más adelante. Juan Carlos o Margarita inscriben así su nombre en los anales de las pequeñas historias, aquellas que nos construyen como sociedad, incluso alrededor de un círculo que, por el momento, no se ha cerrado. Preguntada una vez más Momoitio sobre el por qué de la decisión de la tinerfeña, concluye: “Vete tú a saber”.

La entrada La mujer falangista que estudió en la Residencia de Señoritas y quiso llamarse Juan Carlos: nadie sabe por qué lo hizo se publicó primero en lamarea.com.

La política está en la mirada, en la construcción de la secuencia, la inclusión de una música, en la decisión de qué se queda fuera de la cinta. Lo saben bien todos aquellos cineastas que se decantan por relatar una memoria antifascista, conscientes de que los numerosos obstáculos que encontrarán intentarán cercenar el pensamiento crítico que sus trabajos provocan en el público. En tiempos en los que el autoritarismo arrastra adeptos en todas las capas sociales y la imagen se convierte en vehículo principal a nivel comunicativo, la cultura comprometida con la justicia social y la memoria democrática se yerguen como un faro que ilumina el camino. 

“En momentos en los que se impone la violencia, la represión, el genocidio, lo primero que destrozan es la cultura”, adelanta Eva Aladro Vico, catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta especialista en comunicación, discurso mediático y estructuras de poder en los sistemas informativos fue una de las participantes de Cultura contra la barbarie: el cine como instrumento de resistencia antifascista. 

La mesa, celebrada en el Teatro del Barrio este 24 de marzo, día en que se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado en Argentina, e impulsada por el colectivo Atado y Bien Atado, estuvo presentada por la periodista y politóloga Irene Zugasti, quien planteó debates sobre la batalla cultural, el momento político actual y el cine social.

Del entretenimiento político a la cultura-anestesia

Amparo Climent, artista multidisciplinar y autora del documental Dolores Ibárruri. Pasionaria, galardonado con la Biznaga de Plata en Málaga en 2026, defiende que, para el fascismo, “la cultura es un elemento considerado subversivo al plantear una mirada completamente diferente”. La puntualización que realiza Vicent Monsonís, productor, guionista y director cinematográfico que acaba de estrenar la película de ficción La invasión de los bárbaros, marca el devenir de la mesa: “Yo no soy tan idealista. Hablamos de la cultura como término genérico, pero los fascistas también hacen cultura”.

Sustenta su afirmación en la experiencia propia. “Yo vengo de un territorio periférico como València, con gobiernos ultraconservadores durante décadas, y hacer cultura no era imposible. Era imposible para gente como nosotros, con cierto criterio, que defendíamos algunas posiciones y nos ubicábamos contra el poder”, dice el cineasta.

Monsonís opina que la idea tan arraigada de que el cine es únicamente entretenimiento procede de Estados Unidos. Lo plantea como si esta cultura-anestesia escondiera tras de sí otros objetivos también políticos. “Nos vendieron una industria en la que cuanto más entretenida parece una película, menos comprometida es. Pero no es así. Su carga ideológica es muy superior que aquellas que te apelan de forma directa y de una manera ideológica”, sostiene.

Por su parte, Climent, quien preside la Asociación Cultural Arte y Memoria, acepta que no tiene muy claro cómo diferenciar arte de entretenimiento. “Todo lo que se hace, absolutamente todo, tiene un objetivo político. No es solo la mirada que ponemos al escribir un guion. Hay muchas cuestiones que realmente están inclinando esa mirada hacia distintos lugares”, añade.

Del cine social al cine socializante

Ante la mirada impertérrita de las casi 20 fotografías de Olmo Calvo que forman la exposición Artículo 47 y que abordan la lucha por la vivienda digna en el Teatro del Barrio, las participantes también charlaron sobre el cine social, con nombres como Ken Loach y Passolini como referencias. “Nosotras hacemos cine y que cada uno lo catalogue como considere. Yo soy militante de la memoria democrática de las mujeres, que está absolutamente olvidada y perdida”, sostiene Climent al respecto.

Sin embargo, existen productos culturales que abandonan la neutralidad para hacer del espectador una persona más ignorante, sobre todo si no abordan un tema vinculado directamente a lo ideológico. Así lo explica Aladro, quien se decanta por arrebatar el título de “cultura” a ese tipo de artefactos. Por otro lado, define como “fundamental y crucial” el cine social: “Te vincula con cosas que desconocías y que puedes llegar a sentir para entender las injusticias”. No hace falta irse a títulos grandilocuentes fuera de las fronteras españolas. Ahí queda la película de Los santos inocentes, que siempre nos enseñará quiénes son y qué hacen los señoritos.

Monsonís intenta profundizar en la cuestión con sus palabras. Además de pretender hacer cine social, como ocurre con La invasión de los bárbaros, también persigue realizar un cine socializante. Más allá de aquellos trabajos cinematográficos etiquetados como memorialistas pero centrados en biografías concretas, el cineasta valenciano asegura que prefiere dejar algo más de lado los personajes y centrarse en la sociedad. “Así toda la gente se siente interpelada y no piensan que han visto una historia ajena, sino que le hemos contado su propia historia”, señala antes de recalcar que echa de menos más películas que ayuden a crear vínculos y construir sociedad.

Un asesinato que no deja sangre

Aladro procede de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, donde Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de un Gobierno con políticas que empobrecen la universidad pública, fue nombrada Alumna Ilustra en enero de 2023. El claustro no fue lo suficientemente fuerte como para forzar que no se produjera el nombramiento. “Hay interés en hundir a la universidad pública a través de informaciones periodísticas que publican medios con intereses en la educación privada”, asegura la docente. Y exclama: “Vivimos en un mundo de ilusiones de espectros que controlan absolutamente el sistema”.

En torno a la cuestión puramente cultural y memorialista, la catedrática señala: “La memoria es lo que nos mantiene vinculados con el pasado y nos proyecta al futuro. La cultura, cuando te la cargas, no deja huellas, es un asesinato que no deja sangre”. Asiente Monsonís con la cabeza, pero también con las palabras. Tal y como finaliza: “El cine es la herramienta más potente que tiene la cultura para expresarse, y eso es algo que los Estados Unidos saben bien, por eso llevan 100 años colonizándonos con su cine”.

La entrada El cine como herramienta antifascista: el poder de la imagen contra los discursos totalitarios se publicó primero en lamarea.com.

“La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la Democracia y la libertad”. Así reza la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, cuya disposición adicional vigésima, publicada el pasado 4 de marzo en el BOE vía real decreto, deja fuera del derecho de indemnización a aquellos fallecidos, también en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, posteriores al 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución.

Entre las decenas de personas que se calcula que existen que perdieron la vida a manos de la ultraderecha y las Fuerzas de Seguridad del Estado tras esa fecha y que se quedan fuera de esta indemnización de 250.000 euros están los tres asesinados por la Guardia Civil en mayo de 1981, conocido como el caso Almería, y los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez, muertos por disparos de la Policía en una manifestación en diciembre de 1979, cuyos hermanos se muestran indignados ante esta decisión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Asimismo, el movimiento memorialista demanda al Gobierno que haga público el dictamen de una comisión formada por una docena de especialistas en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea que dirimió si las víctimas oficiales de la Transición se pueden contar hasta 1983.

El portavoz del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), Javier Almazán, recuerda que en abril de 2024 se creó esta comisión, que debía emitir su resolución en menos de un año. Estaba formada por figuras como el cofundador de CC. OO. Nicolás Sartorius, la abogada y presidenta de Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo y los catedráticos de historia José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza, Carmen Molinero, Antonio Rivera y Encarnación Lemus.

El integrante del COT, hermano de Ángel Almazán Luna, asesinado con 18 años en diciembre de 1976 tras ser brutalmente agredido por la Policía, explica que “ahora mismo no sabemos si los muertos después de diciembre de 1978 se consideran víctimas”. Sea como fuere, el real decreto no recoge su derecho a indemnización, por lo que habría que modificarlo para que así sucediera.

Almazán afirma que tanto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como la directora general de Memoria, Zoraida Hijosa, han reconocido que el estudio ya finalizado obra en su poder. Por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con Ángel Víctor Torres al frente, no han respondido a las cuestiones planteadas por La Marea, por lo que no han clarificado cuándo se publicará la resolución de los expertos ni por qué no han esperado a que se conociera para aprobar el real decreto. Tampoco han contestado si buscarán alguna forma de indemnizar los crímenes cometidos más allá de 1978 ni qué depuración se dio en los Cuerpos de Seguridad una vez aprobada la Constitución.

Cambio de año, misma represión

Javier Montañés responde a esta última pregunta: “Ninguna”. Él es hermano de José Luis Montañés Gil, asesinado a los 22 años por disparos de la Policía en Madrid, el 13 de diciembre de 1979, durante una manifestación legalizada de trabajadores y estudiantes. “Esto no tiene ningún sentido. La Policía franquista de diciembre de 1978 no se transformó en otra Policía en enero de 1979. Eran los mismos agentes. Aquí no hubo ninguna varita mágica que hiciera cambiar sus métodos represivos”, opina.

Por el momento, este profesional del tercer sector afincado en Menorca asegura confiar en que el dictamen de la comisión avale su postura. “Tengo los pies en el suelo, pero también la esperanza de que vuelvan a modificar el decreto. Vivimos momentos políticos convulsos y todo puede cambiar en poco tiempo”, añade. Por otra parte, denuncia que este último movimiento del Gobierno supone una revictimización por parte del Estado. “Nos acompañan en los actos, en lo simbólico, pero por otro lado nos esconden de nuevo. Es una sinrazón dejarnos fuera de la ley”, reitera.

Aquel 13 de diciembre de 1979 Javier Montañés tenía 15 años, los mismos que Mari Carmen Martínez. Ella es hermana de Emilio Martínez Menéndez, muerto a los 20 años en la misma manifestación que José Luis. “No entraba en mi cabeza que, sabiendo que ese informe ya existe, no nos permitan reclamar la indemnización, y no creo que haya sido un descuido”, comenta.

Esta funcionaria madrileña de 61 años, quien recuerda que aquella movilización también se saldó con otros tres heridos de bala, desconoce si el Gobierno quiere introducir a las víctimas “a plazos” en la ley para que vuelva a publicarse la noticia de que “ellos son los defensores de la memoria democrática y de la Transición”, según sus palabras. Martínez se siente disgustada: “Nos ha sentado mal porque creo que hay cierto consenso en que con la entrada en vigor de la Constitución no se volvió la Policía democrática de repente”.

Además, considera que el Gobierno podría haber dejado abierta la cuestión. “Podrían estudiar caso por caso, que al final no son tantos”, sostiene. Y añade: “Si los mataron ya con la Constitución vigente, más grave es”.

Asesinatos más allá de 1978

El hermano de Juan Mañas Morales, Francisco, celebraba su comunión en mayo de 1981. Tenía entonces 8 años. Juan tenía 24, y bajaba desde Santander hasta Almería para encontrarse con su familia. El día 11 apareció su cuerpo y el de otros dos amigos calcinados y con múltiples impactos de bala, dentro del Ford Fiesta en el que viajaban, después de que la Guardia Civil les confundiera con los etarras que el 7 de mayo atentaron en Madrid contra el que era jefe de la Casa Militar del rey Juan Carlos I. “No entiendo qué argumentos tiene el PSOE para dejarnos fuera de la posibilidad de indemnización”, critica.

Francisco Mañas, que ahora tiene 53 años y trabaja como gerente en una empresa, asegura que seguirán recurriendo y luchando. “Yo nunca he sabido por qué hay tanto silencio con el caso Almería. Parece que es un tema tabú, como que da miedo. Quizá porque intervino la Guardia Civil, o porque todavía queda algún secreto por ahí guardado y no quieren que salga a la luz”, se explaya antes de remarcar que el Gobierno debería rectificar para incluir a las víctimas hasta 1983.

José Luis Montañés, Emilio Martínez y Juan Mañas, así como Luis Cobo y Luis Montero, también víctimas en el caso Almería, no son los únicos asesinados más allá de 1978 que ahora no podrán percibir la indemnización. A finales de abril de 1979, Andrés García Fernández murió a manos de un grupo de jóvenes, uno de los cuales portaba un brazalete con una cruz gamada, en la calle Goya de Madrid. Tenía 18 años.

Yolanda González, militante comunista y líder estudiantil, fue secuestrada en su casa en el barrio madrileño de Aluche a los 19 años por militantes de Fuerza Nueva en febrero de 1980. Terminaron matándola el mismo mes y año en que Vicente Cuervo, delegado de la sección sindical de CNT en Telefunken, perdió la vida tras recibir un disparo de un ultraderechista, también de Fuerza Nueva, en Vallecas, aunque en este caso está reconocido como víctima del terrorismo. En marzo de 1980, varios militantes de extrema derecha apalearon y apuñalaron hasta la muerte a Jorge Caballero. Las familias de todos ellos, según el Gobierno, no tienen derecho a recibir la indemnización por su lucha por la libertad en España. En nuestro país no existe tampoco un censo oficial de víctimas políticas de la Transición y primeros años de la democracia.

1983 y la «soltura democrática»

Desde La Comuna-Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, consideran que la modificación de la ley “es un avance” para las víctimas de 1978, pero “siguen quedando muchas que no gozan de los mismos derechos”, relata a La Marea su portavoz, Nerea Fulgado.

Esta asociación participó en las negociaciones previas a la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional decimosexta establece la creación de la ya mencionada comisión técnica. Según la norma, elaborarán un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia hasta el 31 de diciembre de 1983, y señalarán “posibles vías de reconocimiento y reparación”.

“Hablamos de ese año porque tanto la Transición como los primeros años de la democracia fueron muy sangrientos, y con el gobierno del PSOE se consideraba que se había logrado cierta soltura democrática”, apunta la activista memorialista de La Comuna.

Por otro lado, más allá de criticar la falta de extensión temporal para las indemnizaciones, desde La Comuna demandan que el Ejecutivo apruebe un reglamento de la Ley de Memoria Democrática. “Sin él no podemos articular una prohibición de las manifestaciones fascistas”, ejemplifica Fulgado. “Tenemos la sensación de quedarnos siempre a medias y que sea algo cosmético por parte del PSOE”, concluye.

La entrada La Ley de Memoria no indemnizará más allá de 1978: “Si los mataron con la Constitución en vigor, más grave es” se publicó primero en lamarea.com.

Este reportaje forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Lo dicen todas las encuestas. Lo vemos en la tele, en la calle. Lo escuchamos en las conversaciones más cercanas. Nos salta en nuestras redes sociales. No hace falta irse a lugares remotos para darse cuenta (de una vez por todas) de cómo la ultraderecha está ascendiendo peligrosamente, a base de ruido, de desinformación, de mentiras, a golpes de Trump, en todo el mundo. Con Kast en Chile, con Milei en Argentina, con Meloni en Italia, la lista es larga… Con Vox como estandarte en España y Ayuso como principal valedora. Y sí, como si no fuera con nosotros, como si los obreros que se decantan por estos partidos vivieran realidades diferentes a las nuestras, siempre nos hacemos la misma pregunta con esa incredulidad que suscita que políticas, en muchos casos contrarias a los derechos humanos, estén consiguiendo el apoyo de la ciudadanía: ¿por qué la clase obrera vota cada vez más a la ultraderecha si supuestamente gobierna en contra de sus intereses?

Sumados a la apatía y el hartazgo que provocan las opciones políticas que históricamente han reivindicado la defensa de los trabajadores, los sentimientos y afectos generados a través los discursos de partidos como el liderado por Santiago Abascal, Se acabó la fiesta (SALF) o Aliança Catalana en Catalunya están terminando de desplazar la conciencia de clase en este país, según los diferentes analistas consultados para este reportaje.

La imagen del currela sin estudios universitarios votando de forma disciplinada a la izquierda tiene ya, a estas alturas, más de imagen mitológica que de real, describe gráficamente el investigador en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) César Rendueles, que incide no solo en el cambio de voto, sino en la necesidad de cambiar el análisis para entender por qué se produce ese viraje: «Entre la izquierda se da una especie de ilusión intelectualista y moralista que nos hace pensar que el voto es resultado de un proceso de análisis complejo y concienzudo, pero no vivimos en las relaciones de producción».

Esas relaciones, al igual que las económicas, que sí pueden marcar la clase social a la que pertenecemos, aparecen mediadas por las emociones, «por la vida cotidiana y la relación con los demás», prosigue Rendueles. «Los sentimientos son un motor político de primer orden. Es algo que nos cuesta muchísimo aceptar y tendemos a creer que las personas más humildes que se decantan por la extrema derecha son malvadas o idiotas, pero no es así», afirma. Estudiar la composición de clases en España no es tarea fácil. Para poder analizar la población con gravísimas dificultades económicas para llegar a fin de mes o en una situación de pobreza relativa o material severa, hay que fijarse en el 30% de quienes menos ganan. «Los intereses de esas personas no están en el programa electoral de ningún partido», explica el investigador del CSIC.

Es decir, mencionar palabras como «obreros» y «asalariados», o conceptos como «clase trabajadora» en los discursos políticos puede llegar a movilizar a algunas personas, «pero su uso abusivo viene cuando creemos que así se movilizan los intereses de todo el mundo», reflexiona Rendueles. En todo ese viraje, según las fuentes consultadas –desde especialistas a particulares–, la migración, la inseguridad y la incertidumbre se convierten en los factores más repetidos.

Jesús C. A., transportista autónomo de Granada, tiene 44 años y lleva más de media vida, desde los 21, en la carretera: «Yo siempre he escuchado decir a mi padre que la izquierda era el partido del obrero». Ahora asegura sentirse cada vez más inseguro «con leyes que defienden al delincuente», por lo que ha decidido dejar al PSOE a un lado y apoyar al partido de Abascal. Para este camionero, los avances logrados en materia de derechos laborales por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, al final no se materializan en el día a día del trabajador y simplemente «sirven para exprimir al empresario».

Jesús señala la migración como uno de los principales asuntos que le han hecho cambiar su voto. «Estoy harto de ver cómo el Gobierno se llena la boca diciendo que da ayudas. Está feo decirlo, pero aquí parece que solo te las dan si tienes apellido marroquí o eres de etnia gitana», sostiene. En España, sin embargo, no existe ningún procedimiento administrativo que priorice la adjudicación de ayudas según la procedencia de las personas y, a pesar de ello, es un bulo que se ha extendido como la pólvora. De todas formas, en ese contexto, el camionero granadino recalca que es la inseguridad lo que le hace pensar que Vox «es el único partido que tiene un plan para frenarla».

El chivo expiatorio

La evidencia científica constata que hay una desalineación muy clara entre la clase a la que se pertenece y la ideología de cada uno, sostiene Manuel Rodríguez, consultor político y de innovación social en Cámara Cívica, una entidad de economía social especializada en acercar la política a la ciudadanía mediante la divulgación, la educación y la comunicación política. Según los últimos estudios realizados y citados por este politólogo, existe una percepción social cada vez mayor de la desconexión entre los partidos de izquierda que dicen representar a la clase obrera y las preocupaciones de esa misma clase. «A la vez, la derecha radical ya no siempre es elitista, así que también puja por ese voto», añade.

El discurso de la extrema derecha también se basa en ideas como la igualdad, pero siempre desde un punto de vista excluyente. «Algo así como esa idea de que un español tiene derecho a vivir bien y son los inmigrantes los que le quitan el trabajo y los servicios públicos. Así señalan un chivo expiatorio, un enemigo, y se genera un integrismo contra una supuesta amenaza externa», destaca. Marta G. Alcántara tiene 47 años y trabaja en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Conduce las pasarelas telescópicas que unen el avión con la terminal, y vive en Vicálvaro, un barrio al este de la capital. Estudió en la escuela pública y proviene de una familia humilde. A lo largo de su vida, ha trabajado cuidando niños, en una gasolinera, en un locutorio y limpiando, hasta que llegó al aeropuerto en 2006 con la apertura de la T-4. En su casa siempre fueron de izquierdas, dice, pero ella se decanta por la derecha: «Me parecen todos el mismo perro con diferente collar, pero esto de la corrupción en la izquierda… Es que roban a los curritos».

También considera que la derecha es «más seria» con la inmigración, una cuestión que considera en estos momentos como «descontrolada». Alcántara dice que aún no ha votado a la ultraderecha, aunque conoce a gente de su alrededor afín a la izquierda que ya ha apoyado en las urnas al partido de Abascal. Según una encuesta del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, Vox se dispara al 18% y eleva a 13 puntos la ventaja del bloque de la derecha sobre la izquierda.

Las entrevistas se realizaron entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, es decir, después de la intervención de Donald Trump sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, que Santiago Abascal apoya sin fisuras. De este modo, la tesis planteada por los especialistas consultados ve como un error pensar que el voto se decide tras un análisis de las condiciones materiales de vida. Lo que realmente define el voto, según los expertos, tiene que ver con constructos como la pérdida de la identidad nacional, la amenaza cultural o preocupaciones vinculadas al estilo de vida. «Estos son aspectos mucho más importantes de lo que nos creemos», insiste Rodríguez, que ilustra la idea con ese pensamiento ligado a la batalla del penúltimo contra el último: «Bien, yo soy un español, un currela, pero lo que no voy a permitir es que alguien de otro país esté por encima de mí en el mío propio».

Esa idea de «los españoles primero» es la que ha conseguido que Santiago Martínez se decante por Vox y el PP. Él es camarero, tiene 32 años y vive en casa de sus padres, en Alcalá de Henares: «Yo voto a la derecha pero me han catalogado los demás como facha. Sí es verdad que mis ideas están más ligadas al patriotismo, no a la política partidista, sino a la unión de la nación».

Intentó vivir independizado, pero con su sueldo solo podría «sobrevivir», así que decidió volver con sus progenitores. La vivienda es otro tema crucial para él. «Los alemanes y los belgas han comprado toda la Costa del Sol y sus casas están vacías. ¿Eso qué mueve la economía? ¿Solo en verano? Y los pisos vacíos de los bancos deberían salir a unos precios razonables», se pregunta. Sobre la migración, Martínez, como otras personas entrevistadas que han cambiado su voto, también cree que «ha crecido demasiado». Desde su punto de vista, es un fenómeno que se debería haber controlado. «Si decía algo así hace unos años me podían llamar racista, pero ahora no. Eso sí que ha cambiado», indica. Esta normalización de los discursos xenófobos está contribuyendo también al crecimiento de potenciales votantes de izquierda entre la extrema derecha.

Pese a todo, este camarero admite haber votado a PACMA en las últimas elecciones europeas. Sin embargo, en el caso de los comicios municipales de 2023, la papeleta que introdujo en la urna, según indica, fue la de Vox. También dice que votó a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. «En Alcalá quería hacer más daño, ser más drástico y castigar de forma más severa, así que decidí buscar el extremo», explica el trabajador.

Contra el feminismo

La extrema derecha también ha sabido explotar el aspecto más social. Por un lado, una de sus banderas es la lucha contra el movimiento feminista, las políticas públicas encaminadas a la igualdad de género y lo que consideran como «chiringuitos subvencionados». La misma trabajadora del aeropuerto Marta G. Álcántara, sin haber votado a Vox, ha comprado parte del discurso ultra al asumir postulados como el siguiente, referido a la violencia machista: «No me considero feminista porque hay mujeres que pueden abusar o maltratar a un hombre». Por otro lado, estos partidos son los primeros en articular discursos xenófobos contra el migrante con el tan repetido «cuidado que vienen a ponerle el burka a tu mujer». «Y hacen lo mismo con el colectivo LGTBI. No quieren que lo llamen matrimonio, o que tengan hijos, pero no van a permitir que los extranjeros apedreen a los homosexuales patrios», ejemplifica el consultor.

Anita Fuentes, investigadora en el Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), afirma que la precariedad y la incertidumbre reinantes también han activado unos «sentimientos muy masculinistas, nacionalistas y xenófobos, en lugar de impulsar una lucha de clases orientada a un mundo más justo e igualitario para todas». Esta especialista en cultura digital y estudios culturales reconoce que «la derecha da respuestas muy simples a problemas muy complejos». Y, como otros expertos, insiste en el chivo expiatorio, como las mujeres, las disidencias sexuales o las personas migrantes y racializadas.

Desde su punto de vista, la izquierda «se ha dejado absorber por el neoliberalismo y no realiza propuestas ambiciosas» al mismo tiempo que «la derecha ha ofrecido narrativas muy potentes a las que la gente con dudas le ha venido muy bien agarrarse». En definitiva, considera que la izquierda española se ha derechizado. Eso ha sido posible, en parte, por las plataformas digitales y redes sociales, con sus coaches e influencers de referencia, que han consolidado estas ideas alrededor de la decepción con la izquierda. «Estas aparentes contranarrativas han tenido mucho que ver. Milei es el ejemplo perfecto. Es el presidente de Argentina, pero también un trol en las redes. El ámbito digital no se debería obivar a la hora de pensar por qué la derecha gana cada vez más adeptos», reflexiona Fuentes.

Las contradicciones

Estefanía C. M. ha tenido varios trabajos a lo largo de sus 33 años. Ha sido socorrista, electromecánica, comercial y actualmente estudia una FP superior de Informática en un instituto público. Vecina de Fuenlabrada, al sur de la Comunidad de Madrid, también afirma que la «inmigración descontrolada» es lo que le ha hecho apoyar a la derecha. «He votado a la izquierda toda mi vida hasta que me cansé. La última vez voté a Sumar, y hoy votaría a la derecha o a SALF», cuenta siendo consciente de que, al pensar en el partido liderado por Alvise Pérez, está cayendo en una contradicción: «Está en contra de mí, porque pertenezco al colectivo LGTBI». Esa lucha contradictoria consigo misma se ve sustentada en factores más allá de la renta o la clase social: «España debería ser católica porque siempre ha sido cristiana, aunque cada vez haya más ateos», asegura.

Ambivalente también ha sido el voto de Fran Capitán, profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Madrid. Tiene 50 años y se crio en Getafe, procedente de una familia obrera. Admite haber votado a IU, al PSOE, al PP y a Vox, aunque a este último únicamente en las primeras elecciones europeas a las que se presentaron. «Yo creo que el descontento con la izquierda viene de la corrupción y de un cansancio del bipartidismo. Con la derecha funcionan mejor las cosas, a pesar de los pesares», opina este docente que, cuenta, siempre soñó con ser periodista.

Eduardo Fernández, politólogo del Instituto Juan de Mariana, incide en la inclusión en la agenda ultra de temas como el feminismo, el ambientalismo o la identidad sexual. «El voto lo decide una amenaza de riesgo en lo que muchas veces son cambios de carácter cultural». En este sentido, señala que aquella persona autodenominada obrera también puede ser conservadora y valorar ideas emblemas de la derecha, como el orden, el concepto de nación, ciertas tradiciones y la defensa de la homogeneidad cultural. Sin embargo, que se perciba ese riesgo no significa que exista.

«En el voto se mezclan muchos factores y normalmente se suele hablar de la identidad como si fuera algo simple, cuando somos individuos complejos con muchas identidades», analiza el politólogo en referencia a la experiencia personal de Estefanía, la estudiante de Fuenlabrada.

En el caso concreto de Vox, el politólogo precisa que ha encontrado un importante nicho que explotar: el trabajador conservador culturalmente pero que apoya cierto proteccionismo de carácter económico. «Esas dos variables, conservadurismo cultural y proteccionismo, abren hueco para competir electoralmente en un espacio que no había ocupado ningún partido hasta ahora», asume.

Fernández también destaca la «polarización afectiva», siguiendo de ese modo la tesis planteada por el catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra Mariano Torcal en De votantes a hooligans. La polarización política en España (Catarata, 2023). Esta realidad encuentra su razón de ser en cómo las emociones, de nuevo, pueden crear estados de percepción que, más tarde, se materializan en el voto.

---

Así seducen los líderes ultras a la clase trabajadora

Donald Trump, presidente de EE. UU.

Enero de 2026

«Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa fue la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación provocada por Biden y los demócratas, ese sueño está fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses».

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña

Mayo de 2022

«No hay clases sociales como nos intentan vender desde la izquierda. En Madrid, ganas con el respeto, la ilusión y los proyectos comunes. Nos han intentado vender que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través del agravio».

Santiago Abascal, presidente de Vox

Mayo de 2024

«Cualquiera de vosotros, si tenéis un plato para vuestros hijos se lo dais primero a vuestros hijos; y si podéis, luego al vecino, y luego a alguien próximo. Aquí no nos sobra; aquí hay muchos jóvenes que no tienen futuro, que no encuentran trabajos adecuados para el esfuerzo que han hecho… Nosotros venimos a decir aquí que las primeras ayudas para los de aquí».

J. Antonio Kast, presidente electo de Chile

Mayo de 2025

«Chile está funcionando al revés: los delincuentes están libres y los ciudadanos honestos viven encerrados. El Plan Implacable es la respuesta firme que millones de chilenos estaban esperando. Pondremos fin a la criminalización de víctimas que se defienden».

---

Los deseos que no se cumplieron con la izquierda

La protagonista de Pipas (Pepitas de calabaza, 2024), de Esther L. Calderón, dice: «La primera generación de adolescentes nacidos en democracia tuvo el mandato de imaginar, pero no imaginar cualquier cosa ni de cualquier modo, sino aquello que serviría para encarnar los deseos frustrados de sus padres y abuelos».

Y esos deseos imaginados no se cumplieron. De ahí la decepción de mucha gente que se politizó al albor del 15-M. «Eso produce un poso muy rentable para las extremas derechas que aportan otro tipo de soluciones a los problemas que no resuelven ni PP ni PSOE», argumenta el periodista Miquel Ramos, experto en movimientos de ultraderecha.

De esta forma, el voto obrero que va a parar a la derecha no lo hace porque le vaya a beneficiar en cuanto clase trabajadora, sino porque le ofrece otra cosa. «Puedes votar a la derecha aunque vaya contra tus intereses de clase únicamente porque apoyas su actitud frente al feminismo o porque te ofrece un lugar seguro más allá de la clase en ideas como la masculinidad o la patria», prosigue Ramos.

El periodista considera que la extrema derecha ha sabido desencorsetarse para llegar a un público diferente con un particular tipo de mensaje. Y subraya que la derecha ha sido muy hábil a la hora de ser potable para muchos públicos que se salen del cliché del facha clásico. «Se rompen los moldes. Estamos en un momento en que tu condición sexual, identidad de género o creencia religiosa no condiciona el voto, no significa apenas nada», concluye.

La entrada ¿Por qué la clase obrera vota a la extrema derecha? se publicó primero en lamarea.com.

Detenidos esposados, derribos de puertas, detenciones con caras pixeladas, declaraciones sin preguntas de periodistas, agentes heridos en disturbios tras una manifestación. Todas esas imágenes que a diario vemos repetidas en periódicos y televisiones han sido producidas por los gabinetes de comunicación de los cuerpos de seguridad. Crean un imaginario colectivo en torno a lo policial sesgado por la propia institución. Es la visión coral de historiadores, juristas, sociólogos y antropólogos en Policía y cultura. Estudios en torno al poder simbólico de las fuerzas de seguridad (Bellaterra, 2026).

El libro, coordinado por Ignacio Mendiola y Sergio García, ahonda en cómo lo policial se inserta en lo invisible sin dejar de ser coercitivo. Primero desde una perspectiva interna, aquellas representaciones que emanan de los propios cuerpos de seguridad, y después desde la producción de otros agentes, como textos escolares y la música contestataria. En su conjunto, el ensayo supone una de las aproximaciones más completas al poder simbólico de la Policía.  

Mendiola, profesor de Sociología en la Universidad del País Vasco (UPV), sintetiza el objetivo del libro: “Queremos trabajar sobre las diferentes formas de hacer, sentir y pensar que se movilizan en torno a la Policía, y hemos visto que la cultura en torno a ella tiene que ver en gran medida con los intentos de legitimación del cuerpo por parte de la institución”.

García, docente de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), firma junto a Mendiola el capítulo dedicado a la “copaganga”, es decir, esa propaganda que se origina en los propios cuerpos policiales del Estado. Esta investigación de dos años los ha llevado a entrevistar a integrantes de gabinetes de comunicación policiales y periodistas que cubren su información, ver series relacionadas como true crimes, programas empotrados y asistir a exposiciones y exhibiciones, sobre todo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Más marketing que información 

“Vimos una lógica casi empresarial de marketing en estos gabinetes de prensa, que intentaban vender la institución como algo fiable y eficaz y, sobre todo, cargada de valores heroicos”, comenta García. Del mismo modo, pronto se percataron de cómo su comunicación, que debería ajustarse al servicio público, traslada una forma particular de ver el mundo que pasa inexorablemente por la mirada policial. “La Policía es el organismo de la Administración Pública que más comunica y que mayor empeño pone en ello con el mayor grado de autonomía”, afirma el investigador.

El ecosistema mediático conduce a esta realidad. Periódicos, radios y televisiones demandan este tipo de material encorsetado, editado y producido por los gabinetes de comunicación policiales que empaquetan sus trabajos y los publican. “Son productos que proporcionan espectacularidad e información a un coste muy barato para los medios”, sostiene García, quien recuerda el mayor sueño que tiene uno de los responsables de la comunicación policial entrevistado: que toda intervención esté grabada. Así podría ser la misma Policía quien fabricara el producto y se lo diera enlatado a los medios, sin que cupiese otra versión posible.

Contar lo que se es a través de lo que no se ve

Los coordinadores del ensayo sitúan 15 años atrás el inicio de esta comunicación policial que enfatiza tanto su buen hacer y profesionalidad. “Según los agentes de los gabinetes, que sean una institución tan bien valorada por la ciudadanía tiene que ver con la comunicación que realizan”, añade el antropólogo. En este sentido, ni siquiera los medios juegan ya un papel determinante. La aparición de las redes sociales y su explotación directa por los gabinetes de comunicación hacen que se pueda puentear a los periodistas para hacer llegar una información policial.

En resumidas cuentas, la institución responde, y así lo confiesan sus responsables, a la difusión de una buena imagen de los cuerpos de seguridad. “Tiene que ver más con una lógica empresarial que con el servicio público al que se le presupone neutralidad”, reitera.

La comunicación policial, de esta forma, también se puede analizar a partir de sus omisiones. ¿Dónde queda la violencia policial en las manifestaciones? ¿Las detenciones en las que se aplica una fuerza excesiva? ¿Y los montajes policiales? ¿Por qué no informan de las muertes bajo custodia policial? ¿Quién da declaraciones cuando se detiene a un agente por formar parte de redes de narcotráfico cuando es el encargado de luchar contra este delito?

Una ideología tras las imágenes

Para poner las cosas fáciles, Mendiola cita un ejemplo muy gráfico que aborda en otro capítulo dedicado a Frontex, el cuerpo policial europeo que actúa en sus fronteras. Esta institución europea se esmera en llevar a cabo una gran producción mediática. “En uno de sus vídeos, aparece un agente diciendo que Frontex es como una familia, lo que conlleva el uso de términos amables. En cambio, la persona migrante queda totalmente diluida en imágenes en las que aparecen sus rostros pixelados en imágenes o como cuerpos detectados por sensores y radares”, explica.

De esa forma, a través de diferentes mecanismos audiovisuales se quiere producir simbólica y discursivamente todo un sistema de legitimación policial, en palabras del mismo Mendiola. “Deberíamos pensar más sobre las imágenes que vemos de los policías, no solo recibirlas pasiva y acríticamente, sino desmenuzarlas para ver qué tipo de ideología intentan transmitir”, añade.

Este docente de la UPV también se refiere a las numerosas exposiciones y exhibiciones que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado realizan a lo largo del año para que la ciudadanía pueda ver sus materiales, coches, acorazados e, incluso, armas. “Quieren que no se les vea como algo extraño y lejano, por eso activan estos mecanismos de acercamiento. Su publicidad funciona como un sistema de marketing que simbólicamente te hace sentir la necesidad de tener a la Policía cerca”, reitera.

Policía como solución a conflictos sociales

García también firma el capítulo titulado de forma elocuente El uniforme trabaja solo. El poder mágico de la policía. El antropólogo sostiene que la presencia policial se ha ido entendiendo como solución a numerosos problemas relacionados con las desigualdades sociales, la pobreza y la injusticia, pero que se abordan desde una perspectiva securitaria típica del contexto neoliberal. 

La idea de este capítulo parte de una situación concreta que vivió el investigador, asentado en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid. Un chico robó el móvil a una chica. Entre los vecinos consiguieron que devolviera el móvil y la chica se tranquilizara. Sin embargo, uno de los allí presentes sintió la necesidad de retener al chico hasta que llegara la Policía. ¿Por qué alguien tuvo esa necesidad cuando la situación de emergencia ya se había resuelto?, se pregunta García.

Se basa en el conceto de “eficacia simbólica”, desarrollado por el antropólogo Lévi-Strauss, para centrarse en cómo sólo alguien entendido como autoridad puede activar los resortes necesarios para hacer que una situación termine de una manera concreta. “En el caso de la Policía, esa construcción de autoridad se granjea en las visitas a los colegios o en la colaboración con asociaciones vecinales, además de la autoridad que se le otorga a nivel legal para hacer uso de la fuerza física”, explica. 

Por eso, ante un mínimo incidente puede no ser extraño ver cinco coches de Policía alrededor. “Esa es la hiperintervención que realizan en el espacio público”, apunta García. Por otro lado, en ocasiones, ni siquiera los agentes son conscientes del poder que portan con ellos, invisible, sibilino. “Uno de ellos me dijo que podía enfrentar situaciones que le asustaban únicamente con el efecto simbólico que produce en el otro al ver el uniforma policial”, comenta el profesor de la UCM.

“Yo invito a reflexionar sobre cómo la Policía se ha ido colocando como una especie de fetiche a nivel social, como un poder mágico, para la solución de no pocos problemas cuando estos tienen que ver con soluciones mucho más complejas y sociales más allá del ámbito policial”, subraya García.

Conclusiones “sesgadas” en los delitos de odio

El aumento de los delitos de odio, aún en gran medida infradenunciados, es otro de los aspectos que aborda Policía y cultura. La doctora de Antropología y Sociología e investigadora postdoctoral de la UPV Laura Escudero ha estudiado el papel que ha jugado el Ministerio del Interior en la (re)producción de la narrativa y la gestión del odio en el Estado español. Bajo el título de Fabricar la lucha contra el odio, esta especialista en la materia determina que la combinación de los datos recogidos en los informes anuales del ministerio junto con la retórica utilizada en su construcción desemboca en unas conclusiones “un tanto sesgadas”.

Tras estudiar los informes de la década comprendida entre 2013 y 2023 a través de la teoría del análisis crítico del discurso, Escudero dilucida que estos informes no solo producen y reproducen una realidad estadística en relación con la discriminación y el odio, sino que también “crean un relato específico sobre lo que se considera como tal”. 

Del mismo modo, construyen un perfil de víctima y autor de los delitos de odio que no siempre concuerdan con lo que en un primer momento se podría pensar. Por ejemplo, el perfil mayoritario de víctima que se desprende de los datos es un hombre de 16 a 40 años de nacionalidad española. Mientras tanto, la categoría más denunciada es racismo y xenofobia. “La construcción de estas estadísticas, aunque sea una herramienta supuestamente concebida para proteger a colectivos vulnerabilizados, tiene muchos sesgos que llegan a reproducir desigualdades estructurales como el racismo”. 

El odio, tratado como un problema de orden público

Según refleja en su investigación, se identifican dos momentos a la hora de enfrentar esta realidad por parte del Ministerio del Interior. Al inicio de las estrategias contra los incidentes de odio, estos se reportaban en los informes con un discurso marcado de excepcionalidad. “Lo acompañaban con el relato de que España es un país multicultural y tolerante junto a los datos recogidos, que eran muy pocos, entre otras cuestiones porque para que un incidente discriminatorio llegue a consolidarse como delito de odio hay muchos filtros que se deben pasar”, desarrolla.

A partir de 2019 se aprecia un cambio cuando el discurso adopta una perspectiva más prudente. “Se dan datos más precisos y se deja de lado esta idea de la escasez al admitir que los datos son una pequeña muestra de una problemática más grande”, apunta Escudero. Sin embargo, critica que hasta el día de hoy esta realidad sigue tratándose como casos aislados y problemas de orden público. “El enfoque prioriza esa prevención securitaria y el castigo, lo que impide abordar estos casos de discriminación como una cuestión estructural”, finaliza la investigadora.

La entrada Policía y poder simbólico: el ‘marketing’ por encima del servicio público se publicó primero en lamarea.com.