El férreo control de las instituciones y el giro autoritario en El Salvador ocultan, tras el espejo de la propaganda, un grave retroceso en materia de derechos humanos y un dramático balance económico marcado por la pobreza y el endeudamiento neoliberal.

La masacre de veinte campesinos en el Bajo Aguán reaviva los señalamientos contra un Estado al que se le acusa de proteger a la agroindustria, a los terratenientes y a los intereses criminales.