Las temperaturas están alcanzando en estos días niveles históricamente altos y serán todavía sustancialmente más elevadas durante el verano. No estamos ante un fenómeno coyuntural, la tendencia desde hace años es, para quien la quiera ver, evidente; todos los indicadores apuntan en esa dirección y los acuerdos internacionales –empezando por la Cumbre de París (2015)– son, en realidad, papel mojado, un conjunto de declaraciones y compromisos retóricos que a nada y a nadie obligan.

Al respecto, en un editorial reciente de El País encabezado por el titular “Europa se abrasa en mayo” (29/05), se afirma, entre otras cosas, que el cambio climático «no es un debate… ideológico». Una declaración que, con un tono parecido, es fácil encontrar en otras publicaciones.

Acudo al Real Diccionario de la Lengua Española (RAE) y encuentro que una de las acepciones que se otorga a la palabra ideología es la siguiente: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.”; los sinónimos de este término serían: ideario, credo, doctrina, ideas, principios, creencia. 

Si, entre otras cosas, la ideología se caracteriza, como afirma la RAE y nos dice el propio sentido común, por la existencia de una diversidad de visiones -más o menos apriorísticas, más o menos contrastadas-, hay que reconocer que, por fuerza, impregna, y debe impregnar, el debate; en el ámbito de las ciencias sociales y, más en concreto, de la economía, este reconocimiento es un obligado e imprescindible punto de partida, que justamente pretenden ocultarlo quienes más carga ideológica y visiones apriorísticas incorporan en sus análisis y propuestas. De modo que, aceptémoslo, partamos de esa realidad, la ideología todo lo condiciona y ocultar esa influencia, como sugiere ese editorial de El País, siguiendo una línea a la que ya nos tiene muy acostumbrados, es profundamente ideológico y sesgado.  

En ese cruce de visiones, quienes ponen en el centro de la degradación de los ecosistemas y el desbordamiento de todos los límites biofísicos del planeta al “ser humano” –así, en genérico–, quienes, con esta perspectiva, apelan a un comportamiento austero y responsable de ese ser humano, pues en definitiva “todos perdemos”, equivocan el diagnóstico; porque la responsabilidad de esa deriva y las soluciones no se pueden repartir con esa pretendida ecuanimidad, cuya aceptación, en realidad, nos desvía de una agenda verdaderamente transformadora.

En este sentido, no hay que ocultar, como hacen El País y otras publicaciones, que hay un formidable negocio –grupos muy relevantes impulsándolo y enriqueciéndose con el mismo– en el mantenimiento del statu quo energético y en la emisión de gases de efecto invernadero (no entraré en este asunto verdaderamente crucial, pero también lo hay en la supuesta transición hacia una economía verde y digital). La desigualdad que todo lo impregna en el capitalismo realmente existente también se muestra en este ámbito.

Así pues, tenemos que ser conscientes de que los mayores responsables de ese patrón productivo y de consumo insostenible, que ya está provocando daños difícilmente reversibles, son, especialmente, los ricos del planeta y los países ricos, las oligarquías cada vez más poderosas y una densa red de intereses no oligárquicos que también sacan tajada, o pretenden sacarla, de la inacción. Sustituir este análisis, en el que hay que entrar obligatoriamente, por algo así como “todos contaminan” es una cortina de humo, una falacia que, consciente o inconscientemente, preserva los intereses de los verdaderos responsables.

Vencer esas resistencias y abrir otro escenario precisaría de una rotunda movilización social que colocara en el centro de la misma políticas ambiciosas en materia de sostenibilidad y reparto de los costes -que ciertamente serán muy importantes–, teniendo en cuenta la desigualdad extrema que soportamos en la actualidad.

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Si continúa y se intensifica el aumento de los precios –este es el escenario más probable– ganará relevancia el debate sobre las políticas a implementar para contener y revertir la deriva inflacionista. Aunque la misma nada tiene que ver con los salarios –cuyo avance en los últimos años ha sido, si acaso, muy moderado–, los defensores a ultranza de la austeridad salarial intentarán situarla en el centro de la discusión y de las políticas económicas a implementar. Por esa razón, conviene tener muy presente lo siguiente:

1. Lo primero a retener es que cuando hablamos de las retribuciones de los trabajadores asalariados estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de una parte importante de la población cuya principal o única fuente de ingresos es la venta de su capacidad de trabajo en el mercado a cambio de un salario. Es importante considerar esta perspectiva porque no hacemos referencia a un precio como cualquier otro, ni a un mercado más, equivalente a otros espacios donde se compran y venden mercancías, sino a la existencia misma de los trabajadores. Por ello, en el debate sobre la fijación de los salarios es vital pensarlos en clave de derechos humanos, dignidad y democracia.
   
   
2. En segundo lugar, hay que ser plenamente conscientes de que en el centro de las políticas de contención salarial se oculta una estrategia, cada vez más evidente, que no es otra que debilitar y deslegitimar a las izquierdas políticas y sindicales, cuya razón de ser, cuya legitimación debería residir precisamente en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
   
   
3. En tercer lugar, poner el foco de la lucha contra la inflación, del fortalecimiento de la competitividad de las empresas y, más en general, de la reestructuración de las economías en la presión salarial contribuye de manera decisiva a consolidar una cultura empresarial depredadora y conservadora, que, por cierto, cada vez está más extendida en el universo de los negocios. Esa cultura es un poderoso lastre a la hora de acometer la reestructuración de las economías en clave de equidad y sostenibilidad.
   
   
4. En cuarto lugar, si tomamos como referencia un período amplio –por ejemplo, desde 2019 hasta la actualidad– podemos comprobar que la mayor parte de los trabajadores asalariados han perdido capacidad adquisitiva; esto es, los precios de los bienes y servicios que consumen han aumentado bastante más que sus retribuciones; en paralelo, los beneficios de las empresas, convertidos en dividendos para los accionistas e ingresos para las cúpulas empresariales, han aumentado de manera sustancial. El resultado de tan dispar evolución ha sido la intensificación de la desigualdad, seña de identidad del capitalismo realmente existente.
   
   
5. En quinto lugar, considerar los salarios como una magnitud homogénea es un error de gran calado, pues presupone que el dato agregado ofrece información suficiente y relevante. Lo cierto, sin embargo, es que las disparidades distributivas (por factores que tienen que ver con el tipo de empresa, tamaño, sector y espacio en el que opera, la profundidad y alcance de la negociación colectiva, los niveles de cualificación…) en el colectivo que denominamos trabajadores asalariados son muy pronunciadas. De hecho, en este ámbito esas disparidades han aumentado con fuerza contribuyendo al aumento general de la desigualdad.
   
   
6. En sexto lugar, la supuesta relación de causalidad entre costes laborales y precios y la derivada de esa premisa –la moderación de los salarios es la clave para contener la inflación–, cuando se pretende convertir en un principio general, debe ser asimismo cuestionada. En un buen número de empresas los costes laborales representan una parte relativamente reducida de los costes totales, siendo los no laborales –como el precio de los combustibles, las materias primas, la electricidad, los alquileres o los costes financieros– notablemente más relevantes. Desde esta perspectiva, situar la austeridad salarial en el centro de la política antiinflacionista es un error de planteamiento: lleva a implementar medidas con un marcado sesgo que, además, son ineficaces.
   
   
7. En séptimo lugar, las estrategias competitivas sostenidas en la contención de los salarios –además de ser injustas, pues dejan intactos los beneficios empresariales– también se sostienen en un diagnóstico equivocado, pues presuponen, contra toda evidencia empírica, que la presencia en los mercados globales, en los más dinámicos especialmente, es mayor en el caso de los países de bajos salarios o de las empresas que practican políticas retributivas más estrictas.
   
   
8. En octavo lugar, se ha convertido en uno de los mantras preferidos en el discurso conservador relacionar salarios e inflación, en el sentido de que la intensa creación de puestos de trabajo abre la puerta al crecimiento de las retribuciones de los trabajadores y, por esa vía, a la intensificación de las tensiones inflacionistas. Un planteamiento que, en mi opinión, también debe ser cuestionado. De hecho, el rápido aumento de la categoría de trabajadores pobres o su mantenimiento en niveles muy elevados nos presenta una realidad donde, como sucede en la economía española, los altos niveles de ocupación son compatibles con la generalización de los bajos salarios, a los que, en modo alguno, cabe responsabilizar de las tensiones inflacionistas.
   
   
9. En noveno y último lugar, hay que ser conscientes, las izquierdas políticas y sindicales deberían serlo si se quieren reconocer como tales, de que la irrupción y ascenso del fascismo y de la extrema derecha tiene mucho que ver con la degradación de las condiciones salariales, que explicaría, al menos en parte, la importante base social con la que cuentan entre las clases trabajadoras.

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Está en la cabecera de todos los medios de comunicación. La decisión de la Administración estadounidense de retirar una parte de las tropas desplegadas en Europa –cuando escribo estas líneas está todavía pendiente el alcance de esta decisión–, empezando por una parte, todavía relativamente reducida, de las situadas en Alemania.

¡Todas las alarmas se activan ante la situación de «desprotección» en que quedaría Europa ante la retirada estratégica del «amigo americano»!

Y como cabía esperar, en esta encrucijada resuenan con más fuerza si cabe –ya disponían de altavoces muy potentes– las voces que, ante la necesidad de enfrentar un entorno geopolítico hostil y crecientemente amenazante (empezando, según este relato, por Rusia), reclaman reforzar el gasto militar europeo: dicho gasto se presenta, pues, como la piedra angular de la supervivencia y de la influencia del denominado «proyecto europeo». Quienes dan esto por descontado, por evidente, sitúan el debate en la dimensión de este gasto militar, dado que, aunque ha aumentado con intensidad en los últimos años, en este escenario, sería claramente insuficiente, y en si debe realizarlo cada gobierno o la Unión Europea; los más «europeístas» se alinean claramente por esta segunda alternativa.

En realidad, nada nuevo bajo el sol. Con el diagnóstico de que esa amenaza, la retirada estratégica de Estados Unidos, es real y creciente, los principales responsables comunitarios y la mayor parte de los gobiernos europeos (también el nuestro) ya están tomando decisiones en la dirección de reforzar el rearme. Con estos mimbres, encargados por la Comisión Europea, se han elaborado los informes Draghi y Letta; en ambos, el gasto militar debería convertirse en un engranaje clave del proyecto de reestructuración y modernización de las economías europeas. En consecuencia, no estaría sólo vinculado ni determinado por la existencia de una amenaza externa. Un planteamiento de gran calado que abre las puertas de par en par a la militarización de las economías europeas y a la justificación de la misma en nombre de más y mejor Europa.

Estamos ante un debate que, sin duda alguna, resulta crucial para el presente y el futuro de la ciudadanía europea (no sólo presenta una dimensión institucional) y que los enunciados que acabo de describir de manera sucinta lo meten en una (interesada) camisa de fuerza… que en modo alguno la gente de izquierdas podemos dar por buena.

Porque, esta es la idea fundamental que quiero trasladar en estas breves notas, ese debate no se puede abordar al margen de las necesidades sociales, productivas y medioambientales existentes, que hay que dimensionar y acometer con urgencia. Porque, reconozcámoslo, no sigamos mareando la perdiz, lejos de los discursos autocomplacientes del estilo «la economía va como un tiro», en realidad, aunque haya mejorado en algunas dimensiones, no va bien en aspectos fundamentales para las clases populares y especialmente para los colectivos situados en las condiciones más precarias: vivienda inaccesible, salarios estancados o en retroceso, indicadores de degradación climática disparados, concentración extrema de la renta y la riqueza, deuda externa imposible de abordar, oligopolización de las estructuras empresariales… y ahora, fuerte aumento de la tasa de inflación, que impactará negativamente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población y que, como siempre, proporcionará un plus de beneficio a unos pocos.

Si no se cuantifican estas necesidades, si no se diseñan políticas audaces en la dirección de abordarlas y corregirlas, si no se moviliza a las clases populares, si se presupone, erróneamente, que esa agenda es compatible con la estrategia militarista que todo lo contamina (la realidad es que es claramente incompatible)… recorreremos el camino equivocado, el que favorece al complejo militar-industrial y a las corporaciones y oligarquías que se benefician del mismo; estaremos renunciando, de hecho, a la implementación de políticas comprometidas con la igualdad y la lucha contra el cambio climático, que quedarán reducidas a pura palabrería… y, tengámoslo muy en cuenta, abriremos el camino a la extrema derecha y a las derechas extremas.

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Esta señora es la presidenta de la Comisión Europea y, en consecuencia, sus declaraciones y actuaciones están inevitablemente vinculadas a su cargo. Lo más reciente –diría que lo penúltimo, dados sus continuos pronunciamientos, en muchos casos extralimitándose en las competencias asociadas a su privilegiada posición institucional– ha consistido en manifestar su comprensión al ataque a Irán: “Quiero ser clara: no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní”, justificó de este modo la gravísima e inaceptable violación del derecho internacional, alineándose con la política imperialista, sembrada de arbitrariedades, de la administración Trump y con el régimen genocida de Israel.

En paralelo, también recientemente, ha declarado que “reducir la apuesta por la energía nuclear fue un error estratégico para Europa” y que la misma es limpia y barata (!!!), por lo que debería ser un pilar central en la transición energética hacia un modelo verde y sostenible. Y esto lo dice en un contexto donde los indicadores sobre el cambio climático empeoran continuamente.

Esta es la misma mujer que, en calidad de máxima responsable comunitaria, junto al primer ministro británico, rindió vasallaje a Donald Trump en su resort de lujo, situado en Turnberry (Escocia), dando el visto bueno a su política arancelaria y comprometiéndose –¡comprometiendo a la Unión Europea!– con una voluminosa compra en el mercado estadounidense de energía y armamento.

Estas son algunas pinceladas recientes de quién es Ursula von der Leyen, la máxima responsable de la UE.

En este contexto, por supuesto, doy todo el valor que tiene –mucho, en mi opinión– a las recientes decisiones adoptadas por el gobierno de coalición, declarando la ilegalidad de la guerra contra Irán y prohibiendo la utilización de las bases militares estadounidenses en Rota y Morón como apoyo logístico a esa guerra. Ese pronunciamiento debería acompañarse de una gran movilización social –que lamentablemente no se está produciendo–, que tendría que ser mucho más que una manifestación, con el lema de “no a la guerra”. Otra oportunidad perdida por parte de las izquierdas.

Pero en este momento hay que ir mucho más lejos, me refiero concretamente a la política de ocupación de Gaza y Cisjordania y de exterminio de la población palestina practicada por el Gobierno de Israel con el decisivo apoyo, económico y militar, de Estados Unidos, con un destacado papel del poderoso lobby sionista. Ante esta situación, indecentemente, las instituciones comunitarias miran hacia otro lado, al tiempo que algunos países –Alemania y Francia son dos ejemplos– continúan apoyando de muy diferentes maneras –inversiones, intercambios comerciales…– al régimen genocida.

Es cierto que, al mismo tiempo, buena parte de los países europeos –España está en este grupo– reconocen el derecho a la existencia de un Estado palestino, pero dicho reconocimiento es a todas luces insuficiente. Si se queda ahí es claramente un brindis al sol, una cortina de humo que encubre y de alguna manera justifica el genocidio. La dramática situación de la población palestina exige mucho más, más compromiso y determinación… porque ahora mismo, mientras escribo estas líneas, tan sólo hay hambre, enfermedad, desplazamientos continuos de la población, congelación de la ayuda humanitaria, asesinatos llevados a cabo por el ejército israelí y ocupación permanente del territorio. Un absoluto desprecio a los derechos humanos más básicos y a la legalidad internacional. No cabe mirar a otro lado. Hay una situación de emergencia; la prueba del algodón de que queda algo de decencia en la política institucional pasaría por romper todo tipo de relaciones, económicas y diplomáticas, con Israel.

Una última reflexión sobre las proclamas en el sentido de levantar la bandera europea frente al unilateralismo y la política de agresión practicada con total impunidad por Estados Unidos. Me pregunto y opino que hay que preguntarse ¿qué hay detrás de esa bandera, qué principios la sostienen? Una pregunta que abre un debate, en mi opinión vital, que no se debe pasar por alto. Porque la Europa realmente existente –es aquí donde debemos poner el foco– ha mostrado una total sumisión a la política agresiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en relación a la guerra de Ucrania, apuesta por la militarización de la sociedad y la economía como un engranaje básico de una Europa más fuerte, ha renunciado a implementar una política fiscal progresiva frente a las grandes fortunas y corporaciones, ha experimentado un intenso aumento de la desigualdad, no está enfrentando las gravísimas consecuencias del cambio climático y ha promovido y mantenido políticas centradas en la moderación salarial, la austeridad presupuestaria.

Para mí está claro: ESTA EUROPA NO.

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