La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha lanzado una advertencia inminente: existe un 80% de probabilidades de que el fenómeno de El Niño se consolide entre junio y agosto de este año, alcanzando casi un 90% hacia noviembre. Impulsado por un calentamiento anómalo en el océano Pacífico, este evento climático natural amenaza con disparar de nuevo los termómetros globales y exacerbar los impactos de una crisis climática ya de por sí crítica.

Naciones Unidas ha pedido que esta previsión se trate con la máxima urgencia, ya que la llegada de El Niño actuará como un poderoso amplificador del calentamiento global provocado por los combustibles fósiles. Las previsiones de la OMM anticipan un aumento generalizado del riesgo de olas de calor severas, recordando el papel clave que jugó el último episodio intenso de 2023-2024 para pulverizar los récords históricos de temperatura mundial.

A nivel global, este nuevo ciclo alterará profundamente los patrones de precipitaciones y la temporada de huracanes. Mientras que regiones como el Cuerno de África, Asia central o el sur de Estados Unidos se enfrentarán a un mayor riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones, millones de personas en Centroamérica, el Caribe, Australia o el sur de Asia sufrirán condiciones mucho más secas y cálidas de lo habitual.

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• El martes 26 de mayo, tres activistas serán juzgadas por una acción pacífica de legítima protesta, que tuvo lugar en 2019 contra la inacción climática, por la que afrontan una posible condena de prisión. 
• Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace convocan una concentración ese mismo día para exigir la absolución de todas las personas acusadas, defender el derecho a la protesta y denunciar la criminalización de la lucha por el clima.

El próximo 26 de mayo, Marina Martínez (Extinction Rebellion), Francisco del Pozo (Greenpeace) y Jorge Riechmann (Anticapitalistas y Ecologistas en Acción) se enfrentan a un juicio por una acción pacífica de legítima protesta contra la inacción de las instituciones frente a la emergencia climática. Los tres participaron, junto a otras trescientas personas, en la acción de desobediencia pacífica convocada por Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, que cortó el tráfico el 7 de octubre de 2019 en una de las principales avenidas de Madrid.

Como resultado de la represión de dicha acción, varias personas resultaron heridas, 180 fueron identificadas y tres de ellas fueron detenidas y remitidas al juzgado de instrucción con acusaciones falsas de un delito de resistencia grave a la autoridad. Serán juzgadas por la vía penal y afrontan una posible condena de prisión de hasta tres meses o multas (de 6 a 18 meses).

De manera paralela, Jorge Riechmann encara un segundo juicio por una acción de protesta que tuvo lugar durante la semana de movilizaciones impulsadas a nivel internacional por Rebelión Científica en 2022. En esa ocasión, un centenar de personas vinculadas a varios colectivos vertieron un líquido biodegradable de color rojizo (fácil de limpiar) en las escaleras del Congreso de los Diputados, como denuncia de la inacción política. Todo ello resultó en la detención y acusación de 15 activistas.

Para las organizaciones convocantes, no se trata de juicios rutinarios, sino de elementos centrales de la respuesta del Estado ante la actuación colectiva por el clima. “Desde hace más de medio siglo, el ecologismo ha construido un movimiento de respuesta a las tendencias ecocidas del capitalismo y han planteado formas diversas y potentes de contrarrestar estas tendencias, mediante la protesta y mediante la elaboración de propuestas alternativas”, añaden.

Tal y como denuncian, esta es la respuesta del Estado para defender el statu quo y reprimir la propuesta de alternativas: “El sistema de consumo y producción sin límites acoge con gusto el discurso verde, pero no puede soportar una respuesta real que plantee límites efectivos para el desarrollo capitalista y en favor de una sociedad ecológica y socialmente sostenible. Por eso, las causas penales que enfrentan son una forma de reprimir y controlar la organización colectiva y la protesta popular”.

Por todo ello, Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace han convocado una concentración, el martes 26 de mayo, de apoyo a las personas acusadas por ejercer su derecho a protestar y actuar en favor del clima, y de denuncia de la criminalización de la protesta.

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• La I Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles se salda con una segunda convocatoria, la introducción de un comité científico y pasos cautos adelante.
• Alianza por el Clima y Gas No Es Solución, redes de las que forma parte Ecologistas en Acción, han participado en la conferencia, tanto en los espacios formales de decisión como en la alternativa Cumbre de los Pueblos, donde la sociedad civil internacional se ha volcado a favor de un tratado vinculante sobre combustibles fósiles en un despliegue de coordinación narrativa.

Durante seis días, la ciudad caribeña de Santa Marta ha sido el epicentro de la política climática global. La I Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, coorganizada por Colombia y los Países Bajos, ha reunido a más de 50 países, 2.800 personas y centenares de organizaciones de la sociedad civil para abordar lo que durante décadas las negociaciones climáticas internacionales no han sido capaces de hacer: cómo planificar, financiar y ejecutar la salida ordenada del petróleo, el gas y el carbón. La conferencia ha concluido hoy con su segmento de Alto Nivel ministerial.

Irene Vélez, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia de Colombia, señalaba en las primeras horas de la conferencia el momento histórico que supone este encuentro de Santa Marta y Alianza por el Clima subrayaba, ante estas declaraciones, que la importancia de este espacio “dependerá de lo fructífero del camino y  de si es capaz de consolidarse un instrumento multilateral vinculante capaz de poner fin a los fósiles”. Gas No Es Solución reacciona con cauto optimismo, enfatizando que “aunque es un paso, es necesario avanzar más rápido en compromisos que consigan dejar atrás los fósiles y desmantelen las dinámicas de extractivismo hacia el Sur Global”.

Los resultados de la Conferencia

Ambas redes consideran que es necesario continuar los diálogos avanzados en Santa Marta, por ello acogen con satisfacción el anuncio de una segunda conferencia en Tuvalu el próximo año.  Una buena noticia, dicen, teniendo en cuenta los intentos de algunos países europeos para reducir el debate a una mera recogida de impresiones y de traslado dentro del marco de UNFCCC, con las limitaciones que ello conlleva.  Entre el Sur Global han sido muchos los países que han señalado la necesidad de un tratado vinculante como forma de avanzar en un camino paralelo pero complementario que sea capaz de nutrir las negociaciones oficiales y poner fin a los fósiles de una forma rápida, justa y equitativa sin pasar por el veto de los países petroleros.

La conferencia cerró con un mandato político claro pero insuficiente. Los avances se cristalizan en tres elementos concretos:

1. La creación de un panel científico para orientar la transición liderado por el conocido investigador Johan Rockström.
2. El reconocimiento en el plenario final de la necesidad de un nuevo instrumento internacional (uno que llene el vacío de gobernanza que el Acuerdo de París no puede cubrir por sí solo). Sin embargo, esto no se ha cristalizado en un instrumento concreto, ni en un cronograma para su adopción, sino en una nueva conferencia, que será alojada por los gobiernos de Irlanda y Tuvalu. En el plenario de alto nivel, varios gobiernos reclamaron obligaciones vinculantes sobre la producción de fósiles, mecanismos reales de financiación para la transición y el fin de las reglas de arbitraje que permiten a las empresas fósiles demandar a los Estados que actúan por el clima.
3. Un informe final exhaustivo elaborado por los gobiernos coanfitriones, en el que se recopilan las aportaciones de miles de contribuciones escritas, docenas de diálogos virtuales y numerosas consultas sectoriales presenciales.

El papel del Estado español

El gobierno de España y representantes parlamentarios acudieron a Santa Marta, siendo de los pocos gobiernos que han optado por el más alto nivel de representación, al estar presente la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien intervino en el plenario como facilitadora del bloque dedicado a soberanía y seguridad energética.

La ministra Aagesen subrayó la importancia de actuar de forma colectiva porque “eso nos hace más fuertes: reduce los costes, reduce los riesgos, y se ha destacado algo fundamental, cómo trabajar en la financiación”. Una intervención que terminaba afirmando que el proceso “es inspirador, no es solo aire fresco, es un futuro prometedor de trabajar por el fin de los combustibles fósiles de forma conjunta, (…) podéis contar con España, podeis con el máximo esfuerzo para conseguirlo unidos y con compromiso”.

Javier Andaluz, coordinador de Alianza por el Clima y responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, declara: “La convulsión geopolítica actual no solo nos demuestra el impacto de una economía fósil, sino la importancia de la solidaridad y de la creación de un bloque de países diversos capaces de defender el futuro frente a las guerras injustas y la continua degradación de la vida. Esta conferencia puede ser el primer paso para ello, pero necesitamos un compromiso político real y valiente que esperamos siga forjándose en Tuvalu”. Añade que “nos traemos varios deberes a España, reforzar nuestros compromisos no solo con la UNFCCC sino también en otras alianzas para poner fin a los subsidios fósiles (COFFIS), la reforma de la arquitectura financiera internacional y las medidas domésticas necesarias para acelerar esta transformación global”.

El papel  de la sociedad civil

Alianza por el Clima y Gas No Es Solución han participado activamente en la Cumbre de los Pueblos, junto a una coalición global de organizaciones de comunidades de primera línea, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y trabajadores. La Cumbre de los Pueblos aprobó una declaración que enmarca la crisis climática como consecuencia directa del capitalismo, el colonialismo y el militarismo, y exige que los países del Norte Global asuman su deuda ecológica con el Sur. En las calles de Santa Marta, cientos de personas, entre ellas comunidades afrodescendientes e indígenas de la Sierra Nevada, protagonizaron una marcha que recorrió la ciudad hasta la Plaza de Bolívar bajo el lema “Futuro libre de combustibles fósiles”.

Para Gas No es Solución esta demostración de fuerza de la sociedad civil es una señal clara de que Santa Marta marca el inicio de un proceso, no su culminación: “El mundo ya sabe que la salida de los combustibles fósiles no es opcional. Santa Marta lo ha dejado claro: hay una mayoría global que quiere avanzar, que tiene urgencia y que no puede seguir esperando a que los países productores den su visto bueno. Lo que se negocia ahora es cómo se hace justa, cómo se garantiza que el coste no lo paguen quienes menos responsabilidad tienen, y cómo se avanza rápido frente a bloqueadores y negacionismo. La próxima parada es Tuvalu, y llegamos con más fuerza y con más claridad sobre lo que necesitamos: un tratado vinculante, financiación real y compromisos que no se evaporen en el camino”, concluye Marina Gros Breto, portavoz de Gas No Es Solución y de Ecologistas en Acción.

Declaraciones

Ester Galende (Campaña del Tratado de Combustibles Fósiles): “En medio de un escenario geopolítico convulso, lo que ha ido tomando forma en Santa Marta es un proceso que finalmente equipara la diplomacia con la magnitud de la crisis climática. El acuerdo para continuar bajo el liderazgo del Pacífico, con Tuvalu e Irlanda como co-anfitriones de la segunda conferencia, manda un mensaje claro al mundo: la transición más allá de los combustibles fósiles es inevitable. El reto ahora es garantizar que este impulso se traduce en un mecanismo vinculante para eliminar de manera gradual y equitativa la extracción de petróleo, gas y carbón y así contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. España debe ser un actor clave en este proceso y desempeñar un rol de liderazgo en la construcción de un mundo libre de combustibles fósiles, más justo y en paz”.

Philippine Ménager (ECODES): “Santa Marta marca un cambio de fase: más de 50 gobiernos sitúan la salida de los combustibles fósiles al centro de la agenda global. El reto ahora es doble: convertir este impulso en políticas justas y sostener el impulso hasta la COP 31”.

Irene Rubiera (Ecologistas en Acción): “Tras la histórica opinión consultiva emitida este verano por la Corte Internacional de Justicia, la única opción coherente con el derecho climático internacional, los compromisos adquiridos en el marco UNFCCC y el sentido común es adoptar un instrumento vinculante que mantenga los fósiles en el subsuelo”.

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• En el marco de la cita de Santa Marta (Colombia), una amplia coalición internacional llama a los gobiernos a abandonar el sistema de arbitraje inversor-Estado (ISDS) y construir una alianza global para superarlo.
• Trabajar por un futuro libre de combustibles fósiles es incompatible con la existencia de este mecanismo que limita la acción climática y las políticas ambientales de los Estados. 

Hoy comienza la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar hasta el 29 de abril en Santa Marta (Colombia), con el objetivo de construir impulso político y apoyo para crear e implementar vías concretas hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a escala global.  En este marco, más de 340 organizaciones advierten de que este futuro libre de combustibles fósiles es incompatible con la existencia de sistemas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).

Para ello, las organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han firmado una declaración conjunta en la que señalan que los ISDS, incluidos en cientos de tratados de comercio e inversión, representan una amenaza directa para una transición ecológica justa y para la soberanía democrática de los países.

Las organizaciones firmantes celebran que este riesgo haya sido incluido entre los temas centrales de la Conferencia de Santa Marta -una iniciativa impulsado por el Gobierno de Colombia y presidida también por Países Bajos- pero subrayan la urgencia de adoptar medidas concretas.

El ISDS permite a empresas transnacionales demandar a los Estados en tribunales arbitrales privados cuando consideran que una política pública afecta a sus expectativas de beneficio. Este sistema otorga privilegios extraordinarios a grandes inversores, sin equivalentes para pequeñas empresas, ciudadanía o comunidades afectadas.

Un ejemplo reciente de este mecanismo es la resolución final, esta semana, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje internacional que ha resuelto en favor de Telefónica el procedimiento que enfrentaba al grupo de telecomunicaciones con el Estado de Colombia. A consecuencia de ello, el Gobierno de Colombia deberá pagar más de 500 millones a Telefónica por una disputa legal sobre las redes móviles desde 1994. Todo ello, en un momento en el que su presidente, Gustavo Petro, ha propuesto formalmente la salida de Colombia del Ciadi, calificando a estos tribunales como organismos que “lesionan la soberanía nacional”.

Freno a la acción climática

Según la declaración, los impactos del ISDS son amplios y profundos: desde la salud pública y los servicios esenciales hasta la regulación ambiental y la seguridad nacional. Las organizaciones denuncian que se trata de un mecanismo “profundamente antidemocrático” que socava derechos, soberanía y autodeterminación.

En el ámbito climático, las consecuencias son especialmente graves. Desde 1998, empresas de combustibles fósiles y del sector minero han obtenido más de 87.000 millones de dólares en compensaciones mediante este sistema. En los últimos años, además, han aumentado las demandas contra políticas específicas de transición energética, incluyendo medidas de descarbonización, restricciones a nuevas licencias de extracción, impuestos a beneficios extraordinarios o prohibiciones al fracking y la explotación offshore.

Las organizaciones alertan también del llamado “efecto de congelación regulatoria”: el temor a enfrentarse a demandas multimillonarias lleva a muchos gobiernos a retrasar o abandonar políticas climáticas necesarias. Este fenómeno, ya reconocido por diversos países, pone en riesgo la capacidad global para responder a la crisis climática.

Las comunidades más afectadas por el cambio climático —y por proyectos extractivos— son, a su vez, las más perjudicadas por este sistema, que limita la capacidad de los Estados para proteger sus territorios y derechos frente a intereses corporativos.

La declaración recoge las crecientes preocupaciones expresadas por organismos internacionales. Informes recientes han señalado la incompatibilidad del ISDS con los compromisos climáticos y de derechos humanos, subrayando que los tratados de inversión deben interpretarse en coherencia con el derecho internacional ambiental y las obligaciones climáticas de los Estados.

Ante este escenario, las más de 340 organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para construir una coalición internacional comprometida con salir del ISDS.

Entre las medidas propuestas se incluyen:

• Cancelar o renegociar tratados de inversión para eliminar el ISDS, abordando las cláusulas de supervivencia.
• Coordinarse entre países para facilitar una salida colectiva del sistema.
• Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos que incluyan ISDS.
• Incorporar su eliminación en futuros marcos internacionales, como un Tratado sobre Combustibles Fósiles.
• Impulsar un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.

Las organizaciones concluyen que abandonar este sistema no es solo una cuestión técnica, sino una condición imprescindible para garantizar una transición energética justa, proteger el interés público y reforzar la democracia frente al poder corporativo.

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Las dos coaliciones, de las que forma parte Ecologistas en Acción, llevarán a la cumbre colombiana sus propuestas para un abandono rápido, justo y vinculante de los combustibles fósiles, con especial atención al gas fósil y a la justicia climática global.

Alianza por el Clima y la red Gas No Es Solución estarán presentes en Santa Marta (Colombia) durante la celebración de la I Conferencia Internacional sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar entre el 24 y el 29 de abril de 2026. Ambas organizaciones acudirán con un documento conjunto de propuestas y participarán activamente tanto en la Cumbre de los Pueblos para un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

La Conferencia de Santa Marta, impulsada por el Gobierno de Colombia y presidida conjuntamente con Países Bajos, tiene como objetivo construir impulso político y apoyo para crear e implementar vías concretas hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles a escala global. Sus debates se articulan en torno a tres pilares temáticos: la superación de la dependencia económica de los fósiles, la transformación de la oferta y la demanda energética, y el avance en la cooperación internacional y el multilateralismo. Entre sus resultados esperados figuran la constitución formal de una Coalición de los Dispuestos, la creación de una Secretaría Técnica permanente y el establecimiento de un Comité Científico Asesor.

Para la Alianza por el Clima, este encuentro representa una oportunidad histórica que no admite declaraciones voluntarias: “Es el momento de compromisos vinculantes, hojas de ruta reales y un nuevo marco internacional que ataque el problema en su raíz. En Santa Marta, el mundo decide si la salida de los combustibles fósiles será ordenada y justa, o caótica y desigual”, afirma Javier Andaluz, coordinador de la alianza.

Alianza por el Cima y Gas No Es Solución  llevan a Santa Marta un conjunto articulado de demandas que se estructuran en torno a tres ejes. En primer lugar, ambas organizaciones exigen la reducción de la dependencia económica de los combustibles fósiles mediante planes nacionales de transición justa, la eliminación progresiva de los subsidios públicos al sector fósil y la supresión de mecanismos arbitrales como el ISDS, que frenan las políticas climáticas de los gobiernos. En este sentido, señalan que los subsidios fósiles no solo dañan el clima, sino que financian a quienes bloquean la acción climática y sostienen regímenes autocráticos.

En segundo lugar, reclaman la transformación de la oferta y la demanda a través de hojas de ruta nacionales vinculantes, con calendarios concretos de cierre por sectores y combustibles. Gas No Es Solución propone que la Unión Europea y el Estado español abandonen el gas fósil como tarde en 2035, con hitos intermedios que incluyen el fin de su uso para producir electricidad y en hogares y edificios antes de 2030, y para procesos industriales antes de 2035. Ambas redes consideran que las opiniones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de 2025 son ya referencia obligatoria: proteger el clima es una obligación de derechos humanos.

En tercer lugar, abogan por el fortalecimiento de la cooperación internacional a través de un Tratado sobre Combustibles Fósiles que coordine la eliminación progresiva de su producción. Este instrumento, considerado la pieza que falta en la arquitectura climática global, debería ir acompañado de un mecanismo de resolución de deuda para los países del Sur Global y de una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional. El cronograma propuesto es ambicioso: reconocimiento en Santa Marta 2026, mandato negociador en 2027 y Tratado en vigor en 2028.

“La transformación ecosocial,” subraya Marina Gros Breto, portavoz de Gas no es Solución, “debe ser feminista, interseccional y no colonial, con participación real de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Es moralmente inaceptable la financiación climática vía préstamos que incrementa la deuda del Sur Global. El principio de quien contamina paga debe convertirse en norma financiera mundial.”

Una semana de movilización

Además de su participación en los espacios formales de la conferencia, las dos redes se sumarán a la semana de actividades distribuidas a nivel global prevista entre el 18 y el 24 de abril, y a la jornada de acciones globales coordinadas del 26 de abril. El 27 de abril participarán en la movilización presencial en Santa Marta.

Transición Fuera de los Combustibles Fósicles

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