Últimamente, España se ha visto envuelta en una larga lista de incidentes islamófobos, especialmente en política, a un ritmo nunca antes visto en la historia moderna del país. El pasado agosto, PP y Vox se unieron para prohibir las celebraciones musulmanas en instalaciones públicas del municipio de Jumilla (Murcia) con el fin de “defender las costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”. Vox también trajo recientemente una iniciativa para prohibir el uso del burka y el niqab por miedo a que “el islamismo se abra paso por las calles de España” pese a que lo utiliza un porcentaje ínfimo de la población. Decenas de manifestaciones alrededor del país han reivindicado la lucha contra la “islamización” y a favor de una españa cristiana, y la derecha ha abrazado la “prioridad nacional” que busca Vox para priorizar a los españoles sobre los migrantes en el acceso a los servicios públicos, que ya se ha incorporado en los pactos de gobierno de varias comunidades autónomas. El último pacto de gobierno entre PP y Vox se ha producido hace apenas unos días en Andalucía.

Pero hay mucho más: las “cacerías” contra migrantes en Torre Pacheco (Murcia), las constantes alertas de una supuesta “invasión” musulmana, el intento de cerrar mezquitas en la lucha contra el “yihadismo radical”, o los numerosos bulos sobre el Islam que se viralizan en redes sociales y círculos de ultraderecha. 

Aunque este miedo a la comunidad musulmana no es nuevo –ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos tras los ataques del 11-S– sí continúa aumentando en nuestro país, especialmente en el discurso de partidos como Vox o incluso Junts y PP. Por ello, es muy probable que la islamofobia juegue un papel muy grande en el próximo ciclo electoral y en las campañas para formar el próximo gobierno estatal, según opinan cuatro expertos consultados por La Marea. 

¿Qué hay detrás del aumento de la islamofobia en la política española?

Para Daniel Gil-Benumeya, profesor en la Universidad Complutense que lleva más de una década estudiando las comunidades musulmanas en España y la percepción pública hacia ellas, la islamofobia se presenta especialmente en forma de estigmatización y control sobre el cuerpo de las mujeres, que Vox está intentando llevar a las administraciones. Atribuye el incremento de la islamofobia en el país a la adopción de discursos xenófobos propios de la ultraderecha europea y el crecimiento de la población musulmana, con miembros de esta comunidad siendo cada vez más visibles y conscientes de sus derechos. A su vez, señala que se está agotando el independentismo catalán y vasco como enemigo de algunos sectores políticos, lo que les ha llevado a buscar en el Islam un nuevo enemigo público, y también se está adoptando el consenso islamófobo en otras comunidades racializadas, como los migrantes latinoamericanos. 

Zakariae Cheddadi, doctor en Sociología por la UPV-EHU especializado en identidad, migración y comportamiento político, también ha estudiado de cerca los discursos sobre el Islam de la derecha española. Destaca que, aunque la comunidad musulmana en España tiene menos peso y representación política que en otros países más diversos, esta sí tiene la capacidad de estar muy presente en la imaginación colectiva y el discurso público, como ya se ha visto por ejemplo en los intentos de prohibir el velo islámico pese a ser una realidad casi inexistente en nuestro país. 

“El Islam se ha convertido en una categoría política sobre la que polarizar una determinada identidad –española, católica, civilizacional, con un legado sociohistórico que proviene de 1492 hasta ahora– en contraposición de la España roja, anticatólica, anticlerical y woke”, explica Cheddadi. “Antes era ‘salvémonos del comunismo’ y ahora es ‘salvémonos del Islam’”, añade.

El auge islamófobo, presente principalmente en la derecha y ultraderecha, también ha surgido como respuesta a los ocho años de gobierno progresista, según Cheddadi, intensificado tras su apoyo público a la causa palestina y la reciente regularización de migrantes –pese a que esta beneficia principalmente a latinoamericanos–. “Eso se asocia al Islam, la invasión de otras culturas y la teoría de la sustitución demográfica tan asentada en Francia y otros países”, explica. 

Por ello, es más fácil crear miedo a una supuesta invasión islámica y sustitución cultural como respuesta a los problemas de la población que razonar las medidas que proponen partidos como Vox que de otro modo serían muy impopulares, como reducir el poder de los convenios colectivos, eliminar las autonomías o recortar el estado del bienestar bajando impuestos “a lo Milei”, según el investigador. 

Los discursos de odio contra la población musulmana han venido para quedarse

Existe un creciente consenso académico sobre el reciente incremento de la islamofobia en la política española y sobre el creciente papel que jugará en los próximos años, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. “Es muy probable que la islamofobia siga ocupando un lugar relevante en los próximos debates políticos y electorales, especialmente en escenarios de mayor influencia de la extrema derecha o de gobiernos en los que esta tenga capacidad de condicionar la agenda”, explica Laura Mijares, filóloga árabe e investigadora en la Universidad Complutense especializada en la sociología de las comunidades musulmanas en España. 

Para ella, la clave no está únicamente en la presencia de los discursos abiertamente islamófobos, sino su creciente normalización en el espacio público. “La islamofobia ya no aparece solo en los márgenes, sino que se articula como una herramienta política eficaz para movilizar miedo, construir enemigos internos y reforzar narrativas identitarias basadas en la supuesta incompatibilidad entre Islam y valores democráticos”, explica Mijares. “En este contexto, –prosigue- las personas musulmanas y especialmente las mujeres visiblemente musulmanas por el uso del hiyab, son objeto de instrumentalización política”.

Prueba de ello también es la visión histórica de los sectores más conservadores, que presentan la identidad española como esencialmente católica, homogénea y culturalmente cerrada, frente a una realidad diversa y multicultural. “En este marco, la apelación a la Reconquista, al imperio católico o a la expulsión de judíos y musulmanes no es anecdótica, sino que forma parte de una batalla cultural más amplia por definir quién pertenece legítimamente a la nación y quién queda situado en sus márgenes”, explica Mijares. Para ella, estas narrativas romantizan y simplifican el pasado y refuerzan jerarquías raciales y culturales, lo cual contribuye a excluir públicamente a las personas racializadas.

Aunque Vox es probablemente el partido con representación parlamentaria que más abiertamente abraza el rechazo a la población musulmana en España, sería un error reducirlo únicamente a este grupo, señala Johanna Lems, profesora de la Universidad Complutense que estudia el Islam en España y Europa. También está presente, explica, en ciertos sectores de la izquierda y especialmente en partidos nacionalistas como Aliança Catalana, cuya líder Sílvia Orriols declaró en 2024 que “con tanto andaluz y tanto musulmán nadie hablará catalán en Catalunya”. Y por supuesto, es una base central del discurso de organizaciones fascistas o ultras como Núcleo Nacional o Frente Obrero, una fuerza política que se define “ni de izquierdas ni de derechas” y tiene como punto principal en su programa el “no a la islamización” porque “se están creando guetos en los que son mayoría e imponen su cultura”.

Para Lems, la islamofobia es una manera de utilizar la religión y los símbolos asociados a esta para discriminar a ciertos grupos de la población y crear una identidad nacional excluyente, un fenómeno que también ha estado presente en el antisemitismo de la Europa del siglo XX o la discriminación contra los migrantes irlandeses y católicos en Estados Unidos durante varios siglos. “La religión siempre ha tenido un lugar muy importante como uno de los elementos en la racialización de las poblaciones, y por tanto también en la islamofobia”, añade. 

El impacto de la islamofobia en las instituciones 

Lo que queda por ver, sin embargo, es cuánto de este odio se traduce a cambios legislativos y discriminación en las instituciones, más allá de su presencia puramente mediática y simbólica. Aunque Lems destaca que ya existe legislación vigente, como la Ley de Extranjería, basada en gran parte en la xenofobia que discrimina a los musulmanes y otros colectivos, Cheddadi duda de si en caso de formarse un gobierno PP-Vox tras las próximas generales, la islamofobia pueda alterar gravemente el trato institucional a las poblaciones musulmanas, como ha pasado por ejemplo en Estados Unidos con la población migrante durante el segundo mandato de Trump.

“La cuestión del Islam es una estrategia para alcanzar el poder, pero una vez que alcancen el poder no sé si van a ser muy agresivos, tal como nos quieren hacer ver”, comenta. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini, por ejemplo, también utilizaron la islamofobia para incrementar su popularidad, pero tras llegar al poder, el efecto de estos discursos a nivel institucional y legislativo fue muy limitado. 

“Aunque vayan muy en contra de la Agenda 2030 y ciertos consensos, no sé yo si va a ser muy fuerte su impacto. Lo que me preocupa como sociólogo es la diseminación de un discurso político en términos actitudinales, de comportamiento social y de espacio público”, añade. “Va a crear muchísimo recelo, animadversión, distancia social y cultural. Pensar que el musulmán que tienes enfrente de tu casa tiene algo malo, que te da miedo y estés obsesionado, es lo peor que le puede pasar a una sociedad multiétnica”, concluye.

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Alicia Armesto Núñez, la activista y periodista española secuestrada en Libia el pasado mayo, ha sido liberada junto a los otros nueve activistas del convoy terrestre de la Global Sumud Flotilla. Llegó al Aeropuerto Madrid-Barajas el miércoles sobre las 22:30 horas, con una veintena de amigos y familiares esperando en la terminal con banderas, flores y carteles. 

Tras abrazar a sus seres queridos y simpatizantes, comenzó a denunciar el abuso psicológico que sufrieron los activistas tras ser secuestrados cerca de Sirte y después trasladados a la zona de Bengasi. “Ahí fue donde nos rompimos. Era un sitio donde oyes cómo están pegando a la gente… en un momento salías y estaba el suelo lleno de sangre, no sabía si me iba a tocar a mí mañana”, declara tras su llegada. “No he pasado tanto miedo en mi vida”.

También ha descrito que a todos los participantes les sacaron sangre sin consentimiento, alegando que era obligatorio para su posterior liberación. Sin embargo, lo más duro para el grupo probablemente fue la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iban a pasar secuestrados, según Armesto: “Nos decían ‘tomorrow, you go tomorrow’, y tomorrow nada”. 

Las condiciones del lugar eran pésimas los primeros días, con celdas oscuras y muy pequeñas. “Mi perro duerme en un colchón mejor que en el que dormíamos nosotros”, bromea Armesto, con un ramo de flores en una mano y una cartulina firmada en la otra. Poco a poco los fueron juntando en celdas más grandes y eventualmente pudieron salir brevemente al patio. 

Durante parte del secuestro, varios activistas hicieron huelga de hambre –a la que simpatizantes se unieron en solidaridad desde España– y Armesto describe cómo una persona llegó a desmayarse y convulsionar. 

Durante todo el mes estuvieron sin apenas comunicación con el exterior, más allá de llamadas de 10 minutos a la semana con seres queridos y reuniones breves con personal del consulado. “No tenemos ni idea de lo que ha pasado fuera. Vengo de estar un mes totalmente incomunicada”. 

Sin embargo, agradece la labor del cónsul y vicecónsul españoles, que la visitaron y estuvieron hospedándose en la zona hasta la liberación, a diferencia de los cónsules de otros países. “Han sido extremadamente maravillosos. Han sido el rayito de luz que teníamos”, afirma.

En la terminal, frente a simpatizantes y seres queridos, Armesto también aprovechó para recordar la situación que vive el pueblo palestino durante el genocidio en Gaza y los cerca de 10.000 palestinos encarcelados en Israel, muchos de ellos sin cargos ni debido proceso. Y mientras los diez activistas del convoy secuestrados ya han vuelto a sus países, todavía quedan cuatro activistas de la flotilla anterior en cárceles de Túnez por cargos económicos que, según la Global Sumud, carecen de fundamento y responden a “motivaciones políticas”.

Un convoy de 230 activistas para llevar ayuda humanitaria a Gaza

El convoy había comenzado su travesía desde Mauritania a principios de mayo para llevar ayuda humanitaria a Gaza por el paso de Rafah, en una misión complementaria a la flotilla, que viajaba por mar. Estaba compuesto por cerca de 230 activistas de decenas de nacionalidades, incluyendo cuatro españoles además de Armesto, que se unieron en la capital libia de Trípoli.  

Las fuerzas que controlan el este de Libia, lideradas por el militar Khalifa Haftar, secuestraron a Armesto y otros nueve activistas el domingo 24 de mayo en un punto de control cerca de la ciudad costera de Sirte cuando estos se reunían para negociar el paso seguro del convoy. Uno de los activistas comunicó que les estaban trasladando en tres furgonetas blancas sin informar del destino. Desde entonces, estuvieron en una ubicación desconocida –que según Armesto los secuestradores llamaban “black hole”, agujero negro– casi un mes sin contacto directo con familiares y amigos, más allá de visitas breves y puntuales con los cónsules de sus respectivos países. 

Los delitos de los que se acusó a los diez activistas, según Armesto, fueron inmigración ilegal –pese a que se les detuvo en un punto de control que no llegaron a cruzar–, pertenencia a grupo terrorista y reunión en un lugar no autorizado. Tras un mes privados de su libertad, retiraron sus cargos y se les expulsó de Libia. El resto del convoy abandonó la misión por seguridad y la ayuda humanitaria –decenas de camiones, ambulancias y casas móviles– nunca alcanzó su destino final.

Libia es un país inestable y fragmentado, con dos principales gobiernos rivales entre sí y numerosas milicias en constante conflicto por controlar el terreno. El Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la Unión Europea y Naciones Unidas, controla el noroeste, con capital en Trípoli. En la zona de Bengasi y gran parte del este y el sur, predomina el Ejército Nacional Libio, controlado por Haftar e ilegítimo a ojos de gran parte de la comunidad internacional. Ambos gobiernos han causado numerosos secuestros, ejecuciones, torturas y otros abusos de derechos humanos, según un informe de 2024. 

Su principal motivación, el periodismo

Armesto, periodista y secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid, lleva años involucrada en causas humanitarias. En 2025 participó en la Global Sumud Flotilla y fue retenida por Israel en aguas internacionales, aunque confiesa que el reciente secuestro ha sido mucho más duro.

Una de sus motivaciones principales para unirse a la flotilla y el convoy es dar a conocer la situación en la que se encuentran los periodistas en Palestina, donde Israel ha matado a más de 200 profesionales de la información. “Nosotros éramos periodistas que vamos a luchar, entre otra mucha gente, por otros periodistas. Me da mucha pena que muchos periodistas no sean capaces de alzar la voz por lo que está pasando en Palestina ni cubrir a un compañero que ha ido a defender el derecho a la información”, comenta Armesto.

Según la activista, es muy probable que su liberación y la de sus compañeros se diese como parte de una negociación internacional: “Ha sido a cambio de algo, nunca sabremos a cambio de qué”.

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Las tensiones comenzaron a subir en la tarde del miércoles 29 de abril en aguas internacionales próximas a Grecia. La Global Sumud Flotilla, compuesta entonces por 55 barcos y 404 integrantes, notificaba un alto número de drones volando bajo a su alrededor, mientras navegaba casi en el lugar exacto donde recibió un ataque explosivo de dron el año anterior. Temían otro episodio de sabotaje, y las sospechas resultaron ser ciertas.

Según denuncian los activistas, poco después de caer el sol, lanchas militares comenzaron a abordar varios barcos y obligaron a sus integrantes a agruparse en la cubierta para después dañar sus motores e impedir que continuaran con la travesía. En ese instante, las fuerzas israelíes estaban tomando el control del SafSaf, la embarcación nodriza donde se encontraban las caras más visibles del movimiento. Los soldados se llevaron por la fuerza a dos activistas, el brasileño Thiago Ávila y el hispano-palestino Saif Abukeshek. Ambos han sido acusados de “actividades ilegales” y vínculos con Hamás.

A mediodía de este domingo, un tribunal israelí ha prorrogado “la detención ilegal de Saif Abukeshek y Thiago Ávila hasta el 5 de mayo”, anunciaban desde prensa de la flotilla. “La defensa impugna el proceso por ocurrir en aguas internacionales y carecer de base legal. Los activistas denuncian torturas, palizas y aislamiento. Por el momento la fiscalía no ha presentado cargos formales. Saif y Thiago serán trasladados de nuevo a la prisión de Shikma, en Ashkelon, donde seguiran aislados. Ambos permanecen en huelga de hambre en protesta por su detención ilegal y los malos tratos recibidos”, añadían.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, exigió ayer su liberación y denunció que se trataba de una “detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales”. Un día antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también había reclamado a Israel la liberación de los “secuestrados”.

Los detenidos denuncian haber sufrido torturas

“Saif estaba en el suelo con sus manos atadas por detrás. Gritaba que sus ataduras estaban muy apretadas, que no sentía sus manos. Le pisaron, le hicieron mucho daño y se quejaba de que no podía respirar”, relata Javi Aparente, activista español que compartía barco con Ávila y Abukeshek, en un vídeo de Instagram. Relata que hubo violencia contra muchos de los activistas, entre ellos él mismo, durante las horas en las que estuvieron cautivos en el mar antes de ser llevados a la isla griega de Creta. Fue ahí donde 36 miembros de la misión recibieron atención hospitalaria y desde donde comenzaron a difundirse en redes las fotografías de activistas heridos.

Los dos activistas detenidos ilegalmente por el Ejército israelí no son nuevos en las flotillas a Gaza. Abukeshek, que vive en España desde hace dos décadas pero nació en un campo de refugiados en Cisjordania, es uno de los fundadores del Global Movement to Gaza, una de las organizaciones que componen la Global Sumud Flotilla. Participó en la anterior misión y el año pasado fue detenido en Egipto mientras pretendía abrir un corredor humanitario a Gaza.

Ávila, por su parte, también protagonizó la anterior flotilla junto a activistas como Greta Thunberg y, con más de un millón de seguidores en redes sociales, es considerado la figura mediática del movimiento.

Decenas de manifestaciones se han convocado en ciudades de todo el mundo para exigir la libertad de Ávila y Abukeshek, entre ellas en Barcelona, donde reside este último. En Madrid, cientos de personas han convocado una protesta permanente frente al Ministerio de Asuntos Exteriores que pretende continuar activa día y noche hasta conseguir la liberación de ambos activistas.

Según los organizadores, son 22 los barcos que han sido abordados y saboteados, mientras que los 33 restantes consiguieron entrar en aguas territoriales de Grecia para evitar el mismo desenlace. En Bye Luby, un pequeño velero que ya continúa su viaje hacia Gaza, se encuentra la integrante española Diana Zomeño, que describe escenas de incertidumbre mientras otras embarcaciones eran interceptadas en la distancia.

“Estábamos haciendo la cena y la radio empezó a hacer ruidos molestos. Un barco avisó de que estaba viendo mucha actividad de drones y empezamos a tener problemas de comunicación con otros. Estuvimos discutiendo la situación y lo difícil de creer que estuviese pasando prácticamente en Grecia”, relata Zomeño a La Marea. Aunque hubo sabotaje en años anteriores a la misma altura del viaje, nunca se habían abordado barcos a tanta distancia de Gaza.

Todos los integrantes de la flotilla pasan por entrenamientos y formaciones para afrontar de manera coordinada y pacífica una posible intercepción. “[Teníamos] una sensación de desprotección… pero otra sensación de unidad, de que sabíamos perfectamente a qué riesgo nos enfrentábamos y qué hacer”, añade Zomeño. Pese a la preocupación por el paradero del resto de integrantes, describe que la moral y la confianza nunca se perdieron, y los barcos restantes estaban determinados a continuar su viaje tras alejarse de las fuerzas israelíes.

Una nueva flotilla ante un contexto internacional muy diferente

Debido a la ofensiva estadounidense e israelí sobre Irán y el Líbano, la atención mediática de la flotilla ha sido mucho menor que la del año anterior, un tema que ha protagonizado muchas de las conversaciones dentro del movimiento. Sin embargo, los activistas coinciden en que habría sido un error retrasar la flotilla porque el genocidio continúa y las víctimas, según ellos, ya han esperado suficiente.

“Sabemos que implica mayores riesgos para esta misión, pero somos conscientes de ello, nos preparamos, y sabemos también que la única fuerza en la que podemos confiar es la movilización que se genere en tierra; un movimiento de solidaridad con Palestina que denuncie la ofensiva imperialista que se está dando en todo el mundo”, declaró el activista catalán Pablo Castilla en una entrevista con La Marea horas antes de que zarparan los barcos de Barcelona. “Es imposible poner el foco mediático en Oriente Medio sin que eso suponga ponerlo en Palestina. Para nosotros están muy conectados.”

Israel tiene un largo historial de encarcelar a personas sin un debido proceso judicial ni respeto por sus derechos humanos. A finales del año pasado, Israel tenía a más de 9.000 palestinos encarcelados por “motivos de seguridad”, la gran mayoría sin sentencia firme, según la organización B’Tselem. El 31 de marzo, dos semanas antes de la salida de la flotilla, Israel aprobó la pena de muerte aplicable únicamente contra los palestinos.

Desde el comienzo del genocidio en Gaza, el número de civiles asesinados ya ha superado los 70.000, según cifras oficiales. Israel también ha destruido o dañado gravemente casi todos los centros escolares y más de la mitad de centros religiosos y culturales de la Franja, mientras continúa rápidamente expandiendo sus asentamientos ilegales en Cisjordania, según Naciones Unidas.

La última ofensiva israelí en el Líbano ya ha matado a 2.600 personas.

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