‘Pederastas, un problema estructural que no queremos abordar’, un especial de La Marea. Puedes descargarte el reportaje principal aquí. Si lo prefieres, puedes suscribirte a nuestra revista para que te llega a casa y podamos seguir haciendo periodismo.
Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas.
La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna.
El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad».
A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.
Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima, lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.
Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública. Y solo abordándolo desde este prisma –y no como casos aislados, espectaculares o de puertas para adentro– se podrán adoptar medidas que pongan el foco en el delito y en los delincuentes, que protejan a las posibles víctimas y que ayuden a las que, por desgracia, ya lo son.
Así lo indican desde todos los sectores consultados para la elaboración de este dossier: desde el ámbito judicial al policial, desde el ámbito educativo al psicológico, desde las organizaciones en defensa de la infancia hasta las propias víctimas –o supervivientes, como muchas prefieren denominarse– y familias afectadas. Es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia ya, cuanto antes, como ocurrió también con la violencia de género en su día.
Una violencia continuada
«Ni es algo puntual ni es tampoco el caso Epstein», analiza la doctora en Psicología y catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada, nadie lo descubre. No son estas historias mediáticas. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque veo que últimamente se está desviando todo hacia ahí», explica Pereda. Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado.
Los datos son demoledores: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año. Si comparamos este porcentaje con el obtenido en la primera encuesta realizada en España, en 1994 por el profesor de la Universidad de Salamanca Félix López, se observa que no ha cambiado prácticamente nada –entre un 10% y un 20% de la población, según los diferentes estudios, ha sufrido agresiones en su infancia o adolescencia–, lo que indica también que las administraciones han estado igualmente cruzadas de brazos ante este asunto en las últimas tres décadas.
«Las horas son las que son, no damos abasto. Tenemos tiempo y recursos limitados. Todo pasa por priorizar en la agenda al niño o la niña. Hemos visto cómo se ha priorizado a la mujer. Ahora tocan los niños. Tenemos la experiencia multidisciplinar de los equipos que trabajan en violencia de género, hay que aplicarla también a la violencia contra los niños, con sus peculiaridades y especificidades», concluían unas jornadas organizadas a finales de 2019 por el Colegio de Abogados de Sevilla, la Fundación Gota de Leche, el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y la Real Academia de Medicina de Sevilla.
En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Uno de cada cinco, dice la campaña del Consejo de Europa lanzada en 2010. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización. Y ese es otro de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos. «La sensibilización social sigue siendo tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata de una problemática estructural, no casos aislados», insiste.
Según el Ministerio del Interior, en 2024 se interpusieron 22.774 denuncias por violencia sexual –un 4,68% más que el año anterior y un 66% más que hace seis años–, de las cuales casi la mitad (un 41,2%) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Los datos constatan «la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual», la alta incidencia de esta violencia y la «fuerte masculinización de la autoría» de estos delitos.
María (nombre ficticio) tiene 45 años. Sufrió agresiones sexuales por parte de un familiar cuando era adolescente. Acudió a terapia ya mayor, poco antes de la pandemia. Y hoy, cuando escucha este tipo de reflexiones, de enfoques, asiente y dice: «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas». Su familia está rota porque ella lo contó. Y eso también es frecuente, no es aislado, como sostiene esta sentencia de 2023, que condena al tío de una niña como María: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».
María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido.
Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos. «No son personas encapuchadas, pueden estar en casa», afirma la subdirectora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Shauri Molina. Según un análisis de sentencias que Save the Children viene elaborando periódicamente, más del 90% de las personas acusadas son hombres y en ocho de cada diez casos es conocida. Y sin embargo, como remarca en sus ponencias la superviviente Miriam Joy, hoy mediadora en prevención en la asociación Redime, nos alertan cuando somos pequeños de no coger caramelos de desconocidos, pero nadie nos dice que el agresor, «el lobo», puede estar en tu cuarto.
Entre los espacios más comunes, sigue destacando el entorno familiar, aunque también se dan otros agresores conocidos, como amigos o allegados de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc. En el caso de Miriam, por ejemplo, fue un médico. En el caso de Francisco, hoy con 43 años, fue un vecino, posteriormente conserje de su colegio. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares, como tíos y abuelos (8%). En el entorno conocido no familiar, el 75,2% eran conocidos o amigos de la víctima. No obstante, el aumento de la violencia digital está haciendo que el porcentaje de agresores desconocidos esté creciendo, como corroboran Save the Children y la Fundación ANAR.
El tipo de agresor, según el citado estudio de sentencias, también marca la media de edad de las víctimas: así, en los casos en los que la agresión procede del entorno familiar, la media es de diez años; mientras que cuando el agresor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida, se sitúa en torno a los 13. Además, en seis de cada diez casos, se trata de agresores sin antecedentes (63%). El informe indica también que se ha producido un incremento en el número de quienes sí los tienen, y se sitúa en el 17,5%. Aquí destaca otra cuestión importante: en el 16% de los casos, los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento respecto al 4% de 2021.
La importancia de creer a las víctimas
«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue.
Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.
Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes».
Esta otra sentencia también es clara en ese sentido: «No se trata de un mayor de edad con nociones sexuales, que puede tener capacidad para inventar escenas de contenido sexual, sino de un menor que no las conoce, lo que, como apunta el tribunal, supone un grado de credibilidad relevante de los menores víctimas en estos casos que les hace ser unas víctimas en su propio hogar. Este tipo de hechos cometidos por personas del entorno de la menor conlleva una facilidad operativa delincuencial del sujeto activo del delito y la más completa indefensión de los menores de edad que sufren la delincuencia sexual», escribe en 2024 la Sala de lo Penal del Supremo al denegar un recurso de casación presentado por el agresor, condenado en 2021, que argumentaba que se había vulnerado su presunción de inocencia. La mayoría de los casos, de hecho, no llegan a los juzgados, porque o no los creen o no lo cuentan por la propia dinámica del abuso hasta que son adultos.
Eva Medina es tía de Miriam Joy y, como ella, trabaja en la asociación Redime, nacida en 2004 alrededor de esta historia familiar. Miriam contó cuando cumplió los 18 años que un médico había abusado de ella. De ella y de más niños. «Pertenecíamos a una comunidad cristiana y había una persona, un médico con su esposa, que llevaba a los niños, no tenían hijos, era gente muy reconocida socialmente. Él era muy cercano, muy empático. Trabajaban con niños y adolescentes, y hacían campamentos, tenían una revista, en fin… atraían a los niños y a las niñas. Fue una bomba. Y te preguntas, ¿pero cuándo ha pasado esto? ¿Dónde estábamos nosotros, sus padres, su familia?», rememora Eva.
A Miriam, en contra de lo que suele suceder, sí la creyeron. «Eso supone una crisis familiar, personal, de fe y de todo. Porque donde creíamos que los niños estaban protegidos y seguros, es donde estaban siendo abusados», prosigue su tía, con una agenda de trabajo tan cargada que siempre acaba posponiendo esta entrevista. «Los padres de Miriam, Gloria, que es la presidenta de la asociación, junto con su marido, Joel, fueron a Estados Unidos por otra cuestión y asistieron a una conferencia. Alguien se levantó y contó que su padre había abusado de ella». De allí se trajeron una guía, Puerta de Esperanza, que tradujeron y adaptaron, y formaron los primeros grupos de ayuda mutua, sesiones que se centran en la rehabilitación de adultos que fueron agredidos sexualmente en la niñez.
«La asociación empieza con grupos pequeñitos de unas cuantas mujeres. En principio, solo eran mujeres. Muchas nos conocíamos, pero nunca habíamos hablado de esto. Amigas quizás de toda la vida, pero jamás se había hablado de esto. Y empezamos a hacer este trabajo con el manual, escrito por Jan Frank». A partir de ahí, la asociación comenzó a crecer de manera exponencial: «Y empezamos a tener los grupos de ayuda mutua ya más regulados, dos veces al mes, en sesiones presenciales en principio».
Esa es la columna vertebral de Redime, pero su labor, que comenzó en Málaga y ahora es de ámbito estatal, tiene en realidad tres patas: la rehabilitación de las víctimas, la prevención y la formación. «Nos dimos cuenta de que la educación es crucial. Y creamos un programa de prevención que va desde los tres años hasta el bachillerato adaptado según el rango de edad. Por ejemplo, con los más pequeñitos usamos guiñoles, muñecos, canciones, etc.».
La mayoría de estos programas, denominados Talleres para la vida y dirigidos a docentes, alumnado y familias, los desarrollan de manera gratuita, solicitados por colegios, pero no tienen los recursos suficientes para hacer todo lo que se necesita, ni convenios con las administraciones que permitan ejecutar este trabajo de manera sistemática y en todos los centros. «Lamentablemente, no ha habido ni un solo colegio o instituto al que hayamos ido en el que no haya saltado algún caso. Las cifras son alarmantes, pandémicas. Nosotros estamos desbordados. Nos llegan personas derivadas de salud mental que no pueden ser atendidas porque dan cita cada no sé cuántos meses… El Estado tiene que poner los recursos para que las víctimas puedan ser atendidas», insiste Eva Medina. Aunque en 2021 se aprobó la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi), un paso fundamental para abordar este problema según los agentes implicados, prácticamente hasta el momento han sido las propias víctimas y las iniciativas privadas las que han ido actuando en este asunto. Es el caso también de la Fundación Vicki Bernadet, que lleva trabajando desde 1997 en la atención integral, prevención y sensibilización.
Vicki Bernadet fue agredida de los nueve a los 17 años y no lo contó hasta los 34. Hoy tiene 72 años y considera que, tratándose de otra época, algo debería haber cambiado. Pero no: «Se trata de una realidad tan dura que existe una sensación generalizada de que las cosas son menos graves de lo que decimos. Y se suele pensar que estamos exagerando para sensibilizar. Por eso tenemos que encontrar ese equilibrio para que no se cierren las mentes ante esta realidad tan cruda. Y siempre digo que quiero ir con la Generalitat, no contra la Generalitat. Y, por ejemplo, en los talleres de padres y madres tengo que conseguir, y lo consigo afortunadamente, que al menos cuatro o cinco veces se rían a carcajadas, para romper, porque el humor humaniza a la gente».
Desde la primera que vez que contó su historia y comenzó a dar en entrevistas, tardó casi diez años en impartir una charla en «un solo» colegio. Y aunque ahora va a centros escolares con una gran acogida, hace unos días acudió a uno donde de 600 familias solo asistieron unas cinco. Ella, como las demás víctimas, se enfrentó a dos realidades: la reacción del entorno familiar y la inexistencia de recursos especializados. En estos días, por ejemplo, desde su fundación, acaban de participar en la elaboración de un nuevo protocolo en Bajo Aragón «para garantizar respuestas claras, eficaces y alineadas con la normativa vigente, y fortalecer la capacidad de los agentes a la hora de actuar de forma temprana, coordinada y efectiva ante estos casos».
Otro ejemplo es el estudio que lideró la profesora Pereda, que fue financiado, entre otras, por una institución privada como la Fundación ”la Caixa”. «A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con el poder que tiene el ministerio, de hacer una encuesta en adolescentes escolarizados aún mayor que la nuestra. Pero la volvieron a hacer con adultos».
Desde el ministerio señalan la dificultad ante la necesidad de autorización familiar, ya que los casos se dan precisamente en las familias. Pereda insiste en que hay países como Canadá, EE. UU. o Chile que hacen esta encuesta con adolescentes cada dos años. «Porque eso –analiza– nos permitiría ver variaciones y decir ‘oye, resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy, el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos comprobar si hacemos estudios con los adolescentes de hoy, con los que podemos intervenir hoy y no cuando pasen los años. La política pública debe invertir en esto y en prevención. Porque cuando lo hacemos con adultos, ya sabemos qué va a salir».
La sociedad, además, ha cambiado y ahora se dan nuevos factores que no influyeron en esos niños hoy adultos: desde la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías –con la IA como última novedad– hasta nuevas formas de relaciones familiares. Todo ello permitiría detectar también las nuevas formas de violencia a través de la tecnología y la violencia cada vez mayor entre iguales, entre personas de la misma edad. «Ha aumentado por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. Porque no es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. O sea, tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños. No se trata de culpar a los adolescentes de ver pornografía, de prohibir. Debemos entender todo este escenario y hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque, si no, este porcentaje no va a bajar», añade la catedrática.
La pederastia en la Iglesia
También fue, al margen del Estado, la insistencia de las víctimas de pederastia en la Iglesia la que ha conseguido finalmente el reconocimiento de estas agresiones, el derecho a su reparación y el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno con el Defensor del Pueblo para indemnizar los casos que estén prescritos en la justicia pública. «Mucha gente piensa que esto es de la época de Franco. Claro. En la época de Franco ocurría, pero es que por desgracia en nuestros días también sigue ocurriendo, y hay niños y niñas que han sufrido delitos de pederastia y sus padres están desesperados, primero por el estado de sus hijos, pero después también porque los poderes públicos parece que juegan a archivarlo todo», denuncia Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada.
«Solo desde enero de 2025 al verano de 2025, en España, ha habido hasta 12 casos en colegios concertados», enumera. Este mismo marzo, el Opus Dei ha apartado a un profesor en Madrid por supuestas agresiones sexuales a tres menores de edad, según ha publicado El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española. «A diferencia del ámbito familiar, la víctima, cuando denuncia, se enfrenta a su agresor pero también a toda la orden, prelatura a la que éste pertenezca, que intenta tapar el caso y defender el buen nombre de la institución. Es decir, recae sobre la víctima todo el poder de la institución, con lo que ello supone. Y de ahí que, cuando un menor/adulto denuncia a un miembro de la Iglesia, ésta nunca asume su defensa, y sí la de su agresor», reflexiona Cuatrecasas.
Su hijo fue víctima de un profesor numerario en un colegio vasco. «Nos trasladó en mayo de 2011 el delito que habían perpetrado contra él; nos habló de abusos y acoso escolar, las dos cosas, porque muchas veces los casos de abuso que se producen en colegios llevan emparejado el tema del acoso, porque el pederasta, el depredador sexual, lo que hace es intentar aislar a la víctima, como ocurre también en la violencia de género», explica. «Para nosotros –prosigue– fue una pesadilla porque veíamos a nuestro hijo fatal. Y en un principio no te imaginas hasta dónde llegaba todo. Pero cuando ya tu hijo te dice con dificultad lo que ha pasado, pues lo primero que haces es intentar que él salga adelante –ese ha sido siempre nuestro objetivo– y por supuesto a la vez tuvimos que denunciar porque el colegio pretendía taparlo todo», denuncia.
La Asociación Nacional Infancia Robada nació de un grupo de víctimas de la Iglesia, cuyos jerarcas han llegado a alegar que lo de los abusos no era solo cosa de esta institución. Y es cierto. «Pero a lo largo del tiempo han recurrido a nosotros sobre todo víctimas del ámbito intrafamiliar, alguna del deportivo e incluso de los Boy Scouts. Es, efectivamente, un mal endémico de nuestra sociedad. Y siempre digo que con la infancia nada es suficiente», concluye Cuatrecasas. Según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor del Pueblo, el 1,13% de las personas han sufrido abusos en el ámbito religioso católico. La cifra supone un 0,6% con respecto a los abusos totales reportados: un 11,7% de las personas entrevistadas (con una muestra de 8.000). Y no es menor: son unas 400.000 víctimas, según las prospecciones del Defensor.
«En el caso de la Iglesia es un tema que procede de muchas décadas atrás, y está insertado como algo estructural. No son cuatro casos, como decía la Iglesia al principio. Son muchos y cada vez más. E incluso te diré que en este ámbito se entendía que era entre un cura o religioso adulto y un niño y, con el tiempo, también han ido saliendo mujeres víctimas de sacerdotes. Hay campos totalmente inexplorados, como el tema de las monjas, que algún día también saldrá», añade Cuatrecasas, que lidera la petición de un Estatuto específico que otorgue a los supervivientes «la condición de víctima» con derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social. Además de la protección judicial a quienes hayan denunciado.
El informe destaca, además, que la violencia contra la infancia, considerada como un asunto de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aparecido entre los problemas que generan una mayor preocupación en la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Por ello –indica el Defensor–, se aprovechó la ocasión para preguntar a las personas encuestadas, ante todo, cuál era su percepción del problema». La mayoría lo considera un problema social muy grave o bastante grave. Sobre si existe una mayor conciencia social, un 19,7% respondió «mucha» y un 40,2% «bastante», frente a un 32% que consideró que la conciencia social había crecido poco y un 5,2% nada.
«Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», contextualiza la experta Clara Burriel.
Fue lo que hizo la Iglesia durante años con estos casos o lo que hacen tantas familias con los suyos. En el foro celebrado en Sevilla a finales de 2019, también se llegó a concluir lo siguiente: «En el momento actual, la actitud de la mayoría de los profesionales es el no querer implicarse en la atención, ni en la notificación por las consecuencias que podría acarrear, por la dificultad que entraña, por la dedicación que exige y por la inseguridad jurídica profesional que padecemos». Ocurre también que cuando alguien pone este asunto en una conversación –como hemos constatado en el proceso de elaboración de este dossier– la reacción suele ser de desconexión: qué tema «más feo», qué tema «más incómodo».
La justicia
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, admite la deuda que existe con estas víctimas. «Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas las infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas», dice en una entrevista en páginas posteriores. Este año se cumplirá un lustro de la aprobación de la Lopivi, que necesita seguir dotándose de financiación y recursos para ser efectiva, sobre todo, desde el punto de vista educativo y judicial. Porque lo que ha pasado también hasta ahora es que no se reconoce que los niños sean sujetos de derechos, que no son propiedad de los padres, ni de los tutores, ni de nadie. «El ordenamiento jurídico no está pensado para los niños y las niñas», dice tajante la magistrada Glòria Poyatos, que insiste en la importancia de incluir la perspectiva de infancia en la justicia.
«En todo lo relacionado con los menores, necesitamos dar un salto cualitativo porque nos encontramos con que sus necesidades y experiencias normalmente quedan ocultas, es muy difícil valorar su relato, muy difícil valorar su sintomatología o sus reacciones porque suelen ser inespecíficas. Se necesita de la psicología, y no de una psicología cualquiera, sino de algo muy especializado para poder llevarlo a cabo en profundidad. Y actualmente no tenemos esos recursos, de forma que los juristas estamos opinando y tomando decisiones sobre cuestiones relativas a menores, cuestiones muy relevantes, sin tener suficiente formación», admite la abogada Amparo Díaz, especializada en violencia de género y victimología.
«No nos olvidemos –prosigue– de que el machismo justifica y legitima que haya ciudadanos de primera categoría y ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, como las mujeres, niños y niñas». «Cuando las víctimas son niños que todavía no tienen capacidad de expresarse con mucho detalle, el sistema que se está aplicando es un sistema basado en la valoración de la credibilidad de su relato y requiere que su relato sea detallado, con detalles del contexto, del lugar, de la secuencia de cómo suceden los hechos… y nada de eso lo pueden hacer muchos menores. Se están dejando de lado otro tipo de investigaciones basadas en otro tipo de herramientas como pueden ser los juegos con muñecos, los dibujos, pruebas indirectas…», prosigue Díaz.
La Lopivi parte de ahí y, entre otras cuestiones, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia. Sin embargo, según matiza Save the Children, la instauración de las nuevas secciones se aprobó finalmente en 2025 en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial. «Aunque la implementación deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales», reclama Burriel.
En este ámbito, las asociaciones y colectivos piden la creación de fiscalías especializadas, asegurar que estos casos recaigan en las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, en lugar de las secciones de violencia sobre la mujer: «Pues las niñas tienen necesidades específicas diferenciadas de las de las mujeres adultas, motivadas por su edad, el momento de desarrollo, el tipo de violencia o la relación con la persona agresora. Lo contrario supondría, además en la práctica, un trato desigual entre niños y niñas, cuyos casos por el mismo tipo de violencia serían tramitados por secciones distintas», señala Burriel.
Y, por supuesto, resulta fundamental integrar el modelo Barnahus en la justicia especializada en infancia, un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de agresión sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima. El objetivo es evitar la victimización secundaria estableciendo protocolos de actuación interdisciplinarios e interinstitucionales, lo que mejorará de ese modo la coordinación entre los profesionales y asegurará la protección de los niños y niñas a la hora de conducir exploraciones, realizar la prueba preconstituida y evitar su declaración en el juicio oral, lo que lo aleja de las instalaciones judiciales.
Según el informe de sentencias de Save the Children, en más de la mitad de los casos, hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez. En el 20% de los casos, la víctima tuvo que declarar dos veces, mientras que en un 3% tuvieron que declarar hasta cinco veces o más. Por otro lado, los que llegan a la justicia se extienden más allá de los tres años y preocupa el aumento de los que sobrepasan los cinco años de duración. «Habitualmente, las instancias judiciales hacen gala de ese principio garantista del habeas corpus, que me parece muy bien, pero cuando alguien denuncia esto no lo hace por capricho, cuando alguien va a un juzgado no lo hace como el que va un domingo a dar un paseo por el campo. La casuística de casos falsos denunciados de violencia contra la infancia es prácticamente ridícula», insiste Cuatrecasas.
El proceso judicial iniciado por su familia contra el profesor, que acabó condenado, concluyó varios años más tarde, en 2018: «Y tenemos que aguantar halagos hacia el pederasta, con condena. Estamos en 2026 y esto no ha terminado. Nos queda el juicio civil y el tema del Vaticano».
Secuelas de por vida
Laura fue la única de cuatro hermanas que se atrevió a hablar. Su padre agredió a todas las demás. Cuando llegó a ella, la más pequeña, se acabó. Su madre no se había enterado hasta entonces. Y aunque su caso llegó a los tribunales y el padre fue condenado, Laura sigue viviendo hoy, con más de 40 años y dos hijos, con ese dolor: «Ese tío ha pasado unos cuantos años en la cárcel y no ha pagado nada porque se declaró insolvente. Él está tan pancho. Nosotras seguimos destrozadas». Ninguna de sus hermanas terminó los estudios básicos. Ella ha encadenado depresiones y trastornos de la alimentación y, según cuenta, no le sirve la justicia restaurativa cuando se le pregunta como forma, también, de poder aminorar su dolor.
«En España también tenemos estudios de la relación entre violencia sexual y la conducta suicida, una relación más que demostrada. El niño busca una salida al dolor y muchas veces consiste en acabar con todo, con su vida. La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Un consumo que te permite desconectar de este recuerdo. Se relaciona también con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Y es un problema que no estamos sobrerrelacionando con otros problemas, y que está demostrado desde hace mucho tiempo, tanto fuera del país como en España», expresa Pereda.
Según el informe publicado este mismo abril por la Fundación ANAR sobre su línea de ayuda telefónica, email o chat, la conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido. Y la primera causa de los problemas de salud mental es la violencia. Después de ello y las autolesiones, entre los principales temas de consulta destacan las agresiones sexuales.
Aunque con ayuda hay salida, en una de las sentencias citadas anteriormente, el tribunal también lo dice claramente: «El sufrimiento que padecen estas menores difícilmente podrán borrarlo de su mente en el futuro». De hecho, la mayoría, cuando lo cuenta, ya es una persona adulta, lo que lleva a que el delito prescriba en muchas ocasiones y que los hechos queden impunes. Por eso se está pidiendo la imprescriptibilidad. «Suele ser característica habitual en estos casos el silencio de los menores y la prolongación en el tiempo de las agresiones sexuales, que es lo que busca el autor de estos hechos delictivos para conseguir la obstaculización de la decisión de la denuncia por parte de los menores, o de contarle a sus madres lo que están sufriendo», insiste la misma sentencia.
La pesadilla suele iniciarse como un «secreto» entre el agresor y la víctima, que aún no sabe que lo es. Porque no le pega, que es algo que el niño identifica como algo malo, sino que le hace cosquillas, o lo acaricia. Por eso es fundamental, como afirma Vicki Bernadet, la confianza educada, hacer ver al niño que los secretos se pueden tener pero que hay que romperlos cuando te hacen sentir mal. En todo ese proceso, el niño muchas veces huye a otro lugar, disocia lo que le hace por la noche su padre de lo que le dice por la mañana: por la noche entra en su cuarto y lo toca y por la mañana hablan de las notas del cole. La espiral va creciendo de tal manera que el mismo niño, puede llegar a sentirse culpable, y sentir vergüenza, porque el agresor también se lo recuerda: no lo puedes contar porque a ti también te gusta. «Me sentía una puta», dicen algunas mujeres agredidas. Y esa niña o ese niño tampoco quiere que su padre o su abuelo vayan a la cárcel. ‘¿Estás seguro de lo que dices? Porque puede ir a la cárcel?’. Y entonces se retractan. Con eso también juegan estos agresores.
A pesar de los avances, de las leyes, siguen produciéndose casos como este que publicó en marzo El Salto: un juzgado de Madrid otorgó la custodia exclusiva de una niña de seis años a su padre denunciado por violencia sexual hacia la pequeña cuando el caso todavía no estaba sobreseído. El escrito –afirma el medio– hacía alusiones al falso síndrome de alienación parental, prohibido en la Lopivi.
Más allá de este caso particular, la abogada Díaz insiste en ello, en que las leyes están, pero no siempre se aplican: «Rige la presunción de inocencia, pero debería regir a la vez el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a que se investigue en profundidad un caso y que se lleven a cabo diligencias útiles para llegar a conocer qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, nos quedamos muchísimas veces en la superficie, porque como el menor no llega a dar suficientes detalles o no llega a tener evidencias físicas o síntomas psicológicos específicos, nos quedamos ahí».
Pone como ejemplo el artículo 19 de la Ley de Violencia de Género, que dice que las entidades que dan atención especializada a las mujeres podrán pedir medidas urgentes al juzgado: «Y, sin embargo, no se piden. El hecho de que la madre haya contado previamente una situación de maltrato hacia ella, por desgracia se suele interpretar como que hay una animadversión, que es parcial y que no es objetiva».
Por ello, plantea algo básico: que las administraciones públicas cumplan la legislación. «Para eso es necesario que tengan más medios. Las profesionales que están en esos servicios normalmente están muy implicadas, pero tienen poco tiempo, muchas veces trabajan a media jornada y tienen temor, por un lado, a los propios procedimientos judiciales, y, por otro, a las represalias de las personas que están identificando como posibles agresores. Y eso pasa en todos los servicios. Los servicios sociales muchas veces no se pronuncian, se quedan en la superficialidad, entre lo que dice uno y lo que dice otro, no avanzan y no se hacen más investigaciones ni se pide nada específico a los juzgados ni a los centros educativos».
Prevención y detección: redes e inteligencia artificial
En mitad de este panorama, la formación, la prevención y la detección temprana son, por tanto, las herramientas cruciales. «Salir de las cifras estancadas supondría en primer lugar impartir una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo España. Y no va de que en una asignatura de 3º de ESO sepan lo que es el pene y un embarazo, no. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, tu intimidad, va del respeto a los demás, de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica», insiste Pereda.
El niño, dice ella, tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación para ello. «Hay que decir, ‘hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. O ‘soy mamá y te limpio el culete, porque tengo que limpiártelo’. Perfecto. Este mensaje ya está mostrando un respeto por el niño. Pero no lo hacemos así. Cogemos al niño, lo limpiamos, lo coge el médico, le quita los pantalones… Lo que está aprendiendo es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y luego queremos que hablen. Claro, ¿cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?», expone con ejemplos prácticos que permiten ver toda la violencia a la que sometemos a los niños sin ser conscientes de ello.
Como la tradición social de dar besos como muestra de buena educación, de relación social. Si el niño no lo hace, porque no le sale, porque no quiere, o porque no tiene ganas, se le dice que es un maleducado y se le insiste hasta que da el dichoso beso. ¿Pero cómo va a saber que tiene que decir que no cuando lo estén sometiendo a una violencia?, reflexiona Vicki Bernadet en una de sus charlas. En la misma línea se expresa la experta Clara Burriel, que destaca la posición privilegiada de los centros educativos para detectar casos. «Es fundamental que el profesorado sepa identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la Lopivi para el ámbito educativo, el coordinador/a de bienestar».
Y, por supuesto, son necesarios –dice– protocolos para la detección, la notificación y la actuación: «Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos, con mecanismos de prevención y pautas claras de actuación».
Es, además, una medida que, como sostienen los especialistas, debe venir del Estado, no se debe dejar al albur de cada colegio, de cada comunidad autónoma o de cada partido político. «Esto no es ideología, es educación. Hay que tomar las riendas porque estamos hablando de educación y tu hijo tiene derecho a la educación. Tú no puedes decidir si quieres educar o no a tu hijo. Y lo mismo que tiene profesorado de matemáticas va a tener esta asignatura que la va a dar una profesora, no la va a dar una voluntaria», zanja Pereda.
La catedrática apunta también a otra cuestión fundamental: «Lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino también agresores». Y más en un contexto como el actual, con el aumento de la violencia entre iguales. «Estos mismo niños agresores son también víctimas. Por eso hacemos mucho hincapié en la mirada del adulto, porque es el adulto quien identifica las señales de riesgo», añade Shaurin Molina, de la Fundación ANAR.
Eva Medina cuenta un caso que abordaron desde Redime: un grupo de niños de 12 años agredieron a una niña en el baño del instituto: «Se masturbaron delante la niña. Y cuando se les pregunta a los niños por qué han hecho eso, la respuesta es para caerse de espaldas: ‘Porque eso les gusta a las mujeres’. Y cuando les preguntas que por qué, te responden: ‘Porque lo hemos visto en Internet’. El modelo que tienen es la pornografía. Yo siempre les digo que la pornografía es la ciencia ficción del sexo».
Desde su punto de vista, abordar la educación es una cuestión de Estado, pero también de las familias: «Porque los padres y las madres a veces pensamos que el niño está en su cuarto, tranquilito… Pero no. Tu niño está en su cuarto, pero no tendría que tener un ordenador en el cuarto, ni puedes darle un móvil. Yo digo muchas veces: ‘Oye, le das el móvil porque se calma, pero también se calmaría con un chupito de whisky. Y si te lo pide mañana, ¿a que no se lo das? Como sociedad hemos de ir hacia esos cambios porque el resultado está ahí», insiste.
La abogada Amparo Díaz también incide en ello: «Hay que perseguir el porno online que involucra a menores o que suponen prácticas humillantes y agresivas sobre las mujeres». Para Díaz, esta violencia no solo no es cosa del pasado, sino que estamos en uno de los peores periodos: «Por no decir el peor, porque Internet ha potenciado la cosificación del ser humano y especialmente de las mujeres, niñas y niños, de forma que se está naturalizando el uso cosificante de las niñas y de los niños de manera sexual».
Con red o sin red, el delito sigue estando ahí. Por ello, concluyen todos los sectores que han participado en el dossier, hay que escuchar a las víctimas de una vez y poner el foco en los agresores, que son los que están logrando que no queramos ver, que miremos para otro lado.
La entrada [Especial Pederastia] Ni puntual ni privado, es un problema social, estructural y de salud pública se publicó primero en lamarea.com.
