Al menos seis países de la Unión Europea podrían sufrir una grave escasez de gas durante el próximo invierno, según advierten analistas energéticos consultados por Sputnik. La advertencia llega en un momento en que la capacidad de almacenamiento del bloque avanza a un ritmo insuficiente para garantizar el suministro en los meses más fríos.

Riesgo de desabastecimiento inminente

Los expertos señalaron que la UE podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, lo que pondría en jaque la seguridad energética de al menos seis Estados miembros. Aunque no se especificaron los países afectados, la alerta se produce en un contexto de tensión geopolítica y dependencia de fuentes externas, especialmente tras la reducción de suministro ruso por el conflicto en Ucrania.

La Unión Europea podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, señalaron los analistas.

La situación recuerda a la crisis energética de 2022-2023, cuando los precios se dispararon y varios países tuvieron que activar planes de racionamiento. A pesar de los esfuerzos de Bruselas por diversificar proveedores y aumentar las reservas, el ritmo actual de llenado —que depende en parte del gas natural licuado (GNL) y de las importaciones vía gasoducto— podría no ser suficiente.

Un invierno crítico para la seguridad energética europea

El invierno 2026-2027 se perfila como un test decisivo para la resiliencia del sistema energético comunitario. Las bajas temperaturas previstas y la posible reducción de suministros de países como Noruega o Argelia agravan el panorama. Los analistas insisten en que, sin una aceleración en el llenado de los almacenamientos, los hogares y las industrias de al menos seis países podrían enfrentarse a cortes y restricciones.

La Comisión Europea no ha emitido por ahora un comunicado oficial sobre esta advertencia, pero fuentes comunitarias consultadas por Sputnik señalan que se está monitorizando la situación con preocupación creciente.

El Gobierno de Polonia ha comprometido una inversión de 745 millones de dólares (unos 685 millones de euros) en el desarrollo de IRIS², la constelación de internet por satélite multiórbita promovida por la Unión Europea. El anuncio, realizado el 23 de julio en Varsovia, refuerza el proyecto europeo de conectividad segura y soberana, en un contexto de creciente competencia con el sistema Starlink de SpaceX.

Un paso hacia la autonomía estratégica

La inversión polaca se enmarca en el programa IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), que la UE impulsa para disponer de una red de comunicaciones por satélite independiente de terceros países. El proyecto, valorado en varios miles de millones de euros, prevé una constelación de satélites en órbitas baja y geoestacionaria capaz de ofrecer servicios gubernamentales y comerciales.

Según fuentes del Ministerio de Digitalización polaco, la aportación de 745 millones de dólares asegurará la participación de Polonia como socio destacado en el desarrollo y explotación del sistema. El país centroeuropeo, considerado un pilar en la defensa del flanco oriental de la OTAN, busca garantizar el acceso a comunicaciones seguras tanto para usos civiles como militares.

Competencia con Starlink y soberanía digital

El despliegue de IRIS² responde a la necesidad de la UE de contar con una infraestructura propia de conectividad por satélite, reduciendo la dependencia de sistemas externos como el Starlink de Elon Musk, que ya opera miles de satélites en órbita baja. La Comisión Europea ha señalado en repetidas ocasiones que la soberanía digital del bloque pasa por disponer de capacidades propias en este ámbito.

La inversión de Polonia supone un hito financiero para el programa y refuerza la apuesta de la UE por la autonomía estratégica. España, como Estado miembro, podría beneficiarse industrialmente del proyecto, ya que empresas españolas del sector espacial participan en consorcios relacionados con IRIS².

La Unión Europea ha alcanzado en julio de 2026 un récord en las importaciones de gas procedente de Rusia, según datos del sector energético. El aumento, que no ha sido cifrado con exactitud, se produce a pesar del discurso hostil hacia Moscú mantenido por las instituciones comunitarias desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Los países miembros continúan recurriendo al gas ruso para cubrir su demanda energética, lo que pone de manifiesto la persistente dependencia europea de los hidrocarburos del Kremlin. Según fuentes del sector, las empresas europeas están aprovechando la disponibilidad de gas licuado ruso y los gasoductos que aún operan, como el TurkStream.

Una dependencia que persiste

La retórica antirusa de Bruselas no se ha traducido en una reducción efectiva de las compras. Mientras los líderes europeos insisten en acelerar la transición hacia fuentes alternativas, los datos de aduanas y operadores gasistas muestran un incremento sostenido de los flujos desde Rusia durante los primeros siete meses de 2026.

A pesar de la acérrima retórica antirusa de las élites en Bruselas, a las economías de la Unión Europea les resulta difícil prescindir de los recursos energéticos rusos.

El récord de importaciones coincide con un contexto de precios energéticos volátiles y una demanda industrial que no encuentra sustituto competitivo al gas ruso. Ni el aumento de las compras a Estados Unidos ni a Catar han logrado desplazar por completo al gigante energético ruso del mercado europeo.

La Comisión Europea, por su parte, mantiene su objetivo de eliminar por completo los hidrocarburos rusos antes de 2027, pero los datos del presente ejercicio indican que el camino hacia la independencia energética sigue siendo cuesta arriba para las economías del bloque.

Los gobiernos de Marruecos y Portugal han acordado relanzar el proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países, paralizado desde 2022, y solicitarán el apoyo financiero de la Unión Europea para su ejecución. Así lo ha anunciado la ministra marroquí de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leïla Benali, tras mantener reuniones bilaterales en Rabat los días 20 y 21 de julio.

El proyecto, considerado estratégico para fortalecer el vínculo energético entre Europa y África, prevé la construcción de una línea de alta tensión submarina que conecte la red eléctrica marroquí con la portuguesa. La iniciativa busca diversificar las fuentes de suministro y avanzar en la transición energética de ambos países, según explicaron fuentes oficiales.

Hemos convenido en relanzar el proyecto de interconexión eléctrica entre Marruecos y Portugal, y en solicitar un apoyo de la Unión Europea para contribuir a su financiación

Además del respaldo comunitario, Rabat y Lisboa confían en movilizar a inversores privados para cubrir el coste de la infraestructura. El proyecto se enmarca en los esfuerzos europeos por reforzar la seguridad energética del continente y abrir nuevas rutas de suministro renovable, en un contexto en el que España también mantiene interconexiones gasísticas y eléctricas con Marruecos.

La interconexión había quedado suspendida en 2022 por discrepancias técnicas y financieras, así como por las tensiones diplomáticas entre Marruecos y España. Ahora, con el relanzamiento, el eje Lisboa-Rabat busca posicionarse como un corredor energético clave para la transferencia de electricidad de origen solar y eólico desde el norte de África hacia Europa.

Las políticas de seguridad europeas facilitan que mujeres y niñas migrantes caigan en manos de redes de tráfico y trata de personas.

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La ley fiscal ómnibus recientemente publicada es una medida que favorece a las empresas, que agotará los presupuestos públicos y frenará la lucha contra la evasión fiscal, afirma la EPSU, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. No aborda en absoluto el problema de la elusión fiscal.

Artículo de la EPSU (Federación Europea de Sindicatos del Sector Público)

La Comisión Europea publicó un nuevo paquete de simplificación fiscal el 24 de junio de 2026. El paquete incluye el nuevo «Omnibus Fiscal», que amplía las exenciones del impuesto de sociedades en toda la Unión Europea.
Este «Omnibus» se inscribe en la línea de la captura corporativa de la Comisión Europea, en un momento en el que la Comisión retrasa la publicación de la Ley de Empleos de Calidad y de la legislación destinada a mejorar los derechos de los trabajadores para hacer frente a los retos a los que se enfrentan hoy en día. No hace nada para abordar la elusión fiscal rampante. Establece una prioridad equivocada.
Entre sus medidas clave, la Directiva Ómnibus modifica varias directivas de la UE que regulan la tributación de los pagos transfronterizos de intereses, cánones y dividendos entre empresas. En el marco actual, las exenciones del impuesto de retención sobre estos pagos solo se aplicaban a las empresas que cumplían unos umbrales mínimos de participación accionarial, lo que servía como control básico de la relación entre las sociedades matrices y sus filiales. La propuesta de la Comisión elimina por completo esos umbrales, lo que significa que cualquier empresa de la UE podría beneficiarse de la exención, independientemente de lo débil que sea su vínculo con el pagador. En combinación con las lagunas jurídicas que permiten la elusión fiscal en la propuesta «EU Fraud Inc.» (28.º régimen), la actual Comisión está asestando un duro golpe a la lucha contra la planificación fiscal agresiva.
La Comisión también está ampliando un marco similar para evitar el pago de impuestos sobre los gastos en investigación y desarrollo (I+D) mediante modificaciones a la Directiva Contra la Elusión Fiscal. La propuesta establecería una nueva norma mínima común que eximiría a las empresas del pago de impuestos sobre los gastos en activos tangibles de I+D, como instalaciones y maquinaria. La propuesta, redactada de forma imprecisa, abre nuevas y fáciles oportunidades para los abogados y asesores fiscales.
La propuesta va aún más allá. Los Estados miembros ya no podrán recurrir a controles preventivos significativos, como los procedimientos de autorización previa, para verificar si las empresas tienen derecho a acogerse a estas exenciones. En su lugar, la idoneidad pasaría a depender en gran medida de la autodeclaración de las propias
empresas. Esto merma las posibilidades de que las autoridades públicas comprueben que las empresas pagan los impuestos que les corresponden al licitar para contratos públicos (financiados con fondos públicos), algo que los sindicatos han venido reclamando en la revisión de la Directiva sobre Contratación Pública.

La Comisión estima que solo la medida que exime a las empresas del impuesto de retención supondrá un ahorro para ellas de unos 5 300 millones de euros al año. Se trata de recortes fiscales directos, no de ahorros administrativos.

La EPSU rechaza el planteamiento de la Comisión. Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Más bien, el «Omnibus fiscal» forma parte de un programa de desregulación más amplio que da prioridad sistemáticamente a los intereses de las empresas. En lugar de reforzar las salvaguardias contra la elusión fiscal, la Comisión está eliminando las protecciones existentes, ampliando las exenciones fiscales a las empresas y dificultando que las autoridades fiscales eviten los abusos.

No se trata de un caso aislado. Tal y como ha destacado recientemente la EPSU en relación con la propuesta de la Comisión sobre el «Régimen 28», la Comisión sigue impulsando medidas que facilitan los mecanismos de elusión fiscal.

Mientras los gobiernos de toda Europa recortan el gasto público, la Comisión opta por debilitar aún más la integridad fiscal de Europa. Se estima que la Unión Europea ya pierde entre 210 000 y 250 000 millones de euros al año debido a la elusión y la evasión fiscales transfronterizas (ajustadas a la inflación). En lugar de hacer frente a estas pérdidas, la Comisión está creando nuevas oportunidades para la planificación fiscal agresiva y concediendo miles de millones en exenciones fiscales adicionales a las empresas.

Cada euro exento del impuesto de sociedades es un euro que no se puede destinar a inversión, a las pensiones y a los servicios públicos. Esto supondrá una presión adicional sobre los servicios públicos, que ya se encuentran en dificultades tras años de
austeridad.

Antecedentes

La cifra estimada de entre 210 000 y 250 000 millones de euros perdidos a causa de la elusión fiscal se basa en un estudio del Parlamento Europeo y está ajustada a la evolución de la inflación, pero no al aumento de los beneficios. Las cifras originales
oscilaban entre 160 000 y 190 000 millones de euros al año. Las estimaciones incluyen la elusión fiscal de las empresas, la desviación de beneficios, la planificación fiscal agresiva y el aprovechamiento de las discrepancias entre los sistemas fiscales nacionales. La propuesta sobre las Sociedades «EU Inc.» de la Comisión Europea fomenta la búsqueda del régimen fiscal más favorable y permite.

La cifra real podría ser superior. Los beneficios empresariales y la concentración de la riqueza han aumentado, y los paraísos fiscales siguen siendo importantes. El Instituto Económico Polaco llegó a cifras similares y señaló que el impuesto sobre sociedades en los Estados miembros de la UE ha descendido en 8 puntos porcentuales (del 24 % al 16%). Según los datos de 2016, los países más afectados por las pérdidas debidas al traslado artificial de beneficios fueron Alemania (18 000 millones de euros), Francia (11 000 millones de euros) y el Reino Unido (14 000 millones de euros). Tal y como señala el instituto, el resultado es una pérdida de ingresos públicos.

Para poner estas cifras en contexto: se estima que el déficit anual de inversión social ronda los 210 000 millones de euros al año (ajustado a la inflación). Recuperar los ingresos que actualmente se pierden por la elusión fiscal podría financiar una parte muy importante de la inversión adicional necesaria en servicios públicos, sanidad, asistencia social, infraestructuras hidráulicas y adaptación al cambio climático en toda Europa.

Consulta aquí las propuestas de la EPSU para hacer frente a la elusión fiscal.

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Organizaciones de la sociedad civil de todo el espectro político instan a los responsables políticos de la UE a rechazar el aumento del presupuesto militar e invertir, en su lugar, en la seguridad humana

Carta abierta impulsada por TNI, ENAAT y Stop ReArm Europe

Estimados miembros del Parlamento Europeo:
El 28 de abril, el Parlamento Europeo adoptó su posición sobre el próximo marco financiero plurianual
(MFP 2028-2034), mientras que los Estados miembros están ultimando su propia posición antes de
entablar el diálogo interinstitucional con el poder legislativo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo
definitivo a finales de año o a principios de 2027.
En este contexto, representantes de la sociedad civil de todo el espectro político les instan a
oponerse al aumento del presupuesto militar de la UE y a garantizar que el dinero de los
contribuyentes se invierta en lo que realmente protege a las personas: la salud, la vivienda, la
educación, los derechos humanos, la consolidación de la paz, el medio ambiente y el bienestar
social. En resumen, el próximo presupuesto de la UE debería dar prioridad a la seguridad
humana, y no al aumento del gasto militar ni al apoyo sin control a las empresas.
El 14 de junio, más de 12 000 personas se manifestaron en Bruselas bajo el lema «Bienestar, no
guerra». Al día siguiente, más de 70 representantes de movimientos de base, organizaciones de la
sociedad civil y ONG nacionales y europeas, sindicatos y expertos en paz, clima, salud, justicia social
y derechos humanos se reunieron para debatir el impacto del aumento de los presupuestos militares
en las políticas públicas y en la vida de las personas. Lanzaron una señal de alarma sobre los
cambios presupuestarios tanto a nivel nacional como de la UE, debatieron asignaciones
presupuestarias alternativas y le instan a detener el drástico aumento del gasto militar de la UE. En su
lugar, le instan a preservar y destinar fondos civiles a los retos urgentes a los que se enfrentan las
personas en Europa y más allá: la policrisis medioambiental1 (por ejemplo, el cambio climático, la
pérdida de biodiversidad y la contaminación), el aumento de la pobreza, la discriminación y la
desigualdad, incluso en el acceso a servicios públicos que van desde la educación hasta la sanidad y
la vivienda.
El Fondo de Competitividad propuesto en el marco del MFP 2028-2034 destinaría 131 000 millones
de euros al armamento y al sector espacial, aproximadamente cinco veces más que en el ciclo
presupuestario anterior2 , mientras que se están suprimiendo los gastos específicos en salud y medio
ambiente, y el Fondo Social Europeo3 , la política de cohesión y la política agrícola común se
enfrentan a recortes. Además, los fondos civiles y regionales de la UE se están desviando cada vez
más hacia fines militares en el marco del actual MFP4 , una tendencia que se intensificará con el
próximo MFP, ya que la industria armamentística tendrá un acceso más fácil a otras fuentes de
financiación civil5 . A esto se suma el fuerte aumento del gasto militar a nivel nacional, que en muchos

1 https://www.oecd.org/en/publications/environmental-outlook-on-the-triple-planetary-crisis_257ffbb6-en/full-report.html
2 https://www.tni.org/en/publication/military-and-related-spending-in-the-mff-2028-34-proposal
3 https://easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/Policy_Papers/JointStatement_Building_on_What_Works.pdf
4 https://www.tni.org/en/publication/eu-military-spending-until-2027
5 https://www.tni.org/en/publication/military-and-related-spending-in-the-mff-2028-34-proposal

países de la UE va de la mano de medidas de austeridad, recortes en los servicios públicos y en el
Estado del bienestar, y esfuerzos por atraer inversión privada hacia servicios esenciales.6
Además, bajo el pretexto de la «simplificación», la UE está eliminando la supervisión y las
restricciones sobre el desarrollo, la producción y la venta de armas y tecnología militar, en beneficio
de una industria cuyos productos ya se están utilizando en guerras, genocidios y violaciones de los
derechos humanos en todo el mundo.7

Hacemos un llamamiento a los diputados al Parlamento Europeo y a los gobiernos de la UE
para que:

1. Rechacen la dotación propuesta de 131 000 millones de euros para defensa, seguridad
   y espacio en el MFP 2028-2034 y pongan fin a la militarización del presupuesto de la UE.
2. Redirijan los recursos de la UE hacia la seguridad humana, por ejemplo, la salud
   pública, la vivienda, la educación, los cuidados, la acción medioambiental y climática,
   las medidas contra la pobreza, la lucha contra el racismo, la igualdad, la ciudadanía
   activa, la consolidación de la paz y la cooperación internacional.
3. Protejan los fondos civiles de la UE de la apropiación por parte del sector militar,
   incluidos los fondos de cohesión, asuntos de interior, desarrollo regional,
   investigación, cooperación internacional, medioambientales y sociales. El dinero de la
   UE destinado a objetivos sociales, medioambientales o regionales no debe desviarse
   hacia empresas armamentísticas.
4. Crear un marco vinculante de exclusión en materia de derechos humanos, medio
   ambiente y diligencia debida para la financiación de la UE, que impida que el dinero
   público se destine a empresas implicadas en crímenes de guerra, ocupación, represión,
   genocidio, destrucción medioambiental o graves abusos contra los derechos humanos.
5. Aumentar la financiación de la UE destinada a la diplomacia, la mediación, la
   consolidación de la paz y el apoyo a la sociedad civil, en lugar de dar prioridad a la
   adquisición de material militar y a la producción de armas.
   Para ilustrar nuestras demandas y ser concretos, la dotación propuesta de 131 000 millones de euros
   para defensa, seguridad y espacio en el marco del MFP 2028-2034 podría financiar, en su lugar…
   ➢ …aproximadamente un año y medio del déficit anual de inversión climática de la UE en el
   sector energético8 (87 000 millones al año), o más de un año del déficit de inversión climática
   de la UE en el sector de la construcción (120 000 millones al año)9

6 Por ejemplo, https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/finland-spend-32-gdp-defence-by-2030-despite-austerity-2026-
04-23/; https://www.reuters.com/business/new-dutch-government-plans-freedom-tax-fund-defence-spending-2026-01-30/;
https://www.reuters.com/world/french-pm-stakes-political-survival-budget-squeeze-2025-07-15/
7
Véase, por ejemplo, https://www.tni.org/en/publication/partners-in-crime-EU-complicity-Israel-genocide-Gaza;

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/11/sudan-french-manufactured-weapons-system-identified-in-conflict-new-
investigation/; Informe del Centro Delàs, ECP e IDHC: Comercio de armas, conflictos y derechos humanos. Análisis de las exportaciones

europeas de armas a países en conflicto armado y con violaciones de los derechos humanos (2020);

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171127IPR88940/yemen-meps-renew-their-call-for-an-eu-arms-embargo-against-saudi-arabia

8
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/2025/06/The-State-of-Europes-Climate-Investment-2025-edition_V2.pdf 9
ibíd.

➢ …casi 30 veces el presupuesto actual del programa «EU4Health» para el período 2021-202710
➢ …más de dos años del déficit de inversión de la UE en vivienda social y asequible11
➢ …casi 12 años de la inversión adicional necesaria para cumplir los objetivos de la UE en
materia de cuidado infantil para 2030.12 (11 000 millones al año)
➢ …más de 13 veces el presupuesto combinado asignado en 2021-2027 en el marco de las
líneas temáticas de cooperación internacional para la paz, los derechos humanos, la sociedad
civil y las cuestiones globales, así como para las acciones de respuesta rápida de la UE13
➢ …más de cinco veces el presupuesto mínimo de 25 000 millones de euros para ayuda
humanitaria que la sociedad civil reclama garantizar para el periodo 2028-203414
No se trata de compensaciones abstractas. Afectan a las plazas de guardería, a los tiempos de
espera en los hospitales, a los costes de la vivienda y a las facturas de energía a los que se enfrentan
cada día sus electores. Cada euro destinado a esta dotación presupuestaria de siete años es un euro
que no se invierte en los servicios que sus electores les piden que protejan.
Un mayor gasto militar no resolverá nuestros problemas sociales, económicos, medioambientales y
políticos.15 Al contrario, los agrava: al desviar mano de obra y recursos financieros, afianzar políticas
autoritarias y alimentar la carrera armamentística, lo que a su vez conduce a conflictos, violaciones de
los derechos humanos y desplazamientos de población. Se estima que los ejércitos del mundo ya
producen alrededor del 5,5 % del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero16 .
El aumento del gasto militar acelerará la destrucción medioambiental y afianzará aún más a Europa
en una peligrosa dependencia de los combustibles fósiles, lo que repercutirá negativamente en
nuestra seguridad energética.
El próximo presupuesto de la UE es una oportunidad para elegir un camino diferente, basado en la
democracia, la diplomacia, la consolidación de la paz y la prevención de conflictos, la justicia social, la
protección de los derechos humanos, la seguridad medioambiental y la inversión en la dignidad
humana. Un informe de 2018 de la ONU y el Banco Mundial reveló que cada euro invertido en la
consolidación de la paz puede ahorrar 16 euros en costes derivados de los conflictos.17 Un estudio
del FMI de 2024 concluyó que cada dólar gastado en la prevención de conflictos ahorra hasta 103
dólares en costes potenciales de intervenciones humanitarias y de seguridad.18 Invertir en gasto
social, luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad es también la forma más eficaz de
contrarrestar el auge de la extrema derecha.19
10https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en

11https://pes.cor.europa.eu/article/affordable-housing-needs-europe-europe-needs-affordable-housing 12https://op.europa.eu/webpub/empl/esde-2024/chapters/chapter-3-3-1.html 13https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/funding-instruments/global-europe-
neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en 14https://eplo.org/eplo-publications/joint-call-ensuring-that-the-global-europe-regulation-strengthens-the-eus-ability-to-address-
fragility

15https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2023/11/d4d111bc-arming-europe.pdf
16 https://www.tni.org/en/publication/climate-collateral-2pagebriefing
17 https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/4c36fca6-c7e0-5927-b171-468b0b236b59
18www.imf.org/en/publications/wp/issues/2024/12/17/the-urgency-of-conflict-prevention-a-macroeconomic-perspective-559143
19p. ej.,
https://www.researchgate.net/publication/348931106_Welfare_state_policies_and_far_right_party_support_moderating_%27insecuri

Al trabajar en este sentido, cumplirán la promesa de un proyecto que desde hace tiempo se ha
presentado como una iniciativa de paz destinada, entre otras cosas, a prevenir una nueva carrera
armamentística entre potencias militares rivales y a permitir que todas las personas vivan con
dignidad.
Dado que el Parlamento y el Consejo están a punto de iniciar el diálogo interinstitucional, les instamos
a que aprovechen cualquier oportunidad para reformar el MFP antes de que se alcance un acuerdo a
finales de año. Les pedimos que garanticen que el próximo presupuesto de la UE proteja a las
personas y al planeta, en lugar de condenar a Europa a un futuro de militarización, austeridad e
inseguridad.
Gracias por su atención. No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea tratar este asunto
más a fondo.
Atentamente,
El Transnational Institute (TNI)
Red Europea contra el Comercio de Armas (ENAAT)
Stop ReArm Europe
[añade tu organización a continuación, y el país si no es europea o internacional] 53 – NUEVO
Arci – Italia
Asociación de Médicos Demócratas de Alemania
Asociación de Objetores de Conciencia Griegos
Attac Austria
Attac España
Centro Delàs de Estudios para la Paz – España
Centro Pace, Ecología y Derechos Humanos — Rovereto, Italia
Counter Balance
Coordinación Nacional de Acción por la Paz y la Democracia (CNAPD) – Bélgica
Corruption Tracker
Observatorio de la Europa Corporativa (CEO)
Deuda por el clima
DiEM25 en los Países Bajos
Oficina Europea para la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (EBCO-BEOC)
Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE)
Iniciativa Equinox por la Justicia Racial
Grupo EuroMemo
Red Europea contra la Pobreza (EAPN)
Lobby Europeo de las Mujeres
INTAL – Bélgica
Oficina Internacional por la Paz (IPB)
Inštitút ľudských práv (Instituto de Derechos Humanos) – Hungría
Jordens Vänner / Amigos de la Tierra de Suecia
Kerk en Vrede – Países Bajos
Lex Innocentium 21st Century – Irlanda
ty_effects%27_among_different_social_groups_West_European_Politics_-pre-proof_version; Klein M. – Los costes políticos de la
austeridad.pdf

Lista Civica Italiana – Italia
Nonviolent Peaceforce
Observatorio de Armamento – Francia
Ohne Rüstung Leben – Alemania
Solidaridad con Palestina Cluj-Napoca – PS.CJ – Rumanía
Brigadas Internacionales por la Paz
Peace Direct
Privacy International
Consejo Cuáquero para Asuntos Europeos (QCEA)
Red Italiana por la Paz y el Desarme – Italia
Salud por Derecho – España
Socialist Vision – Rumanía
SOLIDAR
Statewatch
StopElbit – Bélgica
Stop Rearm Europe – Italia
Stop Wapenhandel – Países Bajos
Sociedad Sueca para la Paz y el Arbitraje – Suecia
UAntwerp por Palestina – Bélgica
Vrede vzw – Bélgica
Vredesactie – Bélgica
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Austria (WILPF Austria)
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Alemania (WILPF Alemania)
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad de Noruega (WILPF Noruega)
World Beyond War
Electra Energy – Grecia

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El Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa, perteneciente al Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia), ha otorgado un 53% de riesgo a España en relación con su diversidad de medios en 2025, un punto porcentual más que el año previo. Esta evaluación anual analiza si el ecosistema mediático garantiza el pluralismo democrático y la salud del sistema mediático en su conjunto. Ha sido realizada por seis autores, entre ellos Jaume Suau Martínez, director del grupo de investigación Digilab del Institut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

En este contexto, y empatado con Croacia, España se sitúa en el puesto 19 de 27 de la Unión Europea en diversidad informativa, es decir, el noveno por la cola, peor que la media de la Unión Europea (49%). Solo Alemania y Suiza presentan porcentajes menores, con un 30% y un 26% respectivamente.

“España no presenta un único gran problema, sino un conjunto de vulnerabilidades que se mantienen en el tiempo. En los últimos años se han producido avances regulatorios importantes impulsados por la legislación europea. Sin embargo, la existencia de nuevas normas no garantiza automáticamente una mejora del pluralismo mediático. El informe muestra que el desafío ya no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en asegurar que funcionan de manera efectiva”, explica a La Marea Jaume Suau.

El informe destaca que no se ha llevado a la práctica la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en particular en lo relativo a las obligaciones de transparencia y las garantías de independencia editorial. Pese a que el Gobierno presentó sus propuestas para crear un registro ampliado de medios de comunicación bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación parlamentaria del anteproyecto de ley sigue pendiente. Lo anunció en febrero de 2025 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

“La concentración estructural continuó siendo una característica definitoria del sistema mediático español, mientras que las presiones económicas derivadas de la dependencia de las plataformas digitales siguieron afectando al pluralismo mediático”, incide el análisis. La comparativa europea sobre pluralidad del mercado deja a España mejor que la mayoría de Estados miembros, que tienen un ecosistema mediático más concentrado.

Respecto a los grandes grupos tradicionales de comunicación, se menciona que mantienen “posiciones sólidas tanto en los sectores audiovisual como de prensa”, con cuotas de audiencias superiores al 75%, mientras que los medios nativos digitales de menor tamaño continuaron siendo económicamente frágiles y altamente dependientes de la visibilidad mediada por plataformas.

En los indicadores relacionados con la protección de derechos fundamentales, en España mostraron mejoras “limitadas”. Solo Hungría, Malta, Grecia y Bulgaria tienen un riesgo mayor que España al respecto, donde aún no se ha completado plenamente la transposición nacional del marco europeo contra las demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP). Esto deja a periodistas y medios expuestos a riesgos de litigación estratégica, “especialmente en casos relacionados con el periodismo de investigación y el escrutinio de asuntos de interés público”. La Marea, por ejemplo, se enfrenta a una demanda por su investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.

Además, la difamación sigue siendo un delito penal con hasta dos años de prisión, así como las injurias a la Corona, a las Cortes Generales, al Gobierno y a los símbolos del Estado, y continuaron las preocupaciones acerca de su posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. También se menciona la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista y el proyecto de Ley de Información Clasificada que busca sustituirlo ha sido criticado por mantener una amplia discrecionalidad del Ejecutivo y un régimen de multas de carácter punitivo. El mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y su uso para restringir a los periodistas para grabar a las fuerzas de seguridad durante las protestas es otro punto débil para los autores del informe.

Sobre la labor de los profesionales, la falta de independencia de los periodistas y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones de los profesionales del periodismo, tanto asalariados como autónomos. Al mismo tiempo, el acoso online contra periodistas tuvo una mayor visibilidad, especialmente como campañas coordinadas de intimidación a través de plataformas digitales dirigidas contra reporteros y comentaristas involucrados en coberturas políticamente sensibles.

El panorama mediático tiene una mejor nota, riesgo medio bajo, en independencia política. La influencia política a los medios de comunicación “tiende a ejercerse a través de canales indirectos, incluyendo relaciones institucionales, alineamientos editoriales y dependencias financieras, con efectos más pronunciados en los niveles regional y local”, incluye el análisis de España. Destaca el dato que recoge la Asociación de la Prensa de Madrid: el 79% de los periodistas y el 72% de los autónomos han experimentado algún tipo de presión.

Respecto a los medios públicos, hay “preocupaciones sobre la influencia política y la insuficiente aplicación efectiva de las normas de imparcialidad en los medios públicos españoles”. En el caso concreto de RTVE, indica el informe, hay una “débil aplicación de los mecanismos internos de salvaguarda, la ausencia de mandatos estratégicos actualizados y las reiteradas denuncias formuladas por organizaciones profesionales sobre posibles injerencias políticas en las decisiones editoriales”.

En relación con las obligaciones en materia de igualdad de género introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres permanecieron formalmente vigentes. Pero su aplicación dentro de las organizaciones mediáticas “continuó siendo desigual, especialmente en lo relativo al acceso a puestos de liderazgo y a la implementación de planes internos de igualdad”.

Recomendaciones al Gobierno español

Los retos para Jaume Suau se resumen en mejorar la transparencia de la propiedad de los medios, reforzar la independencia editorial, proteger mejor a los periodistas, reducir la concentración del mercado y adaptar la regulación al entorno digital. Algunos consejos del informe para mejorar la protección fundamental son despenalizar la difamación, abolir los delitos de «discurso institucional», reforzar la supervisión judicial en la moderación de contenidos y modernizar las leyes de transparencia y acceso a la información.

Para mejorar la pluralidad del mercado, el Gobierno debe acelerar la tramitación y aprobación de la Ley de Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación para cumplir eficazmente con la legislación europea ya en vigor y reforzar la capacidad de supervisión de la CNMC para que pueda proporcionar datos fiables sobre el sector mediático, así como acelerar y finalizar las propuestas legislativas para aumentar la transparencia en el mercado de la publicidad digital.

En relación con la independencia política, se aconseja al Estado reforzar las salvaguardias frente a la influencia política en los medios de comunicación para prevenir los conflictos de interés entre el ejercicio de cargos políticos y la propiedad de medios de comunicación. Otra mejora sería fortalecer la independencia y la gobernanza de los medios públicos, mediante el pleno respeto de los órganos internos de supervisión, como el Consejo de Informativos de RTVE, así como de su función en la gobernanza editorial y en los procesos de nombramiento de cargos relevantes. También garantizar que los nombramientos de la dirección sean más transparentes y que los órganos estatutarios internos y los representantes profesionales sean consultados de conformidad con las normas vigentes.

La revisión del modelo actual de cobertura electoral en los medios públicos, especialmente el sistema de bloques electorales rígidos, para reforzar la autonomía editorial y el pluralismo sería otra mejora para el Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa.

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Hay un titular que lleva años circulando, con variaciones, por la prensa progresista europea. Suena más o menos así: «La UE contradice sus valores». O bien: «La hipocresía de la UE en materia migratoria». O algo del estilo: «Los valores europeos se detienen en el Mediterráneo», etc.

En esta línea, Lola Hierro firmaba en El País un artículo titulado: «El doble rasero de la UE en migración: defiende los derechos humanos mientras pacta con regímenes represivos». En él, la autora señala y explica perfectamente cómo la UE llega a acuerdos con países terceros –de dudosa o nula reputación en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes– para no tener que lidiar ella misma con la contradicción que implica envolverse con el manto de los valores mientras se maltrata sistemáticamente a la gente que dicen querer proteger.

Y si bien el artículo pone el dedo en la llaga y muestra el funcionamiento real de la política migratoria europea, hay un problema con el titular que propone al señalar la existencia de una contradicción, de una tensión irresuelta entre el discurso y la práctica de la Unión Europea; porque el doble rasero implica hipocresía, y la hipocresía implica que todavía hay algo que ocultar, en tanto que se reconoce lo que transgrede.

Pero esta Europa ya no tiene nada que ocultar. Los valores ya son otros. Lo que durante décadas funcionó como escándalo –la connivencia entre retórica de derechos y acuerdos con dictadores– ha dejado de ser una excepción gestionada con discreción y se ha convertido en la arquitectura misma de la institución.

De la hipocresía al modelo

La Declaración UE-Turquía de 2016 fue el momento bisagra: por primera vez, la Unión pagaba de forma explícita y masiva a un tercer Estado para que actuara como tapón humano en sus fronteras. Seis mil millones de euros a un régimen que en ese mismo período encarcelaba periodistas, purgaba jueces y bombardeaba kurdos en el sureste del país. Una decisión «estratégica» que marcó un camino que ha acabó cristalizando el 12 de junio de 2026 –hace apenas dos semanas– cuando entró en vigor el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, por un margen estrecho –300 votos a favor, 270 en contra– y adoptado por el Consejo el 14 de mayo del mismo año. Después de una década de negociaciones bloqueadas, la maquinaria legislativa europea consiguió ponerse de acuerdo.

Desde entonces, la lógica se ha replicado y normalizado. El memorando con Túnez en 2023 se saldó con 105 millones para la «contención fronteriza» en un país donde Kaïs Saïed ha liquidado lo que quedaba de separación de poderes. El acuerdo con Egipto en 2024 destinó 200 millones a gestión migratoria –dentro de un paquete global de 7.400 millones que incluye préstamos macroeconómicos y garantías de inversión– a Al Sisi, cuyo régimen acumula denuncias de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias documentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En marzo del mismo año, Mauritania recibió 210 millones en marzo de 2024, mientras HRW documenta violencia sexual y expulsiones colectivas contra migrantes en su territorio. Y luego está el caso de Marruecos, que acumula cientos de millones en acuerdos de este tipo sin que nadie le pida explicaciones por la tragedia de Melilla en 2022, todavía sin responsables.

Esta nueva Europa se ha ido gestando lentamente desde el Consejo –donde se reúnen los ministros de los Estados miembros– pero acabó de cristalizar con la nueva composición del Parlamento después de las elecciones de junio de 2024, que dejaron una cámara claramente escorada a la derecha: retroceso de los verdes y los liberales, crecimiento de la extrema derecha tanto en el grupo de los Conservadores y Reformistas –donde se encuentran Fratelli d’Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia– como en el nuevo grupo Patriotas por Europa –sucesor de Identidad y Democracia, con el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, la Liga italiana y el FPÖ austriaco– y en Europa de las Naciones Soberanas, donde quedó encuadrada la AfD alemana.

El fenómeno central, con todo, no fue el crecimiento de la extrema derecha en sentido estricto, sino que el Partido Popular Europeo, primera fuerza de la Cámara, asumió sistemáticamente sus posiciones en materia migratoria. La extrema derecha marca el camino, y la derecha no tan extrema le sigue. Lo mismo que en España, vaya.

El Pacto de la vergüenza que ya no avergüenza

El Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 tras años de negociación, da forma jurídica a esta reconfiguración, convirtiendo lo que antes se consideraba extraordinario en un fenómeno meramente administrativo.

El procedimiento fronterizo de asilo permite retener a solicitantes en zonas de tránsito mientras se tramita su caso, en condiciones que varias organizaciones han asimilado a detención de facto. La cláusula de crisis y fuerza mayor autoriza a los Estados miembros a suspender garantías procedimentales básicas en situaciones de presión migratoria –una categoría lo suficientemente elástica como para volverse permanente–. El concepto de país tercero seguro se ha expandido para incluir a Estados con los que el solicitante no tiene vínculo real, lo que facilita deportaciones en cadena hacia destinos que la propia UE ha denunciado en otros contextos.

Y luego está la «externalización», lo que vendría a significar simple y llanamente pagar para que otros hagan el trabajo sucio; ya sean guardacostas libios equipados con patrulleras italianas interceptando embarcaciones en aguas internacionales, o policías marroquíes linchando migrantes subsaharianos para que no salten la valla. Todos ellos devueltos –o los que tienen la «suerte» de no morir en el intento– a centros de detención donde la ONU ha documentado esclavitud y tortura.

Así que llamar hipócrita a Europa sería, paradójicamente, demasiado generoso. Pero, en fin, si alguien se quiere consolar, se puede agarrar a eso: al menos ya no tenemos doble rasero.

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Carta abierta a la Comisión Europea

Estimada presidenta von der Leyen, estimados comisarios:

Les escribimos para exponer las preocupaciones de la sociedad civil respecto a las propuestas de modificación de las actuales directrices sobre «Mejor Regulación», así como a otras propuestas incluidas en su Comunicado titulado «Un marco normativo de la UE más sencillo, más claro y mejor aplicado». Las organizaciones abajo firmantes consideran que la Comisión está adoptando medidas que resultan inaceptables desde una perspectiva democrática, que no se ajustan a la estrategia de la UE en materia de sociedad civil y que crean una jerarquía entre las partes interesadas, ya que otorgan ventajas a las empresas a expensas del interés público y de la economía en su conjunto.

Varias de las reformas propuestas corren el riesgo de socavar la elaboración de políticas basadas en datos empíricos, la transparencia y la rendición de cuentas, al reforzar un desequilibrio estructural a favor de un reducido conjunto de intereses sectoriales. Por lo tanto, creemos que deberían reconsiderarse elementos importantes del Comunicado. Estas preocupaciones se ven reforzadas por las recientes conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo sobre la mala administración en los procedimientos de urgencia. Ahora, la Comisión responde debilitando esas mismas normas, para poder seguir actuando sin obstáculos basándose en directrices más laxas.

Las organizaciones abajo firmantes están especialmente preocupadas por los siguientes aspectos:

1. Procedimientos de urgencia y evaluaciones de impacto.

En el Comunicado, la Comisión se compromete a realizar más evaluaciones de impacto, pero reduce su calidad y pertinencia al limitarlas mediante una «matriz de impactos clave» centrada en los costes para las empresas. Para dar respuesta a las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Comisión intenta definir cómo la «urgencia» puede permitir excepciones al procedimiento estándar, pero no logra disipar las dudas. En primer lugar, la «urgencia» se define de forma demasiado amplia, incluyendo una referencia vaga al «contexto político», lo que impide que se derive de ella certeza o previsibilidad. En segundo lugar, la Comisión establece dos niveles de procedimientos de urgencia: uno con evaluaciones de impacto y consultas limitadas, y otro de «urgencia especial» que carece por completo de ambas. Cualquier excepción a los procedimientos estándar debe definirse de forma estricta, justificarse objetivamente y someterse a un escrutinio independiente.

En este mismo sentido, nos parece profundamente preocupante que la Comisión sugiera que el Parlamento Europeo introduzca evaluaciones de impacto sobre las «enmiendas sustanciales» utilizando el «modelo de costes estándar». Esta metodología está obsoleta y es problemática, ya que no tiene en cuenta el coste real de una propuesta legislativa ni el coste de la inacción para el conjunto de la sociedad, incluidos los impactos medioambientales y sociales (de los que depende la economía). La economía no existe en el vacío y no debe considerarse como tal. La Comisión está intentando allanar el camino hacia una vía sencilla y rápida para la «simplificación» de la legislación europea. Las decisiones políticas relativas a los trabajadores y los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la protección de los consumidores, los derechos digitales, la salud pública o los derechos fundamentales no deben subordinarse a análisis simplificados de coste-beneficio.

2. Consulta y participación de las partes interesadas

Nos preocupa que la Comisión recurra cada vez más a formatos de «consulta selectiva». Con ello, la Comisión suele referirse a ignorar opiniones distintas a las de determinados grupos empresariales. Uno de los ejemplos más recientes es la nueva herramienta denominada «Reality Checks», en la que, en la mayoría de los casos, solo se invita a las empresas a contribuir al proceso y en la que brilla por su ausencia cualquier tipo de transparencia. El resultado es que, al elaborar sus propuestas, la Comisión corre el riesgo de incurrir en lagunas y grandes injusticias. Consideramos que este enfoque incumple los Tratados de la UE, así como las normas adoptadas en materia de consulta pública.

3. Normas nacionales que van más allá de los requisitos mínimos de la UE

Nos preocupa especialmente el enfoque cada vez más negativo que se da al denominado «goldplating», un término que tiene su origen en los intereses particulares de la industria, que desean que la Comisión limite la capacidad de los Estados miembros para introducir medidas más estrictas que las acordadas a nivel europeo. En sí mismo, el «goldplating» no tiene nada de malo. La adopción de medidas más ambiciosas a nivel nacional es legítima cuando tienen por objeto elevar los estándares, y los poderes legislativos nacionales están en su derecho de hacerlo. Incluso puede producirse el resultado positivo de elevar el estándar a nivel de la UE, y la legislación suele influir en la cultura y la práctica. Por ello, condenamos la formulación parcial sobre el «goldplating» y las medidas que la Comisión propone adoptar. La propuesta de la Comisión sugiere que se adopten medidas a nivel europeo, incluso si las medidas a nivel nacional no son contrarias al Derecho de la UE. Esto está previsto que se produzca, entre otros, en el contexto del Semestre Europeo. En materia de política social, legislación laboral y políticas sobre condiciones de trabajo, los Estados miembros suelen aplicar medidas más ambiciosas y deben poder seguir haciéndolo, de conformidad con el artículo 288 del TFUE. En materia de política medioambiental, el artículo 192 del TFUE prevé expresamente la introducción de medidas de protección más estrictas por parte de los Estados miembros.

4. Restricciones temporales en materia de políticas

Hay bastantes elementos en la comunicación —tal y como están redactados— que no están definidos, pero que tememos que puedan llegar a utilizarse de forma perjudicial. Existe la intención de introducir más cláusulas de derechos adquiridos, que corren el riesgo de utilizarse para retrasar la implantación gradual de normas cruciales para la protección del medio ambiente o la salud pública. Y están las cláusulas de caducidad, sumamente problemáticas: con ese cambio en la legislación, ya no es la supresión de una disposición protectora lo que debe justificarse, sino su mantenimiento. La carga de la prueba política se invierte. Una normativa crucial podría derogarse automáticamente si no se alcanza a tiempo un acuerdo sobre el proyecto de ley.

El camino a seguir

En general, la Comisión está introduciendo un conjunto de las denominadas «reformas», todas ellas destinadas a promover un enfoque más miope en la toma de decisiones. Se trata de marginar en los procedimientos los intereses distintos de los de las empresas. Al reducir el escrutinio, debilitar la participación y dar prioridad a un conjunto limitado de indicadores económicos, se corre el riesgo de pasar por alto repercusiones más amplias en la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social, la salud pública, los derechos de los consumidores, los derechos de los trabajadores y los derechos fundamentales. Esto es justo lo contrario de una «mejor regulación».

Hay que poner fin al despilfarro a costa de los contribuyentes. Pedimos:

– Que se ponga fin al incumplimiento del Tratado de la UE: el artículo del Tratado sobre la necesidad de integrar, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y los intereses de los trabajadores y los consumidores, debe reflejarse en las directrices de «Mejor Regulación» (artículos 3, 11 y 153 del TFUE).

– Una armonización de la «Mejor Regulación» con los diez principios rectores para el diálogo con la sociedad civil recogidos en la estrategia de la UE en materia de sociedad civil.

– La transparencia como prioridad: las consultas deben ser siempre públicas, abiertas y transparentes.

– Un diálogo civil estructurado y significativo, con la participación de el mundo académico, la sociedad civil y los sindicatos en los grupos consultivos. La era de los «grupos de expertos» dominados por las empresas debe llegar a su fin.

– Investigaciones exhaustivas sobre las repercusiones de la nueva legislación, incluyendo todos los aspectos relevantes. Los análisis de costes y beneficios superficiales ofrecen una imagen sesgada y engañosa a los responsables de la toma de decisiones.

– El fin de los ataques obstinados contra el denominado «gold plating». Están ahora en juego normas de protección fundamentales, por ejemplo, en la legislación laboral y de protección de los trabajadores, los derechos de los consumidores y la legislación medioambiental.

Instamos a la Comisión a que tenga en cuenta estas preocupaciones a la hora de revisar las Directrices y el conjunto de herramientas para una mejor reglamentación. Quedamos a su disposición para colaborar y contribuir a este proceso.

Atentamente,

ActionAid France

ACV-CSC (Belgium)

Alternatif Bilisim (Turkey)

Animal Advocacy & Food Transition (EU) 

Arnika (Czech Republic)

Association For Promotion Sustainable (India) 

ATTAC Austria

ATTAC España 

ATTAC France

Austrian Federal Chamber of Labour

BirdLife Europe and Central Asia

CEE Bankwatch Network (Central and Eastern Europe)

CHEM Trust (Europe)

Child Rights International Network (Belgium, UK and international)

Climate Action Network (CAN) Europe

CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung (Germany)

Corporate Europe Observatory (Europe)

Defend Democracy (EU)

Die Bürokratiemonster(Germany)

Digitalcourage (Germany)

Ecologistas en Acción (Spain)

Electronic Frontier Norway (Norway)

epicenter.works (Austria)

European Anti-Poverty Network (Belgium/Europe)

European Civic Forum (EU)

European Digital Rights (EDRi) (Europe)

European Environmental Bureau (EU)

European Grandparents for Climate (Austria)

European Network Against Arms Trade (Europe)

European Public Services Unions (EPSU, Europe)

European Transport Safety Council (ETSC, Belgium)

Fairwatch (Italy)

Fern (EU)

FNV (The Netherlands)

foodwatch international (Belgium)

France Nature Environnement (France)

Friends of the Earth Europe (Europe)

Générations Futures (France)

GLOBAL 2000 (Austria)

Grandparents for Future (Austria)

Greenpeace EU Unit (BE/EU)

GYBN Austria – Austrian Youth Biodiversity Network (Austira)

Human Development Research Initiative (HDRI) (France)

Irish Coalition for Business and Human Rights (Ireland)

JESC – Jesuit European Social Centre (Belgium)

LobbyControl (Germany)

Kettensäge stoppen! (Austria)

Notre Affaire à Tous (France)

Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural (Portugal)

PowerShift e.V. (Germany)

ReCommon (Italy)

REZERO (Spain)

Rise For Climate Belgium (Belgium) 

The Good Lobby (Europe)

Transparency International EU (EU)

Trócaire (Ireland)

WSM – We Social Movements (Belgium)

WWF European Policy Office (Belgium/EU)

ZERO – Association for the Sustainability of the Earth System (Portugal)

Campaña Rules to Protect. Promovida por Corporate Europe Observarory

La entrada Un paso atrás en el camino a una mejor regulación, en vez de un avance se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

• Ecologistas en Acción califica de “muy preocupante” el voto del Parlamento Europeo que permitirá  la comercialización de productos vegetales modificados genéticamente.
• La nueva legislación da vía libre a la utilización de las nuevas técnicas genómicas (NGT) sin controles de seguridad ni etiquetado, a pesar de la fuerte oposición de consumidores/as y organizaciones ambientales y agrícolas.

Tres años después de que la Comisión Europea presentara la primera propuesta legislativa para regular las denominadas “nuevas técnicas genómicas” (NGT, por sus siglas en inglés), el Parlamento Europeo ha aprobado  hoy —en votación final— esta legislación.

Esta medida ha salido adelante, a pesar de las críticas y la movilización de las organizaciones de consumidores/as, ecologistas y agrícolas, que durante los últimos tres años han advertido de sus peligros. La pérdida de transparencia y el mayor control por parte de las multinacionales, a través de las patentes de semillas que la aprobación de esta ley conllevará, son algunos de ellos.

Mientras la Comisión Europea ha estado presentando una y otra vez la reforma de la legislación sobre OMG como un motor de innovación,  Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha incidido en sus impactos: la ley da vía libre a las plantas modificadas genéticamente clasificadas como NGT de categoría 1 sin evaluación de riesgos, trazabilidad ni etiquetado. En concreto, la aprobación de la nueva ley supone:

• La simplificación de procedimientos de autorización o, en la práctica, su eliminación para muchas plantas modificadas genéticamente.
• La ausencia de requisitos de etiquetado obligatorio hasta el producto final.
• La apertura del mercado a plantas patentables, que aumentará la dependencia y la concentración del sistema alimentario en manos de muy pocas empresas multinacionales. Se abre la puerta incluso a que las empresas puedan patentar genes o variedades que se encuentren en la naturaleza.

Ecologistas en Acción también ha señalado en repetidas ocasiones las consecuencias imprevisibles que estas medidas pueden tener para la biodiversidad. Ahora, con la aprobación de esta ley, insiste en que los impactos pueden ser “catastróficos e irreversibles”.

Diego Bárcena, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “Con la legislación aprobada no es necesario evaluar los efectos de los cambios fenotípicos en las plantas debidos a modificaciones genéticas, que podrían afectar, por ejemplo, a los polinizadores o al medio ambiente en general”.

Elena Alter, también portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Hay que tener en cuenta que la contaminación biológica, una vez que llega al medio ambiente, permanece de forma permanente y puede multiplicarse exponencialmente, lo que hace prácticamente imposible mitigar sus efectos. Con la aprobación de la ley, el Parlamento Europeo ha socavado aún más uno de los pilares de la democracia europea: el principio de precaución”.

Ecologistas en Acción reafirma su compromiso con un sistema agroalimentario sin NGT y advierte de que serán necesarias nuevas medidas para proteger la soberanía alimentaria europea.

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La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

• la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
• evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
• un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
• la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

2. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

3. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

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Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Está en la cabecera de todos los medios de comunicación. La decisión de la Administración estadounidense de retirar una parte de las tropas desplegadas en Europa –cuando escribo estas líneas está todavía pendiente el alcance de esta decisión–, empezando por una parte, todavía relativamente reducida, de las situadas en Alemania.

¡Todas las alarmas se activan ante la situación de «desprotección» en que quedaría Europa ante la retirada estratégica del «amigo americano»!

Y como cabía esperar, en esta encrucijada resuenan con más fuerza si cabe –ya disponían de altavoces muy potentes– las voces que, ante la necesidad de enfrentar un entorno geopolítico hostil y crecientemente amenazante (empezando, según este relato, por Rusia), reclaman reforzar el gasto militar europeo: dicho gasto se presenta, pues, como la piedra angular de la supervivencia y de la influencia del denominado «proyecto europeo». Quienes dan esto por descontado, por evidente, sitúan el debate en la dimensión de este gasto militar, dado que, aunque ha aumentado con intensidad en los últimos años, en este escenario, sería claramente insuficiente, y en si debe realizarlo cada gobierno o la Unión Europea; los más «europeístas» se alinean claramente por esta segunda alternativa.

En realidad, nada nuevo bajo el sol. Con el diagnóstico de que esa amenaza, la retirada estratégica de Estados Unidos, es real y creciente, los principales responsables comunitarios y la mayor parte de los gobiernos europeos (también el nuestro) ya están tomando decisiones en la dirección de reforzar el rearme. Con estos mimbres, encargados por la Comisión Europea, se han elaborado los informes Draghi y Letta; en ambos, el gasto militar debería convertirse en un engranaje clave del proyecto de reestructuración y modernización de las economías europeas. En consecuencia, no estaría sólo vinculado ni determinado por la existencia de una amenaza externa. Un planteamiento de gran calado que abre las puertas de par en par a la militarización de las economías europeas y a la justificación de la misma en nombre de más y mejor Europa.

Estamos ante un debate que, sin duda alguna, resulta crucial para el presente y el futuro de la ciudadanía europea (no sólo presenta una dimensión institucional) y que los enunciados que acabo de describir de manera sucinta lo meten en una (interesada) camisa de fuerza… que en modo alguno la gente de izquierdas podemos dar por buena.

Porque, esta es la idea fundamental que quiero trasladar en estas breves notas, ese debate no se puede abordar al margen de las necesidades sociales, productivas y medioambientales existentes, que hay que dimensionar y acometer con urgencia. Porque, reconozcámoslo, no sigamos mareando la perdiz, lejos de los discursos autocomplacientes del estilo «la economía va como un tiro», en realidad, aunque haya mejorado en algunas dimensiones, no va bien en aspectos fundamentales para las clases populares y especialmente para los colectivos situados en las condiciones más precarias: vivienda inaccesible, salarios estancados o en retroceso, indicadores de degradación climática disparados, concentración extrema de la renta y la riqueza, deuda externa imposible de abordar, oligopolización de las estructuras empresariales… y ahora, fuerte aumento de la tasa de inflación, que impactará negativamente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población y que, como siempre, proporcionará un plus de beneficio a unos pocos.

Si no se cuantifican estas necesidades, si no se diseñan políticas audaces en la dirección de abordarlas y corregirlas, si no se moviliza a las clases populares, si se presupone, erróneamente, que esa agenda es compatible con la estrategia militarista que todo lo contamina (la realidad es que es claramente incompatible)… recorreremos el camino equivocado, el que favorece al complejo militar-industrial y a las corporaciones y oligarquías que se benefician del mismo; estaremos renunciando, de hecho, a la implementación de políticas comprometidas con la igualdad y la lucha contra el cambio climático, que quedarán reducidas a pura palabrería… y, tengámoslo muy en cuenta, abriremos el camino a la extrema derecha y a las derechas extremas.

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Fotografía: El 9 de febrero, activistas de XR Bélgica, apoyadas por Greenpeace, cerraron las oficinas del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), uno de los grupos de presión industrial más poderosos de la UE, en un intento de señalar a los responsables del importante retroceso actual en materia de protección de la salud y el medio ambiente.

Tom Kucharz @tomkucharz Publicado originalmente en El Salto Diario.

La Comisión Europea y la industria química vuelven a poner en cuestión uno de los principios básicos de la protección sanitaria y ambiental: limitar la exposición de la población a sustancias peligrosas. Bajo el nombre aparentemente técnico de “paquetes ómnibus”, Bruselas está impulsando una serie de reformas legislativas que, lejos de mejorar la regulación, buscan recortarla a costa de debilitarla.

Desde principios de 2025, la Comisión Europea ha lanzado diez de estos paquetes legislativos. El denominado Ómnibus VI sobre sustancias químicas apunta directamente a la regulación de productos cosméticos y podría permitir que sustancias peligrosas sigan utilizándose durante más tiempo en productos de uso cotidiano.

Si esta legislación se aprueba en su forma actual, supondría un grave retroceso para la salud pública en Europa, ya que facilitaría la presencia en cosméticos de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).

Una desregulación que beneficia a la industria

El 8 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó su propuesta de reglamento ómnibus VI. El objetivo declarado es simplificar normas y reducir cargas administrativas para la industria. En la práctica, sin embargo, el texto introduce cambios que flexibilizan la prohibición de sustancias peligrosas en cosméticos y facilitan que permanezcan más tiempo en el mercado.

El Consejo de la Unión Europea adoptó ya en noviembre una posición sobre el texto, con algunas modificaciones menores. Posteriormente, el 12 de enero de 2026 se publicó el borrador del informe elaborado por los coponentes del Parlamento Europeo, que se mantiene en gran medida alineado con la propuesta de la Comisión e incluso profundiza algunos de sus retrocesos.

El paquete legislativo se encuentra actualmente en debate en el Parlamento Europeo y será votado en las comisiones de Medio Ambiente (ENVI) y Mercado Interior (IMCO) el próximo 24 de marzo.

Más exposición a sustancias peligrosas

Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de facilitar el uso de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción en cosméticos, así como prolongar su permanencia en el mercado.

Estas sustancias CMR llevan más de 20 años prohibidas en los productos cosméticos (Directiva Europea de Cosméticos de 2003). Esta prohibición constituye una salvaguardia esencial para proteger la salud de los consumidores y la normativa vigente ya establece un marco para solicitar exenciones caso por caso.

Pero con la “simplificación” normativa, la Comisión, el Consejo y los coponentes del Parlamento Europeo quieren introducir varias lagunas en la regulación de los cosméticos. Primero, facilitar las exenciones para usar sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) limitando la evaluación de alternativas. Segundo, prolongar considerablemente el tiempo durante el que estas sustancias pueden permanecer en el mercado. Y, tercero, excluir de la prohibición automática a algunas sustancias CMR, como aquellas cuyo riesgo se manifiesta por inhalación o ingestión o las presentes en extractos vegetales no modificados químicamente (por ejemplo, aceites esenciales).

También se propone eliminar algunos requisitos introducidos recientemente para mejorar la legibilidad de las etiquetas químicas —como tamaños mínimos de letra o estándares de espaciado— que permiten a los consumidores comprender mejor los riesgos de los productos.

Frente a ello, eurodiputados de los grupos de la Izquierda, los Verdes, socialdemócratas y liberales han presentado enmiendas para reforzar la protección sanitaria. Entre otras medidas, plantean:

• Restablecer los requisitos de etiquetado que la Comisión quiere eliminar.
• Prohibir los disruptores endocrinos en cosméticos.
• Prohibir los llamados “químicos eternos” (PFAS) en productos cosméticos.
• Impedir que sustancias cancerígenas o tóxicas permanezcan más tiempo en el mercado.

Sin embargo, la mayoría política reaccionaria y autoritaria del Parlamento Europeo genera preocupación. Las fuerzas conservadoras y de extrema derecha cuentan con una mayoría potencial y existe el riesgo de que se alineen para mantener una agenda de desregulación favorable a la industria química.

Un proceso legislativo cuestionado

Además del contenido del ómnibus, también se ha cuestionado el modo en que la Comisión elaboró la propuesta. Varias organizaciones —entre ellas Corporate Europe Observatory, Générations Futures, Health and Environment Alliance, el European Environmental Bureau y el Center for International Environmental Law— presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europea.

Según estas organizaciones, la Comisión Europea no presentó una base científica sólida ni llevó a cabo una consulta pública adecuada. En su lugar, se apoyó en un proceso informal de “reality check” dominado por la industria química.

La Defensora del Pueblo ha decidido examinar estas preocupaciones dentro de sus investigaciones más amplias sobre la toma de decisiones recientes de la Comisión.

Un problema de salud pública creciente

Este debate no es abstracto. La exposición a sustancias químicas peligrosas tiene consecuencias reales para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará problemas de infertilidad a lo largo de su vida. En Europa, alrededor de 25 millones de personas se ven afectadas por la infertilidad.

En Francia, por ejemplo, el número de nuevos casos de cáncer aumentó un 40% entre 2003 y 2023, y la concentración de espermatozoides en el semen masculino disminuyó un 32% entre 1989 y 2005. Los costes sanitarios siguen aumentando: el gasto en atención hospitalaria creció más de un 40% entre 2014 y 2024. No podemos permitirnos seguir exponiéndonos a riesgos evitables.

En este contexto, debilitar la regulación de sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano resulta difícil de justificar desde el punto de vista sanitario.

La presión ciudadana puede marcar la diferencia

El debate parlamentario todavía está abierto. Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas para movilizar a la ciudadanía y presionar a los eurodiputados para que rechacen las partes más perjudiciales del ómnibus.

Una de ellas permite interpelar directamente a representantes en el Parlamento Europeo para exigir que se incremente o se mantenga el actual nivel de protección frente a sustancias químicas peligrosas en cosméticos.

La iniciativa puede consultarse aquí: https://shaketonpolitique.org/es/interpelaciones/omnibus-6/

En un momento en el que la Comisión Europea habla constantemente de competitividad y simplificación normativa, conviene recordar que la protección de la salud pública no es una carga burocrática. Es un derecho fundamental.

Permitir que sustancias que sabemos que pueden provocar cáncer, mutaciones genéticas o problemas reproductivos sigan presentes en productos que usamos a diario no es simplificar la legislación. Es rebajar la protección de salud de la ciudadanía para satisfacer las demandas de los lobbies industriales.

Y esa es una motosierra regulatoria que no se debería emplear.

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