El descontento social en Marruecos por las deficiencias en los servicios básicos ha vuelto a manifestarse en dos focos simultáneos. El pasado 31 de mayo, decenas de jóvenes de la localidad de Tizkat, en la región de Béni Mellal, protagonizaron una marcha de protesta hacia la sede provincial para denunciar el deterioro de las carreteras, los cortes de agua y la débil conexión a internet. Los manifestantes consideran que la zona sufre un abandono que afecta gravemente la vida de los habitantes.
Una queja parlamentaria en Kénitra
Paralelamente, en la provincia de Kénitra, el diputado Mustapha Ibrahimi, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), ha presentado una pregunta escrita a la ministra de Transición Energética y Desarrollo Sostenible, Leila Benali, fechada el 1 de junio. En ella denuncia los cortes repetidos de electricidad y agua que sufren varias comunas rurales durante la celebración del Aíd al-Adha, con graves repercusiones para las familias.
Implicaciones para la región
Las protestas en Béni Mellal y la queja parlamentaria en Kénitra reflejan un malestar social que afecta a varias regiones del país magrebí. La falta de infraestructuras y la interrupción de suministros básicos agudizan la percepción de abandono institucional entre la población rural. Aunque el Gobierno marroquí ha puesto en marcha programas de desarrollo, la lentitud en las mejoras genera tensiones.
Para España, como vecino próximo y socio estratégico de Marruecos, el malestar interno tiene implicaciones directas en materia de cooperación migratoria, seguridad y estabilidad regional. Las autoridades españolas siguen de cerca la evolución de estos conflictos locales, que pueden influir en las relaciones bilaterales y en los flujos migratorios hacia Europa.
De momento, ni la ministra Benali ni la provincia de Béni Mellal han emitido declaraciones oficiales. Mientras tanto, los jóvenes de Tizkat aseguran que mantendrán la movilización hasta ser recibidos por las autoridades provinciales.
Este episodio de Colmenas Tapizadas es un programa dedicado a lo quinqui, sin embargo, hemos querido empezarlo con los Sham 69, porque esta canción, The Cockney Kids Are Innocent, resume en cierta manera la tesis de partida de este episodio: los chicos y las chicas quinquis son inocentes. Hacemos un viaje sociológico a la época […]
El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria1.
Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas.
La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.
Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible.
Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.
Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.
Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos
Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta
Revitalizar la democracia europea
El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política2; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones.
La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.
En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática.
Las normas existen para proteger al público
Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar3. En lugar de más «leyes omnibus4» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial.
Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA5) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas.
No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes
Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación6). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».
El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.
Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas7. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta8. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.
En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.
4 Un Omnibus de la UE es un paquete legislativo que agrupa múltiples enmiendas, a menudo diversas, en un único documento exhaustivo diseñado para una única votación. Lanzado por la Comisión Europea, su objetivo es debilitar las leyes y reducir la responsabilidad de las empresas, en nombre del impulso de la «competitividad».
5 El ácido trifluoroacético (TFA) es una «sustancia química eterna» altamente móvil y persistente que pertenece al grupo PFAS y se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales, agrícolas y farmacéuticas. Como subproducto de los gases fluorados y los pesticidas, se ha vuelto omnipresente en el medio ambiente, incluyendo el agua, el suelo y los alimentos, lo que suscita preocupación por su acumulación a largo plazo. Ver documento
Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua.
Attac, Integrada en la RAP, defiende el presente comunicado.
El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”1 (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.
Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.
Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).
Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check). La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales “incluidos los aspectos relacionados con el sector minero”. La Comunicación señala que “a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua” … “con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas”.
¿Qué supone esta reforma de la DMA?
Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos. Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes. Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:
La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.
Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.
La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.
Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.
La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas. Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.
Para adherirse al manifiesto, puede hacerse en el presente enlace:
Organizaciones promotoras: Aigua és Vida (AéV) Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) Amigas de la Tierra Comisiones Obreras (CCOO) Ecologistas en Acción Enginyeria Sense Fronteres FACUA Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) Fundación Primero de Mayo Greenpeace España Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) Plataforma en Defensa de l’Ebre Red Agua Pública (RAP) WWF España
Esta intervención se realizó el 22 de enero 2026 en el marco de la “ Jornada Avance de la Privatización en el Sistema Sanitario Público”, organizada por el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados. El avance de la privatización va a pasos agigantados sobre todo a partir de la pandemia por la Covid 19.
Los peligros que nos acechan son los derivados de una ideología de pensamiento único pernicioso para la Democracia que se refleja en: el modelo Neoliberal de libre mercado sin reglas, que entra a saco en la Mercantilización de los Servicios Públicos, convirtiendo Salud, Vida y Naturaleza en mercancías mientras convierte a toda la ciudadania en una clientela cautiva cuya metodología obedece la pura especulación.
Especulación invasora por ese modelo que nos ha convertido en victimas del capitalismo desbocado y salvaje que se incrementó a partir de la pérdida de contrapesos tras la caída del Muro de Berlín y de la URSS. Un capitalismo embrutecido por el permanente juego a la ruleta rusa con sus juegos financieros viciosos al margen de la economía productiva real.
Los lobbys o grupos de presión son puros agentes invasores de las instituciones que se camuflan de espesas telas de araña globales. Herramientas que utilizan las grandes corporaciones transnacionales que acaban sometiendo a Estados bajo fórmulas coercitivas por incumplimientos. Teniendo a su vez como jefes ejecutivos para la dirección estratégica y operativa de dichos Estados a gobiernos colaboracionista sin voluntad y a políticos sin liderazgo arrastrados por la gran manada sin ética que los arrastra.
El negocio de la Salud es una estafa democrática y no un fraude, el fraude se comete sin consentimiento de la victima, en cambio en la estafa la victima lo permite a cambio de promesas que sólo son cebos que no la van a solucionar. Sólo un Sistema sanitario Público, cuyo único objetivo es la Salud y sin reglas de Mercado, será capaz de garantizar un derecho obligado.
Lo exigen normativas internas e internacionales. No quieren entender que democracia es un sistema socialista, que se levanta sobre la “Res- Pública”, lo demás es una estafa bien adornada a costa de los trabajadores y sus impuestos. Sin embargo esos gobiernos incapaces que son meros gestores no han cumplido con trabajar por ella con plena dedicación.
Con esa farsa del plan neoliberal además estamos a punto de que se extinga el Estado de Bienestar que llegó para satisfacer a toda la sociedad, siendo más necesario hoy ante las en enormes bolsas de pobreza frente al enriquecimiento progresivo de muy pocos se han adueñado del país
El modelo actual de “sostenibilidad” es insuficiente. Durante las últimas décadas se ha producido un avance indudable en la conciencia ambiental. Hoy hablamos de biodiversidad, de cambio climático, de límites planetarios, de huella ecológica y de economía circular con una naturalidad impensable hace cincuenta años. Este esfuerzo colectivo ha tenido un mérito enorme: ha conseguido que la destrucción del planeta deje de ser invisible.
Sin embargo, ese mismo éxito ha traído consigo una paradoja inquietante: cuanto más hablamos de sostenibilidad, más se intensifica la degradación de la Tierra. La crisis ecológica no se ha frenado. La pérdida de especies continúa. Los ecosistemas siguen fragmentándose. Y el consumo global no deja de crecer.
Esto obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿Estamos cambiando de verdad o solo estamos maquillando el mismo modelo?
El problema no es solo técnico; es cultural y ético
La mayor parte de los discursos ambientales actuales se centran en cómo producir mejor: energías renovables, eficiencia, reutilización, reciclaje, productos “eco”, neutralidad de carbono, compensaciones, certificaciones verdes… Todo esto es necesario, pero no suficiente, porque el núcleo del problema no está solo en la tecnología, sino en la mirada con la que entendemos el mundo natural.
Seguimos viendo a la Tierra como un conjunto de recursos que deben gestionarse bien para que el sistema continúe funcionando. Seguimos preguntándonos cómo crecer sin destruir demasiado. Seguimos colocando al ser humano en el centro (antropocentrismo) y al resto de la vida como soporte de ese centro (especismo). Este enfoque, por muy verde que se pinte, mantiene intacta la lógica que nos ha traído hasta aquí.
La naturaleza no es un “servicio”, es una comunidad viva
Cuando decimos que los bosques “producen oxígeno”, que los ríos “prestan servicios ecosistémicos” o que los animales “tienen valor ambiental”, en realidad estamos traduciendo la vida a un lenguaje económico. Lo hacemos, por ejemplo, con el lobo. Esto es útil para convencer, pero peligroso como visión de fondo. Porque así la naturaleza solo merece protección cuando es rentable, provechosa o funcional para nosotros. Y todo lo que no encaja en esa utilidad queda en riesgo.
Un humedal no es valioso porque filtre agua. Un lobo no es importante porque regule poblaciones. Un ave no merece vivir porque polinice. Son valiosos por sí mismos, porque forman parte de una comunidad viva de la que dependemos y a la que pertenecemos. Cuando olvidamos esto, la sostenibilidad se convierte en una herramienta para optimizar la explotación, no para transformar nuestra relación con la Tierra.
Crecimiento “sostenible”: una contradicción incómoda
En un planeta finito, el crecimiento infinito es imposible. No es una opinión ideológica, es una realidad física. Sin embargo, seguimos hablando de “crecimiento verde” como si bastara con cambiar la fuente de energía para que todo pueda seguir aumentando sin consecuencias.
Más producción implica más materiales. Más infraestructuras implican más suelo ocupado. Más consumo implica más extracción, más residuos y más presión sobre los ecosistemas. Podemos hacer ese crecimiento menos destructivo, pero no inocuo.
Aceptar los límites no es pesimismo, es madurez ecológica. Significa reconocer que el bienestar humano depende de respetar los ritmos y la integridad de la biosfera, no de forzarla indefinidamente.
La verdadera transición es un cambio de lugar, no solo de tecnología
La transición ecológica no consiste solo en sustituir combustibles fósiles por renovables. Consiste en recolocarnos dentro del sistema vivo del que formamos parte. Esto implica, por ejemplo:
Reducir de verdad el consumo material, no solo hacerlo “más eficiente”.
Y, sobre todo, aceptar que no todo lo que es técnicamente posible es ecológicamente deseable.
Conclusión: Proteger la Tierra es cambiar nuestra forma de estar en ella
No basta con hacer sostenible el modelo actual. Hay que transformarlo desde la raíz. Esto no significa renunciar al bienestar humano, sino entender que nuestro bienestar depende de la salud del conjunto del planeta.
La Tierra no es una fábrica que debamos optimizar; es una comunidad viva de la que somos una pequeña parte. Cuando comprendamos esto de verdad, la sostenibilidad dejará de ser un eslogan y empezará a ser una forma honesta de habitar el mundo.
El modelo actual de “sostenibilidad” es insuficiente. Durante las últimas décadas se ha producido un avance indudable en la conciencia ambiental. Hoy hablamos de biodiversidad, de cambio climático, de límites planetarios, de huella ecológica y de economía circular con una naturalidad impensable hace cincuenta años. Este esfuerzo colectivo ha tenido un mérito enorme: ha conseguido que la destrucción del planeta deje de ser invisible.
Sin embargo, ese mismo éxito ha traído consigo una paradoja inquietante: cuanto más hablamos de sostenibilidad, más se intensifica la degradación de la Tierra. La crisis ecológica no se ha frenado. La pérdida de especies continúa. Los ecosistemas siguen fragmentándose. Y el consumo global no deja de crecer.
Esto obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿Estamos cambiando de verdad o solo estamos maquillando el mismo modelo?
El problema no es solo técnico; es cultural y ético
La mayor parte de los discursos ambientales actuales se centran en cómo producir mejor: energías renovables, eficiencia, reutilización, reciclaje, productos “eco”, neutralidad de carbono, compensaciones, certificaciones verdes… Todo esto es necesario, pero no suficiente, porque el núcleo del problema no está solo en la tecnología, sino en la mirada con la que entendemos el mundo natural.
Seguimos viendo a la Tierra como un conjunto de recursos que deben gestionarse bien para que el sistema continúe funcionando. Seguimos preguntándonos cómo crecer sin destruir demasiado. Seguimos colocando al ser humano en el centro (antropocentrismo) y al resto de la vida como soporte de ese centro (especismo). Este enfoque, por muy verde que se pinte, mantiene intacta la lógica que nos ha traído hasta aquí.
La naturaleza no es un “servicio”, es una comunidad viva
Cuando decimos que los bosques “producen oxígeno”, que los ríos “prestan servicios ecosistémicos” o que los animales “tienen valor ambiental”, en realidad estamos traduciendo la vida a un lenguaje económico. Lo hacemos, por ejemplo, con el lobo. Esto es útil para convencer, pero peligroso como visión de fondo. Porque así la naturaleza solo merece protección cuando es rentable, provechosa o funcional para nosotros. Y todo lo que no encaja en esa utilidad queda en riesgo.
Un humedal no es valioso porque filtre agua. Un lobo no es importante porque regule poblaciones. Un ave no merece vivir porque polinice. Son valiosos por sí mismos, porque forman parte de una comunidad viva de la que dependemos y a la que pertenecemos. Cuando olvidamos esto, la sostenibilidad se convierte en una herramienta para optimizar la explotación, no para transformar nuestra relación con la Tierra.
Crecimiento “sostenible”: una contradicción incómoda
En un planeta finito, el crecimiento infinito es imposible. No es una opinión ideológica, es una realidad física. Sin embargo, seguimos hablando de “crecimiento verde” como si bastara con cambiar la fuente de energía para que todo pueda seguir aumentando sin consecuencias.
Más producción implica más materiales. Más infraestructuras implican más suelo ocupado. Más consumo implica más extracción, más residuos y más presión sobre los ecosistemas. Podemos hacer ese crecimiento menos destructivo, pero no inocuo.
Aceptar los límites no es pesimismo, es madurez ecológica. Significa reconocer que el bienestar humano depende de respetar los ritmos y la integridad de la biosfera, no de forzarla indefinidamente.
La verdadera transición es un cambio de lugar, no solo de tecnología
La transición ecológica no consiste solo en sustituir combustibles fósiles por renovables. Consiste en recolocarnos dentro del sistema vivo del que formamos parte. Esto implica, por ejemplo:
Reducir de verdad el consumo material, no solo hacerlo “más eficiente”.
Y, sobre todo, aceptar que no todo lo que es técnicamente posible es ecológicamente deseable.
Conclusión: Proteger la Tierra es cambiar nuestra forma de estar en ella
No basta con hacer sostenible el modelo actual. Hay que transformarlo desde la raíz. Esto no significa renunciar al bienestar humano, sino entender que nuestro bienestar depende de la salud del conjunto del planeta.
La Tierra no es una fábrica que debamos optimizar; es una comunidad viva de la que somos una pequeña parte. Cuando comprendamos esto de verdad, la sostenibilidad dejará de ser un eslogan y empezará a ser una forma honesta de habitar el mundo.
Organiza: Mujeres de Negro contra la Guerra. Isbilya. Colaboran: Asamblea Feminista Unitaria. Gracias a CGT por el equipo de sonido y a USTEA por la cartelería.
No hay camino para la Paz, la Paz es el camino. No le demos al mundo armas contra nosotr@s, porque las utilizará.
Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.
Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la carrera armamentista desatada por la Unión Europea.
A veces es bueno ver el mundo desde otra perspectiva.
Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.
Organiza: Mujeres de Negro contra la Guerra. Isbilya. Colaboran: Asamblea Feminista Unitaria. Gracias a CGT por el equipo de sonido y a USTEA por la cartelería.
No hay camino para la Paz, la Paz es el camino. No le demos al mundo armas contra nosotr@s, porque las utilizará.
Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.
Ecologistas en Acción rechaza frontalmente la carrera armamentista desatada por la Unión Europea.
A veces es bueno ver el mundo desde otra perspectiva.
Reafirmamos más que nunca nuestro rechazo a cualquier incremento del gasto militar, que perpetúa la lógica de la violencia como vía para resolver conflictos. En un momento de emergencia ecológica y social sin precedentes, es inaceptable malgastar recursos públicos en la industria armamentística en lugar de proteger el planeta y garantizar derechos fundamentales como la vivienda, la educación y la sanidad.
El modelo actual de “sostenibilidad” es insuficiente. Durante las últimas décadas se ha producido un avance indudable en la conciencia ambiental. Hoy hablamos de 
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