Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural por Siscu Baiges. Puedes leerlo en catalán aquí.

¿Qué pretendía el Plan Piloto de Renta Básica que puso en marcha el Gobierno de la Generalitat y por qué está detenido ahora?

La Oficina se creó con la intención de desarrollar un Plan Piloto sobre la Renta Básica Universal en Cataluña, con el objetivo de medir sus efectos sobre la población catalana y obtener evidencias de su impacto para poder ajustar la política y conseguir los resultados deseados. Trabajamos en él durante unos tres años. El primero sirvió para diseñar la propuesta del Plan Piloto. Pero no pudo implementarse porque no obtuvo el apoyo parlamentario necesario. El PSC encabezó la moción contra el Pla, con el apoyo de Junts, PP y Vox. Había que aprobar la partida presupuestaria para poder ejecutarlo, y no se hizo.

¿Cómo ha quedado el Plan? La Oficina todavía existe.

Después de que no se pudiera llevar a cabo, dedicamos la última etapa de la Oficina a acabar de trabajar la propuesta de procedimiento de implementación del piloto junto con otros departamentos de la Generalitat con competencias como Derechos Sociales y Economía, y a realizar tareas de difusión y a explicar cuál era el diseño del Plan Piloto y qué objetivos perseguía, tanto en Cataluña y otras comunidades autónomas como a nivel internacional. En el acuerdo de investidura del presidente Illa, Esquerra incluyó el mantenimiento de la Oficina y el compromiso de que el Plan Piloto se ejecutara durante la legislatura. Nosotros dejamos el programa porque había que crear uno nuevo; cambiaron el responsable y todo el equipo técnico. La Oficina todavía existe, pero no se conocen detalles sobre el diseño actual del Piloto. Lo que sabemos es que, al inicio de la presidencia del PSC, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, manifestó públicamente que querían revisar el diseño porque había aspectos que no les encajaban. Les preocupaba especialmente el impacto que podría tener sobre las personas perceptoras de prestaciones asistenciales como la Renta Garantizada, el Ingreso Mínimo Vital o los subsidios por desempleo, pero también, el coste del proyecto.

La Renta Básica sería universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres hasta los más ricos«

¿Cómo se desarrolló ese debate?

Por lo que respecta al impacto sobre las personas receptoras de prestaciones asistenciales, cabe destacar que ya había sido una de las principales preocupaciones del equipo durante la fase de diseño del Piloto. Por ello, se trabajó de forma intensa y coordinada con la Dirección de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales para facilitar la participación de personas perceptoras de prestaciones, asegurando que esta participación no afectara a sus derechos ni a su situación económica. En el marco del Piloto, este colectivo representaba una muestra de entre 150 y 200 personas, un volumen de expedientes asumible que podía gestionarse sin generar ningún perjuicio para las personas implicadas. Por otro lado, desde el PSC siempre se había criticado el coste del Plan, argumentando que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades, como residencias para personas mayores u otros servicios, cuando en realidad el piloto representaba el 0,1% del presupuesto de la Generalitat. En el fondo, es cuestión de interés político. Nos sorprende que ni siquiera quiera probarse, porque es legítimo tener diferencias ideológicas, pero testarla permitiría tener datos reales y no basar el debate en opiniones o percepciones.

¿Qué características tiene su modelo de Renta Básica?

Es individual, suficiente, incondicional y universal. Es individual porque llegaría a todas las personas a título personal. Es suficiente porque debería tener una cuantía cercana al umbral de la pobreza y así permitir a todo el mundo salir de ella, dar autonomía y capacidad para decidir sobre la propia vida. Es incondicional porque no estaría sujeta a contraprestación alguna: no habría que firmar itinerarios de inserción sociolaboral ni cumplir requisitos económicos, de edad o de composición familiar. Y es universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres a los más ricos. Ahora bien, esta universalidad debe entenderse en el marco de una reforma fiscal realmente progresiva: las rentas más altas contribuirían más de lo que recibirían a través de la renta básica. Asimismo, el modelo de renta básica que defendemos debe ir acompañado del mantenimiento y refuerzo de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la educación, la salud y los servicios sociales, como pilares fundamentales del estado del bienestar.

Una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, la apoyaban«

En la introducción, que firmas con Sergi Raventós, explicáis que un 65% de la población catalana es partidaria de la Renta Básica. ¿Eso no debería animar a los partidos políticos a aprobarla?

Durante el trabajo en la Oficina, a través de encuestas de opinión, comprobamos que existía un apoyo muy amplio y transversal: por edad, situación económica, género, nivel educativo, simpatía política, entre otras variables. Un dato muy revelador es que una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, lo apoyaban. Hay un gran gap, una distancia importante, entre lo que la ciudadanía considera positivo para el país y lo que después los partidos defienden en el Parlamento o en el Gobierno.

Decís que la Renta Básica no es tanto una medida de protección social como una forma de reconfigurar la sociedad

Exacto. La Renta Básica es una medida redistributiva que impacta directamente en la desigualdad. Es necesario redistribuir los recursos de otra manera para que lleguen a las personas que tienen más dificultades para cubrir sus necesidades y vivir dignamente. Cada vez existen más sectores y estratos sociales afectados por la precariedad laboral y social. La Renta Básica haría que quien más tiene aporte más; redistribuye no sólo riqueza, sino también tiempo y poder de decisión sobre la propia vida. Facilitaría, por ejemplo, que las personas puedan decidir si quieren ampliar o reducir la jornada laboral para dedicarse a otros proyectos vitales, como estudiar, cuidar a hijos o familiares, o implicarse en actividades comunitarias. Esto también abriría la puerta a una redistribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados. Esta autonomía económica tendría un impacto especialmente relevante en el ámbito del hogar, puesto que contribuiría a reducir relaciones de dependencia y podría favorecer el empoderamiento de las mujeres. Precisamente, éste era uno de los aspectos que se querían analizar en el proyecto piloto: no sólo el impacto a nivel individual, sino también dentro de los hogares.

Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica»

La Renda Básica sería unipersonal

A diferencia de las prestaciones condicionadas, que habitualmente recibe una sola persona en función de la composición familiar, la Renta Básica se otorga de forma individual a todos los miembros del hogar, tanto adultos como menores, lo que puede transformar las dinámicas intrafamiliares. También a nivel comunitario transformaría las relaciones sociales y comunitarias, el Piloto preveía implementarse en dos municipios pequeños, de unos 1.200 habitantes, para analizar sus efectos en las relaciones sociales, la participación comunitaria y política, o el consumo de proximidad. Además, el diseño del Piloto era casi universal, lo que habría permitido entender no sólo qué harían las personas con menos recursos, sino también cómo la utilizarían las clases medias. Hay que tener en cuenta que existe una amplia base de estudios e investigaciones sobre la Renta Básica. Varias simulaciones indican que alrededor del 70%-80% de la población saldría ganando. En este sentido, se trata de una medida con un potencial transformador amplio. Al mismo tiempo, cuestiona también cómo entendemos el trabajo. Se tiende a considerar como trabajo sólo la actividad asalariada, pero el trabajo reproductivo —como los cuidados— es también esencial y tiene una función y un valor económico dentro de la sociedad. Por último, la posibilidad de dedicar más tiempo a actividades voluntarias o comunitarias también podría transformar las relaciones sociales, favoreciendo una sociedad más cohesionada, en la que las personas se relacionen desde condiciones más igualitarias.

Se ha demostrado que las prestaciones actuales no son una medida real de salida de la pobreza»

En el libro hay capítulos sectoriales que explican cómo afectaría la Renta Básica a muchos ámbitos sociales diferentes

Sí. Es uno de los puntos fuertes del libro. Cada capítulo está escrito por dos autores o autoras y puede leerse de forma independiente. Puedes elegir lo que te interese: desde la filosofía política hasta el feminismo pasando por la financiación, infancia y juventud, derechos humanos y el sistema de protección social, mercado de trabajo, cultura, mundo rural, ecologismo, inmigración y antirracismo, renta máxima, salud mental, comunicación de la renta básica y los planes piloto de renta básica. La obra ofrece una visión muy completa sobre cómo la Renta Básica impactaría en muchos ámbitos de la vida.

El libro se titula ‘Quan convé seguem cadenes’. ¿Qué cadenas segaría la Renta Básica?

Las cadenas que nos impiden decidir sobre nuestras vidas y hacerlo en condiciones de dignidad: como la inseguridad económica y todas aquellas relaciones de dependencia y dominación. La Renta Básica, rompería con las limitaciones derivadas de unas condiciones materiales de vida insuficientes y precarias, recuperando la libertad de elegir.

¿La Renta Básica reduciría la pobreza infantil?

Efectivamente. Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica —gestionada por los tutores hasta la mayoría de edad, por supuesto—, y formarían parte de unidades familiares donde los padres también serían perceptores. Con una cuantía cercana al umbral de la pobreza, saldrían estadísticamente de esta situación. El problema de las prestaciones asistenciales actuales es que están pensadas para personas muy pobres, sin embargo, aproximadamente, el 60% de las personas en pobreza severa, no las perciben. Además, las cuantías son muy bajas: el Indicador de Renta de Suficiencia, durante casi veinte años, rondó los 400€ por una persona sola, y aunque ahora es de 700€, es claramente insuficiente. ¿Quién puede vivir con 700 € al mes? En este contexto, propuestas como la prestación universal por hijo a cargo de 200€ mensuales también representan un avance, pero resultan insuficientes para abordar de forma efectiva la pobreza infantil. Aunque pueden aliviar parcialmente la situación de muchas familias, estas cuantías no permiten garantizar unas condiciones materiales de vida dignas ni situar a los niños por encima del umbral de la pobreza. La Renta Básica, sin embargo, plantea un enfoque estructural: asegura ingresos suficientes para todos los miembros del hogar y evita los vacíos de cobertura propios de las prestaciones condicionadas. Esto la convierte en una herramienta mucho más efectiva para reducir –y potencialmente erradicar– la pobreza infantil.

En el capítulo que escribes con Judit Font decís que las prestaciones sociales, más que revertir la pobreza, la cronifican

Sí, por la conocida «trampa de la pobreza». Las prestaciones asistenciales actuales están condicionadas a no superar cierto nivel de ingresos y son incompatibles con el trabajo. Esto genera un efecto perverso: muchas personas prefieren mantener la prestación antes que aceptar un trabajo precario. No se trata de una falta de voluntad de trabajar, sino de una decisión racional frente a un sistema que penaliza cualquier mejora parcial de ingresos. Si un trabajo es inestable, mal remunerado o de corta duración, el riesgo de perder la prestación y quedarse sin ningún ingreso es demasiado elevado. Este comportamiento se ve reforzado por otro factor clave: la complejidad y dificultad de acceso a estas prestaciones. Los procesos de solicitud son a menudo largos e inciertos. Para muchas personas conseguir que se les reconozca el derecho a la prestación ha supuesto un esfuerzo considerable, con meses de espera y múltiples trabas administrativas. Una vez se ha conseguido, es comprensible que no se quiera renunciar fácilmente a ella por una oportunidad laboral precaria, con riesgo de tener que volver a iniciar todo el proceso en caso de perder el trabajo. En este contexto, se consolida una situación en la que se prefiere mantener un ingreso insuficiente pero seguro, antes que afrontar la incertidumbre del mercado laboral y las dificultades del sistema de prestaciones para volver a acceder a ellas o reactivarlas. Esto contribuye a cronificar la pobreza en lugar de facilitar la salida de ella.

Vais un paso más allá y decís que la existencia de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía demuestran el fracaso de la lucha contra la pobreza

En el contexto en el que se diseñaron las rentas mínimas de inserción (la antigua PIRMI), actualmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, su lógica podía tener cierto sentido: se trataba de un modelo pensado para intervenir sobre situaciones de pobreza severa y cronificada, a menudo vinculadas a colectivos con dificultades de inserción muy específicas (problemas de salud mental, drogodependencias, exclusión social profunda). En aquel escenario, una política focalizada y condicionada podía parecer adecuada. Ese contexto ha cambiado. Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural, que afecta a amplios segmentos de la población, incluyendo a personas con trayectorias laborales aparentemente “normalizadas”. En este contexto, este modelo de políticas de lucha contra la pobreza presenta importantes limitaciones: el riesgo de pobreza se mantiene desde hace veinte años alrededor del 20%. Sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre. Se ha demostrado que no es una medida de salida real de la pobreza. La Renta Básica, en cambio, va más allá: dotaría de mayor seguridad, tranquilidad emocional para tomar decisiones así como de la posibilidad de complementar el ingreso con trabajos más o menos estables o incluso emprender, cosa que ahora mucha gente ni se plantea hacer por falta de seguridad económica.

Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural«

Por motivos contrarios a los suyos, la extrema derecha critica las prestaciones sociales. Las llama “paguitas”

Detrás de este discurso está la idea de que sólo merece ayuda quien trabaja y es productivo. Es una visión muy centrada en que debes ganarte la vida trabajando, y que el Estado no debería garantizar necesidades básicas. Entienden el trabajo como la única vía legítima para acceder a derechos, por lo que rechazan este tipo de prestaciones. Ante esta visión, la Renta Básica parte de un principio distinto: los derechos materiales para una vida digna no pueden depender exclusivamente del mercado de trabajo. Garantizar una base económica incondicional a toda la población implica reconocer que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, trabajen o no, y en qué condiciones lo hagan. En este sentido, la Renta Básica no sólo protege frente a la pobreza, sino que refuerza la libertad real de las personas para decidir sobre su vida y sus formas de participación social.

Las políticas actuales sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre»

En cambio, decís que la Renta Básica contribuiría a combatir a la extrema derecha

Exactamente. Las prestaciones condicionadas, tal y como están diseñadas, tienden a crear divisiones sociales. Cuando estableces requisitos estrictos de ingresos, acabas dibujando una frontera artificial entre quien “merece” la ayuda y quien no. Esto hace que situaciones muy parecidas reciban tratos diferentes: dos familias con ingresos casi iguales pueden encontrarse con que una accede a la prestación y la otra queda fuera por una diferencia mínima. Esta percepción de injusticia genera frustración y resentimiento, y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen. Además, este modelo facilita la construcción de relatos falsos. A menudo se dice que la mayoría de las personas que reciben ayudas son inmigrantes, cuando en realidad la mayor parte son ciudadanos del país. Pero dado que las prestaciones son selectivas, es más fácil alimentar este tipo de narrativas. La Renta Básica rompe con esa lógica. Al ser universal, desaparece la distinción entre “beneficiarios” y “no beneficiarios”, “merecedores” y “no merecedores” y con ella buena parte de los agravios comparativos. Todo el mundo tiene derecho a ella, y esto reduce el margen para generar conflicto social y para instrumentalizar la pobreza con fines políticos. En este sentido, es también una herramienta para reforzar la cohesión social y desactivar discursos que dividen a la sociedad.

La percepción de injusticia genera frustración y resentimiento y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen»

Ahora se está debatiendo una mejora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tiene sentido desde su perspectiva?

La Renta Garantizada de Ciudadanía, tal y como está planteada actualmente no está resolviendo el problema de la pobreza, aunque cualquier mejora técnica que suponga un alivio para las personas que la reciben es positiva. Sin embargo, también hay que ser claros: estas reformas tienen un recorrido limitado. A pesar de introducir mejoras, seguimos hablando de una prestación condicionada, con cuantías insuficientes y problemas de acceso y cobertura. Esto hace que, en la práctica, no sea una herramienta capaz de reducir significativamente la pobreza estructural. De hecho, con el planteamiento actual, es muy difícil que esta reforma pueda sacar de la pobreza a la población que se encuentra en esta situación de forma persistente desde hace años. Por tanto, puede ayudar a mitigar algunos efectos, pero no aborda la raíz del problema.

Acabáis la introducción diciendo que esperáis que el libro sea una herramienta útil para avanzar hacia un mundo más justo y libre de opresiones. ¿Lo veremos?

Espero que sí. Personalmente, tengo esa esperanza, y es precisamente por eso que trabajamos defendiendo y promoviendo la Renta Básica. Llegará un momento en que la clase política entenderá que no es tanto una cuestión de estar o no de acuerdo, sino que es una necesidad. La situación actual, especialmente en ámbitos como la vivienda, la pobreza en general y la pobreza infantil en particular, hace difícil seguir mirando hacia otro lado. Las políticas que hemos aplicado hasta ahora han demostrado que no son suficientes para resolver estos problemas de fondo. Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas. La forma concreta de implementarla es un segundo paso, y justamente el Plan Piloto pretendía aportar evidencia sobre cómo hacerlo de manera efectiva. También es importante entender que la Renta Básica no puede ir sola. Debe ir acompañada de una transformación más amplia de las políticas públicas como, por ejemplo, una política de vivienda más garantista, una reforma fiscal profundamente progresiva, políticas feministas que favorezcan una distribución más justa de los cuidados, políticas educativas que consolide la idea de que éste es un derecho de toda la ciudadanía, una reforma del mercado de trabajo, entre otros. Y, sobre todo, debe ser una apuesta sostenida en el tiempo. No tiene sentido como medida puntual o limitada a una legislatura. Debe entenderse como un mecanismo a través del cual se garantiza, efectivamente, el derecho a la protección social conjunto de la ciudadanía y de las generaciones futuras.

La reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede ayudar a mitigar algunos efectos pero no aborda la raíz del problema»

En el epílogo, Sarah Babiker hace un llamamiento a la resistencia realista en un mundo que ha vivido grandes transformaciones. Dice que «la última palabra todavía no está dicha». ¿Quién la dirá?

Espero que la diga la sociedad, la ciudadanía. Sabemos que existe un amplio apoyo a la Renta Básica. Por otra parte, en el contexto actual vemos movilizaciones de los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales que denuncian las tensiones del estado de bienestar. Las bases del actual estado del bienestar están mostrando claros signos de desgaste. En este contexto, la Renta Básica tiene mucho que aportar. No es una solución mágica ni lo va a resolver todo, pero sí puede ser una herramienta clave para aliviar muchas de las tensiones sociales y económicas que estamos viviendo. Cuando Sarah dice que “la última palabra todavía no está dicha”, se refiere a la ciudadanía reclamando de forma más contundente un cambio de rumbo en las políticas. En definitiva, tal y como ella escribe, esta palabra todavía no dicha, la dirá la inteligencia y resistencia colectiva.

Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas»

Supongo que está acostumbrada a que le digan a menudo que hable de una utopía, que pida cosas imposibles en un mundo que parece que cada día premia más el egoísmo, la insolidaridad y la meritocracia

Es cierto que existe una tendencia fuerte al individualismo, a pensar cada uno en lo suyo, pero también existe toda una corriente de gente que no pensamos así, aunque nuestra voz cuesta más de oír. Si miramos la historia de las luchas sociales, vemos cómo muchas cosas que parecían imposibles se han hecho realidad: hace un tiempo parecía impensable que las mujeres pudiéramos votar, la jornada laboral de 40 horas, los derechos laborales, la educación y la salud pública universal. Hoy, estos derechos están reconocidos, aunque en su día eran vistos como utopías. Esto nos muestra que lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad si existe movilización social y voluntad política. En la medida en que la Renta Básica se convierta en una reivindicación política y ciudadana, también puede conseguirse. La Oficina del Plan Piloto fue posible gracias a partidos que recogieron esta demanda social, especialmente después de la pandemia, cuando muchas personas se preguntaban «¿y ahora qué?» y la Renta Básica actuó como revulsivo. Hubo manifiestos, debates públicos y partidos que, en las elecciones, asumieron esa demanda como compromiso. Es cierto que movilizarse es difícil, sobre todo por las personas que más se beneficiarían de la Renta Básica. Vivimos atrapados en la rueda del trabajo y las responsabilidades familiares, de la supervivencia, del día a día y esto limita mucho la participación política. Aquellos que están en peores condiciones económicas y sociales son precisamente quienes tienen menos capacidad de manifestarse o reclamar derechos, porque están más atados de pies y manos, precisamente, atados por las cadenas que comentaba antes, las que segaría una Renta Básica.

¿Imagina el día que pueda decir que la Renta Básica ha sido posible a las personas que siempre lo han negado?

Estaría bien, pero me gusta más imaginar su implementación. En Cataluña, hace 25 años la Renta Básica se conocía y defendía en círculos universitarios, profesores y estudiantes de economía, sociología, filosofía o políticas por decir algunas carreras, y dentro de algunas organizaciones sociales y sindicales. Hoy, en cambio, existe una amplia red de profesionales, movimientos sociales y actores políticos que la reclaman y debaten su aplicación. De hecho, este libro es un reflejo de ese apoyo creciente: la idea se ha ido permeabilizando en la sociedad y cada vez más personas dejan de verla como un concepto abstracto o utópico para empezar a considerarla una medida factible y real.

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El 12 de septiembre de 1992 cientos de antifascistas de la Anti Fascist Action y de Red Action se enfrentaban con una turba de fascistas simpatizantes e integrantes de la organización nazi Blood & Honour que habían establecido la céntrica estación londinense como punto de encuentro para desplazarse hasta el lugar donde Skrewdriver celebraría el […]

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Artículo original publicado en rentabasica.org por Julen Bollain

El mundo no se ha vuelto autoritario por accidente. Se ha vuelto autoritario porque demasiada gente vive con miedo. Miedo a perder el empleo, la vivienda, los ingresos, la dignidad. En este contexto, el trumpismo —entendido no como una persona concreta, sino como un clima político global— no es una anomalía, sino una respuesta previsible a una inseguridad material crónica.

Porque cuando la vida se convierte en una carrera permanente llena de obstáculos, la promesa sencilla de orden, castigo y enemigos claros resulta altamente tentadora. Y no porque convenza intelectualmente, sino porque tranquiliza emocionalmente. Es por ello que, si queremos entender por qué las democracias actuales se están erosionando a pasos agigantados, debemos hacer menos caso a los discursos prefabricados por sesudos asesores políticos y más a las condiciones materiales que los hacen creíbles.

El autoritarismo no avanza solo porque haya más odio o más ignorancia entre la ciudadanía. Avanza cuando amplias capas de la población sienten que no tienen nada que perder. Cuando cualquier imprevisto —una enfermedad, un despido, una ruptura— puede precipitar una caída sin red. Es en ese escenario cuando la política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en una gestión permanente del miedo.

Y aquí es, precisamente, donde la renta básica deja de ser una política social más y se revela como algo mucho más profundo. Hablamos de una infraestructura democrática que sostiene la libertad material. No una varita mágica ni una solución total, pero sí una condición material clave para que la democracia funcione más allá del ritual electoral.

Como ya hemos dejado escrito en multitud de ocasiones, la renta básica no es caridad, ni asistencialismo, ni un premio al (de)mérito. Es un derecho incondicional que garantiza que todas las personas dispongan de una base material mínima sobre la que construir su proyecto vital. Su efecto más importante no es el consumo, ni siquiera la reducción de la pobreza —que también—, sino la reducción del chantaje económico que atraviesan las personas hoy en día en nuestras sociedades. Porque una sociedad en la que decir “no” implica caer al vacío no es una sociedad libre. Es una sociedad disciplinada por el miedo. Miedo a perder el trabajo, aunque sea un trabajo con condiciones de mierda. Miedo a quedarte en la calle si plantas cara a tu casero ante una subida abusiva. Miedo a denunciar abusos. Miedo a salir de una relación insostenible. Miedo a discrepar políticamente. Miedo, en definitiva, cuando tu vida depende de un hilo.

Y no nos engañemos. La renta básica no compra votos, como repiten algunos analistas de sobremesa que confunden cinismo con lucidez. Compra margen de decisión. Compra tiempo. Compra capacidad de disentir sin que la vida se desmorone. Y todo eso, en términos democráticos, es enormemente revolucionario.

Frente al trumpismo —y sus múltiples variantes locales—, la renta básica representa un modelo político radicalmente distinto. El autoritarismo promete protección, pero siempre a cambio de obediencia. Protege a unos frente a otros, establece jerarquías morales y convierte la sospecha en principio de gobierno. Divide entre quienes merecen y quienes no. Entre los de dentro y los de fuera. La renta básica, en cambio, se basa en una lógica totalmente opuesta. Habla en términos de seguridad universal, de derechos sin condiciones, de confianza. No pregunta quién eres, de dónde vienes o qué has hecho para merecer vivir con dignidad. Asume que la dignidad no se gana. Se garantiza.

Hay quien nos llamará ingenuos por creer en la gente. Pero es puro realismo democrático. Las sociedades que funcionan mejor no son las que castigan más, sino las que reducen el miedo estructural que empuja a la gente hacia soluciones autoritarias. La historia reciente lo demuestra una y otra vez. Cuando la inseguridad material se cronifica, el terreno queda abonado para líderes que prometen orden a cualquier precio. Aunque el precio a pagar sean nuestros derechos y nuestra libertad.

Debemos ser conscientes de que, en un mundo atravesado por crisis ecológicas, transformaciones tecnológicas y tensiones geopolíticas, la tentación autoritaria no va a desaparecer por sí sola. Al contrario, se intensificará en los próximos años. No obstante, pensar que todo ello se solucionará con mejores discursos o con mayor pedagogía democrática es, como mínimo, ingenuo. Porque, sin una base material que sostenga la libertad, la democracia se vacía por dentro.

La renta básica no es la solución a todos nuestros problemas. Pero sin ella —o sin políticas que cumplan una función similar de desmercantilización de la vida— seguiremos intentando defender la democracia con herramientas cada vez más frágiles. Y en ese terreno, quienes gobiernan desde el miedo siempre llevan ventaja. Si queremos salir de este mundo trumpista, no basta con denunciarlo y gritar muy alto en redes sociales. Hay que construir alternativas que devuelvan a la gente algo tan simple y tan radical como la seguridad de existir sin miedo. La renta básica es una de ellas. Y quizá no deberíamos seguir tratándola como una idea excéntrica, sino como lo que realmente es: una vacuna democrática.

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/la-renta-basica-como-vacuna-democratica/

La entrada La renta básica como vacuna democrática se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Daniel Raventós, Lluís Torrens

El último informe de Oxfam llega con cifras que ya conocemos pero que siguen siendo espectaculares: los pocos milmillonarios acumulan riqueza a velocidad récord mientras muchos millones de personas pasan hambre. Y otros muchos millones viven de forma miserable, sin ninguna perspectiva de vida que vaya más allá de la supervivencia inmediata. Y sí, una de las respuestas (no institucionales, no políticas, sí quizás populares) es señalar con el dedo a los de arriba. Con buenas razones, cierto, pero hay una pregunta más incómoda que deberíamos hacernos: ¿qué parte de responsabilidad tenemos el resto en mantener este sistema que hace posible esta realidad?

La teoría de la elección pública: cuando la culpa es de todos y de nadie

Existe una corriente de pensamiento económico que nos pone frente a un espejo muy incómodo. La escuela del Public Choice, desarrollada por economistas como James Buchanan, Anthony Downs, Mancur Olson y Gordon Tullock entre otros, sostiene algo que los malos gobiernos no solo existen porque haya políticos corruptos. Existen porque el sistema electoral y el comportamiento de los votantes los premian.

El argumento es el siguiente: informarse bien sobre política cuesta tiempo, esfuerzo, energía. Para un votante individual, el beneficio de dedicar horas a entender cuestiones complejas es casi nulo. Su voto es uno entre millones. ¿Para qué molestarse? Esto es lo que llaman “ignorancia racional”. No es que la gente sea tonta. Es que, desde el punto de vista del coste-beneficio individual, ser un ciudadano bien informado no compensa.

El resultado es que los políticos no responden a lo que funciona a largo plazo, sino a lo que da votos a corto plazo. Y los votantes, racionalmente ignorantes, premian eslóganes simples, promesas imposibles y chivos expiatorios convenientes. Cuando todo va mal, nadie paga el coste político porque la responsabilidad está tan difusa que es imposible identificar culpables concretos.

Esta escuela está basada en unos postulados que pueden resumirse así, entre otros: la política es un mercado, las personas dedicadas a la política son agentes racionales, el Estado está sujeto a decisiones públicas con los mismos fallos e incentivos que las decisiones privadas, la intervención del estado empeora los resultados de los llamados “fallos del mercado”.

El institucionalismo: el problema no es moral, es estructural

Los economistas institucionales fueron asesores del New Deal de los treinta del siglo pasado sea dicho de pasada. Esta tendencia, de la vieja o nueva escuela institucional, siguiendo la estela de Douglass North, Elinor Olstrom, Ronald Coase y Oliver Williamson entre otros, añaden una capa importante a este análisis: el problema no es que la gente sea mala o ignorante. El problema es que las instituciones —las reglas del juego— generan incentivos perversos. Si el sistema premia la irresponsabilidad, la irresponsabilidad será racional.

Tomemos un ejemplo concreto del informe de Oxfam: en 2024, las empresas vinculadas a los 10 hombres más ricos del mundo gastaron 88 millones de dólares en actividades de cabildeo en Estados Unidos, más que todos los sindicatos juntos. ¿Es esto corrupción? Desde el punto de vista legal, no necesariamente. Es simplemente usar las reglas del juego de manera racional para maximizar beneficios.

El problema, dirían los institucionalistas, no son los milmillonarios que hacen lobby. El problema son las instituciones que permiten que el dinero compre acceso político, que permiten las puertas giratorias entre reguladores y regulados, que permiten la concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos.

La trampa de esta mirada: individualizar lo colectivo

Pero aquí hay un problema serio con este enfoque. Cuando decimos “la culpa es de los votantes que no se informan” o “el problema son las malas instituciones”, estamos individualizando algo que es fundamentalmente colectivo. Estamos convirtiendo un problema de poder en un problema de información o de diseño institucional.

Los datos de Oxfam muestran algo muy distinto: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades que el ciudadano común de ocupar un cargo político. El 11% de los milmillonarios del mundo han ocupado o aspirado a cargos públicos. Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares y lo convierte en una plataforma para amplificar sus ideas políticas y atacar a sus enemigos. Pero no vayamos tan lejos. Los parlamentarios del Congreso y del Senado españoles no son milmillonarios. Pero el 57% tiene más de una vivienda (muy por encima de la media de la población), las propiedades múltiples son muy superiores también a la media de la población, el salario medio sin contar complementos por cargos y funciones, es de unos 3.300 euros brutos mensuales (la media de la población está en menos de 2.700, y muchos millones de trabajadores están muy por debajo de los 2.000). Resumiendo, la realidad de la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias españoles están en niveles de patrimonio superiores a la mayoría de la población. No es nada extraño que estén sesgados hacia determinadas políticas económicas que benefician a los ricos.

¿Es esto un problema de información de los votantes? ¿O es simplemente que algunos tienen un poder que pueden moldear las reglas del juego a su favor, independientemente de lo informados que estén los demás?

La responsabilidad colectiva que no se nombra

Pero reconocer esto no nos libera de responsabilidad. Al contrario, nos enfrenta a una responsabilidad más profunda y más incómoda. No es solo que votemos mal por estar mal informados. Es que, colectivamente, hemos construido y mantenemos un sistema en el que es racional para cada individuo actuar de manera que, en agregado, nos lleva al desastre. Esto es un viejo problema de algunos estudios de la teoría de la elección racional.

Cuando compramos en Amazon porque es más barato, estamos eligiendo. Cuando consumimos contenido en plataformas que algorítmicamente amplifican el odio porque genera más clics, estamos participando. Cuando votamos a políticos que prometen bajar impuestos sin preguntarnos de dónde saldrá el dinero para la sanidad o la educación, estamos decidiendo.

Y aquí está la trampa: cada una de estas decisiones es individualmente racional. Ahorrar dinero es racional. Entretenerse con contenido viral es racional. Pagar menos impuestos es individualmente racional. Pero el resultado agregado de todas estas racionalidades individuales es un sistema profundamente irracional desde el punto de vista colectivo. Y, aunque es ocioso recordarlo, la teoría de la elección racional estándar incluye dentro de uno de sus supuestos fundamentales el comportamiento egoísta. Que dicho de otra forma más técnica supone que dos funciones de utilidad de dos individuos son independientes e indiferentes entre sí. El supuesto de egoísmo en la teoría estándar de la elección racional, aunque no se entienda como una condición psicológica ni moral sino como una simplificación metodológica, acostumbra a ser una justificación normativa de instituciones que reproducen comportamientos egoístas.

El poder como variable oculta

Lo que la escuela del Public Choice y el institucionalismo tienden a minimizar es la variable del poder. No es lo mismo la “ignorancia racional” de alguien que trabaja en tres empleos precarios para llegar a fin de mes, que la ignorancia deliberada de quien puede permitirse contratar cabilderos para que diseñen las leyes que le afectan.

El informe de Oxfam documenta algo crucial: el 48% de la población mundial vive en situación de pobreza. Sin embargo, el ahogo no es solo económico, sino también político, ya que menos del 3% de la humanidad vive en países con un espacio cívico abierto. Las protestas contra la austeridad y el coste de la vida se reprimen violentamente; en Kenia, por ejemplo, 39 personas fueron asesinadas en las protestas contra los impuestos regresivos. ¿Es esto un problema de diseño institucional? Sí, pero también es un ejercicio deliberado de poder para mantener un sistema de desigualdad.

Hacia una renta básica soberana: cambiar las reglas del juego

Aquí es donde la propuesta de una renta básica mundial, financiada con impuestos sobre la riqueza extrema, cobra sentido no solo desde la redistribución sino desde el cambio institucional. No se trata solo de dar dinero. Se trata de cambiar radicalmente los incentivos del sistema.

Una renta básica garantizada modificaría la ecuación de poder. Daría a la gente la capacidad real de decir “no” a trabajos indignos o simplemente indeseados, de organizarse, de dedicar tiempo a informarse y participar políticamente sin tener que elegir entre pagar el alquiler o ir a una manifestación. Cambiaría el coste-beneficio de la participación política.

Desde el punto de vista del institucionalismo, una renta básica es un cambio de reglas del juego: modifica incentivos, redistribuye poder de negociación, reduce la asimetría entre quienes solo tienen su fuerza de trabajo y quienes tienen capital. No es caridad. Es reingeniería institucional. Más aún, desde un punto de vista republicano socialista la renta básica es una condición de la libertad. De la libertad republicana, es decir, de la concepción que no desliga las condiciones materiales de existencia de la libertad. Como con tanto éxito histórico-práctico sí que hizo la concepción liberal que divorció tan pimpantemente las condiciones materiales y la libertad. Y entonces la libertad se convierte en algo política y filosóficamente muy vulgar y que sirve de poca cosa más que de simple cobertura a los grandes poderes para hacer y deshacer a su gusto. Porque cuando se protegen los derechos de los trabajadores, cuando se incrementa el salario mínimo… ¿no estamos atentando a la libertad de los empresarios? ¿Cuándo se abolió la esclavitud, no se atentaba contra la libertad de los esclavistas? ¿Cuándo se abolió el trabajo infantil, no se atentaba contra la libertad de los empresarios que libremente los contrataban?

La pregunta que incomoda: ¿queremos realmente cambiar las reglas?

Los economistas del Public Choice tienen razón en algo: los malos gobiernos no caen del cielo. Son el resultado de decisiones individuales agregadas en un marco institucional concreto. Pero se equivocan al pensar que el problema es principalmente de información o de diseño técnico. El problema es de poder. Ya mucho antes, geniales revolucionarios como Marat, Saint-Just y Robespierre dejaron dicho repetidamente que el pueblo tiene a un enemigo especialmente peligroso: su gobierno. La libertad exige estar en guardia ante los que gobiernan. Robespierre lo decía muy claramente: “En todo estado libre, la ley debe defender, sobre todo, la libertad pública e individual contra el abuso de autoridad de quienes gobiernan”.

Y nosotros, como ciudadanos, enfrentamos una pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a organizarnos para construir el poder colectivo necesario para cambiar las reglas? Porque ese es el punto ciego tanto del Public Choice como del institucionalismo: asumen que las instituciones se cambian mediante decisiones técnicas racionales. Pero la historia muestra que las instituciones cambian cuando hay suficiente poder organizado para forzar el cambio.

El ejemplo de Kenya: cuando el poder colectivo funciona

La historia de las protestas de la Generación Z en Kenya es reveladora. Jóvenes sin recursos económicos consiguieron que el presidente retirara un proyecto de ley de impuestos regresivos. No lo hicieron con mejor información. No lo hicieron con diseño institucional más refinado. Lo hicieron con organización, con persistencia, con la disposición a arriesgar sus cuerpos en las calles.

Pagaron un precio alto: 39 muertos, tortura sistemática, persecución. Pero demostraron algo fundamental: el poder colectivo organizado puede cambiar las reglas del juego, incluso contra las élites más poderosas.

No es, claro está, el único ejemplo. Pero nos parece digno de apuntar.

La responsabilidad de imaginar juntos

Quizás nuestra mayor responsabilidad o incluso posibilidad de resistir a la barbarie que es la realidad social que vive gran parte de la población mundial no es solo informarnos mejor o votar mejor, que también sirve. Es organizarnos para construir poder colectivo. Los sindicatos tienen razón cuando aseguran que los trabajadores si están organizados mejoran los salarios no solo de los sindicalizados sino de todos en el sector. No tienen razón cuando afirman que una renta básica no ayudaría también a este fin. Cuando hay organizaciones de base fuertes, los políticos tienen que responder a más gente que solo a los cabilderos corporativos.

El informe de Oxfam documenta más de 142 protestas masivas en los últimos 12 meses. En Serbia, en Nepal, en Ecuador, en todo el mundo, la gente está diciendo “basta”. Y en algunos casos, están ganando. No porque estén mejor informados individualmente. Porque están mejor organizados colectivamente.

Propuestas concretas: cómo cambiar las reglas

Si el problema es de poder, del poder que tienen directamente o utilizan en su beneficio las grandes propiedades (recordemos al viejo de Tréveris: “La propiedad es el fruto del trabajo… de los demás”), las soluciones tienen que redistribuir, al menos, poder y propiedad. O subvertirlos. No se trata solo de políticas redistributivas, sino de mecanismos que cambien quién tiene capacidad de decisión. Algunas propuestas concretas:

1. Renta básica: el suelo que permite estar de pie

Una renta básica no es solo dinero. Es poder de negociación. Es la diferencia entre tener que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición, y poder decir “no” a lo que no es digno. Cambia radicalmente el coste de participar políticamente: puedes ir a una manifestación sin perder el jornal, puedes dedicar tiempo a organizarte con tus vecinos, puedes arriesgarte a enfrentarte a tu empleador.

Como muestra Oxfam, con lo que aumentó la riqueza de los milmillonarios en un solo año se podrían dar 250 dólares a cada persona del planeta y aún seguirían siendo millonarios. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de decisión política.

2. Democracia participativa: decisión directa sobre presupuestos

El ejemplo de Porto Alegre en Brasil lo demostró: cuando la ciudadanía decide directamente sobre parte del presupuesto municipal, las prioridades cambian. Se invierte en barrios populares, en transporte público, en servicios básicos. No porque los técnicos no sepan, sino porque quienes viven los problemas son quienes mejor saben qué necesitan.

Y más importante aún: la participación genera más participación. La gente que decide sobre el presupuesto se politiza, se organiza, aprende. El problema no es la “ignorancia racional” de la que habla el Public Choice. El problema es la falta de espacios reales donde la gente pueda ejercer poder.

3. Fortalecimiento de sindicatos y organizaciones de base

Los datos son contundentes: donde hay sindicatos fuertes, hay menos desigualdad salarial. No solo para los trabajadores sindicalizados, sino para todos. Los sindicatos funcionan como un cierto contrapoder cuando no se convierten en dóciles siervos del mismo: obligan a negociar, fuerzan transparencia, documentan abusos. Y una renta básica sería un enorme empujón a disponer de una caja de resistencia efectiva para sostener reivindicaciones, especialmente en los sectores más precarizados. Aunque muchas direcciones de algunos sindicatos no lo hayan entendido aún.

Pero necesitan protección legal real: prohibición de despidos antisindicales, derecho de huelga efectivo, acceso a los lugares de trabajo. En Argentina, el gobierno de Milei está desmantelando sistemáticamente estas protecciones. Y no es casualidad: un trabajador aislado no tiene poder, un trabajador organizado sí.

4. Democratización radical de los medios

Si Elon Musk puede comprar Twitter y convertirlo en su megáfono personal, algo falla. Necesitamos:

Límites antimonopolio estrictos: ninguna persona o corporación debería poder controlar más del 15% de audiencia mediática en un país.

Medios públicos realmente independientes: financiados por impuestos, pero gobernados por consejos ciudadanos, no por el gobierno de turno.

Apoyo a medios comunitarios y cooperativos: con fondos públicos, pero sin control editorial gubernamental.

Regulación de algoritmos: transparencia obligatoria sobre cómo las plataformas amplifican contenidos. Si un algoritmo decide qué ven mil millones de personas, no puede ser propiedad privada de tres tipos en Silicon Valley.

5. Democracia en el lugar de trabajo

La empresa no puede ser un espacio libre de democracia. Hace muchos años, en la llamada “transición” española se defendía con un eslogan: “que la democracia entre en las empresas”. Si pasamos un tercio de nuestra vida trabajando en lugares donde no tenemos voz, eso moldea nuestra capacidad de ser ciudadanos. Entre los puntos a tener en cuenta de forma prioritaria:

Representación obligatoria de trabajadores en consejos de administración: como en Alemania, donde un tercio o la mitad del consejo son representantes electos por los trabajadores.

Derecho de veto sobre decisiones que afectan condiciones laborales: despidos masivos, cambios de turnos, introducción de vigilancia tecnológica.

Fomento de cooperativas de trabajadores: con acceso preferente a contratos públicos y crédito barato.

6. Asambleas ciudadanas deliberativas

Irlanda lo hizo para decidir sobre el aborto. Bélgica para cuestiones climáticas. Se sortea un grupo representativo de ciudadanos, se les da tiempo, información de calidad, expertos diversos, y deliberan. Las decisiones que salen de ahí son, sistemáticamente, más progresistas y mejor informadas que las que salen del juego político habitual.

No es que la gente sea ignorante. Es que el sistema electoral premia la polarización y el cortoplacismo. Las asambleas ciudadanas sortean (literalmente) ese problema.

7. Protección legal del derecho a protestar

El informe de Oxfam documenta la represión sistemática de protestas en todo el mundo. 39 muertos en Kenya, como se ha dicho. Tortura en Pakistán. Criminalización en Argentina. Si manifestarse te puede costar la vida o años de cárcel, el coste de cambiar las reglas se vuelve imposible para la mayoría. En EEUU, hoy esto ya es una realidad que cuesta muertes por impunidad policial.

Necesitamos:

Protocolos estrictos contra el uso de violencia policial en manifestaciones.

Prohibición de leyes antiterroristas para criminalizar protestas.

Protección legal a organizaciones de derechos humanos que documentan abusos.

8. Financiación pública de campañas electorales

Si las campañas se financian con donaciones privadas, quien más tiene más influye. Simple. La solución es simple también: financiación 100% pública, con techos bajos. Todas las candidaturas con un apoyo mínimo ciudadano reciben la misma cantidad. Se acabó el “un dólar, un voto”.

9. Renta y riqueza máximas

Una renta máxima, un impuesto a la riqueza y una limitación a las grandes fortunas. Una renta y una riqueza máximas. Ya hay quien lo está moviendo en Europa. La propuesta de una renta máxima puede definirse técnicamente como el establecimiento de un tipo impositivo marginal del 100% a partir de una determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. La limitación de las grandes fortunas o riqueza máxima puede definirse como la imposibilidad legal de acumular por encima de determinada cantidad de propiedades. Más políticamente, la renta básica y la riqueza máxima son condiciones para la libertad de la ciudadanía.

10. Control público de los medios de producción en sectores estratégicos de la vida económica y social

Los grandes poderes económicos privados interfieren o pueden interferir arbitrariamente en la libertad de buena parte de la población. Pensamos, sin ir más lejos, en el papel de la banca, de los oligopolios eléctricos, de los grandes fondos inmobiliarios, de las corporaciones farmacéuticas, etc., en nuestras sociedades. Unos servicios públicos en especie -sanidad, educación, vivienda, cuidados, energía, agua, transporte, comunicaciones, etc.- que constituyan la garantía de derechos sociales también decisivos a la hora de consolidar posiciones de invulnerabilidad social para todos. Una banca pública que tenga como objetivo garantizar estas posiciones de invulnerabilidad y, también, poner los flujos de ahorro y de inversión al servicio de una economía democrática e inclusiva.

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Mirarnos al espejo, pero con honestidad

Sí, los milmillonarios tienen una responsabilidad enorme en mantener un sistema que los beneficia obscenamente. Sí, los políticos tienen responsabilidad en diseñar instituciones que perpetúan la desigualdad. Pero nosotros también la tenemos. No porque votemos mal o porque estemos mal informados. Sino porque no nos organizamos lo suficiente para cambiar las reglas del juego. Recordemos una vez más al gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht cuando decía que si humana era la injusticia, más humana es la lucha contra la injusticia. El mundo en el que ahora vivimos es producto de ambas: de la injusticia y de las luchas contra ella. Luchas que han conseguido el sufragio universal, el derecho a la huelga, la libertad de expresión, el derecho al aborto, la ilegalización del esclavismo… Conquistas que han beneficiado a los que han luchado y a los que consideraban que no servía de nada la rebelión, que era perder el tiempo.

La escuela del Public Choice nos recuerda que los incentivos importan. Tienen razón. Pero se olvidan de preguntarse: ¿quién tiene el poder para cambiar los incentivos? Y la respuesta no es “votantes mejor informados” o “tecnócratas más inteligentes”. La respuesta es: ciudadanía organizada con capacidad de movilización colectiva.

La propuesta de Oxfam de establecer Planes Nacionales de Reducción de Desigualdad, de limitar la concentración de medios, de garantizar una renta básica, no son solo políticas técnicas. Pueden ser parte de la institucionalización de un poder colectivo que todavía está por construir.

Y esa es nuestra responsabilidad: no solo votar mejor, sino construir el poder organizado que fuerce a que las reglas cambien. Porque, nos guste o no, el cambio institucional no viene de buenos argumentos técnicos. O no solo. Viene de correlaciones de fuerza. Y ahí, cada uno de nosotros tiene que decidir (si quiere, claro está) de qué lado está.

La entrada Los ricos, los pobres y el espejo que no queremos mirar se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.