La administración Trump ha propuesto una flexibilización de las normas federales sobre cenizas de carbón, un residuo tóxico resultante de la combustión en plantas eléctricas. La medida, anunciada el 30 de mayo de 2026, permitiría a los estados asumir el monitoreo y la aplicación de la normativa, eludiendo los estándares nacionales vigentes.
Una delegación de competencias cuestionada
La propuesta busca reducir la carga regulatoria federal y otorgar mayor autonomía a los estados en la gestión de estos residuos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han mostrado una fuerte oposición. Según señalaron en un comunicado conjunto, la medida podría debilitar la protección de las comunidades cercanas a los vertederos de cenizas, expuestas a metales pesados como arsénico, mercurio y plomo.
Si los estados asumen el control, se corre el riesgo de que se rebajen los requisitos mínimos de seguridad, lo que pondría en peligro la salud pública y el medio ambiente, especialmente en aquellas regiones con menos recursos o voluntad política para hacer cumplir la ley.
La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) defiende que la flexibilización permitirá una gestión más eficiente adaptada a las realidades locales. No obstante, los críticos advierten de que la medida abre la puerta a una carrera hacia la baja en la que los estados podrían competir por atraer industrias reduciendo sus exigencias ambientales.
El legado de la regulación Obama
Las actuales normas federales sobre cenizas de carbón se aprobaron en 2015 durante la administración de Barack Obama, tras el vertido masivo de Kingston (Tennessee) en 2008, que contaminó ríos y obligó a evacuar viviendas. La propuesta de Trump representa un giro significativo respecto a aquella regulación, al trasladar la responsabilidad a los estados sin garantizar unos estándares mínimos comunes.
La medida se enmarca en la política de desregulación energética de la administración Trump, que ya ha suavizado límites a emisiones de centrales de carbón y ha impulsado la producción de combustibles fósiles. El debate sobre las cenizas de carbón afecta a cientos de vertederos en todo el país, donde se acumulan décadas de residuos de la generación eléctrica.
