Los principales laboratorios de inteligencia artificial, entre ellos OpenAI y Anthropic, han enviado una carta conjunta a los legisladores estadounidenses en la que solicitan un mayor control sobre las secuencias sintéticas de ADN que podrían utilizarse para diseñar armas biológicas. La misiva, fechada el 3 de junio de 2026, subraya la creciente preocupación por el potencial mal uso de los modelos de IA generativa en el campo de la biología sintética.

La carta, firmada también por ejecutivos y científicos de otros laboratorios punteros, insta a las autoridades a establecer un sistema de supervisión más riguroso para las secuencias genéticas fabricadas en laboratorio. Según los firmantes, el rápido avance de la inteligencia artificial frontera podría permitir que actores malintencionados diseñen patógenos letales a partir de datos disponibles públicamente.

Un riesgo creciente en la frontera tecnológica

El documento, dirigido a miembros del Congreso de Estados Unidos, llega en un momento en que la IA generativa ha demostrado su capacidad para ayudar en la investigación biológica, pero también para facilitar la creación de toxinas o virus modificados. Las empresas firmantes consideran que el monitoreo de las secuencias de ADN sintético es una medida de seguridad crítica para evitar que los modelos se conviertan en herramientas de proliferación de armas biológicas.

Fuentes cercanas a la negociación indicaron que los legisladores han recibido la carta con interés, aunque por el momento no se ha anunciado ninguna iniciativa legislativa concreta. La petición se produce semanas después de que un informe del Centro para la Seguridad y Tecnología Emergente (CSET) advirtiera de que los sistemas de IA actuales ya pueden generar proteínas que podrían tener aplicaciones duales.

El movimiento de OpenAI y Anthropic representa un giro significativo en la postura habitual de la industria, que hasta ahora se había mostrado reacia a pedir regulaciones adicionales. La carta, sin embargo, se centra específicamente en la filtración de secuencias sintéticas peligrosas y no aborda otras preocupaciones sobre la IA, como la seguridad de los modelos o el sesgo algorítmico.

Los expertos consultados señalan que el principal desafío técnico reside en la capacidad de distinguir entre secuencias de ADN sintético inofensivas y aquellas con potencial armamentístico, sin entorpecer la investigación legítima en biotecnología. La carta sugiere que los laboratorios de IA están dispuestos a colaborar con las autoridades para desarrollar sistemas de detección automatizados.

Un grupo de empleados de Amazon se presentó el pasado 3 de junio de 2026 ante un concejo municipal estadounidense —cuya identidad no se ha revelado— para exigir restricciones a la construcción de centros de datos. Los trabajadores, organizados como activistas internos, denunciaron el elevado consumo energético y la presión sobre las infraestructuras locales que generan estas instalaciones.

Se trata de la primera vez que empleados de una gran empresa tecnológica (big tech) presionan públicamente para que se regule este tipo de proyectos, según señalaron fuentes conocedoras de la acción. Hasta ahora, las críticas a los centros de datos solían provenir de grupos ecologistas o vecinales, no de la propia plantilla de las compañías que los operan.

Los centros de datos, esenciales para el funcionamiento de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas digitales, requieren enormes cantidades de electricidad y agua para refrigeración. En los últimos años, su proliferación ha generado tensiones con comunidades locales por la saturación de la red eléctrica y la escasez hídrica.

Un precedente sin precedentes

La acción de los empleados de Amazon marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes tecnológicas y el territorio donde se asientan. ‘Es la primera vez que trabajadores de una big tech se movilizan para pedir límites a la expansión de centros de datos. Hasta ahora, las empresas siempre habían defendido estos proyectos como motores de empleo e inversión’, explicó una fuente cercana a los activistas.

La protesta se produce en un contexto de creciente presión regulatoria en varios países. En España, el Gobierno ultima un decreto que obligará a los centros de datos a compensar su impacto ambiental, mientras que en Países Bajos e Irlanda ya se han impuesto moratorias parciales. La iniciativa de los empleados de Amazon podría acelerar medidas similares en otras jurisdicciones.

Amazon no ha emitido comentarios oficiales sobre la acción de sus trabajadores. Los empleados, por su parte, evitaron dar declaraciones a la prensa para no ser identificados, pero pidieron al concejo que frene nuevas autorizaciones hasta que se evalúe el impacto acumulativo sobre los recursos naturales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes por la noche una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, después de haber archivado un borrador anterior el mes pasado. La medida, gestada durante semanas de revisiones internas, establece un marco regulatorio federal para el desarrollo y uso de la IA, en un contexto de creciente presión por la seguridad nacional y la competencia tecnológica global.

Un proceso accidentado

La orden llega tras un mes de silencio desde que la administración descartara el primer borrador, sin que se hayan hecho públicas las razones exactas del cambio. Fuentes de la Casa Blanca indicaron que el nuevo texto incorpora ajustes en los mecanismos de control y transparencia, así como directrices específicas para evitar sesgos algorítmicos y garantizar la rendición de cuentas. Aunque el contenido detallado de la orden no se ha divulgado por completo, trascendió que busca armonizar las normativas entre agencias federales y fomentar la colaboración con el sector privado.

La administración Trump ha priorizado la inteligencia artificial como un área estratégica frente a China, que invierte miles de millones de dólares en IA militar y civil. La demora en la firma había generado críticas entre los sectores más duros del Partido Republicano, que exigían una postura más agresiva en la carrera tecnológica.

Reacciones y próximos pasos

La orden ejecutiva se apoya en la Ley de Producción para la Defensa para acelerar la fabricación de microchips necesarios para el desarrollo de IA avanzada, según fuentes del Pentágono. Organizaciones de derechos civiles han mostrado cautela, pidiendo que se refuercen las salvaguardas contra la vigilancia masiva. La medida entrará en vigor en 30 días, momento en el que las agencias federales deberán presentar informes de cumplimiento.

La tecnológica Google ha anunciado este miércoles un conjunto de medidas para reducir el impacto hídrico de sus centros de datos, en un contexto de creciente crítica por el consumo de recursos que implica la expansión de la inteligencia artificial. La compañía se ha comprometido a reponer más agua de la que consumen sus instalaciones, según detalló en un comunicado.

El anuncio coincide con una resolución del regulador británico, la Competition and Markets Authority (CMA), que obliga a Google a permitir que los editores de websites excluyan sus contenidos de funciones de búsqueda basadas en IA, como AI Overviews. La medida, que afecta al mercado del Reino Unido, busca dar mayor control a los creadores de contenido sobre el uso de su información por parte de los sistemas generativos.

La combinación de ambas noticias refleja las tensiones que genera el despliegue masivo de infraestructura de IA: por un lado, el impacto ambiental, especialmente el consumo de agua para refrigeración; por otro, la soberanía de los datos y la relación entre las grandes tecnológicas y los reguladores. Google, sin embargo, insiste en que sus centros de datos son ya un 50% más eficientes en el uso de agua que la media del sector, y que las nuevas promesas incluyen la colaboración con autoridades locales para mejorar la gestión hídrica.

La decisión de la CMA supone un precedente en la regulación de la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda, y podría influir en otros organismos internacionales que estudian medidas similares. Google, por su parte, no ha detallado aún cómo implementará técnicamente la exclusión de contenidos en sus funciones de búsqueda con IA.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido este martes, desde su sede en Ginebra, de que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dependerá en gran medida de las políticas que adopten los gobiernos. El organismo instó a fortalecer la protección laboral ante la transformación tecnológica y defendió un modelo de IA que beneficie a los trabajadores, en lugar de desplazarlos.

El llamamiento de la OIT se produce en un momento en que el debate sobre la regulación de la IA se intensifica a nivel global, con posturas divergentes entre las grandes potencias tecnológicas y los sindicatos. La organización aboga por un enfoque centrado en el ser humano, que garantice una transición justa y evite un aumento de la desigualdad.

Políticas clave para encauzar la disrupción

El organismo subrayó que la disrupción tecnológica no es un destino inevitable, sino que puede ser moldeada mediante normativas laborales adecuadas, inversión en formación y diálogo social. La OIT señaló que la clave reside en las decisiones políticas, no en la tecnología en sí misma, y pidió una coordinación internacional para evitar una carrera hacia la desregulación.

La advertencia llega mientras la Comisión Europea avanza en su Ley de IA y otros países, como Estados Unidos y China, compiten por el liderazgo tecnológico. La OIT reivindica un papel central en esta agenda para asegurar que los derechos de los trabajadores no queden relegados frente a los intereses empresariales o geopolíticos.

En un contexto de rápida adopción de herramientas como ChatGPT, la organización recordó que, sin políticas adecuadas, la IA podría exacerbar la precariedad laboral y la concentración de riqueza. Por ello, instó a los gobiernos a priorizar la inversión en reciclaje profesional y a actualizar los sistemas de protección social para adaptarlos a la nueva realidad del mercado de trabajo.

La Asamblea Legislativa de California, en Estados Unidos, aprobó el 1 de junio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de redes sociales sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. La medida, que obtuvo un respaldo unánime de 76 votos a favor y ninguno en contra, busca proteger a los menores de los posibles daños asociados a estas plataformas, como el acoso, la exposición a contenido inapropiado o la adicción digital.

Una cláusula polémica

Sin embargo, la ley incluye una cláusula que ha generado controversia entre defensores de las libertades civiles y organizaciones de la sociedad civil. El texto permite al fiscal general de California ampliar la definición de «plataforma cubierta» sin necesidad de una nueva votación del Legislativo. Esto significa que el fiscal podría incluir nuevas aplicaciones o servicios dentro del ámbito de la prohibición de forma unilateral, sin control parlamentario adicional.

Enterrada tras la votación 76-0 hay una cláusula que permite al fiscal general ampliar quién cuenta como plataforma cubierta sin que el Legislativo vuelva a votar.

La disposición ha sido criticada por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advierten de un posible abuso de poder ejecutivo en un asunto que afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

California se suma así a otros estados estadounidenses que han impulsado restricciones al uso de redes sociales entre menores, en un contexto de creciente preocupación por la salud mental infantil y adolescente. No obstante, la inclusión de esta cláusula de ampliación sin control legislativo podría enfrentar desafíos judiciales por parte de la industria tecnológica y organizaciones de derechos digitales.

La administración Trump ha propuesto una flexibilización de las normas federales sobre cenizas de carbón, un residuo tóxico resultante de la combustión en plantas eléctricas. La medida, anunciada el 30 de mayo de 2026, permitiría a los estados asumir el monitoreo y la aplicación de la normativa, eludiendo los estándares nacionales vigentes.

Una delegación de competencias cuestionada

La propuesta busca reducir la carga regulatoria federal y otorgar mayor autonomía a los estados en la gestión de estos residuos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han mostrado una fuerte oposición. Según señalaron en un comunicado conjunto, la medida podría debilitar la protección de las comunidades cercanas a los vertederos de cenizas, expuestas a metales pesados como arsénico, mercurio y plomo.

Si los estados asumen el control, se corre el riesgo de que se rebajen los requisitos mínimos de seguridad, lo que pondría en peligro la salud pública y el medio ambiente, especialmente en aquellas regiones con menos recursos o voluntad política para hacer cumplir la ley.

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) defiende que la flexibilización permitirá una gestión más eficiente adaptada a las realidades locales. No obstante, los críticos advierten de que la medida abre la puerta a una carrera hacia la baja en la que los estados podrían competir por atraer industrias reduciendo sus exigencias ambientales.

El legado de la regulación Obama

Las actuales normas federales sobre cenizas de carbón se aprobaron en 2015 durante la administración de Barack Obama, tras el vertido masivo de Kingston (Tennessee) en 2008, que contaminó ríos y obligó a evacuar viviendas. La propuesta de Trump representa un giro significativo respecto a aquella regulación, al trasladar la responsabilidad a los estados sin garantizar unos estándares mínimos comunes.

La medida se enmarca en la política de desregulación energética de la administración Trump, que ya ha suavizado límites a emisiones de centrales de carbón y ha impulsado la producción de combustibles fósiles. El debate sobre las cenizas de carbón afecta a cientos de vertederos en todo el país, donde se acumulan décadas de residuos de la generación eléctrica.

Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

• Requisitos de sostenibilidad empresarial.
• Normas medioambientales.
• Obligaciones de transparencia corporativa.
• Controles sobre cadenas de suministro.
• Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

• Objetivos climáticos.
• Normas sobre sustancias tóxicas.
• Regulaciones de emisiones industriales.
• Requisitos de transición energética.
• Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

• Protección de datos.
• Inteligencia artificial.
• Transparencia algorítmica.
• Competencia digital.
• Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

• Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
• Flexibilización de obligaciones empresariales.
• Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
• Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

• La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
• La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
• La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
• El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
2. Menor transparencia empresarial.
3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
4. Pérdida de protección de consumidores.
5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

La entrada Observatorio de la Desregulación se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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Fotografía: El 9 de febrero, activistas de XR Bélgica, apoyadas por Greenpeace, cerraron las oficinas del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), uno de los grupos de presión industrial más poderosos de la UE, en un intento de señalar a los responsables del importante retroceso actual en materia de protección de la salud y el medio ambiente.

Tom Kucharz @tomkucharz Publicado originalmente en El Salto Diario.

La Comisión Europea y la industria química vuelven a poner en cuestión uno de los principios básicos de la protección sanitaria y ambiental: limitar la exposición de la población a sustancias peligrosas. Bajo el nombre aparentemente técnico de “paquetes ómnibus”, Bruselas está impulsando una serie de reformas legislativas que, lejos de mejorar la regulación, buscan recortarla a costa de debilitarla.

Desde principios de 2025, la Comisión Europea ha lanzado diez de estos paquetes legislativos. El denominado Ómnibus VI sobre sustancias químicas apunta directamente a la regulación de productos cosméticos y podría permitir que sustancias peligrosas sigan utilizándose durante más tiempo en productos de uso cotidiano.

Si esta legislación se aprueba en su forma actual, supondría un grave retroceso para la salud pública en Europa, ya que facilitaría la presencia en cosméticos de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR).

Una desregulación que beneficia a la industria

El 8 de julio de 2025, la Comisión Europea publicó su propuesta de reglamento ómnibus VI. El objetivo declarado es simplificar normas y reducir cargas administrativas para la industria. En la práctica, sin embargo, el texto introduce cambios que flexibilizan la prohibición de sustancias peligrosas en cosméticos y facilitan que permanezcan más tiempo en el mercado.

El Consejo de la Unión Europea adoptó ya en noviembre una posición sobre el texto, con algunas modificaciones menores. Posteriormente, el 12 de enero de 2026 se publicó el borrador del informe elaborado por los coponentes del Parlamento Europeo, que se mantiene en gran medida alineado con la propuesta de la Comisión e incluso profundiza algunos de sus retrocesos.

El paquete legislativo se encuentra actualmente en debate en el Parlamento Europeo y será votado en las comisiones de Medio Ambiente (ENVI) y Mercado Interior (IMCO) el próximo 24 de marzo.

Más exposición a sustancias peligrosas

Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de facilitar el uso de sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción en cosméticos, así como prolongar su permanencia en el mercado.

Estas sustancias CMR llevan más de 20 años prohibidas en los productos cosméticos (Directiva Europea de Cosméticos de 2003). Esta prohibición constituye una salvaguardia esencial para proteger la salud de los consumidores y la normativa vigente ya establece un marco para solicitar exenciones caso por caso.

Pero con la “simplificación” normativa, la Comisión, el Consejo y los coponentes del Parlamento Europeo quieren introducir varias lagunas en la regulación de los cosméticos. Primero, facilitar las exenciones para usar sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR) limitando la evaluación de alternativas. Segundo, prolongar considerablemente el tiempo durante el que estas sustancias pueden permanecer en el mercado. Y, tercero, excluir de la prohibición automática a algunas sustancias CMR, como aquellas cuyo riesgo se manifiesta por inhalación o ingestión o las presentes en extractos vegetales no modificados químicamente (por ejemplo, aceites esenciales).

También se propone eliminar algunos requisitos introducidos recientemente para mejorar la legibilidad de las etiquetas químicas —como tamaños mínimos de letra o estándares de espaciado— que permiten a los consumidores comprender mejor los riesgos de los productos.

Frente a ello, eurodiputados de los grupos de la Izquierda, los Verdes, socialdemócratas y liberales han presentado enmiendas para reforzar la protección sanitaria. Entre otras medidas, plantean:

• Restablecer los requisitos de etiquetado que la Comisión quiere eliminar.
• Prohibir los disruptores endocrinos en cosméticos.
• Prohibir los llamados “químicos eternos” (PFAS) en productos cosméticos.
• Impedir que sustancias cancerígenas o tóxicas permanezcan más tiempo en el mercado.

Sin embargo, la mayoría política reaccionaria y autoritaria del Parlamento Europeo genera preocupación. Las fuerzas conservadoras y de extrema derecha cuentan con una mayoría potencial y existe el riesgo de que se alineen para mantener una agenda de desregulación favorable a la industria química.

Un proceso legislativo cuestionado

Además del contenido del ómnibus, también se ha cuestionado el modo en que la Comisión elaboró la propuesta. Varias organizaciones —entre ellas Corporate Europe Observatory, Générations Futures, Health and Environment Alliance, el European Environmental Bureau y el Center for International Environmental Law— presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europea.

Según estas organizaciones, la Comisión Europea no presentó una base científica sólida ni llevó a cabo una consulta pública adecuada. En su lugar, se apoyó en un proceso informal de “reality check” dominado por la industria química.

La Defensora del Pueblo ha decidido examinar estas preocupaciones dentro de sus investigaciones más amplias sobre la toma de decisiones recientes de la Comisión.

Un problema de salud pública creciente

Este debate no es abstracto. La exposición a sustancias químicas peligrosas tiene consecuencias reales para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará problemas de infertilidad a lo largo de su vida. En Europa, alrededor de 25 millones de personas se ven afectadas por la infertilidad.

En Francia, por ejemplo, el número de nuevos casos de cáncer aumentó un 40% entre 2003 y 2023, y la concentración de espermatozoides en el semen masculino disminuyó un 32% entre 1989 y 2005. Los costes sanitarios siguen aumentando: el gasto en atención hospitalaria creció más de un 40% entre 2014 y 2024. No podemos permitirnos seguir exponiéndonos a riesgos evitables.

En este contexto, debilitar la regulación de sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano resulta difícil de justificar desde el punto de vista sanitario.

La presión ciudadana puede marcar la diferencia

El debate parlamentario todavía está abierto. Organizaciones de la sociedad civil han lanzado campañas para movilizar a la ciudadanía y presionar a los eurodiputados para que rechacen las partes más perjudiciales del ómnibus.

Una de ellas permite interpelar directamente a representantes en el Parlamento Europeo para exigir que se incremente o se mantenga el actual nivel de protección frente a sustancias químicas peligrosas en cosméticos.

La iniciativa puede consultarse aquí: https://shaketonpolitique.org/es/interpelaciones/omnibus-6/

En un momento en el que la Comisión Europea habla constantemente de competitividad y simplificación normativa, conviene recordar que la protección de la salud pública no es una carga burocrática. Es un derecho fundamental.

Permitir que sustancias que sabemos que pueden provocar cáncer, mutaciones genéticas o problemas reproductivos sigan presentes en productos que usamos a diario no es simplificar la legislación. Es rebajar la protección de salud de la ciudadanía para satisfacer las demandas de los lobbies industriales.

Y esa es una motosierra regulatoria que no se debería emplear.

La entrada La Unión Europea y la industria química quieren exponernos a más sustancias cancerígenas se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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