El parlamento marroquí, controlado por el partido del Gobierno, ha adoptado este 5 de junio en comisión parlamentaria la reforma de la ley relativa a las regiones. El texto, que busca mejorar la ley de 2015, será sometido próximamente a votación en el pleno, en un contexto de estancamiento de las negociaciones internacionales sobre el Sáhara Occidental.

La reforma, que no ha trascendido aún en detalle, tiene como objetivo profundizar la descentralización y reforzar las competencias de las regiones, según fuentes parlamentarias consultadas. La iniciativa legislativa llega en un momento en que el proceso de Naciones Unidas para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, liderado por el enviado personal del secretario general, no registra avances significativos desde la última ronda de conversaciones.

Marruecos, que controla de facto la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental, defiende un plan de autonomía bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario, respaldado por Argelia, exige un referéndum de autodeterminación. La nueva ley de regiones podría interpretarse como un movimiento estratégico para consolidar la administración marroquí en las provincias del sur, sin esperar a una solución negociada.

La tramitación parlamentaria de la reforma ha sido rápida, lo que refleja la mayoría del oficialismo en la Cámara de Representantes. Una vez aprobada en el pleno, el texto será remitido al jefe del Gobierno y, posteriormente, al rey para su promulgación. Fuentes del Ejecutivo han señalado que la ley pretende armonizar la organización territorial con las exigencias del desarrollo regional, un eje clave del plan de desarrollo del país.

La noticia se produce semanas después de que el parlamento europeo debatiera el cumplimiento de los acuerdos pesqueros y agrícolas con Marruecos, que incluyen al Sáhara Occidental, y en medio de las tensiones diplomáticas entre Rabat y Madrid por el giro del Gobierno español respecto al Sáhara. Mientras tanto, la ONU mantiene su mediación sin fecha clara para la próxima mesa redonda.

La Comisión de Interior, Colectividades Territoriales e Infraestructuras de la Cámara de Consejeros de Marruecos ha aprobado este lunes, por unanimidad, el proyecto de ley orgánica Nº031.26, que modifica y completa la ley orgánica Nº111.14 relativa a las regiones. El texto, que profundiza la regionalización avanzada, contempla una dotación presupuestaria de 12.000 millones de dírhams (aproximadamente 1.100 millones de euros) y amplía las competencias de las entidades territoriales.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno marroquí, forma parte del proceso de regionalización avanzada que el reino alauí viene desarrollando desde 2015. Esta política busca una mayor descentralización administrativa y económica, al tiempo que refuerza el control del Estado sobre todo el territorio nacional, incluyendo la región del Sáhara Occidental, una cuestión que afecta directamente las relaciones con España.

El presidente de la comisión, Moulay Abderrahmane Blila, anunció la aprobación tras la reunión celebrada en Rabat. El proyecto de ley deberá ser ratificado ahora por el pleno de la Cámara de Consejeros antes de su promulgación. La reforma otorga nuevas atribuciones a los consejos regionales en ámbitos como la inversión, la planificación territorial y la gestión de servicios públicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo local y reducir las disparidades entre regiones.

Marruecos ha destinado un presupuesto significativo para acompañar esta descentralización. Los 12.000 millones de dírhams se suman a los recursos ya transferidos en ejercicios anteriores. Según fuentes parlamentarias, la dotación permitirá a las regiones asumir competencias en materia de infraestructuras, formación profesional y promoción económica, entre otras.

La regionalización avanzada es uno de los ejes de la política territorial marroquí desde la reforma constitucional de 2011. Para Rabat, se trata de un instrumento clave para gestionar la diversidad regional y, especialmente, para consolidar su soberanía sobre el Sáhara Occidental, ofreciendo un marco de autogobierno limitado que la comunidad internacional, incluida España, considera una alternativa al plan de autonomía propuesto por Marruecos.