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Canadá exige verificación de identidad en redes sociales y fija mayoría digital en 16 años

Por: R. Tordesillas

El Gobierno de Canadá ha presentado este 22 de julio el proyecto de ley Safe Social Media Act (Bill C-34), una normativa que obligará a los usuarios de redes sociales a verificar su identidad y edad, y que establece la edad mínima en 16 años para poder acceder a estas plataformas. La iniciativa, según sus promotores, busca proteger a los menores de contenidos nocivos y garantizar un entorno digital más seguro.

Un cambio regulatorio de calado

Canadá se sitúa así como uno de los primeros países occidentales en fijar por ley una mayoría digital de 16 años, un umbral superior al que manejan otras jurisdicciones. La norma, bautizada oficialmente como Bill C-34, introduce la obligación de que las plataformas implanten sistemas de verificación de edad para todos sus usuarios, sin especificar aún qué tipo de tecnología o métodos serán aceptables.

El anuncio tuvo lugar el mismo 22 de julio de 2026, y no se han filtrado los detalles técnicos de la verificación —si se exigirá documento de identidad oficial, sistemas biométricos o soluciones de terceros—. La medida ha abierto el debate sobre privacidad, seguridad y libertad de expresión en el entorno digital.

Posibles consecuencias para la industria

La medida canadiense podría tener un efecto dominó en Estados Unidos y la Unión Europea, donde también se discuten legislaciones similares. Empresas como Meta, Google o TikTok, que operan globalmente, se enfrentan al desafío de adaptar sus sistemas de registro a un estándar que exige un control de edad efectivo desde los 16 años. Expertos en ciberseguridad han señalado que la verificación obligatoria podría incrementar los riesgos de filtración de datos personales si no se diseña con las debidas garantías.

El Gobierno canadiense aún no ha detallado el calendario de tramitación parlamentaria ni las sanciones previstas para las empresas que incumplan la nueva ley, aunque fuentes oficiales adelantan que se impondrán multas sustanciales y, en casos graves, la suspensión temporal del servicio en territorio canadiense.

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