El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sufrido esta semana un doble revés institucional que pone a prueba su liderazgo de cara a las elecciones de medio mandato. Tanto el Congreso como el poder judicial han empezado a cerrar filas contra el mandatario, bloqueando varias de sus iniciativas más controvertidas en un contexto de popularidad a la baja.

Decisiones judiciales adversas

Durante los últimos días, distintos tribunales federales han dictado sentencias que frenan algunas de las órdenes ejecutivas impulsadas por Trump. Aunque la Casa Blanca no ha detallado el alcance exacto de los fallos, fuentes judiciales citadas por la prensa local indican que los recursos presentados por fiscales generales demócratas y organizaciones civiles están prosperando. Las decisiones adoptadas afectan principalmente a las áreas de inmigración y medio ambiente, dos de los frentes donde Trump ha intentado avanzar sin el respaldo del Legislativo.

Votaciones clave en el Congreso

En paralelo, el Legislativo ha dado un golpe de efecto. Tanto la Cámara de Representantes, de mayoría republicana por un estrecho margen, como el Senado, controlado por los demócratas, han aprobado resoluciones que limitan la capacidad ejecutiva del presidente. Una votación celebrada el miércoles en la Cámara Alta rechazó una partida presupuestaria destinada a reforzar la construcción del muro fronterizo, mientras que en la Cámara Baja varios republicanos se desmarcaron de la línea oficial para apoyar una investigación sobre los vínculos del presidente con empresas extranjeras.

Según declaró a los medios el senador demócrata Chuck Schumer, «el Congreso no puede permanecer impasible ante un presidente que desafía constantemente el equilibrio de poderes». Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tachó las decisiones de «teatrales» y aseguró que Trump recurrirá los fallos judiciales.

Fracturas internas y panorama electoral

El enfriamiento de las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se produce cuando la popularidad de Trump ronda el 42%, según los últimos sondeos del Pew Research Center. Este desgaste, sumado a las fracturas internas en el Partido Republicano, abre un escenario incierto de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La cohesión del partido se resiente, y varios analistas consultados por la prensa estadounidense consideran que el bloqueo institucional podría favorecer a los demócratas en las urnas.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución de poderes de guerra destinada a restringir la autoridad del presidente Donald Trump para emprender acciones militares contra Irán sin la aprobación del Congreso. La votación, de 215 votos a favor y 208 en contra, reaviva el debate sobre el equilibrio de poderes en la política exterior estadounidense.

La resolución, presentada por legisladores demócratas, busca reafirmar la prerrogativa constitucional del Congreso en la declaración de guerra, en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Teherán. Los promotores de la iniciativa argumentan que la administración Trump ha eludido el control legislativo en sus operaciones militares en Oriente Próximo.

El objetivo es garantizar que ninguna administración pueda llevar al país a un conflicto armado sin el debido debate y consentimiento del pueblo representado en el Capitolio.

La votación refleja una división partidista: la mayoría demócrata apoyó la medida, mientras que los republicanos la rechazaron en bloque, con el argumento de que ataría las manos del comandante en jefe en un entorno geopolítico volátil. La Casa Blanca ya ha adelantado que el presidente vetará la resolución si esta llega a su despacho, aunque el paso por el Senado se anuncia incierto.

Un pulso constitucional recurrente

Desde la aprobación de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso ha intentado en numerosas ocasiones limitar la capacidad del ejecutivo para desplegar tropas sin autorización previa. Sin embargo, presidentes de ambos partidos han interpretado de forma amplia su autoridad como comandante en jefe, especialmente en operaciones antiterroristas. La resolución sobre Irán es la primera de este tipo desde que Trump ordenara ataques selectivos contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Irak y Siria.

El texto no tiene efecto vinculante inmediato, pero envía una señal política clara tanto a la administración como a los aliados de Washington en la región. Según fuentes del Congreso citadas por la agencia Sputnik, la votación de este jueves podría preceder a medidas más restrictivas si la tensión con Irán continúa escalando.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una Resolución de Poderes de Guerra que ordena al presidente Donald Trump retirar a las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán y exige la autorización del Congreso para cualquier acción militar adicional. La votación, de 215 a 208, contó con el respaldo de cuatro republicanos que se unieron a la mayoría demócrata, representando el reproche más contundente hasta la fecha contra la política iraní de la Casa Blanca.

La resolución se fundamenta en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limita la capacidad del presidente para ordenar operaciones militares sin el consentimiento del Congreso. Según fuentes congresionales, «la resolución afirma el papel del Congreso en las decisiones de guerra», en un contexto de escalada tras los ataques iraníes a bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, que han incrementado las tensiones en la región.

La medida, que ahora debe ser aprobada por el Senado, se produce mientras EE.UU. mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y continúa los intercambios de ataques con el ejército iraní, a pesar de un alto el fuego nominal. La administración Trump se opone frontalmente a la resolución, argumentando que restringe la capacidad del presidente para defender los intereses nacionales.

El respaldo de cuatro republicanos subraya la división en el partido de Trump sobre el rumbo de la política exterior en Oriente Medio. La iniciativa legislativa, impulsada por los demócratas, busca reafirmar la prerrogativa del Congreso en las decisiones de guerra, en un momento en que el conflicto con Irán ha escalado a niveles no vistos en décadas, con intercambios de ataques que han puesto en alerta a las bases estadounidenses en la región.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé someter a votación esta semana una Resolución de Poderes de Guerra que pretende poner fin al apoyo estadounidense a la ofensiva israelí en Líbano, según informó la congresista Rashida Tlaib (D-MI), autora de la iniciativa. El texto busca limitar la participación militar de Washington en un conflicto que, según sus defensores, carece de autorización explícita del Congreso.

La escalada en Líbano, un obstáculo para la desescalada regional

La ofensiva israelí contra Hezbolá en territorio libanés ha sido considerada por fuentes diplomáticas como «un impedimento importante» para alcanzar una tregua más amplia en la región, en un contexto en el que Estados Unidos e Irán mantenían conversaciones indirectas. El lunes 1 de junio, Teherán anunció la suspensión de esos contactos precisamente por la intensificación de los ataques israelíes sobre Líbano.

El presidente Donald Trump declaró que, tras una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ordenó la retirada de tropas estadounidenses que se dirigían a Beirut. Además, afirmó que Hezbolá había aceptado un alto el fuego, sin que por el momento se hayan confirmado cesaciones hostilidades sobre el terreno.

Desde que Trump y Netanyahu empezaron a bombardear Irán, la guerra de Israel en Líbano ha sido un impedimento importante para la desescalada.

Las lecciones fallidas de Israel en Líbano

Un análisis difundido por medios asiáticos señala que Israel repite en su campaña libanesa «lecciones fallidas» de conflictos anteriores. El estudio recuerda que Hezbolá, pese a los ataques, mantiene su capacidad de respuesta, y advierte de que la estrategia israelí de eliminar a la milicia chií sin abordar sus raíces políticas y sociales está condenada al fracaso. «La lógica de que Hezbolá sucumbiría si se le despojaba de su apoyo iraní no se ha cumplido», indica el texto.

La resolución de la Cámara, de ser aprobada, supondría un desafío directo a la política del Ejecutivo de Trump en Oriente Próximo y abriría un debate sobre los límites del poder presidencial para implicar a Estados Unidos en conflictos armados sin autorización del Congreso.

Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedad. Las del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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La concentración del poder en torno a la figura del presidente maliense Assimi Goïta aumenta los riesgos de inestabilidad en el Sahel, según advierten los politólogos Salah Ben Hammou y Hiba Naciri. El análisis, recogido por la prensa africana, subraya que la toma de decisiones en Bamako se articula cada vez más en torno a la lealtad personal y no a los intereses nacionales o militares.

Una deriva autoritaria en el Sahel

Desde que Goïta llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2021, Mali ha experimentado un progresivo aislamiento internacional y un alejamiento de sus aliados tradicionales, como Francia. El país se ha apoyado en mercenarios del grupo Wagner, ahora integrado en el aparato de seguridad ruso, para contener a los grupos yihadistas que asolan la región. Sin embargo, la personalización del poder, según los analistas, debilita las instituciones y facilita futuras asonadas militares.

El poder se concentra alrededor de un solo dirigente, aumentando los riesgos políticos.

Ben Hammou y Naciri, especialistas en gobernanza africana, apuntan que este modelo de liderazgo personalista ya ha provocado crisis en otros países del Sahel, como Burkina Faso o Níger, donde los golpes de Estado se han sucedido. La falta de contrapesos y de toma de decisiones colegiada convierte al régimen maliense en vulnerable a fracturas internas.

Implicaciones para España y la Unión Europea

La inestabilidad en Mali preocupa especialmente a España, por su proximidad geográfica y el impacto en los flujos migratorios hacia Canarias. La Unión Europea mantiene una misión de entrenamiento militar en el país, aunque su efectividad se ha visto reducida por las tensiones diplomáticas con la junta. Mientras, la influencia de Rusia se consolida en la región, desplazando a los socios europeos. La fragmentación del poder en el Sahel abre una ventana de oportunidad para grupos yihadistas y redes de tráfico ilícito, según los expertos.

Para los politólogos, la única salida estable pasa por una transición inclusiva que diluya la concentración de poder en Goïta y fortalezca las instituciones civiles. Sin embargo, las próximas elecciones previstas para 2027 no parecen, por ahora, capaces de garantizar un cambio de rumbo.

En abril de 2020, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un delito de corrupción en el conocido como Caso Sobornos 2012-2016. Para justificar la participación de Correa en la trama de corrupción, la sentencia condenatoria afirmaba que “el procesado Rafael Correa Delgado, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza –mediante un influjo psíquico–, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado”.  

Este curioso concepto, influjo psíquico, da título a un documental realizado por la directora colombiana Alejandra Cardona, con guion y producción de las españolas Ana María Pinar e Idoya Barrabés. En él se nos relata el proceso contra Rafael Correa y distintos funcionarios de su gobierno, entre ellos su vicepresidente Jorge Glas, enmarcándolo en una persecución política por la vía judicial que constituye uno de los casos paradigmáticos de lawfare que se han vivido en América Latina en las últimas décadas. 

No adelantaré el contenido del documental porque espero que pronto se pueda ver en los cines, las grandes plataformas o la televisión. Tan sólo añadiré que Rafael Correa tiene 57 procesos judiciales pendientes y que reside en Bélgica como asilado político. Jorge Glas, por su parte, fue secuestrado en abril de 2024, mientras se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, por las fuerzas especiales del gobierno de Daniel Noboa. Actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad y se teme por su vida.

Como hemos podido constatar en los últimos años, el lawfare, es decir, la guerra judicial que hace uso de la ley y los tribunales para neutralizar a un adversario político abriéndole causas con poco sustento mientras, en paralelo, se decreta su presunta culpabilidad a través del linchamiento mediático, llegó también a España. A los casos contra los líderes de Podemos, y la persecución político-judicial contra el independentismo catalán, se sumó recientemente la investigación contra Begoña Gómez y la inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. 

Dados estos antecedentes, la posibilidad de que estemos ante un nuevo caso de lawfare vuelve a planear en la imputación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El auto sitúa a Zapatero en el vértice de una presunta red “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. Sin embargo, hacer afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad o la inocencia de alguien ante una investigación que está en una fase embrionaria, sería poco prudente. En todo caso, lo que sí es notorio es la animadversión que la derecha, política y mediática, tiene ante la figura del expresidente, al que nunca han perdonado su papel mediador en Venezuela y sus vínculos con la dirigencia chavista. 

Aunque esta derecha mediática y política ya haya dictado su sentencia condenatoria contra Zapatero, será la justicia, ojalá imparcial e independiente como se autoproclama, quien deberá hacer su labor para demostrar, si corresponde, la culpabilidad del expresidente. De cómo lo haga, de las pruebas y de la solidez de sus argumentos jurídicos, dependerá la credibilidad del tribunal para poder afirmar, finalmente, que estamos ante una infundada persecución político-judicial, o bien para concluir que a Zapatero se le condena por su responsabilidad demostrada en delitos económicos. 

Por el momento, los juicios paralelos a los que ya estamos asistiendo dan peso a los argumentos de quienes defienden que Zapatero sería otra víctima del fenómeno del lawfare. También el doble rasero que se observa al comparar la impermeabilidad al peso de la ley de la que gozan otros expresidentes españoles como M. Rajoy o José María Aznar. Es evidente que, si la lupa se pusiera por igual a todos los expresidentes, quizás el primer presidente imputado de la democracia no habría sido Zapatero. Sin embargo, hace falta mayor perspectiva todavía, ir teniendo acceso a más detalles de la instrucción y ver cómo se van moviendo los distintos actores políticos y mediáticos, para poder decretar que estamos ante un nuevo caso de lawfare. Conviene recordar, aunque sea obvio, que no toda causa abierta por corrupción a un cargo político constituye un caso de lawfare. 

Con independencia de cómo se acaben desarrollando los hechos en el caso de Zapatero, su imputación debería poner el foco en un debate más amplio sobre las actividades privadas de quienes han tenido cargos públicos. Una reflexión que excede el papel de los expresidentes y que implica cuestionar, asimismo, la figura de comisionistas, lobistas y demás parásitos que proliferan gracias a marcos legales permisivos y a un modus operandi, intrínseco al funcionamiento del capitalismo, que puede ser legal pero que es corrupto desde un punto de vista moral. 

Que un expresidente, exministro o cualquier exfuncionario público pueda facilitar, desde su posición de poder o gracias a sus relaciones, el acceso a negocios de particulares, obteniendo además compensación por ello, no debería estar permitido, aunque no reciba comisiones ilegales en forma de soborno y cohecho. Puede que el uso de la cartera de contactos, derivada del ejercicio de un alto cargo público, para un desarrollo profesional que se traduce en lucro personal y familiar sea legal pero, desde luego, no es ético. Da igual que lo haga José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. La actividad de todos ellos debería ser escrutada bajo los mismos criterios legales y con iguales niveles de exigencia moral.

Sin embargo, romper con estas lógicas de funcionamiento, que se asumen como normales y hasta son legales, quizás sea lo más complicado porque se entreveran con unas redes de poder que se van tejiendo entre el poder económico, el poder político y el poder funcionarial, como desnuda Andrés Villena en su último libro, mientras están en el ejercicio de sus cargos. Redes de contactos que operan como una camarilla conformada por una élite que hace y deshace, sirviéndose de lo público, hasta que otros de esa misma élite deciden que pueden buscar las cosquillas a un adversario político mientras ellos siguen haciendo lo mismo. Hacia esas redes deberíamos mirar, no para perseguir con discrecionalidad sino para cambiar las estructuras que facilitan la reproducción del sistema.

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EmpoderaLIVE 2024 se prepara para abrir sus puertas los próximos días 21 y 22 de mayo bajo el lema “Desmontando el Colonialismo Digital: Hacia la Democratización de los Espacios Tecnológicos”.

Este evento anual, que se ha convertido en un referente en el ámbito de la tecnología cívica y la innovación social, invita a participantes de todo el mundo que están trabajando en la descentralización de los espacios tecnológicos para asegurar internet como un derecho fundamental y bien público para la ciudadanía.

Señala Yolanda Rueda, presidenta y fundadora de Fundación Cibervoluntarios, sobre esta edición de EmpoderaLIVE 2024:

Es importante tomar conciencia de que Internet, de una forma u otra, está siendo privatizada. Y esta concentración tecnológica está generando subordinación a unos intereses, a una forma de ser y estar a nivel económico, cultural y social que aplasta la diversidad y riqueza local y pone en peligro la sostenibilidad a medio largo plazo de nuestra identidad y derechos.

(Yolanda Rueda)

Un encuentro que nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la sociedad y cómo esta puede ser utilizada para construir soluciones de manera colaborativa, sostenible e inclusiva. Con la humanidad enfrentando los mayores desafíos de la revolución tecnológica es necesario debatir sobre cómo podemos utilizar la tecnología para, como señala Rueda «abordar desigualdades, fortalecer la democracia» y:

crear protocolos que nos permitan descentralizar el poder y herramientas que faciliten y propicien autonomía y descentralización tecnológica.

(Yolanda Rueda)

Puedes consultar en la web de EmpoderaLIVE 2024 los ponentes de esta edición entre los que se encuentran:

• Pelonomi Moiloa: Descolonizando la Inteligencia Artificial para potenciar el talento local.
• César Hidalgo: El poder de los datos para alcanzar la democracia digital.
• Marleen Stikker: De la ciudad digital al Internet de la confianza.
• Arturo Filastò: Tecnologías abiertas para garantizar los Derechos Humanos.
• Ronda Železny Green: Datocracia para empoderar a las comunidades marginadas.
• Melanie Rieback: Hacking ético para garantizar la seguridad y transparencia del ecosistema digital.
• Alexey Sidorenko: Activismo cívico para mejorar los derechos digitales en Rusia.
• Sherman Kong: Políticas globales para hacer de los bienes públicos digitales una realidad.
• Nils Berglund: La Declaración del Futuro de Internet para fortalecer los derechos digitales.
• Dominic Finelli: Filantropía de alto impacto para abordar las desigualdades globales.
• Aline Muylaert: Construyendo puentes entre la democracia participativa y la tecnología a nivel local.
• Wietse Van Ransbeeck: Hacia democracias más fuertes poniendo a la ciudadanía en el centro.

Si quieres asistir al evento de manera gratuita solo tienes que resevar tu plaza aquí.

La entrada Desmontando el colonialismo digital en EmpoderaLIVE 2024: Un encuentro para impulsar la democratización tecnológica aparece primero en Periodismo Ciudadano.

Nos llena de alegría saber que el talento y esfuerzo de todo el equipo responsable de poner en marcha Los podcast de Amazondas (@amazondas_), ha sido reconocido en la 3ª edición de los premios Ondas del Podcast como mejor Podcast Experimental.

Un reconocimiento que destaca el impacto y la creatividad de esta producción radiofónica, que ha sabido combinar la autentidad de la voces de sus protagonistas con la profesionalidad de sus creadoras entre las que se encuentra Fátima González Donado (@fgdonado), periodista, comunicadora social y directora de esta iniciativa que nace con el apoyo y compromiso de Andrea Suárez (proyecto Iquitos) y Pía Desulovich.

En entrevista con PC, Fátima nos contaba cómo este proyecto surgió con la intención de generar un impacto social en una comunidad desfavorecida como es Santa Clara del Ojeal, un pequeño pueblo de 300 habitantes ubicado en la selva Perú, a orillas del río Amazonas.

Este reconocimiento confirma la fuerza de la radio comunitaria y el periodismo social. No en vano el jurado de los premios destacaba Los podcast de Amazondas por su capacidad para multiplicar las posibilidades de la radio comunitaria a través del podcast, así como su habilidad para combinar formatos, diseño sonoro y voces en primera persona de manera excepcional.

La propuesta sonora de Los podcast de Amazondas destaca por elevar relatos cotidianos de los miembros de estas comunidades indígenas de la selva de Perú en episodios corales, con entrevistas y en los que incluso hay espacio para mostrar el making of, dando forma a una experiencia sonora totalmente innovadora, que ha cautivado a audiencias tanto locales como internacionales.

Como nos contaba Fátima González Donado en Periodismociudadano.com, Amanzondas no es solo un podcast:

es un proyecto de empoderamiento comunitario que busca que las propias personas puedan adquirir el conocimiento necesario para usar ellos mismos las herramientas que les permitan alzar su voz.

Amazondas es mucho más que un podcast ya que todo su equipo trabaja impartiendo cursos de formación, talleres de radio y comunicación para lograr que «la radio pase a manos de sus habitantes» fomentando así el empoderamiento de estas comunidades más desfavorecidas.

Amazondas continúa su camino como pionero en el podcast experimental, explorando nuevas formas de contar historias. Puedes escuchar los reportajes sonoros de “Los podcast de Amazondas” en YouTube, Spotify y Apple Podcast y colaborar directamente a través del crowfunding con el quieren mejorar las instalaciones comunitarias y «becar a los jóvenes que han demostrado verdadero talento con la comunicación», además de otras iniciativas más a largo plazo como la grabación de un documental.

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EmpoderaLIVE 2023: Hackeando Retos Globales para un Futuro Colaborativo y Ético

Del 26 al 27 de septiembre de 2023, el Teatro Echegaray de Málaga, (@TeatroEchegaray), será testigo de la decimoquinta edición de EmpoderaLIVE, (@EMPODERA_org), un encuentro internacional promovido por la Fundación Cibervoluntarios desde 2006.

Bajo el lema «Soberanía digital ciudadana: en construcción», más de 250 expertos e investigadores globales se unirán para explorar el impacto de la tecnología en la sociedad, promoviendo valores como la sostenibilidad, inclusión y solidaridad.

En entrevista con PC Yolanda Rueda, Presidenta de Fundación Cibervoluntarios, explicaba el porqué de la elección del tema central de este año:

Quien no tiene acceso a la tecnología o a las competencias digitales necesarias, simplemente no tiene los mismos derechos ni oportunidades.

«Es el momento de fortalecer el poder de la ciudadanía en la red, una soberanía digital ciudadana que haga de la tecnología esa palanca que nos ayude a construir un mundo mejor». Sin embargo, este es todavía un concepto en construcción, necesitamos una terminología que se ajuste a la necesidades que van surgiendo, nos explica, citando a Ludwing Wittgenstein: «los limites de mi lenguaje son los límites de mi mundo».

«Ahora toca profundizar, ser parte activa en la construcción de este ecosistema digital que lo impregna todo, conocer y reivindicar los derechos que están en juego, contribuir dándole forma, garantizar su independencia, el uso ético de nuestros datos, y cómo no, proteger nuestra privacidad».

Es el momento de conseguir que el espacio que se está creando sea un espacio abierto, transparente, ético, sostenible e inclusivo.

EmpoderaLIVE 2023 no solo se convertirá en un foro para la discusión de ideas y la tecnología de vanguardia, sino que abrirá espacios dedicados a la generación de proyectos con el objetivo de construir un Internet centrado en las personas. Temas como la defensa de nuestros derechos digitales o de un software ético para empoderar a las personas, la robótica en la era digital o el desarrollo de un Internet más seguro y accesible, estarán en el centro de la conversación.

EmpoderaLIVE se convierte en un catalizador de ideas y motor de cambio para una sociedad más empoderada, reuniendo a mentes innovadoras que buscan construir un futuro más inclusivo y sostenible a través de la tecnología. Entre los ponentes invitados estarán:

Concepción Monje, @mecanohumano, reconocida internacionalmente por sus investigaciones en arquitecturas de control para robots humanoides y Directora del Centro de Servicios Aeronáuticos (CATS-UC3M), se unirá como ponente principal. Monje, también considerada una de las «100 mujeres líderes en España», aportará su visión sobre el papel de la tecnología en la sociedad actual.

Stephen King, @stephenk01, CEO de Luminate, una organización dedicada a facilitar el acceso y el uso igualitario de la tecnología para personas excluidas de la sociedad, compartirá sus conocimientos sobre cómo la tecnología puede impulsar los derechos ciudadanos.

Denis «Jaromil» Roio, @jaromil, fundador de Dyne.org y defensor del software ético para empoderar a las personas, será otro de los destacados ponentes. Roio es conocido por su dedicación a crear aplicaciones de software abiertas accesibles para todos y es uno de los «100 principales emprendedores sociales de la UE».

Joyce Dogniez, @jdogniez, Vicepresidenta de Empoderamiento y Alcance de la Internet Society Foundation, se centrará en la defensa de los derechos en Internet, un tema crítico en la era digital actual.

Además, durante todo el evento se abrirá un espacio para la música y la creación artística desde el que experimentar de la mano de Sonia Aldama (@Saldama) y Javier Puche, (@_javierpuche).

Puedes encontrar el programa completo, horarios y actividades de esta edición en la web oficial de EmpoderaLIVE (www.empoderaLIVE.org). La inscripción es abierta y gratuita, aunque el aforo es limitado. El evento también se transmitirá en directo a través de streaming en la web oficial y en el Canal de YouTube de EmpoderaORG.

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Alex Buselli, periódico Umanità Nova (Italia)
 
Luís Inácio Lula da Silva, desde su primer intento de convertirse en presidente de Brasil en las elecciones de 1989, se ha enfrentado a una fuerte oposición de la élite conservadora y burguesa brasileña. Hasta entonces, el Partido de los Trabajadores (PT) aún mantenía algunos puntos programáticos progresistas, con algunas corrientes internas impulsando la construcción de una sociedad socialista. El país estaba saliendo de la dictadura militar (1964-1985) y había luchas apoyadas por movimientos sociales y sindicatos. No permitir la elección del representante de los sectores obreros era el objetivo fundamental de la burguesía brasileña. Fue en esta coyuntura que el mayor conglomerado televisivo del país, Rede Globo, había manipulado el último debate presidencial, acusando no demasiado encubiertamente al PT de haber participado en el secuestro de Abilio Diniz, uno de los más grandes empresarios brasileños.

Con los años, el PT había perdido su apariencia socialista, mostrándose cada vez más abierto al mercado capitalista. Cuando finalmente Lula fue elegido, anunció un gran proyecto de reconciliación de clases en su "Carta al pueblo brasileño", eligiendo al empresario José Alencar como su vicepresidente.