El Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, ha intensificado los operativos contra las pandillas ante el repunte de la violencia y las extorsiones telefónicas que, según estadísticas oficiales, se originan en su mayoría desde los centros penitenciarios. La crisis de seguridad amenaza con desestabilizar aún más la región centroamericana.
Extorsiones desde las cárceles
Las autoridades guatemaltecas han identificado que las bandas criminales utilizan teléfonos móviles de forma ilegal dentro de las prisiones para intimidar y exigir pagos a la población. Este método ha generado un clima de miedo en amplias zonas del país, donde los comerciantes y transportistas son las principales víctimas. Más del 70% de las llamadas de extorsión tendrían su origen en centros de reclusión, según datos de la Policía Nacional Civil.
Para frenar esta práctica, el Ejecutivo ha ordenado registros masivos en las penitenciarías y la instalación de inhibidores de señal, además de reforzar la vigilancia en los accesos. La medida se enmarca en un plan más amplio de seguridad que busca reducir los homicidios, que en 2025 aumentaron un 12% respecto al año anterior.
Reacción del Gobierno de Arévalo
El presidente Arévalo, quien asumió el cargo en 2024 con la promesa de combatir la corrupción y la violencia, ha puesto la lucha contra las pandillas como una de sus prioridades. En un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que
no permitiremos que las cárceles sigan siendo centros de operación del crimen organizado; la tecnología y la coordinación interinstitucional serán nuestras herramientas clave.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que las medidas no deben vulnerar las garantías de los reclusos y que la solución de fondo pasa por reformar el sistema penitenciario, que sufre hacinamiento y corrupción. Mientras tanto, la población guatemalteca sigue sufriendo las consecuencias de una crisis que también impulsa la migración hacia Estados Unidos y, en menor medida, hacia España.
