El presidente francés, Emmanuel Macron, ha ordenado este viernes 5 de junio una investigación sobre el sistema judicial del país tras el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, en el suroeste de Francia. El mandatario calificó lo sucedido como un «mal funcionamiento» de la justicia, después de que el principal sospechoso hubiera sido acusado formalmente en dos ocasiones de violación a una menor sin que los casos prosperaran.
La muerte de la menor ha desatado una ola de indignación en Francia y ha reabierto el debate sobre la protección de los menores y la eficacia del sistema judicial. Según ha trascendido, el sospechoso, un hombre que ya había estado bajo investigación por delitos sexuales contra otra niña, logró eludir la prisión preventiva en ambas ocasiones, lo que permitió que estuviera en libertad cuando se produjo el crimen.
Un historial judicial en entredicho
Las dos acusaciones previas contra el sospechoso fueron archivadas o quedaron estancadas por diversas razones procesales, según fuentes judiciales citadas por medios locales. Esta situación ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación interna para determinar si hubo negligencia o errores en la tramitación de los casos. El Ministerio de Justicia francés ha anunciado que colaborará con la pesquisa.
El Gobierno galo ha prometido una revisión exhaustiva de los protocolos de protección a menores y de seguimiento de los acusados por delitos sexuales. Macron, que se ha reunido con la familia de la víctima, ha asegurado que «nada justifica que un sistema que debía proteger a una niña haya fallado de esta manera».
La indignación ciudadana se ha traducido en concentraciones en varias ciudades, con pancartas que exigen «justicia para Lyhanna» y una reforma profunda de la justicia. El caso ha reavivado el recuerdo de otros crímenes similares en Francia en los que el sistema judicial fue señalado por no actuar a tiempo.
