La justicia de la República Centroafricana investiga un presunto complot golpista contra el presidente Faustin-Archange Touadéra, según informaron fuentes judiciales este miércoles en Bangui. El caso afecta a dos ministros del Gobierno centrafricano y a otras personas del entorno presidencial, en una trama que revela las luchas de influencia en el seno del poder.

Investigación en curso

La Fiscalía de Bangui se ha hecho cargo de las acusaciones de conspiración, que apuntan a un intento de desestabilización del Ejecutivo de Touadéra, en el poder desde 2016 y reelegido en 2020 en medio de una grave crisis de seguridad. El proceso judicial se encuentra en fase preliminar, sin que se hayan realizado detenciones hasta el momento, según precisaron fuentes próximas a la investigación.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la capital centroafricana, donde el control del presidente sobre las facciones armadas y los actores políticos sigue siendo frágil. Touadéra ha sobrevivido a varios intentos de golpe desde su llegada al poder, el último de ellos en enero de 2021, cuando una coalición de grupos rebeldes avanzó sobre Bangui y fue repelida con la ayuda de fuerzas ruandesas y rusas.

Luchas internas en el poder

La revelación del supuesto complot pone de relieve las tensiones internas dentro del círculo de poder de Touadéra. En los últimos meses, diversas fuentes diplomáticas habían señalado la existencia de divisiones entre distintas facciones del Ejecutivo, en un contexto de creciente influencia de actores extranjeros —especialmente Rusia y Ruanda— en la seguridad y la economía del país.

La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo a pesar de sus recursos minerales (diamantes, oro y uranio), vive sumida en un conflicto armado desde 2013. La presencia de asesores rusos, conocidos como instructores, y de la misión de la ONU (MINUSCA) ha sido clave para la supervivencia del régimen de Touadéra. Sin embargo, la influencia rusa ha generado recelos entre algunos sectores políticos y en la comunidad internacional.

De confirmarse las acusaciones, el caso podría agravar la inestabilidad en un país que sigue luchando por consolidar sus instituciones democráticas. La Presidencia centrafricana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la investigación.

Un nuevo libro del investigador Eyck Freymann, de la Institución Hoover, ha reabierto el debate sobre la estrategia de Estados Unidos para evitar un conflicto por Taiwán. Publicado bajo el título Defending Taiwan: A Strategy to Prevent War with China, el trabajo analiza las dimensiones política, militar, estratégica y económica de la posible agresión china contra la isla.

La obra, que cuenta con más de mil referencias en menos de trescientas páginas, examina distintos niveles de escalada, desde presiones políticas hasta una invasión a gran escala. Sin embargo, según el propio análisis de Freymann, la propuesta no logra ofrecer una alternativa convincente a la postura actual de la administración Trump, que busca estabilizar las relaciones con Pekín sin renunciar al respaldo a Taiwán.

El dilema de la disuasión

El debate se produce en un momento en que el estrecho de Taiwán sigue siendo uno de los focos de tensión más delicados de la geopolítica mundial. Los halcones de la seguridad en Washington advierten de que cualquier acercamiento a China podría socavar la capacidad de mantener la independencia de Taiwán, mientras que otros sectores abogan por una estrategia más pragmática.

Los escépticos de una distensión entre Estados Unidos y China temen que cualquier intento de acercarse a Pekín pueda socavar las esperanzas de mantener la independencia de la isla.

Freymann, investigador de la Institución Hoover, intenta en su libro tender puentes entre ambas posturas, pero sus conclusiones no logran convencer plenamente a los expertos consultados. El análisis subraya la complejidad de prevenir una guerra en un escenario donde las líneas rojas de China y las garantías de seguridad de Estados Unidos chocan directamente.

Un libro de referencia

A pesar de las críticas, la obra de Freymann se ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan entender los entresijos de la crisis de Taiwán. Su exhaustivo trabajo de documentación y su enfoque multidisciplinar lo sitúan como una contribución relevante al debate, aunque, tal y como reconoce el propio autor, la solución definitiva sigue lejos de alcanzarse.

Cerca de 6,9 millones de electores estaban convocados a las urnas el 31 de mayo en Guinea para elegir a sus 147 diputados y representantes municipales, en unos comicios marcados por el llamamiento al boicot de los principales partidos de la oposición y el escaso entusiasmo popular. La jornada electoral, desarrollada sin incidentes graves, refleja el profundo descontento político que atraviesa el país africano, según testigos y analistas.

«Je ne sais même pas pour qui voter» («Ni siquiera sé por quién votar»), declaró a la prensa un votante en Conakri, la capital, en una frase que resume el sentir generalizado. La abstención, aunque no cifrada oficialmente al cierre de esta edición, habría sido elevada. La oposición, que denuncia falta de garantías y un censo electoral irregular, había instado a sus simpatizantes a quedarse en casa.

Un contexto de descontento persistente

Guinea arrastra una crisis política desde las controvertidas elecciones presidenciales de 2020, que dieron la reelección al presidente Alpha Condé, y el posterior golpe de Estado de septiembre de 2021 que llevó al poder al coronel Mamadi Doumbouya. Bajo su mandato, la junta militar prometió una transición democrática, pero los plazos se han incumplido y la represión contra la disidencia se ha intensificado, según denuncian organizaciones internacionales como Amnistía Internacional.

El proceso electoral del 31 de mayo es el primer gran test para la junta desde que asumió el poder. Sin embargo, la falta de credibilidad del proceso, reconocida incluso por observadores locales, y el desinterés ciudadano sugieren que la legitimidad de las nuevas instituciones será limitada. «Estas elecciones no resuelven la crisis, la postergan», señaló a la prensa un analista del Instituto de Estudios de Seguridad de la región.

Implicaciones para la estabilidad regional

La inestabilidad en Guinea preocupa especialmente a España y a la Unión Europea, dado que el país es un productor relevante de bauxita —materia prima clave para la industria del aluminio— y cuenta con presencia de empresas españolas en el sector minero. Además, la falta de gobernabilidad en África Occidental suele alimentar flujos migratorios irregulares hacia las costas españolas, como han señalado en repetidas ocasiones fuentes diplomáticas en Madrid.

La comunidad internacional, incluida la Unión Africana y la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), ha instado a la junta guineana a retomar el calendario de transición y a dialogar con la oposición. Por ahora, el boicot electoral y la desafección popular auguran un escenario de incertidumbre que podría prolongarse en los próximos meses.

Colombia celebra este 31 de mayo elecciones presidenciales en un clima de violencia y tensiones políticas que han empañado la campaña electoral. Los ataques y la fragilidad institucional dominan la jornada en un país que decide el sucesor del actual mandatario, que no puede optar a la reelección.

Tres candidatos favoritos compiten por la presidencia en unos comicios que trascienden las fronteras colombianas. La inestabilidad en Colombia, socio estratégico de España en Iberoamérica, tiene repercusiones directas sobre los intereses españoles y europeos en la región.

Amenazas y ataques durante la campaña

El período preelectoral ha estado marcado por episodios violentos que han afectado a candidatos, militantes y comunidades. Según han denunciado observadores internacionales y autoridades locales, los ataques han creado un clima de intimidación que pone en duda la limpieza del proceso.

La fragilidad institucional colombiana se ha visto expuesta por la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en varias regiones del país, tradicionalmente golpeadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.

Las elecciones de este domingo, en las que están llamados a votar más de 38 millones de colombianos, definirán el rumbo del país para los próximos cuatro años. Los resultados preliminares se esperan en las próximas horas, en una jornada que transcurre con incidentes aislados pero sin paralizaciones generalizadas del proceso.

La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, sigue de cerca el desarrollo de los comicios. España, a través de su embajada en Bogotá, ha desplegado observadores y ha instado a todas las partes a respetar los resultados y a mantener la calma. La relación bilateral con Colombia es clave para los intereses españoles en la región, especialmente en materia de inversiones y cooperación en seguridad.

La escasez de combustibles ha desatado una oleada de protestas masivas en Bolivia, con más de 50 bloqueos activos en distintos puntos del país. La crisis social, política y económica no encuentra hasta el momento un cauce para resolver las demandas de las poblaciones que mantienen las movilizaciones, según informó desde La Paz el enviado especial de France 24, Héctor Estepa.

La crisis se agravó durante el mes de mayo, cuando la falta de diésel y gasolina paralizó sectores clave como el transporte y la agricultura. Las protestas, que comenzaron como reclamos puntuales, se han extendido a nivel nacional y han derivado en enfrentamientos esporádicos con las fuerzas de seguridad.

Una crisis de fondo

La crisis de combustibles es solo la punta del iceberg de una situación económica y política que arrastra Bolivia desde hace meses. La inflación, la devaluación del boliviano y la caída de las reservas de divisas han limitado la capacidad del Gobierno para importar combustibles subsidiados, lo que generó desabastecimiento.

El Ejecutivo de Luis Arce ha tratado de calmar las protestas con medidas como la liberación de divisas para importadores y la promesa de garantizar el suministro, pero las movilizaciones continúan. Organizaciones sociales, transportistas y gremios exigen soluciones estructurales y denuncian falta de voluntad política.

La inestabilidad en Bolivia tiene implicaciones regionales. El país andino es un productor de gas natural, pero su capacidad de refino es limitada, lo que lo obliga a importar carburantes. La crisis actual recuerda a episodios similares de 2019, cuando las protestas por la subida de combustibles contribuyeron a la caída del entonces presidente Evo Morales.