Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.

Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.

«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.

Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura

Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.

Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.

En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.

Variación en el gasto

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».

Un marcador dramático

«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.

Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre 9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.

La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.

«Decisiones desgarradoras»

Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.

Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.

Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.

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En este que es el episodio 45 de esta aventura que es Colmenas Tapizadas viajamos de nuevo al siglo XIX. Cuenta la leyenda que el 22 de junio de 1856 por las calles de Valladolid se oía una tonadilla que decía algo así: «Ya llegó el feliz momento de que la tortilla se vuelva, que […]

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Se pone fin a la huelga de hambre de una presa y dos presos de Palestine Action que llevaban más tiempo sumidas en ella, tras más de 70 días (más tiempo de lo que estuvo Bobby Sands en huelga de hambre antes de morir). Si bien no se han estimado todas sus demandas, han logrado una victoria parcial, logrando que el gobierno inglés no conceda un nuevo contrato a Elbit Systems UK.

Tras más de dos meses de ayuno extremo, una presa y dos presos de Palestine Action que mantenían la huelga de hambre más prolongada han anunciado el fin de la protesta. La decisión llega después de que el gobierno británico haya confirmado que no concederá un contrato público de 2.000 millones de libras a Elbit Systems UK, filial de la mayor empresa armamentística israelí, una de las principales demandas planteadas por los huelguistas.

La protesta, que había generado una creciente alarma por el estado de salud de los presos, se desarrollaba en un contexto de máxima tensión. Heba Muraisi, de 31 años, alcanzó los 73 días sin ingerir alimentos, una cifra que evocaba inevitablemente la memoria de las huelgas de hambre de presos republicanos irlandeses en 1981, donde varios murieron tras periodos incluso más cortos de ayuno. Otros presos, como Kamran Ahmed, de 28 años, y Lewie Chiaramello, de 22 —diabético tipo 1 y en ayuno intermitente—, también habían llevado su cuerpo al límite como forma de protesta política.

Según el colectivo Presos en huelga de hambre, la negativa del Ministerio de Defensa a otorgar el contrato a Elbit Systems UK supone un giro significativo en la política del gobierno británico, que desde 2012 había adjudicado a la empresa más de una decena de contratos públicos. El acuerdo frustrado habría permitido a la compañía entrenar a unos 60.000 soldados británicos al año, reforzando los vínculos entre el Estado británico y la industria militar israelí.

Además de la cuestión contractual, durante las últimas semanas se produjeron reuniones entre responsables nacionales de atención sanitaria en prisiones y representantes de los huelguistas, promovidas por el Ministerio de Justicia. En esos encuentros se abordaron tanto las condiciones de reclusión como los protocolos médicos, en un momento en el que la vida de los presos estaba seriamente amenazada.

Junto a Muraisi, Ahmed y Chiaramello, otros cuatro presos —Teuta Hoxha, Jon Cink, Qesser Zuhrah y Amu Gib—, que habían pausado previamente su participación en la huelga, han decidido darla por finalizada de manera definitiva. Todos ellos han iniciado ahora el delicado proceso de realimentación bajo pautas médicas, una fase que también entraña riesgos graves si no se gestiona adecuadamente.

El colectivo Presos por Palestina sostiene que la huelga ha logrado varias victorias políticas. Entre ellas, destacan el aumento de la movilización directa contra el complejo militar-industrial israelí —con centenares de personas incorporándose a acciones en apenas unas semanas— y avances concretos en las condiciones de los presos. En el caso de Heba Muraisi, se ha aceptado su traslado a la prisión de Bronzefield, en Surrey, lo que permitirá acercarla a su entorno familiar tras haber sido enviada anteriormente a un centro situado a cientos de kilómetros.

Otras demandas también han comenzado a desbloquearse, como el acceso a comunicaciones y materiales censurados durante meses. Según denunciaron, durante la huelga algunos presos empezaron a recibir de golpe grandes cantidades de correo retenido, incluidos libros sobre Gaza y feminismo que habían sido bloqueados sin explicación.

Desde el entorno de los presos califican la huelga de hambre como un hito de resistencia política. A su juicio, ha dejado al descubierto la existencia de presos políticos en el Reino Unido y el papel del Estado británico en el sostenimiento de la industria armamentística israelí. En palabras de Amu Gib: «Nunca le hemos confiado nuestras vidas al gobierno, y no empezaremos ahora. Seremos nosotros quienes decidamos cómo entregamos nuestras vidas a la justicia y la liberación».

La huelga de hambre termina, pero el conflicto político que la originó —la complicidad del Estado británico con la maquinaria de guerra israelí— sigue abierto.

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En julio de 2025, el Gobierno británico declaró «organización terrorista» e ilegalizó Palestine Action, un grupo que ha llevado a cabo diversas acciones directas (sin causar daños personales) contra la industria armamentística que suministra armas al ejército de Israel. Actualmente, hay 33 presas preventivas vinculadas a acciones de Palestine Action, consistentes en entrar en una fábrica de armas o en una base aérea y vandalizar con pintura las instalaciones. Y de estas 33, ocho se encuentran en huelga de hambre, algunas desde hace cincuenta días.

La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del IRA en 1981.

La salud de las presas peligra seriamente. Kamran Ahmed, de 28 años, lleva 44 días sin ingerir alimentos; Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, ha superado ya los 50 días de huelga; en idéntico sentido, Qesser Zuhrah, de 20 años, también lleva más de 50 días de huelga. Las tres se encuentran hospitalizadas y sus vidas corren peligro. En una entrevista publicada el 21 de diciembre por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.

Desde que se ilegalizó Palestine Action, más de 2.500 personas han sido detenidas por visibilizar su apoyo al colectivo y/o a las presas en huelga de hambre, ya sea con pancartas o camisetas. El caso más reciente ha sido el de Greta Thunberg, detenida el 23 de diciembre por sentarse en la calle con una pancarta que leía «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio«.

La sensación de urgencia para apoyar a las presas es cada vez mayor y en muchas ciudades del mundo se están convocando acciones de protesta. Por ejemplo, en Madrid se celebró una concentración frente al Consulado Británico el 22 de diciembre.

Hace unos días publicamos un artículo describiendo la motivación y situación de las huelguistas. Pero, desde entonces, su estado de salud ha empeorado, por lo que, para actualizar la información, a continuación copiamos un artículo publicado por Queralt Castillo Cerezuela en El Salto.

Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.

A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.

Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras

Más de 50 son los días que Qesser Zuhrah, Amu Gib y Heba Muraisiestán en huelga de hambre; Teuta Hoxha y Kamran Ahmed encaran sus días en ayuno 45 y 44, respectivamente; y Lewie Chiaramello hace 30 días que no come. Umer Khalid y Jon Cink tuvieron que abandonar la protesta el día 13 y el 45 en ayunas, respectivamente. 

Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.

También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.

Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.

En peligro el derecho a la protesta

En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza. 

Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.

“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión. 

El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.

Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.

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El pasado 3 de julio de 2025, el Gobierno laborista británico, con el apoyo de liberales y conservadores, aprobó una ley por la cual declaró a Palestine Action una organización terrorista con 385 votos a favor y tan solo 26 en contra.

Palestine Action, fundado en 2020, es un colectivo que llevaba cinco años organizando protestas pacíficas de diversa índole, como sentadas y bloqueos delante de las oficinas de Elbit Systems (empresa armamentísica israelí)¹, pintadas en las sedes de las manufactureras de armas UAV Tactical Systems (franco-israelí) y Leonardo (italiana), la vandalización de un retrato de Arthur Balfour en Trinity College y el robo de dos bustos de Chaim Weizmann de la Universidad de Manchester. Su acción más grande, que es la que le ha granjeado el calificativo de «terrorista», fue la invasión de la base militar aérea RAF Brize Norton y el sabotaje a dos aviones Airbus Voyager con pintura y palos, el pasado mes de junio.

Desde la ilegalización del colectivo, más de 2.500 personas han sido detenidas en distintas manifestaciones por portar pancartas con la leyenda «Apoyo a Acción Palestina». El día más destacado fue el 6 de septiembre, cuando 890 personas (de un total de 1.400 manifestantes) fueron detenidas en una concentración en el centro de Londres (857 de ellas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por portar pancartas de apoyo a la organización y 33 por delitos contra el orden público), lo cual supone el mayor caso de detenciones masivas en la historia del Reino Unido. La concentración fue convocada por la organización Defend Our Juries, bajo el lema “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.

Las detenidas lo fueron con base en la sección 12 de la Ley de Terrorismo inglesa, y afrontan posibles procesos con condenas que llegarían hasta los catorce años de prisión. Esta brutal respuesta afecta a las protestas contra el genocidio en Palestina pero también al propio derecho a la protesta. No solo por los registros, propuestas de sanción, multas, detenciones e incluso encarcelamiento, sino por el llamado “efecto paralizante” (chilling efect) y la represalias que pueden acarrear también en empresas y centros de trabajo la participación en manifestaciones de cualquier tipo.

Huelga de hambre por la libertad

Actualmente, hay 33 presas encarcelados en Gran Bretaña por supuestas acciones en solidaridad con Palestina relacionadas con este colectivo. Muchas de ellas pertenecen a los 24 de Filton [Filton 24], detenidas por una acción contra un centro de investigación de Elbit Systems en agosto y a los Brize Norton 5 (quienes realizaron la acción de pintar dos aviones en la base aérea mencionada previamente)².

Se encuentran en prisión preventiva, sin juicio, sin fianza y algunos pueden esperar hasta dos años para ser juzgadas. Además, denuncian que han sido objeto de un trato degradante y arbitrario, que incluye la retención de su correo, libros y propiedades, órdenes de no asociación, exclusión de programas de empleo y educación, un régimen arbitrario de aislamiento y la retirada de sus keffiyehs.

En el momento en el que escribimos estas líneas, 8 de las 33 presas se encuentran en huelga de hambre, la mayoría desde el 2 de noviembre. Sus demandas pasan por el fin de toda censura, la libertad inmediata bajo fianza, el derecho a un juicio justo sin interferencias extranjeras y políticas, la desclasificación de Palestine Action como organización terrorista y el cierre de Elbit Systems.

Las huelguistas comenzaron la acción el mismo día en que el gobierno británico emitió la Declaración Balfour en 1917, allanando el camino para el establecimiento de un Estado colonialista y sionista. Comenzaron Amu Gib y Qesser Zuhrah, Heba Muraisi se unió un día después y les siguieron Jon Cink, T Hoxha y Kamran Ahmed. Eel último en unirse a la huelga de hambre es Muhammad Umer Khalid, hace pocos días. Lewie Chiaramello también se unió el 23 de noviembre, realizando una huelga de hambre parcial, cada tercer día, ya que es diabético. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las Islas Británicas desde las huelgas de hambre de 1981 de los presos políticos irlandeses lideradas por Bobby Sands durante el conflicto, y que provocaron la muerte de 10 jóvenes³.

Solidaridad internacional

En solidaridad, presos de todo el mundo se han unido a los huelguistas de hambre durante periodos más cortos. Dimitris Chatzivasileiadis se unió desde Grecia, Massimo Passamani y Luca Dolce desde Italia⁴ y Jakhi McCray en Estados Unidos. Los presos Casey Goonan y Malik Muhammad, en Estados Unidos, también se unieron a una huelga de hambre, aparte, en solidaridad con Teuta Hoxha y los 24 de Filton, cuyo juicio comenzó en noviembre y durará 8 semanas.

Mientras tanto, Israel ha encarcelado a casi 9.100 palestinos como presos políticos, muchos de los cuales también se encuentran en huelga de hambre. Siguen saliendo a la luz detalles sobre los abusos que sufren, incluidos abusos sexuales, psicológicos y físicos, así como inanición forzada. Muchos cadáveres son devueltos a Gaza con signos de tortura, mutilación y ejecución.

Las consecuencias de la huelga

El cuerpo tiene un límite en lo que puede aguantar. A medida que el hambre se instala, comienzan a agotar sus reservas, primero la grasa, luego los músculos y, finalmente, los órganos vitales comienzan a fallar. Tres de los ocho huelguistas de hambre, Qesser, Teuta y Kamran, ya han sido hospitalizados debido al deterioro de su salud. Amu Gib ha perdido 10 kg. Más de cien profesionales médicos han firmado una declaración en la que exigen que se tomen medidas para evitar que las y los huelguistas sufran más daños. Pasado un mes, existe una grave preocupación de que los huelguistas sufran daños irreversibles.

Hace unos días, el médico de urgencias y profesor del University College de Londres, Dr. James Smith, afirmó que el estado de los detenidos se ha deteriorado drásticamente y declaró a periodistas que “los huelguistas de hambre se están muriendo”. Smith dijo que los relatos desde el interior del sistema penitenciario apuntan a “un seguimiento y tratamiento deficientes. […] En mi opinión, como médico del NHS, la complejidad de las necesidades de atención de los huelguistas de hambre ahora debe gestionarse con la participación regular de especialistas, o incluso con un seguimiento continuo en el hospital”, dijo.

Por otro lado, más de 200 miembros de la Asociación Médica Británica expresaron su preocupación unos días antes y 900 profesionales de la salud han escrito al viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, al secretario de Salud, Wes Streeting, a altos funcionarios del NHS y a las autoridades penitenciarias exigiendo medidas urgentes.

Shahmina Alam, hermana de Kamran Ahmed (28 años), declaró que “Ahmed está cursando el día 39 de su huelga de hambre. Ha tenido dos internaciones desde que inició su huelga de hambre, y fue dado de alta apenas la semana pasada. Si bien lograron estabilizar sus cetonas, los niveles de estas han vuelto a subir considerablemente. Pero lo más preocupante es que su corazón se está debilitando y su pulso se está desacelerando, además de que, en este momento, Ahmed está perdiendo medio kilo por día”.

Pese a todo esto, hasta ahora el Gobierno británico y los medios de comunicación (salvo honrosas excepciones) han ignorado por completo las huelgas de hambre, evitando que se introduzca en la agenda pública. El objetivo de las activistas ahora es romper ese muro de silencio, algo que han intentado por ejemplo bandas como Kneecap, The Pogues y otros 200 artistas irlandeses y británicos, que han publicado una carta al Gobierno solicitando que se acceda a las demandas de las huelguistas.

Como siempre, la solidaridad internacional, la denuncia y la organización de la clase trabajadora siguen siendo la única garantía de que estos casos no queden en la impunidad ni en el olvido.

Este artículo ha sido escrito partiendo de piezas extraídas deBriega, Democracy Now, Naiz, Todo por Hacer, Prisoners for Palestine, Resumen Latinoamericano, Spanish Utopia, Izquierda Diario, Insurgente, Filton Actionists y TeleSur.

___________________________________

1 Elbit Systems suministra al Ejército israelí el 85 % de su equipamiento terrestre y el 85 % de sus drones. Activistas propalestinas denuncian que sus drones se han utilizado en Gaza para reproducir sonidos de niños llorando y gritando, con el fin de atraer a la gente y luego dispararles.

2 Desde Brize Norton parten regularmente aviones con destino a la base aérea de Akrotiri, en Chipre, desde donde se dirigen las operaciones británicas en Oriente Medio, incluidos vuelos de espionaje sobre Gaza.

3 Bobby Sands murió el 5 de mayo 1981, después de 66 días en huelga de hambre. El informe original establecía que la causa de la muerte había sido «inanición auto impuesta«, aunque fue enmendado posteriormente tras las protestas de los familiares, estableciéndose simplemente como «inanición«. Sands fue miembro del Parlamento de Westminster durante veinticinco días, aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo. Entre sus escritos, encontramos una de sus frases más célebres y que ha sido difundida en infinidad de murales por las calles de Belfast oeste principalmente: «Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos«. Se estima que más de 100.000 personas asistieron al funeral de Sands, el mayor funeral republicano desde el del alcalde de Cork del Sinn Féin, Terence MacSwiney, que murió en la cárcel de Brixton el 25 de octubre de 1920 después de otra huelga de hambre de 74 días. Después de Sands, otros nueve presos republicanos murieron en la huelga de hambre –Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Michael Devine–. La huelga finalizó el 3 de octubre de 1981.

4 Desde Italia, el anarquista Luca Dolce hizo una declaración que rompe con la línea dominante de que las huelgas de hambre son simplemente protestas sobre las condiciones de los presos: “La lucha contra la prisión y el sistema militar tecnoindustrial es esencial para una lucha de mayor alcance, de resistencia revolucionaria e internacionalista… Estoy a su lado con serenidad y resolución”. Dolce también saluda al prisionero palestino Anan Yaeesh en la prisión de Melfi, en el sur de Italia, otro objetivo de las tácticas de aislamiento y traslado destinadas a borrar a los presos políticos. Según Dolce, no está claro si Yaeesh continúa en huelga.

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Efecto Cocuyo
 
Dedicaron su vida a la docencia y la investigación, a la producción de conocimiento, pero hoy cientos de profesores universitarios en Venezuela enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación.

“Me llegan tres casos de profesores que están pidiendo apoyo para comprar comida. Uno, jubilado ‘vive’ de su salario, la otra toda la familia cayó con COVID-19 y su esposo está hospitalizado, la tercera jubilada que medio la ayuda una ahijada. Si alguno puede colaborar, escríbame”, compartió en Twitter el 14 de abril la licenciada Nashla Báez.

Historias similares se conocen cada vez con más frecuencia en el gremio, aseguró el gerente de Protección Social del Instituto de Previsión del Profesor de la Universidad Central de Venezuela (IPP-UCV), Manuel García. “Es sumamente doloroso y cruel”, dijo a Efecto Cocuyo sobre las condiciones en las que viven muchos docentes universitarios. Estimó que, de unos 6.900 profesores de la UCV, “el 10 % se encuentra en una situación precaria” y añadió: “nos estamos encontrando casos de profesores con desnutrición severa”.

Refirió que, durante los años 60, 70, 80 y 90, no era común que los profesores tuviesen otra fuente de ingreso fuera de la academia, porque podían tener calidad de vida con sus salarios. Principalmente enfocaban su tiempo en cumplir con los requisitos necesarios para escalar dentro de la academia, incluyendo la realización de múltiples investigaciones en sus campos y los estudios de maestrías y doctorados. Las jubilaciones, por aquella época, también permitían tener una vejez digna.

En la actualidad, el salario mensual de un profesor titular a dedicación exclusiva en la administración pública (el máximo escalafón) es de unos 5 dólares, monto equivalente al costo de un kilo de carne en Caracas.

Dificultad de nuevo empleo

García explicó que, alrededor del 55 % de los docentes universitarios de la UCV tienen entre 65 y 90 años de edad; es decir, son personas de la tercera edad a las que se les dificulta más conseguir otro empleo para subsistir.

Durante la pandemia del COVID-19, dijo el gerente, ha sido más complejo hacer seguimiento a las dificultades que enfrentan en el gremio, “tenemos muchísimo tiempo que no vemos a los compañeros, aun así, te vas enterando…un profesor cuenta que conoce a otro que tiene más de dos días sin comer… que no tiene para comprar sus medicamentos, que no tiene para pagar un pasaje”.

A muchos, aun cuando pasan necesidad, les cuesta pedir ayuda. “Cuando llegaron a tener un nivel socioeconómico alto, a muchos les cuesta trabajo reconocer que se han empobrecido”, agregó García. Muchos han quedado solos en el país producto del fenómeno migratorio, pero no todos reciben remesas. Aun así, señaló, el gremio se ha fortalecido y se han creado redes de ayudas.

El gerente de Protección Social del IPP-UCV está convencido de que la precarización de los salarios de los docentes es parte de un plan orquestado por la administración de Nicolás Maduro para acabar con la academia: “le llamamos el holocausto universitario… porque tú sabes que con un salario de 5 dólares no sobrevive ningún venezolano”.

Sin seguridad social

El profesor Samuel Pérez, integrante de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), coincidió en señalar que el gremio se encuentra desasistido: “ve golpeados sus ingresos salariales y desaparecida su seguridad social y no tiene alternativa en el sistema de salud público”. Calculó que hay día en los que pueden recibir unas 20 llamadas diarias de colegas que piden apoyo, incluyendo aquellos a los que no los aceptaron en servicios de salud porque la cobertura del seguro médico no es suficiente. La póliza actual es de unos 350 dólares, según indicó el IPP. Pérez recordó que, además, este viernes 16 de abril se cumplen tres quincenas desde que el Ejecutivo nacional decidió ejecutar el pago de los trabajadores universitarios del país a través del sistema patria, lo que se traduce en que “la universidad perdió la gobernabilidad en la gestión de sus recursos”.

El seguimiento que ha realizado la Apucv del proceso reveló que se han presentado varias irregularidades en cuanto a los pagos, “estamos documentando muchos casos de gente que no está recibiendo lo que deberían recibir, primas que no se están pagando, se están violando las actas convenio”. Por otro lado, el profesor señaló que se cumple un año desde que las autoridades universitarias de la UCV han dejado de enviar al IPP los recursos que les corresponden como contribución el patrono al sistema de seguridad social de los trabajadores.

Proyecto piloto

Ante estas carencias, desde el IPP-UCV y junto a un grupo de profesores, ha surgido la idea de replicar algunos elementos de las iniciativas conocidas como “bancos de alimentos”, para que la institución pueda triangular ayudas a los agremiados que más la necesiten. Para ello, explicaron García y Pérez, se prevé que en las próximas semanas el Instituto realice una encuesta en línea que permita caracterizar y mapear las condiciones en las que se encuentran los docentes universitarios de la UCV. En paralelo han comenzado gestiones con algunas empresas privadas que se mostraron dispuestas a colaborar con la iniciativa de crear y sostener una red de distribución de ayuda solidaria.

[Tomado de https://efectococuyo.com/la-humanidad/es-doloroso-y-cruel-profesores-universitarios-piden-apoyo-para-alimentarse/.]