El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este jueves 4 de junio a Estados Unidos de aliarse con narcotraficantes en el país sudamericano, después de que el expresidente estadounidense Donald Trump expresara su respaldo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral, prevista para el 23 de junio.

“Estados Unidos se está aliando con narcotraficantes en Colombia para derrotarme”, declaró Petro durante un acto de campaña, según recogen medios locales. La acusación, que carece de pruebas públicas, supone un nuevo frente de tensión diplomática entre Bogotá y Washington, históricamente aliados en la lucha antidroga.

De la Espriella, un político conservador que ha prometido endurecer las políticas de seguridad, se perfila como el principal rival de Petro en unos comicios que polarizan al país. Trump, que aspira a la reelección en Estados Unidos, publicó un mensaje en su red social apoyando al candidato colombiano, sin mencionar a Petro.

Relación bilateral bajo presión

La Casa Blanca no ha ofrecido hasta ahora una respuesta oficial a las acusaciones. La relación entre ambos países ha atravesado altibajos desde la llegada de Petro al poder en 2022, debido al giro del mandatario hacia políticas de paz y reducción de la violencia, frente al enfoque tradicional de represión del narcotráfico.

Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y socio clave de Estados Unidos en la región. La acusación de Petro se enmarca en un contexto de creciente polarización electoral que podría afectar la cooperación bilateral.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha volcado de lleno en la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Tras unos resultados en la primera vuelta que dejaron al progresismo por debajo de las expectativas, Cepeda necesita movilizar más de dos millones de votos para imponerse al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

En un contexto de creciente polarización, analistas consultados por medios colombianos coinciden en que el respaldo explícito de Petro puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la popularidad del mandatario entre las bases izquierdistas garantiza la movilización de un núcleo duro de electores. Sin embargo, su elevado rechazo en el centro y la derecha podría activar un voto de castigo.

Un balotaje ajustado

La primera vuelta reveló que el oficialismo no logró capitalizar plenamente la maquinaria estatal ni el arrastre del presidente. Según el analista Christian Fajardo Carrillo, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, «la estrategia de Petro debe equilibrar el apoyo militante con un perfil moderado que no espante a los votantes indecisos». El académico considera clave que Cepeda se distancie de los aspectos más controvertidos del Gobierno de Petro, como la política de seguridad o las turbulencias económicas.

La campaña de De la Espriella ha centrado su discurso en denunciar un supuesto «continuismo autoritario» si Cepeda llega al poder. El candidato ultraderechista obtuvo en la primera vuelta una ventaja de algo más de un punto porcentual sobre Cepeda, lo que obliga al oficialismo a movilizar a los votantes de fuerzas menores que no superaron el umbral.

La incógnita es si el respaldo de Petro se traducirá en votos o en rechazo. Las encuestas previas al balotaje pronostican un resultado muy reñido, con ambos candidatos prácticamente empatados en intención de voto. La decisión final dependerá de la capacidad de Cepeda para seducir al electorado moderado sin perder el apoyo de las bases petristas.

Colombia celebró el pasado domingo 31 de mayo la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una sorpresa: el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella se impuso en los primeros puestos, superando al izquierdista Iván Cepeda, según los datos del preconteo oficial. El presidente Gustavo Petro declaró la misma noche electoral que no reconocía los resultados provisionales y denunció irregularidades en el proceso.

Ante las dudas planteadas, el Registrador Nacional de Colombia, Hernán Penagos, defendió en una entrevista la transparencia de los comicios. Penagos aseguró que el sistema electoral colombiano cuenta con garantías técnicas y jurídicas para asegurar la fiabilidad del escrutinio, y pidió esperar al conteo definitivo antes de emitir juicios.

Un resultado inesperado

De la Espriella, abogado y político conservador, ha centrado su campaña en promesas de endurecimiento del orden público y reformas económicas de corte liberal. Su avance ha supuesto un terremoto político en un país tradicionalmente marcado por el pulso entre la izquierda de Petro y las fuerzas tradicionales. El balotaje está previsto para dentro de tres semanas, y ambos candidatos buscarán ahora el apoyo de las formaciones que quedaron fuera de la segunda vuelta.

La incertidumbre sobre el reconocimiento de los resultados por parte del actual mandatario añade tensión a un escenario ya de por sí polarizado. El Registrador Nacional insistió en que no se han detectado anomalías que invaliden el proceso, y subrayó que Colombia tiene una tradición electoral sólida con mecanismos de auditoría independientes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha rechazado en la madrugada de este lunes los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales celebradas el domingo. «No acepto los resultados del preconteo», declaró el mandatario en un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, en una jornada que promete tensión política en el país.

Según los datos preliminares difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato conservador Abelardo de la Espriella se sitúa en primer lugar con un estrecho margen sobre el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien ocupa la segunda posición por pocos puntos porcentuales. El propio presidente aparece como candidato en los comicios, aunque los resultados del preconteo no le otorgan la primera posición.

Petro no detalló las razones concretas de su rechazo, pero fuentes cercanas al Ejecutivo apuntan a posibles irregularidades en el proceso de conteo. El mandatario colombiano ha denunciado en el pasado la existencia de «fraudes electorales» y ha pedido en reiteradas ocasiones una revisión exhaustiva de los votos. La jornada electoral transcurrió con normalidad en la mayor parte del país, aunque se registraron incidentes aislados en algunas regiones.

La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Colombia, un socio estratégico en la región. La Organización de Estados Americanos (OEA), que desplegó una misión de observación electoral, aún no se ha pronunciado sobre la validez del proceso. El rechazo de Petro abre un escenario de incertidumbre política que podría prolongarse durante los próximos días, a la espera del escrutinio definitivo.

Colombia ha abierto este domingo 31 de mayo las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, en una jornada electoral con once candidatos en liza, aunque solo tres de ellos, según los sondeos, tienen opciones reales de llegar a una eventual segunda vuelta. El resultado definirá si el país mantiene el proyecto de izquierda que llegó al poder en 2022 o gira hacia el centroderecha.

Los colegios electorales abrieron a las 8:00 hora local (13:00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 16:00 (21:00 GMT), aunque la hora de cierre se extiende en función de la afluencia. Están llamados a votar casi 39 millones de colombianos, aunque la participación histórica en primera vuelta no suele superar el 60%, según datos de la Registraduría Nacional.

Tres candidatos con opciones reales

Las encuestas previas a la cita electoral sitúan como favoritos a Juan Fernando Quintero, candidato del petrismo y heredero del proyecto de izquierda; Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y representante de la centroderecha; y Antonio Navarro Wolff, exguerrillero del M-19 y figura del centro político. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, los dos más votados se disputarán la presidencia en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

El actual mandatario, Gustavo Petro, ha hecho un llamamiento a la calma durante la jornada y ha recordado que «la democracia colombiana es fuerte y sabe resolver sus diferencias en las urnas», según declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Implicaciones para la cooperación con España

El resultado electoral tiene especial relevancia para la política exterior española. Colombia es un socio prioritario de España en Iberoamérica en materia de seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico. La cooperación bilateral incluye programas de erradicación de cultivos ilícitos, intercambio de inteligencia y acuerdos comerciales en el marco de la Alianza del Pacífico.

Durante el mandato de Petro, las relaciones con España se mantuvieron en un tono cordial, aunque con roces puntuales en materia energética y ambiental. Un eventual triunfo del centroderecha podría alinear a Colombia más estrechamente con las posiciones de la UE y Estados Unidos, mientras que una continuidad del petrismo profundizaría el perfil progresista del país en la región.

Jornada tranquila pese a tensiones previas

Las autoridades electorales han desplegado un dispositivo de seguridad especial en zonas históricamente conflictivas como el Catatumbo, Cauca y el Pacífico nariñense. Hasta el mediodía, la jornada transcurría sin incidentes graves, según informó el Ministerio del Interior colombiano. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha reportado algunos retrasos en la apertura de mesas en departamentos apartados, sin que afecten al normal desarrollo del proceso.

La primera vuelta de las elecciones de 2022 registró una participación del 54,9%, la más alta en una primera vuelta desde 1998. Este año se espera una participación similar, aunque el voto en el exterior —que ha crecido un 12% respecto a comicios anteriores— podría incrementar ligeramente la cifra total de sufragios. El escrutinio comenzará una vez cerrados los colegios, y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 18:00 hora local (23:00 GMT).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se encuentra en la recta final de su mandato, que concluirá en los próximos meses. Su gobierno, el primero de izquierda en la historia de Colombia, marca un punto de inflexión política en un país estratégico para las relaciones de España con Iberoamérica. Cuatro años después de asumir el poder, el balance de su gestión deja luces y sombras que siguen generando opiniones encontradas.

Petro llegó a la presidencia en 2022 con la promesa de impulsar reformas sociales profundas y alcanzar la denominada “Paz Total”, una estrategia de negociación con los grupos armados que operan en el país. Ambas apuestas han definido buena parte de su gobierno. Sus defensores destacan avances en materia social, como la reducción de la pobreza y la ampliación de programas de asistencia. Sin embargo, sus críticos señalan el deterioro de la seguridad en varias regiones, las dificultades para implementar reformas estructurales y los resultados limitados de la estrategia de paz.

La política social y la paz, ejes del gobierno

En el ámbito social, el Ejecutivo colombiano logró avances significativos. La pobreza multidimensional descendió del 16 % al 12,1 % entre 2022 y 2024, según datos oficiales. Programas como la renta ciudadana y la matrícula cero en universidades públicas ampliaron la cobertura de protección social. No obstante, la informalidad laboral sigue afectando a más del 55 % de la población activa, y la implementación de la reforma laboral y de pensiones sigue estancada en el Congreso.

En materia de seguridad, la apuesta por la “Paz Total” ha tenido resultados desiguales. El gobierno logró un alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y avanzó en la desmovilización de algunos grupos armados. Sin embargo, la violencia no cesó en regiones como el Catatumbo o el Chocó, donde el control territorial sigue en manos de disidencias de las FARC y bandas criminales. En 2025 se registraron más de 100 masacres, según la Defensoría del Pueblo, una cifra que refleja la persistencia del conflicto.

Reacciones divididas y el legado final

El balance del gobierno de Petro suscita reacciones encontradas. Mientras sectores progresistas valoran el giro social y la apuesta por la negociación, la oposición y parte del empresariado critican la inseguridad jurídica y el deterioro del clima de inversión. El presidente colombiano concluye su mandato con una popularidad en torno al 35 %, según encuestas recientes.

El legado de Petro será evaluado en función de la capacidad de su sucesor para consolidar o revertir las políticas implementadas. En cualquier caso, su gobierno marca un hito en la historia de Colombia: el primer intento de construir un proyecto político desde la izquierda en un país históricamente gobernado por coaliciones de centro-derecha y derecha. La transición de poder, prevista para agosto de 2026, se perfila como un momento clave para el futuro político del país andino.

BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.

Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.

Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial

El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.

La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.

“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.

Agresiones oculares, persecución y exilio

Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.

La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.

La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.

“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial

El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.

“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.

A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.

Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.

Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.

En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.

Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.

“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”

“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.

Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.

Colectividad y resistencia

Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.

Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.

Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.

Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.

– Dani, ¿con qué sueñas?

– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.

Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.

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