En el este de Ucrania, el frente apenas se ha movido en meses. Las líneas de trincheras continúan prácticamente en el mismo lugar, pero el entorno ha cambiado de forma radical. Ciudades destruidas, infraestructuras energéticas bajo ataque constante y una población civil sometida a una guerra que ya no avanza, pero tampoco retrocede.
Durante las primeras semanas de la invasión, la posición rusa era respaldada (aunque con la boca pequeña), por una parte de la izquierda española que veía en el movimiento ruso la inevitable respuesta ante la expansión del imperialismo americano y de la OTAN. Cuatro años después, son pocas, si es que las hay, las voces que se sitúan al lado de Putin.
Según la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), 2025 fue el año más letal para la población civil desde el inicio de la invasión a gran escala, con al menos 2.514 muertos y 12.142 heridos, un 31% más que en 2024. Este aumento no responde a grandes ofensivas puntuales, sino a la consolidación de una dinámica de desgaste sostenido basada en ataques a distancia y una violencia distribuida en el tiempo.
Este estancamiento militar coincide con otro desplazamiento menos visible, pero igual de decisivo: el cambio en el marco internacional desde el que se interpreta el conflicto. “En muy poco tiempo ha cambiado el escenario”, señala Francesc Serra Massansalvador, doctor en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en la Rusia contemporánea. Moscú, explica, ha dejado de ocupar el centro de atención global. La agenda internacional se ha desplazado hacia otros focos de conflicto y otros actores, desde China hasta Oriente Próximo, y por supuesto, Irán. Ese cambio no implica una menor gravedad de la guerra en Ucrania, sino su progresiva integración en un contexto más amplio de inestabilidad.
Para Serra, este desplazamiento refleja un problema más profundo: la pérdida de capacidad del sistema internacional para ordenar los conflictos. Lo que en 2022 aparecía como una ruptura –la invasión a gran escala de un Estado soberano– hoy se inscribe en una dinámica más amplia de normalización del uso de la fuerza. Esa misma erosión del marco internacional preocupa especialmente a las organizaciones de derechos humanos.
“Estamos viendo una bajada de la determinación internacional para exigir responsabilidades”, advierte Daniel Vilaró, responsable de Amnistía Internacional en Catalunya. El cambio de posición de Estados Unidos, añade, ha debilitado el compromiso con la investigación de los crímenes de guerra y ha abierto la puerta a escenarios en los que la impunidad se convierta en moneda de cambio para alcanzar un acuerdo de paz.
El cruce entre ambos planos –el geopolítico y el jurídico– define el momento actual del conflicto. Mientras el frente se estabiliza sobre el terreno, el marco que debía garantizar sus límites empieza a desdibujarse. Sobre el mapa, la guerra parece congelada. Sobre el terreno, no lo está.
Los combates continúan, pero ya no se traducen en avances significativos. En los últimos tres años, las ofensivas de ambos bandos se han saldado con desplazamientos mínimos del frente. Pueblos pequeños, posiciones tácticas, enclaves cuya importancia estratégica se diluye a medida que quedan arrasados. La única variación relevante fue la retirada rusa de la ciudad de Jersón, que respondió más a una decisión operativa que a una derrota estructural. “Desde hace tiempo no hay grandes movimientos”, explica Serra. “Lo que vemos es una guerra de desgaste, donde cada parte intenta mejorar ligeramente su posición de cara a una eventual negociación”.
Ese horizonte negociador existe. Las conversaciones, más o menos discretas, se han producido en distintos escenarios durante los últimos meses. Estambul, Abu Dabi u otros espacios intermedios han acogido contactos que, aunque no han desembocado en acuerdos concretos, indican que el conflicto ha entrado en una fase distinta.
El problema es que las posiciones de partida son incompatibles: Rusia busca consolidar el control sobre los territorios ocupados y transformar la situación militar en una realidad política estable. Ucrania, por su parte, no puede aceptar esa pérdida territorial sin asumir un coste interno difícilmente sostenible. El resultado más plausible, según los analistas, no es una paz definitiva, sino una forma de suspensión del conflicto.
Un armisticio de facto
“Lo más probable es que se llegue a una situación de congelación del frente”, apunta Serra. “Algo que no se reconoce jurídicamente, pero que en la práctica se mantiene durante años o décadas”. El precedente de Chipre, dividido desde 1974, aparece como referencia recurrente. Pero este tipo de “solución” no cierra la guerra. En el mejor de los casos, la congela.
En paralelo a este estancamiento militar, el coste humano sigue aumentando. Los ataques contra infraestructuras críticas –centrales eléctricas, redes de suministro, sistemas de transporte– han intensificado su impacto sobre la población civil. La guerra se ha desplazado progresivamente desde el frente hacia la vida cotidiana. Menos ofensivas relámpago, más presión constante.
En las zonas ocupadas, las denuncias recogidas por organizaciones internacionales dibujan un patrón de control sostenido. Torturas a prisioneros de guerra, trabajos forzados y procesos de adoctrinamiento en el sistema educativo forman parte de un mismo dispositivo orientado a consolidar la ocupación.
“Tenemos constancia de prácticas que constituyen crímenes de guerra”, afirma Vilaró. “Y lo preocupante es que, en el contexto actual, existe el riesgo de que muchos de estos crímenes no lleguen a investigarse”.
A medida que se abre la posibilidad de negociaciones, emerge una tensión de fondo: hasta qué punto la paz puede implicar la renuncia a la justicia. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de acuerdos que han priorizado la estabilidad sobre la rendición de cuentas. Ucrania podría convertirse en uno más. Para Amnistía Internacional, esa deriva resulta inaceptable. “Cualquier presión sobre Ucrania para que renuncie a exigir responsabilidades por los crímenes cometidos es ilegítima”, sostiene Vilaró. No solo por una cuestión moral, sino por el precedente que establecería en el sistema internacional.
Desgaste más allá del campo de batalla
En Rusia, la guerra se ha convertido en un factor de transformación interna. La represión política, ya presente antes de la invasión, se ha intensificado de forma significativa. El caso de Alexéi Navalni, cuya muerte en prisión ha sido calificada por distintas investigaciones como un asesinato, marca un punto de inflexión.
A partir de ahí, el endurecimiento del control estatal se ha extendido a distintos ámbitos. Más de un centenar de procesos penales vinculados a su entorno, condenas a abogados y periodistas, restricciones crecientes sobre las redes sociales y un aumento de la vigilancia sobre las comunicaciones digitales configuran un escenario de cierre progresivo del espacio público.
“El objetivo es claro: reducir al mínimo la capacidad de organización de la sociedad civil”, explica Vilaró. Organizaciones independientes, movimientos sociales y colectivos críticos (especialmente el movimiento antiguerra y el colectivo LGTBIQ+) han sido objeto de campañas de presión, tanto legales como informales.
Una parte significativa de esta estrategia se basa en mecanismos administrativos. La catalogación de entidades como “extremistas”, “terroristas” u “organizaciones indeseables” permite ilegalizar de facto cualquier estructura incómoda para el poder. En el último año, más de 60 organizaciones han sido incluidas en estas listas.
No toda la represión es visible. “También existe una represión más difusa, orientada a generar miedo y desgaste”, añade Vilaró. Un proceso gradual de reducción del espacio cívico.
En ese contexto interno, la capacidad de Rusia para sostener la guerra plantea una paradoja. Desde el inicio del conflicto, numerosos análisis anticipaban un colapso económico que no se ha producido. Las sanciones han tenido impacto, pero no han generado un deterioro inmediato del sistema. La economía rusa ha mostrado una capacidad de adaptación mayor de la prevista. “Hace cuatro años que se dice que Rusia no aguantará, y sigue aguantando”, resume Serra.
Esa resistencia, sin embargo, tiene límites. Parte de la estabilidad se concentra en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, donde la vida cotidiana mantiene una apariencia de normalidad. Fuera de esos núcleos, el deterioro es más evidente.
A largo plazo, los factores estructurales apuntan en otra dirección. La pérdida de población joven –con cientos de miles de personas que han abandonado el país para evitar el reclutamiento–, el envejecimiento demográfico y las dificultades para mantener el ritmo de incorporación de nuevos soldados configuran un escenario de desgaste acumulativo. “Hay tensiones que se van acumulando y que en algún momento pueden estallar”, señala Serra. No se trata de un colapso inminente, sino de una fragilidad latente.
El papel de los aliados añade otra capa de complejidad: China, principal socio estratégico de Rusia, mantiene una posición ambivalente. Ha evitado una implicación directa en el conflicto y ha aprovechado la situación para reforzar su propia posición. En el ámbito energético, por ejemplo, compra gas ruso en condiciones más ventajosas que las que ofrecía el mercado europeo. “No es una relación de igualdad”, explica Serra. “China sale beneficiada en casi cualquier escenario”.
En otras regiones, como Asia Central, África o América Latina, ambas potencias compiten por influencia. La guerra no ha consolidado una alianza, sino que ha acentuado una relación asimétrica.
Al mismo tiempo, el bloque occidental empieza a mostrar signos de desgaste. La Unión Europea mantiene formalmente su apoyo a Ucrania, pero las fisuras son cada vez más visibles. Gobiernos como los de Hungría o Eslovaquia han expresado reticencias a continuar con la ayuda, reflejando una fatiga que podría intensificarse si el conflicto se prolonga. “El apoyo sigue, pero ya no es tan sólido como al principio”, apunta Serra.
Cuatro años después, la guerra en Ucrania ya no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre dos Estados. Es también un síntoma que revela las limitaciones de un sistema internacional incapaz de prevenir la guerra, de detenerla una vez iniciada y, cada vez más, de juzgar sus consecuencias.
Sobre el terreno, las líneas de frente permanecen. En el plano político, las líneas que definían el orden global se han vuelto más difusas.
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