El presidente boliviano Rodrigo Paz ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para regular la aplicación del estado de excepción en todo el país. La iniciativa, que según fuentes oficiales podría recibir el aval parlamentario el próximo 5 de junio, permitiría a las fuerzas de seguridad, incluyendo policías y militares, utilizar fuerza letal para desbloquear más de un centenar de puntos de las carreteras bolivianas.
La medida ha sido calificada por el analista político boliviano Carlos Mesa como «un terrible error político». El experto, citado por medios locales, advierte que la declaración del estado de excepción podría generar inestabilidad interna y tensar las relaciones con la oposición, así como con la comunidad internacional.
Un recurso controvertido
El estado de excepción es una figura constitucional que permite al Ejecutivo restringir temporalmente ciertos derechos fundamentales para restablecer el orden público. Sin embargo, su uso en contextos de conflicto social suele ser objeto de controversia. En Bolivia, los bloqueos de carreteras son una herramienta de protesta recurrente, y la respuesta del Gobierno de Paz con esta medida extraordinaria podría, según la lectura del analista, agravar las divisiones políticas en lugar de resolverlas.
Desde la oposición, algunos sectores ya han denunciado que el proyecto carece de garantías y que la autorización para el uso de fuerza letal supone un riesgo para los derechos humanos. El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa como un instrumento necesario para garantizar la libre circulación y la seguridad jurídica.
La votación en la Asamblea Legislativa está prevista para este viernes, y se espera que el oficialismo cuente con los votos suficientes para su aprobación. El presidente Paz ha insistido en que la medida es temporal y proporcional a la gravedad de los bloqueos, que afectan el abastecimiento y la actividad económica en varias regiones del país.
