Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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En el programa de este domingo nos acercamos a la figura de Dorothy Parker, afamada libretista holywoodiense, reconocida escritora tras su fallecimiento y, quizá en una faceta menos conocida, activista antifascista en los años 30, una inquietud que le llevó a viajar a la España de la guerra civil, y a escribir algunos relatos sobre […]

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'Farsante. Una historia queer en la Falange', el nuevo libro de Andrea Momoitio, indaga en la vida de una falangista que se definía como feminista y se hizo pasar por hombre.

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La actual Jefatura de Policía de Barcelona, ubicada en el número 43 de Via Laietana, fue un centro de torturas durante la dictadura franquista y los años posteriores. Diversas voces reclaman que el edificio se convierta en un espacio de memoria. Entre ellas, la de Blanca Serra, primera, persona reconocida, por la Fiscalía de Memoria Democrática de Barcelona, como superviviente de tortura en esta sede policial y fallecida este mes.

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Llevar minifalda puede leerse diferente dependiendo del contexto, como pasa con otras prendas de ropa. En este vídeo rescatamos un poco de historia de la minifalda para hablar de la importancia de lo cultural.

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Este artículo forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.

No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.

Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.

¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.

Malvados, pero no tontos

Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.

Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.

Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.

Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.

Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.

Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:

Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.

La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.

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«Es imposible separar el presente democrático del pasado autoritario». Esta es la premisa del análisis que Andrés Villena Oliver, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y doctor en Sociología, hace en su libro Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939. Al frente del poder económico y, en paralelo, en la administración pública se repiten algunos apellidos desde los albores del franquismo hasta hoy. Era algo más o menos intuido, más o menos conocido, pero verlos desfilar, negro sobre blanco, a lo largo de las páginas de Villena aún provoca urticaria en determinados sectores de la sociedad española.

En principio, este libro iba a ser publicado por Ariel, un sello del Grupo Planeta. Incluso ya tenía portada, pero en el último momento, poco antes de que la imprenta se pusiera a girar, alguien decidió eliminarlo del calendario de publicaciones y del catálogo de Planeta. La razón oficial: no encajaba con la línea actual de la editorial. Por suerte, Libros del K.O. salió al rescate y evitó que la investigación de Villena se quedara en un cajón.

Veamos con un ejemplo práctico, tomando casi al azar un solo nombre de los muchos que aparecen en su estudio, qué es lo que ha podido molestar. «Antonio Garrigues Díaz-Cañabate se casó con la hija del presidente de la ITT, que es la empresa que está en el capital original de Telefónica», explica el autor en la presentación del libro en Madrid, en la librería Grant. Ese primer Garrigues fue embajador en Estados Unidos, procurador en Cortes, ministro de Justicia, presidente de la Citroën en España, de la Cadena SER y de otras muchas empresas, además de fundar uno de los despachos de abogados más importantes del país. Su hijo Joaquín Garrigues Walker, también abogado, fue ministro con la UCD y presidente de la Liga Financiera (una empresa constructora de autopistas). Otro hijo, Antonio, además de estar al frente de decenas de fundaciones, creó el Partido Demócrata Liberal, que estuvo en la génesis, junto a Florentino Pérez, de la Operación Roca, una apuesta centrista con Miquel Roca (CiU) a la cabeza que acabó en fracaso. El bufete familiar, a lo largo de los años, ha estado en permanente contacto con el poder político, también en la actualidad, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en realidad, no se trata sólo de familias, es algo más complicado.

«Aunque la gente muera, el apellido persiste –señala Villena– porque el apellido no deja de ser una institución. Que Ana Botín sea la nieta del fundador del Santander y que cuatro Botín se hayan sucedido al frente del banco no es solo endogamia familiar, es que las instituciones pesan más que las personas». Y las instituciones caen o se reforman o se crean otras nuevas, pero el modelo permanece.

En su libro, el economista se centra en esas sagas y en determinadas esferas de poder en las que el mundo empresarial se mezcla con el alto funcionariado del Estado hasta el punto de que, tras décadas y décadas de cohabitación, llegan a confundirse. No se trata sólo de las conocidas «puertas giratorias» –que también–, sino de un fenómeno más sutil y constante.

«Cuando los políticos llegan al gobierno, en especial los más reformistas, intentan cambiar esas dinámicas, intentan crear cuerpos administrativos nuevos, pero no consiguen modificar el statu quo impuesto por las viejas élites. El político que más cuerpos nuevos creó, entre ellos el de economistas del Estado, fue Laureano López Rodó, pero no pudo cambiar los modos de aquellas tribus de altos funcionarios, que tienen un punto de vista que tiende a ser conservador, no en el sentido ideológico sino práctico», ilustra Villena. Esto, a su juicio, no es un inconveniente excesivamente grave. ¿Por qué? Porque, en momentos de zozobra política, este funcionariado es garante de estabilidad y permite que el Estado eluda el caos y siga funcionando.

Estos altos funcionarios se agrupan en clanes, en gremios, en partidos aparentemente enfrentados, sea PP o PSOE, pero se sientan a la misma mesa desde hace 80 años. «Cuando el PP está en el poder, en la órbita del gobierno abundan los abogados del Estado. Cuando lo hace el PSOE, hay más diplomáticos, jueces y fiscales», explica el autor, que ve lógico que los políticos se rodeen de este tipo de perfiles. Después de todo, son los que más saben. Villena cuenta una anécdota para esclarecer este punto: «Había un diputado de Podemos, en sus años buenos, 2015 y 2016, que se lamentaba a micro cerrado: “No podemos con ellos, no podemos con ellos… Tendríamos que estudiar 12 horas al día para enfrentarnos a ellos. Cuando hacemos una propuesta, siempre sale un tío, probablemente asesorado por abogados del Estado, que nos dice que eso no se puede hacer porque contradice una ley o un precepto o se sale del presupuesto”. Esto, en el fondo, es bueno. Hay reglas, hay leyes, hay una Constitución, y esa es la mejor vacuna contra la tiranía».

Pero en esta eficiencia tecnocrática hay un peligro para las democracias (o para los «sistemas parlamentarios burgueses», como Villena prefiere llamarlas): «Hay determinadas personas jóvenes, no socializadas en el periodo de la Transición, que pueden acabar diciendo: yo la legitimidad se la otorgo a un gobierno de expertos y científicos que, ante las múltiples amenazas climáticas, tecnológicas y militares, sea capaz de tomar las decisiones adecuadas. Este es el mismo discurso del jefe de BlackRock, el fondo de inversión que posee el 5% de todas las empresas del mundo que cotizan en bolsa, y que dijo que lo que necesitamos es un líder… no dijo con dos cojones, pero ese era el sentido».

Esta inclinación es, por cierto, muy española. No en vano aquí acuñamos el concepto de «cirujano de hierro», un gran cerebro reformista capaz de cambiar el rumbo del país en momentos difíciles. Ocurrió en 1959 (cuando el Opus Dei le gana el pulso a Falange y España se abre a la inversión extranjera), en 1977 (con los Pactos de la Moncloa), en 1982 (con la victoria del PSOE), en 1996 (con la del PP), en 2010 (con la crisis económica)… En todas estas ocasiones, las élites (empresariales, políticas, administrativas) fueron capaces de sacar adelante sus planes doblegando cualquier oposición, frecuentemente materializada en forma de lucha sindical. Adoptó los nombres de «Plan de Estabilización» o de «reconversión industrial» o de «políticas de austeridad», pero los protagonistas y las maneras siempre fueron las mismas. Villena se propuso estudiar «cómo se organizan estas minorías para acceder al poder y permanecer en él».

El estudio de las élites es un tema que «no interesa a las revistas académicas, porque les parece que es un método de extracción de datos muy subjetivo, porque es muy difícil acceder a las fuentes primarias», explica el autor. «Este tipo de estudios concita rechazo, porque parece que quien se ocupa de ellos está intentando destapar algo, pero se trata simplemente de objetivar un conjunto de posiciones que son ventajosas, y que como son ventajosas tienden a mantenerse en el tiempo», dice Villena para defender el carácter factual, incluso aséptico, de su libro. «Parece que estoy haciendo propaganda contra mí mismo, pero yo en mi estudio no hago ningún descubrimiento. Lo que hago es una recopilación de hechos ya publicados, fragmentarios y muchas veces ignorados que, unidos y con contexto, cobran sentido como una nueva teoría para analizar lo que ha pasado desde 1939 hasta ahora».

«Cuando tú ves que uno de los mandatarios de Planeta es el número 2 de la Fundación Quirón Salud, te das cuenta de que ahí hay una articulación de las élites que va más allá del resultado económico», dice Villena para denunciar una «censura latente» que está presente en todos los grandes grupos de comunicación. «Si yo hablo mal de Quirón en un libro que va a ser publicado por una editorial que tiene fuertes relaciones con el grupo Quirón, pues ese libro no sale».

Aquel rechazo le provocó una «gran ansiedad», pero también «un cierto orgullo», confiesa. «Si no te despiden de un medio de comunicación o no te censuran, yo creo que hay algo que no estás haciendo bien. Eso es que te estás convirtiendo en sumiso».

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El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.

Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.

Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.

Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España

El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.

El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.

En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.

Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.

La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.

A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.

La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba

Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.

El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.

La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.

En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.

Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.

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