Las autoridades etíopes impulsan un ambicioso programa de renovación urbana en Adís Abeba que está sustituyendo barrios residenciales por hoteles de lujo y complejos inmobiliarios. La transformación, presentada como un motor de modernidad y crecimiento económico, ha provocado el desplazamiento de miles de personas, según denuncian organizaciones locales y residentes.
El periodista Tom Canetti recorrió algunas de las zonas afectadas para documentar el impacto social de un proceso que se extiende a otras ciudades del país. Las restricciones al trabajo de la prensa internacional dificultan la cobertura, pero los testimonios recogidos reflejan una realidad que divide opiniones.
El precio del progreso
En barrios como Bole o Kazanches, antiguas viviendas de familias de clase media y baja han sido demolidas para dar paso a rascacielos, centros comerciales y hoteles de cinco estrellas. Más de 20.000 personas habrían sido reubicadas desde 2023, según estimaciones de la organización local Ethiopian Human Rights Council. Muchas de ellas aseguran que las compensaciones prometidas nunca llegaron o fueron insuficientes.
Nos dieron un plazo de 15 días para desalojar y una indemnización de 50.000 birr —unos 860 euros— por una casa en la que vivimos 30 años. Ahora ahí hay un hotel de lujo donde una noche cuesta más de lo que recibimos.
Las autoridades etíopes defienden el plan como necesario para atraer inversión extranjera y posicionar a Adís Abeba como un centro de negocios continental. En los últimos dos años, la ciudad ha recibido inversiones de Emiratos Árabes Unidos, China y Turquía, centradas en infraestructura hostelera y comercial. El Gobierno etíope calcula que estos proyectos generarán más de 10.000 empleos directos en los próximos cinco años.
¿Quién se beneficia?
Las organizaciones de derechos humanos cuestionan el modelo de desarrollo. Un informe de Amnesty International de 2025 señaló que los desalojos forzosos en Adís Abeba violan la legislación etíope e internacional. La entidad instó al Ejecutivo a detener las demoliciones mientras no se garantice una reubicación justa y participativa.
El problema no es la modernización, sino que se hace a costa de los más vulnerables y sin transparencia. Las consultas con los afectados son prácticamente inexistentes.
Por su parte, la Municipalidad de Adís Abeba asegura que las expropiaciones se realizan conforme a la ley y que los desplazados reciben viviendas alternativas en nuevas promociones públicas. Un portavoz municipal señaló que «el objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y las nuevas infraestructuras beneficiarán a largo plazo a la comunidad».
Mientras el paisaje urbano de Adís Abeba se transforma, la brecha entre el discurso oficial y las vivencias de los desplazados se agranda. La capital etíope avanza hacia un futuro de cristal y acero que, para muchos, tiene un coste humano difícil de ignorar.
