La autoridad electoral argelina ha invalidado cientos de candidaturas de cara a las elecciones legislativas previstas para el próximo 2 de julio, una medida que ha desatado la indignación de la oposición, que denuncia un ataque a la democracia y un nuevo intento de bloqueo político por parte del poder establecido.

Las invalidaciones se producen en aplicación del artículo 200 de la ley electoral, una disposición controvertida que, según la oposición, se utiliza de forma discrecional para excluir a candidatos críticos con el Gobierno. La autoridad electoral, cuyo nombre no ha sido precisado, no ha ofrecido hasta el momento una explicación detallada sobre los criterios aplicados.

Un clima de tensión preelectoral

La exclusión masiva de candidatos se produce a menos de un mes de los comicios, en un contexto de creciente descontento social y político en Argelia. El movimiento de protesta Hirak, que desde 2019 reclama reformas democráticas profundas, ha perdido fuelle en los últimos años, pero la medida podría reavivar la movilización ciudadana.

La oposición, que incluye desde formaciones islamistas moderadas hasta partidos laicos y nacionalistas, considera que la invalidación de cientos de candidaturas es una maniobra para garantizar la mayoría absoluta del oficialismo en la Asamblea Nacional, según han denunciado varios portavoces a medios locales.

Relevancia para el Magreb y España

Argelia, principal competidor de Marruecos en el Magreb y socio energético clave para España —especialmente en el suministro de gas natural—, afronta estos comicios en un escenario de estabilidad institucional frágil. Cualquier crisis política posterior a las elecciones podría tener repercusiones directas en las relaciones bilaterales y en el equilibrio regional.

La comunidad internacional, en particular la Unión Europea, sigue de cerca el proceso electoral argelino. La Comisión Electoral argelina aún no ha confirmado si permitirá la observación internacional durante los comicios del 2 de julio, según fuentes diplomáticas consultadas.

Las elecciones presidenciales que se celebran este domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia han alcanzado un récord histórico de observadores electorales, según informaron las autoridades electorales del país. La amplia participación de veedores internacionales y locales busca reforzar la transparencia y la confianza en el proceso, en unos comicios que se disputan en un clima de alta polarización.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano confirmó que nunca antes se había registrado una presencia tan numerosa de observadores en unas votaciones presidenciales. Aunque no se han facilitado cifras concretas, fuentes del organismo señalaron que la afluencia de misiones internacionales y acompañantes nacionales duplica la de anteriores procesos.

La Misión de Observación Electoral (MOE), entidad colombiana independiente, destacó que el récord refleja el interés de la comunidad internacional por el desarrollo de los comicios, así como el compromiso de las autoridades con la transparencia. «Nunca antes habíamos tenido una cobertura tan amplia», señalaron desde la MOE en un comunicado.

Entre los organismos internacionales presentes figuran la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), además de numerosas fundaciones y ONG. La mayoría de los observadores se han desplegado en regiones consideradas estratégicas o con antecedentes de violencia política, como el departamento del Cauca y la frontera con Venezuela.

El presidente del CNE, César Augusto Arias, calificó la jornada como «un ejercicio inédito de vigilancia democrática» y aseguró que todos los puestos de votación cuentan con al menos un observador acreditado. «Esto garantiza que cualquier incidencia será registrada y puesta en conocimiento de la autoridad electoral», afirmó.

La jornada transcurre sin incidentes graves hasta el momento, aunque las autoridades han activado protocolos de seguridad reforzados ante posibles intentos de perturbación del orden público. El Ejército y la Policía Nacional mantienen desplegados a más de 200.000 efectivos en todo el territorio.

El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha declarado que África debe «olvidar la democracia», una afirmación que trasciende la mera provocación y se inscribe en la creciente tendencia autoritaria en la región del Sahel. La declaración, realizada el 29 de mayo de 2026, refleja el deterioro de la gobernanza democrática en una zona castigada por la violencia yihadista y los golpes de Estado.

Traoré, que llegó al poder mediante un golpe militar en 2022, forma parte de una nueva generación de líderes sahelianos que han roto con los modelos occidentales de gobierno. Su mensaje resuena especialmente en un contexto donde países como Malí y Níger también han visto erosionadas sus instituciones democráticas bajo el peso de la inseguridad y la injerencia extranjera.

Una crisis de legitimidad en el Sahel

La democracia liberal, promovida durante décadas por potencias como Francia, es percibida por amplios sectores de la población como un sistema ineficaz para garantizar seguridad y desarrollo. En los últimos cinco años, la región ha sufrido al menos ocho golpes de Estado, y la presencia de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico ha desbordado a los Estados centrales.

Las declaraciones de Traoré no son un hecho aislado, sino que forman parte de un discurso que gana adeptos entre líderes africanos que buscan modelos alternativos. «Democracia en África… olvidar», habría afirmado el mandatario burkinés, según fuentes presentes en el acto. La frase, cargada de simbolismo, ha sido recibida con alarma en las capitales occidentales.

Implicaciones para España y Europa

La deriva autoritaria en el Sahel tiene consecuencias directas para la seguridad de España. La región es un punto crítico en las rutas migratorias hacia Canarias y un foco de expansión del yihadismo. Madrid ha intentado mantener una política de cooperación con países como Burkina Faso, pero la retórica de Traoré complica cualquier acercamiento basado en valores democráticos.

Francia, antigua potencia colonial, ha visto cómo su influencia se desplomaba en la zona, mientras que actores como Rusia y Turquía ganan terreno ofreciendo apoyo militar sin condiciones políticas. En este escenario, el llamado a «olvidar la democracia» supone un desafío directo a la estrategia de la Unión Europea, que vincula la ayuda al desarrollo con el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

Un análisis publicado por el portal Religión en Libertad advierte de que la sociedad española está perdiendo la capacidad de escandalizarse ante la corrupción institucional, lo que supone un peligro para la salud democrática del país. El texto, firmado desde una perspectiva del pensamiento social católico, sostiene que el verdadero riesgo no es la aparición de nuevos escándalos, sino la reacción de indiferencia que generan entre los ciudadanos.

El artículo, fechado el 29 de mayo de 2026, describe una situación de repetición casi mecánica de prácticas corruptas en la vida pública española. Según sus autores, esta normalización podría conducir a una desafección crónica hacia el sistema democrático y sus garantes. Sin citar casos concretos ni aportar datos cuantitativos, el texto vincula la falta de reacción social con una erosión de los valores cívicos que, a largo plazo, debilitaría los pilares del Estado de Derecho.

La dimensión ética de la vida pública

El análisis se inscribe en la tradición de la doctrina social de la Iglesia, que subraya la dimensión ética de la vida colectiva. Para los redactores, la corrupción no solo tiene consecuencias jurídicas y económicas, sino que corrompe el alma colectiva al hacer que la mentira y la trampa dejen de provocar rechazo. Aunque el texto no ofrece soluciones concretas, sí llama a una reflexión ciudadana sobre la tolerancia a la falta de integridad.

El artículo aparece en un contexto en que la opinión pública española ha sido testigo de múltiples procesos judiciales relacionados con corrupción política, pero ninguno ha provocado un terremoto electoral equiparable a crisis anteriores. Según los autores, esta apatía es más peligrosa que cualquier escándalo porque anestesia la conciencia necesaria para exigir responsabilidades, una línea de argumentación que, pese a su tono crítico, no ha sido respaldada por encuestas o estudios sociológicos recientes.

Fotografía: Decenas de personas durante la cadena humana por la sanidad pública, en la Puerta del Sol, a 7 de abril de 2024, en Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Durante décadas se nos ha repetido que vivimos en democracias consolidadas. Votamos, elegimos representantes, cambiamos gobiernos. Sin embargo, mientras la política se reducía progresivamente a un ritual electoral, el poder real se desplazaba hacia otros espacios: los mercados financieros, las infraestructuras digitales, los centros de datos, los algoritmos que organizan la economía y la vida cotidiana. Hoy, muchas de las decisiones que determinan cómo vivimos ya no pasan por parlamentos ni por urnas, sino por estructuras privadas que nadie ha votado.

Este desplazamiento no es nuevo. Comenzó con la financiarización de la economía, cuando el capital financiero empezó a imponer límites estrictos a la política democrática. Lo que sí es nuevo es la aparición de un actor que no se conforma con condicionar la democracia, sino que aspira a reemplazarla: el capitalismo tecnológico libertario. Su irrupción no elimina el poder financiero tradicional, pero lo acelera, lo reconfigura y lo lleva a un nuevo estadio, donde la política deja de ser necesaria incluso como mediación.

De la financiarización al tecnolibertarismo

Durante años, el poder financiero vació de contenido a los Estados sin necesidad de destruirlos. Bastaba con imponer disciplina fiscal, desregular los mercados y convertir la economía en un espacio técnico inaccesible para la ciudadanía. Hoy, el capitalismo tecnológico libertario va más allá: no necesita Estados debilitados, sino Estados irrelevantes.

Este proyecto se apoya en una corriente filosófica donde la democracia no es un logro que perfeccionar, sino un error histórico; la igualdad, un error catastrófico; y la deliberación colectiva, un obstáculo para la eficiencia.

En lugar de ciudadanía propone usuarios. En lugar de leyes debatidas, reglas inscritas en código informático. En lugar de política, sistemas de gestión privada. El ideal no es el autogobierno, sino la optimización; no el conflicto democrático, sino la administración técnica de la sociedad por élites que se consideran más capacitadas.

No se trata de mejorar la democracia, sino de cerrar el paréntesis democrático abierto en los últimos dos siglos.

La demolición institucional como método

Este proyecto no puede imponerse en sociedades con instituciones sólidas y legitimidad pública. Para sustituir la política por sistemas automáticos de decisión es necesario, antes, debilitar la confianza en lo común. Por eso necesita gobernantes que actúen como agentes de demolición: líderes dispuestos a erosionar desde dentro aquello que dicen gobernar.

El patrón se repite: ataques a la justicia, a la ciencia, a la prensa, a la administración pública; degradación deliberada del debate político; polarización permanente; crisis constantes que paralizan la acción colectiva. No se trata de incompetencia ni de caos accidental, sino de una estrategia. Cuando las instituciones dejan de funcionar, la ciudadanía se vuelve más receptiva a soluciones autoritarias o tecnocráticas presentadas como inevitables, aunque anteriormente las habría rechazado.

El colapso institucional no es un efecto secundario: es una condición necesaria. Allí donde la política se percibe como inútil, la tecnología aparece como neutral y eficiente. Pero no lo es: responde a intereses concretos y concentra poder en manos privadas.

Trump como operador político de un proyecto ajeno

En este marco se entiende mejor el papel de figuras como Donald Trump. No son los arquitectos intelectuales del proyecto, sino sus ejecutores políticos. Su función no es construir alternativas, sino romper normas, desacreditar mediaciones y convertir la política en un espectáculo continuo que impide cualquier respuesta colectiva coherente.

El episodio de Groenlandia ilustra bien este mecanismo. Presentado como una extravagancia personal, respondía en realidad a intereses estratégicos de sectores tecnológicos. El Ártico ofrece condiciones óptimas para centros de datos: clima frío, energía relativamente barata, aislamiento geográfico y marcos jurídicos difusos desde los que operar lejos del control democrático. Trump no diseñó esa estrategia; simplemente la hizo visible.

Finanzas privadas: la gran victoria silenciosa

Mientras el ruido político ocupaba el espacio público, el capitalismo tecnológico libertario avanzaba en uno de sus frentes más decisivos: el control del dinero. La expansión de las finanzas distribuidas (DeFi) y de las stablecoins, presentadas como herramientas de libertad individual, tiene un impacto político profundo.

Estas tecnologías desplazan la creación y regulación del dinero desde los Estados hacia plataformas privadas gobernadas por código informático. El dinero deja de ser un instrumento de política pública y se convierte en una infraestructura corporativa. Sin soberanía monetaria, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.

Una alianza funcional con la extrema derecha

Este proyecto no avanza solo. Ha encontrado en la extrema derecha un aliado eficaz. Aunque sus discursos difieran en apariencia, comparten un enemigo común: cualquier forma de control democrático que limite al capital.

La relación es funcional. Las élites tecnológicas aportan capital, infraestructuras digitales y control del espacio informativo. Las extremas derechas aportan polarización, ruptura institucional y bases sociales movilizadas contra la propia democracia. Juntas generan el clima perfecto para justificar la sustitución de la política por sistemas de control privado.

El agotamiento de la democracia representativa

El resultado es una democracia cada vez más vacía de contenido. La ciudadanía vota, pero no decide. Participa, pero no influye. La política se percibe como un teatro sin consecuencias, mientras las decisiones reales se toman en espacios inaccesibles.

La pregunta ya no es solo quién gobierna, sino dónde puede todavía ejercerse el gobierno democrático.

Biorregiones: devolver la política a la vida cotidiana

Es en este punto donde el concepto de biorregión cobra sentido político. La idea fue formulada originalmente en los años setenta por activistas como Peter Berg, que defendían la necesidad de reconectar la cultura, la economía y la organización social con los sistemas naturales que sostienen la vida.

No se trata de una nueva frontera ni de un proyecto identitario, sino de un espacio donde coinciden ecología, economía y vida cotidiana. Allí donde se organizan el agua, la energía, los alimentos, los cuidados o la movilidad, la política vuelve a tener suelo. La democracia deja de ser una abstracción institucional y se convierte en una práctica ligada a interdependencias materiales reales.

Las biorregiones no sustituyen al Estado ni niegan la escala global, pero anclan la democracia en territorios habitados, frente a la lógica tecnocrática que separa la toma de decisiones de sus consecuencias.

Asambleas con mandato temporal y sorteo ciudadano

Un elemento clave para que las biorregiones no reproduzcan élites locales ni nuevas burocracias es la forma en que se organiza su deliberación. Las asambleas biorregionales no estarían compuestas por representantes permanentes ni por militancias profesionales, sino por ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, con mandatos temporales, claros y no renovables.

El sorteo no es un gesto simbólico, sino una antigua y eficaz herramienta democrática. Reduce la captura por intereses organizados, impide la profesionalización del poder y garantiza que la diversidad social real esté presente en la toma de decisiones. Los mandatos breves aseguran que nadie pueda convertir la asamblea en una carrera política ni en una posición de influencia estable.

Estas asambleas no sustituyen a las instituciones existentes ni gobiernan en abstracto. Intervienen en decisiones estratégicas concretas —energía, suelo, agua, vivienda, infraestructuras o uso de fondos públicos— con capacidad de supervisión, corrección o veto. Su función no es administrar, sino devolver control democrático allí donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

El poder que se ejerce

El proyecto que busca sustituir la democracia avanza apoyado en la demolición institucional, la privatización de las infraestructuras y la alianza entre capital tecnológico y autoritarismo. Frente a él, las biorregiones y sus formas de deliberación no son una utopía, sino una corrección democrática concreta: una forma de devolver el poder a los lugares donde la vida ocurre.

El poder que no se ejerce se ocupa. Y hoy, ejercerlo empieza cerca. En lo común. En lo cotidiano. En los espacios donde todavía es posible decidir juntos.

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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Fotografía:  encuentro entre Trump y Milei en febrero de 2025. / The White House

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

A la hora de analizar lo que está ocurriendo en el mundo no se debería caer en lo que a mí me parece una peligrosa simplificación: considerar que estamos en una simple anomalía producida por la personalidad singular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este es, sin duda, lo suficientemente excéntrico, autoritario y disruptivo como para poner en peligro por sí solo el ya frágil entramado de derechos, libertades e instituciones democráticas, no sólo en su país sino en todo el mundo. Su narcisismo enfermizo y el desprecio por las normas están abriendo las puertas a un auténtico vendaval neofascista de consecuencias funestas.

El autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump

Sin embargo, me temo que el autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump. Y analizar como algo personal lo que en realidad es estructural puede hacer ingenuamente que el problema se resuelve reemplazando a un líder por otro.

A mi juicio, nada brota si no existen condiciones que le permitan crecer y desarrollarse, sin un medio ambiente favorable, y por eso creo que Trump no es exactamente la causa principal de la crisis democrática de Estados Unidos y del mundo entero. Es, en realidad, el efecto emergente de una serie de grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que afectan al planeta.

Dicho de otra manera: la aparición de líderes autoritarios y neofascistas como Trump no es la causa de la crisis de la democracia y las libertades; es esa crisis la que da lugar y explica la aparición y la funcionalidad de Trump. Por eso su llegada al poder no puede considerarse como un accidente pasajero, sino como auténtico punto de inflexión en la historia del capitalismo contemporáneo y me atrevería a decir que de la humanidad.

Un sistema incompatible con la democracia y la libertad

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia. 

Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales. 

– La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen.

– Cuando esa desposesión se hace indisimulable hay que recurrir a la mentira y al falseamiento del debate social para poder justificarla, para hacer creer que es la inmigración, el feminismo o la política democrática lo que amenaza el empleo, los salarios, la provisión de los servicios públicos, la seguridad o la soberanía.

– El nuevo capitalismo tecnológico que se ha hecho dominante necesita plena libertad para utilizar en su favor todos los recursos del Estado.

Estos procesos están produciendo las grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que están convirtiendo al capitalismo de nuestros días en un sistema incompatible con la democracia, y este es el medio ambiente en el que líderes políticos como Trump, Milei, Le Pen, Orbán… no aparecen como sorpresas o incidencias casuales, sino como las respuestas necesarias para intentar consolidarlo.

El 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total de EEUU, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %

Fracturas económicas y sociales profundas 

En las últimas cuatro décadas, la economía estadounidense viene experimentando transformaciones que han erosionado los cimientos sociales que pueden sostener a la democracia, por débil que esta sea:

– Concentración extrema de la riqueza y el poder económico que ha producido una desconexión creciente entre el crecimiento de la economía y el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, el 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total del país, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %.

– Profunda desindustrialización debida a la externalización productiva, es decir a la marcha de las grandes empresas al exterior, al amparo de la globalización, para buscar costes más bajos, que ha producido desempleo generalizado en muchas áreas, precarización salarial y estancamiento salarial. Desde 1980 se han perdido más de 7,5 millones de empleos industriales, y en amplias zonas la renta per cápita real es hoy inferior a la de hace tres décadas.

– Endeudamiento masivo de los hogares en educación, salud y vivienda, que convierte derechos básicos en riesgos financieros permanentes. Sólo en deuda estudiantil 42,8 millones de personas mantienen deuda estudiantil por valor superior a los 1,7 billones de dólares, una cifra superior al PIB de países como España.

– Desigualdad territorial extrema, con grandes espacios y regiones enteras sumidos en un gran declive económico y social.

– Debilitamiento del poder sindical y del trabajo organizado, que reduce la capacidad de acción colectiva.

Además de desigualdad y deterioro económico, estas dinámicas han generado una inseguridad vital que se ha hecho crónica en amplios sectores sociales que viven con la sensación de pérdida de estatus, de futuro bloqueado y de ruptura del contrato social. Eso ha hecho que la política se haya convertido para ellos en un campo de continua amenaza y la demanda social ha dejado de ser la de redistribución o reforma para buscar, simplemente, la protección que supuestamente proporcionan los líderes autoritarios.

Democracia vaciada

La segunda base en que se ha sustentado el avance del trumpismo es el diseño y funcionamiento degradado de las instituciones políticas estadounidenses.

– El sistema electoral se ha ido distorsionando cada vez más, se han generalizado los casos de manipulación de distritos para favorecer a uno u otro partido o mecanismos encaminados a suprimir el voto de algunos grupos sociales, quebrándose así el principio de igualdad política. En 2016, Donald Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos y aun así ganó la presidencia.

– La financiación privada masiva de la política ha otorgado a grandes fortunas y corporaciones una influencia decisiva sobre el proceso legislativo y el gobierno ha sido materialmente capturado por grupos de presión, especialmente financieros, energéticos, tecnológicos y militares. En las elecciones de 2020 se gastaron más de 14.000 millones de dólares, aportados de forma desproporcionada por un porcentaje ínfimo de grandes donantes.

– Las puertas giratorias que disuelven la frontera entre interés público e interés privado se han hecho una constante.

Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando o desapareciendo

– Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando, cuando no desapareciendo, en los últimos años, permitiendo que, aunque los ciudadanos voten, no sean realmente los que decidan cómo se gobierna.

Todo ello ha producido una brecha entre participación formal y poder real que genera frustración, cinismo y deslegitimación del sistema (sólo un 17 % de los estadounidenses confía en el Congreso). Y eso es lo que permite que personajes estrambóticos como Trump aparezcan aquí como ajenos a un sistema que se percibe como corrupto, aunque en la práctica se hayan enriquecido con él, lo utilicen y lo profundicen. El atractivo social de personas como Trump no nace a pesar de esas disfunciones institucionales, sino gracias a ellas.

Degradación mediática del espacio público

El sistema mediático estadounidense (como en la inmensa mayoría de otros países) también ha mutado:

– El periodismo ha pasado de ser un medio de control del poder a una industria de la atención.

– La información ha dejado de ser contextualizada para convertirse en espectáculo permanente.

– En lugar de promover y ayudar a generar un espacio público común y compartido se dedica a crear burbujas ideológicas rentables.

Y todo ello ha sido intensificado por las plataformas digitales y los algoritmos que, buscando aumentar la interacción que los hace más rentables, amplifican el extremismo y la polarización, fragmentan la realidad en relatos incompatibles, y anteponen la emoción sobre el análisis. Numerosos estudios muestran que los contenidos falsos y extremos se difunden más rápido y alcanzan mayor audiencia que la información verificada. Basta recordar la difusión masiva de la narrativa del fraude electoral en 2020, sostenida durante semanas, pese a la inexistencia de pruebas y al rechazo sistemático de los tribunales.

El funcionamiento actual de los medios de comunicación busca y hace que desaparezcan los hechos compartidos que son condición básica para que la democracia no se degrade.

En este entorno, las personas y líderes que encarnan la lógica del sistema son los que, como Trump o Milei, basan su comportamiento en la mentira, el conflicto, el simplismo y la provocación.

Vulnerabilidad cognitiva, generacional y simbólica

El deterioro de la educación y de la cultura cívica que se viene produciendo en las últimas décadas debido a causas diversas agrava todas las dinámicas anteriores.

El retroceso en competencias básicas y pensamiento crítico, la mercantilización de la educación superior, la segregación educativa creciente por renta y territorio, la reducción de la educación cívica y de la comprensión institucional, la politización e incluso la censura expresa de contenidos históricos y científicos han creado una ciudadanía con menos herramientas cognitivas, más vulnerable a la manipulación, a la simplificación del populismo y a la guerra cultural.

Eso ha hecho posible que la política haya dejado de ser un debate transparente sobre intereses y proyectos colectivos para convertirse en una lucha de identidades que enfrenta y paraliza.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica

La consecuencia ha sido también una crisis subjetiva profunda que provoca miedo existencial y al declive nacional, frustración generacional y colapso de expectativas, crisis de estatus y masculinidad en sectores tradicionales; soledad, ansiedad y fatiga cognitiva y ausencia de un proyecto colectivo de futuro en una gran parte de la población.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica. No resuelven los problemas, pero alivian emocionalmente a quienes se sienten perdidos y desplazados.

Un poder real que mueve los hilos

Ninguno de esos procesos podría haberse producido sin el impulso y la financiación del mundo de los negocios, de las grandes corporaciones y el capital financiero. Han logrado que la democracia se vacíe de contenido redistributivo, desplazar el conflicto del eje económico al cultural, generar una constante sensación de amenaza, condicionar así la política exterior y presupuestaria y limitar el espacio de la diplomacia y la deliberación democrática.

Trump no gobierna contra el poder económico. Gobierna para una parte significativa de él. No es casual que grandes fortunas, corporaciones y sectores tecnológicos hayan financiado, tolerado o normalizado su figura.

No es Trump, es el sistema

En definitiva, Donald Trump no puede entenderse como una aparición inesperada ni como un cuerpo extraño al sistema de poder económico, político y mediático que domina Estados Unidos. Al contrario, ese tipo de figura se convierte en el instrumento político que requiere una fase del nuevo capitalismo en la que amplios sectores del poder real –financiero, tecnológico, energético, industrial y mediático– necesitan aplicar políticas profundamente regresivas sin aparecer como sus responsables directos.

Y para que esa estrategia de captura sea factible y tenga éxito social y electoral, resulta clave que sean encarnadas por figuras que se presenten como ajenas al sistema, como outsiders que “dicen lo que otros no se atreven a decir” y que aparentan enfrentarse a las élites, aunque en la práctica gobiernen para una parte significativa de ellas. Trump cumple perfectamente ese papel: su estilo estridente, su retórica antisistema y su provocación constante funcionan como una cortina de humo que oculta la continuidad de fondo de las políticas que se aplican.

Las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas

Es una lógica que no es nueva ni exclusiva de Estados Unidos. En contextos de creciente desigualdad, debilitamiento democrático y frustración social, el sistema tiende a necesitar líderes que parezcan venir de fuera para poder profundizar transformaciones que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. Por eso, las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen (y se van a reproducir cada vez en mayor medida si no se pone freno a los procesos que hemos visto), con más o menos variaciones en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas. Allí donde ya han empezado a emerger partidos y figuras similares que combinan discurso antisistema, liderazgo personalista y políticas funcionales a los intereses dominantes.

Ausencia de elementos de freno y corrección 

La ausencia de un freno o corrección internos y externos efectivos ha permitido que estas dinámicas se profundicen. El tipo de relación que el resto del mundo mantiene con Estados Unidos también forma parte del problema por el vasallaje imperial.

La dependencia militar y monetaria, la legitimación acrítica de su liderazgo incluso cuando viola normas internacionales y el aceptar que Estados Unidos asuma la función de gran policía global reduce los costes externos de su deriva autoritaria y que las disfunciones que eso provoca internamente se acumulen sin ajuste.

El silencio –o, al menos, la falta de una respuesta suficientemente efectiva– tanto a nivel externo como interno ante la quiebra democrática e institucional que se viene produciendo no es casual. Es el resultado, por un lado, de un auténtico cálculo racional de los actores sociales más poderosos que necesitan y a quienes beneficia la desregulación extrema de los mercados, el dejar de gravar la riqueza, la liquidación de los derechos laborales o que se dé libertad a los monopolios. Y, por otro, de la inoperancia, debilidad y fracaso de las izquierdas de nuestro tiempo.

No es anomalía: hay manual de instrucciones

Trump no es un verso suelto que aparece en la vida política con partitura propia y en contra del ecosistema de poder en el que nace. Viene, por decirlo metafóricamente, con manual de instrucciones y –por muy relevante que sean su personalidad y singularidad– es, en realidad, el ejecutor de un proyecto estructurado. Basta leer el llamado Proyecto 2025 para comprobarlo.

Con ese documento, elaborado por cientos de especialistas y financiado por grandes empresas y bancos, se demuestra que vaciar la democracia desde dentro, convertir el Estado en instrumento de facción y hacer irreversible la concentración de poder no es una tarea improvisada que Trump haya emprendido por su cuenta, sino una estrategia consciente, premeditada y muy bien diseñada. Alrededor del 61 % de las más de 320 medidas propuestas ya se han puesto en marcha o están en proceso de ejecución. Eso significa que, si no estuviese Trump en el poder, otra persona podría ser quien hiciera su mismo trabajo de desmantelamiento de la democracia, liberalización extrema de los mercados y de apoyo y privilegio a los grandes grupos de poder.

Trump concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose

Donald Trump no es el origen de la quiebra democrática que vivimos, sino su manifestación más visible y, hasta ahora, más extrema. Su figura concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose. Por eso, centrar el debate exclusivamente en él resulta engañoso y puede ser que inútil.

Lo verdaderamente inquietante no es que Trump haya llegado al poder, sino que el entramado económico, institucional, mediático y geopolítico de nuestro tiempo no sólo lo tolere, sino que lo necesite. El llamado Proyecto 2025 demuestra que no estamos ante una deriva improvisada ni ante el capricho de un líder excéntrico, sino ante una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro y hacer irreversible la concentración de poder.

La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo impedir la presencia personal de Trump o de otras figuras similares, sino qué transformaciones profundas son necesarias para desactivar las condiciones que las hacen posibles. Porque mientras esas condiciones permanezcan intactas –desigualdad extrema, democracia formal vaciada, captura del poder económico, degradación del espacio público y silencio cómplice a escala interna e internacional– Trump no será una anomalía histórica. Será un precedente. 

Y los precedentes, cuando no se corrigen, se convierten en norma.

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Entrados ya de lleno en el 2025, y con las ecuaciones electorales ya resueltas, los gurús de la geopolítica internacional estrujan ahora sus análisis en lo que depararán las políticas de los candidatos electos en un contexto internacional en el que sus acelerados cambios políticos empiezan a ser ya una preocupante costumbre. El año 2024 abría gran parte de los análisis geopolíticos con pronósticos sobre lo que depararía la gran cita electoral en todo el planeta en la que casi la mitad de la humanidad estaba llamada a votar en más de una tercera parte de los países que componen los 5 continentes. Y mientras, la otra mitad de la humanidad, o bien espera turno para depositar su papeleta o se resigna a que su derecho a ejercer el voto siga restringido. Se propone así bajo estas líneas un pequeño viaje hacia aquellos lugares en donde las urnas no llegan.

Asia, el continente más grande y poblado del mundo, albergó elecciones generales en 18 de sus 48 estados, al que se sumarían las elecciones en el pequeño Taiwán como uno de los 5 países continentales no reconocidos y que tantas jaquecas genera al gigante chino. Los grandes titulares del año electoral asiático serían la consolidación de las políticas ultranacionalistas en países claves como India o Turquía, los controvertidos resultados en Pakistán o el reciente caos poselectoral en Corea del Sur, pero, a pesar de ser el continente donde más población estaba llamada a votar, Asía es, también, el territorio que más déficit democrático presenta.

Según la organización no gubernamental Freedom House dedicada a medir el estado de los derechos políticos y libertades civiles en el mundo, sólo 6 países asiáticos superarían los estándares para ser catalogados como “libres” (Japón, Corea del Sur, Mongolia, Israel, Timor Oriental y Taiwán), 18 “parcialmente libres” y, el resto, bajo el dominio de regímenes que restringen derechos fundamentales. Entre este último nutrido grupo se encontrarían monarquías absolutas como Brunéi, Qatar o Arabía Saudí; regímenes bajo un sistema de partido único como China, Laos o Corea del Norte; autocracias militares o familiares como Birmania o la recién “liberada” Siria; teocracias como en Irán o Afganistán o estados inmersos en plenos conflictos armados como Yemen o Palestina (otro de los todavía no reconocidos).

Si bien, algunos combinan incluso varias de las funestas etiquetas descritas, la lista es todavía más larga (Omán, Turkmenistán, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos…) y, aunque algunos sí se “molesten” en celebrar elecciones, no por ello quiere decir que sean democráticas, ni mucho menos, libres o competitivas.

África, tercer continente en extensión geográfica, es el segundo más poblado, representando el 15% de la
población mundial. Según datos del Fondo de Población de las Naciones (UNFPA) es, además, el continente
más joven del mundo con el mayor porcentaje de personas menores de 18 años. Este dato, aunque desde el
punto de vista electoral mantiene a más de la mitad de su población total sin poder introducir la papeleta de
voto, revela que podrá ser el continente con inercias futuras más sorprendentes.

Una de ellas es la notable implicación de la juventud y su aprovechamiento de la tecnología para ejercer nuevas formas de participación ciudadana. Participación, por cierto, que, en el caso de las mujeres, se traduce en una progresiva presencia en la esfera pública y mayor representación en los parlamentos nacionales, erigiéndose este año Namibia como el 5º país africano en tener una presidenta de la nación después de Liberia, Malawi, Tanzania y Etiopía.

Otras sorpresas fueron el fin del oficialismo en Senegal por partida doble, con un
presidente y primer ministro por debajo de los inhabituales 50 años de edad o la pérdida de mayoría
absoluta del partido de Mandela por primera vez desde el fin del apartheid en Sudáfrica.

Del total de los 54 estados africanos, hubo elecciones en casi la mitad de ellos y, si bien hubo sorpresas, hubo también resultados “previsibles”: Argelia, Túnez y Egipto revalidaban gobiernos con “discretos” escrutinios  por encima del 90% a favor de las candidaturas presidenciales; Chad, Ruanda y Mozambique no se quedaron atrás, confirmando, a su manera, el continuismo con la saga familiar de los Deby, la 4ª reelección de Kagame o el empeño de Frelimo por “continuar su lucha”.

Y es que la salud democrática de África todavía sufre de serios achaques. Según los estándares de la citada Freedom House, sólo aprobarían 9 países, 4 en el cono sur (Namibia, Botsuana, Sudáfrica y la pequeña Lesoto); Ghana, allá por el occidente continental y, perdidas en los mares, las islas de Cabo Verde, Mauricio, Santo Tomé y Príncipe y las Seychelles.

El resto, extendidos por toda la masa continental, entre suspenso o necesita mejorar. Así, entre los países donde las urnas todavía no llegan están aquellos regidos por juntas militares, especialmente en el Sahel tras los golpes de estado de los últimos años en Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry o Níger; aquellos todavía inmersos en procesos transicionales, como Libia, Somalia o Sudán del Sur o aquellos en plena guerra, como la que sufre Sudán con la peor crisis humanitaria actual en el Planeta. Y, por supuesto, no podían faltar aquellos con “querencia” al cargo, bien en formato de dictaduras monárquicas, como Marruecos o Esuatini (Suazilandia) o presidencialistas, como la de Paul Biya en Camerún (desde 1982); Museveni en Uganda (desde 1986); Isaías Afewerki en Eritrea (desde 1991) y Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial, éste último con el desgraciado récord de “dictador más longevo del mundo” ocupando su cargo desde que en 1979 derrocó en un golpe de estado a su tío Francisco Macías.

América, situada al otro lado del charco y con poco más de 1000 millones de habitantes, es la tercera en porcentaje de población mundial, la segunda en extensión y la única que alcanza tocar los dos polos terrestres. Quizá, de ahí los “cortos” que hacen saltar tanta chispa en sus intensos procesos electorales. El 2023 se despedía con la resaca electoral argentina o el subidón de fiesta, según le sentase a cada cual el cotillón que cerró el año con la vitoria de Milei. En el 2024, el final de fiesta tampoco defraudó con la victoria del primer presidente electo estadounidense con cargos penales y un cartel de barras y estrellas que fue analizado hasta la saciedad durante todo el año.

Y entre medias, mientras unos países alternaban también sus gobiernos (vuelta del Frente Amplio en Uruguay o la coalición de partidos en Panamá), otros, revalidaban victorias como la bolivariana en Venezuela, impugnada por medio mundo; Morena en México, situando a Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta en la historia de su país o la abrumadora mayoría de Bukele en El Salvador, a pesar de su contorsionismo constitucional para ratificar su candidatura. No es de extrañar, que con tanto candidato “alfa”, la reelección del gobierno en la pequeña República Dominicana pasara mediáticamente desapercibida. No en cambio, la cada vez más desastrosa situación que vive su vecino Haití, el país más pobre del continente donde, desde hace décadas, llueve sobre mojado: terremotos, ciclones, magnicidios, ocupaciones militares y su penúltimo drama, el control por bandas callejeras de casi la totalidad de su capital Puerto Príncipe, sumiendo al país en un preocupante desgobierno y un horizonte futuro poco halagüeño.

Pero tanta pasión electoral americana no es óbice para que el continente goce de mejores índices democráticos que sus homólogos asiáticos y africanos. Según Freedom House son sólo 4 países donde la libertad está seriamente restringida, además de los mencionados Haití y Venezuela, la sempiterna Cuba, con su “sistema político” de partido único y Nicaragua, cuya “linda flor” sufre los desmanes del caudillismo familiar de los Ortega y su absoluta perversión del pasado revolucionario de su formación.

Y en este viaje electoral nos adentramos como última estación en lo que el ex alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, llamo el “jardín europeo”, un viejo vergel que, con el permiso del hemisferio sur, podría hacerse extensivo a los territorios oceánicos. Juntando ambos continentes no superan ni en población, ni en territorio a los tres anteriores, si en cambio, en sus estándares de aprobación democrática.

Pero como en todo parterre, en lo que refiere al ejercicio de derechos y libertades, hay siempre jardineros que podan más de la cuenta en países como Hungría, Serbia o Bosnia, y desde el punto de vista electoral, la alargada sombra de fraude no incomoda ni a la senda de Putin, considerando a Rusia como animal de compañía en territorio europeo, ni a su patio trasero en Bielorrusia, gobernada desde 1994 por Lukashenko, recién reelegido para su séptimo mandato con casi el 90% de votos.  Mientras, en la vecina Ucrania, hasta que la ansiada paz ponga fin a la ley marcial, las urnas de cristal seguirán guardadas en los refugios antiaéreos.

2024 fue, efectivamente, un año electoral intensito con reválidas, alternancias y pantomimas. Lo que sí que no cambió fue la imposibilidad de votar en aquellos lugares proscritos donde las urnas tristemente hace mucho que no llegan. Lugares con libertades restringidas, persecución política, censura periodística, privación de derechos y prevaricación judicial, una sistemática amenaza cuyo contrapeso lo ejercen valientes voces que se arriesgan en su empeño y denuncia a través de las pocas herramientas de participación ciudadana a su alcance.

Aun así, nada de ello fue impedimento para que los países del nuevo jardín desplegarán sus amables diplomacias allá donde los intereses políticos, económicos y militares más convenían (acuerdos migratorios, negocios de armamento, hidrocarburos, mundiales de fútbol, etc. etc. etc.) aparcando para mejores ocasiones esos discursos de derechos y libertades que forjaron las viejas democracias de Occidente. La Historia, a pesar de la apariencia sucesiva y acelerada de acontecimientos, es como un gran buque que navega con lentitud por el desierto oceánico. Errar la hoja de ruta puede derivar en peligrosas tempestades y despertar viejos monstruos marinos. Un viejo aviso para nuevos navegantes.

La entrada Allá donde las urnas no llegan: el futuro de la participación electoral en un mundo desigual aparece primero en Periodismo Ciudadano.