La Comisión Europea ha presentado este jueves en Bruselas un ambicioso paquete legislativo destinado a reforzar la autonomía tecnológica de la Unión en sectores críticos como los semiconductores, la computación en la nube y la inteligencia artificial. El conjunto de medidas, anunciado el 5 de junio de 2026, incluye dos proyectos de ley —la Ley de Chips 2.0 y la Ley de Desarrollo de Cloud e IA (CADA)—, junto con una Estrategia de Código Abierto y una hoja de ruta para la digitalización del sistema energético.
Un impulso a la autonomía estratégica
El objetivo declarado es reducir la dependencia de proveedores extracomunitarios, especialmente de Estados Unidos y China, en tecnologías consideradas esenciales para la ciberseguridad y la competitividad económica. La iniciativa responde a la creciente preocupación en Bruselas por la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas europeas ante posibles cortes de suministro o presiones geopolíticas.
La Ley de Chips 2.0 actualiza y amplía la normativa anterior, que ya movilizó más de 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas. La nueva versión pretende aumentar la capacidad de producción de semiconductores en suelo europeo, con el fin de duplicar la cuota de mercado de la UE hasta el 20% en 2030. Por su parte, la Ley de Desarrollo de Cloud e IA (CADA) establece requisitos de soberanía para los servicios de almacenamiento y procesamiento de datos utilizados por administraciones y empresas estratégicas, así como normas para garantizar la interoperabilidad y la portabilidad de datos.
La Estrategia de Código Abierto, según fuentes comunitarias, busca fomentar el uso de software libre en la administración pública, reduciendo costes y mejorando la transparencia. La hoja de ruta para la digitalización del sistema energético, por su parte, pretende modernizar la red eléctrica europea mediante la integración de inteligencia artificial y analítica de datos, con un horizonte de aplicación en 2030.
La Comisión ha señalado que el paquete legislativo se someterá ahora al examen del Parlamento Europeo y del Consejo, con la expectativa de que pueda estar aprobado antes de finales de 2027. Desde Bruselas se insiste en que la iniciativa no busca el proteccionismo, sino garantizar la autonomía estratégica abierta de la UE en un contexto de creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.
