El inversor y estrella televisiva Kevin O’Leary ha aceptado reducir a la mitad la superficie de su macroproyecto de centro de datos en Utah, inicialmente previsto en 40.000 acres, según informó el jueves a la prensa local. La decisión llega tras semanas de presión de residentes y activistas, que denunciaban el impacto ambiental y el consumo masivo de recursos del complejo.

En una carta dirigida al presidente del Senado de Utah, J. Stuart Adams, O’Leary anunció que eliminará 19.430 acres del proyecto, lo que sitúa la superficie final en poco más de 20.000 acres. El centro, impulsado por el conocido Shark Tank, se había convertido en símbolo del conflicto entre el auge de la infraestructura digital y la protección del entorno natural en el oeste de Estados Unidos.

El precio de la expansión digital

Utah, como otros estados áridos del país, ha experimentado una creciente demanda de centros de datos. Sin embargo, estos proyectos suponen un alto coste energético e hídrico en una región con recursos limitados. Los activistas locales habían recogido firmas y presentado alegaciones ante las autoridades, exigiendo un estudio de impacto ambiental más riguroso. La reducción acordada por O’Leary, aunque significativa, no disipa todas las preocupaciones: el centro seguirá siendo uno de los mayores del país en superficie.

El caso refleja una tensión recurrente en la geopolítica digital: la necesidad de soberanía energética y territorial frente al despliegue de infraestructuras críticas para la inteligencia artificial y la nube. Analistas estadounidenses advierten de que, sin una planificación conjunta, la proliferación de centros de datos podría chocar con los límites físicos de las comunidades locales.

Este proyecto es crucial para la competitividad digital de Estados Unidos, pero debe hacerse de forma responsable con el entorno, reconocen fuentes del sector citadas por la prensa local.

O’Leary no ha detallado el nuevo diseño del campus ni el calendario de construcción, aunque se comprometió a colaborar con las autoridades estatales para minimizar las molestias. La decisión marca un precedente sobre cómo la oposición ciudadana puede moldear incluso los planes más ambiciosos de la industria tecnológica.

Por primera vez en la historia de Berberati, los consejeros municipales elegirán a su alcalde el próximo 5 de junio. Este escrutinio inédito se celebra en la segunda ciudad más poblada de la República Centroafricana, y simboliza la reactivación de la política local tras años de conflicto armado e inestabilidad institucional.

La elección, que tendrá lugar en el ayuntamiento de la localidad, marca un punto de inflexión para una urbe que durante la guerra civil quedó devastada y sin administración municipal efectiva. Según informaron fuentes del Gobierno centroafricano, este proceso forma parte de los esfuerzos de descentralización impulsados desde Bangui, con el apoyo de la Misión de las Naciones Unidas en el país (MINUSCA).

Berberati, capital de la prefectura de Mambéré-Kadéï, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados y el ejército regular. La ausencia de elecciones locales perpetuó un vacío de poder que favoreció la economía ilegal, especialmente la explotación de madera y diamantes. Con la elección del alcalde, las autoridades confían en retomar el control institucional y canalizar la ayuda humanitaria hacia la reconstrucción de infraestructuras básicas.

Un test para la descentralización

El proceso electoral de Berberati se considera una prueba de fuego para el plan de descentralización centroafricano. La Constitución de 2016 establece la elección directa de los alcaldes, pero la violencia y la debilidad del Estado central retrasaron su aplicación. Ahora, la Autoridad Nacional Electoral de la República Centroafricana ha anunciado que la votación se celebrará con observadores internacionales.

La comunidad internacional sigue con atención este acontecimiento. La República Centroafricana es un país rico en recursos naturales (diamantes, oro, uranio), pero sumido en una crisis humanitaria desde 2013. Países como España han participado en misiones de la UE y en programas de cooperación al desarrollo en la región.

La jornada del 5 de junio decidirá quién gobernará Berberati los próximos cinco años. Un resultado pacífico y transparente podría allanar el camino para que otras localidades del país sigan el mismo ejemplo.

Un grupo de empleados de Amazon se presentó el pasado 3 de junio de 2026 ante un concejo municipal estadounidense —cuya identidad no se ha revelado— para exigir restricciones a la construcción de centros de datos. Los trabajadores, organizados como activistas internos, denunciaron el elevado consumo energético y la presión sobre las infraestructuras locales que generan estas instalaciones.

Se trata de la primera vez que empleados de una gran empresa tecnológica (big tech) presionan públicamente para que se regule este tipo de proyectos, según señalaron fuentes conocedoras de la acción. Hasta ahora, las críticas a los centros de datos solían provenir de grupos ecologistas o vecinales, no de la propia plantilla de las compañías que los operan.

Los centros de datos, esenciales para el funcionamiento de servicios en la nube, inteligencia artificial y plataformas digitales, requieren enormes cantidades de electricidad y agua para refrigeración. En los últimos años, su proliferación ha generado tensiones con comunidades locales por la saturación de la red eléctrica y la escasez hídrica.

Un precedente sin precedentes

La acción de los empleados de Amazon marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes tecnológicas y el territorio donde se asientan. ‘Es la primera vez que trabajadores de una big tech se movilizan para pedir límites a la expansión de centros de datos. Hasta ahora, las empresas siempre habían defendido estos proyectos como motores de empleo e inversión’, explicó una fuente cercana a los activistas.

La protesta se produce en un contexto de creciente presión regulatoria en varios países. En España, el Gobierno ultima un decreto que obligará a los centros de datos a compensar su impacto ambiental, mientras que en Países Bajos e Irlanda ya se han impuesto moratorias parciales. La iniciativa de los empleados de Amazon podría acelerar medidas similares en otras jurisdicciones.

Amazon no ha emitido comentarios oficiales sobre la acción de sus trabajadores. Los empleados, por su parte, evitaron dar declaraciones a la prensa para no ser identificados, pero pidieron al concejo que frene nuevas autorizaciones hasta que se evalúe el impacto acumulativo sobre los recursos naturales.

La empresa estadounidense Muon Space ha presentado el 3 de junio de 2026 su nuevo bus satelital Condor-Ultra, una plataforma tres veces más grande que el modelo Condor-XL y diseñada específicamente para el emergente mercado de los centros de datos orbitales.

El anuncio responde a la creciente demanda de procesamiento de datos en el espacio, que permite reducir la latencia y la dependencia de los enlaces terrestres. Según la compañía, el Condor-Ultra está concebido para ser lanzado en cohetes de clase Starship, y su primer lanzamiento está previsto para 2028, una vez asegurados los primeros clientes.

El sector de los centros de datos orbitales está aún en fase incipiente, pero grandes operadores de infraestructura cloud ya han mostrado interés en esta tecnología. Muon Space compite directamente con empresas como Lumen Orbit o Aalyria, que también desarrollan plataformas para procesamiento en órbita.

El nuevo bus satelital multiplica la capacidad de carga útil y de procesamiento del Condor-XL, lo que permite alojar servidores y sistemas de refrigeración en el espacio. De acuerdo con la empresa, el diseño modular del Condor-Ultra facilita su adaptación a diferentes configuraciones de cliente y misiones.

Muon Space, con sede en California, se ha consolidado como uno de los fabricantes más activos en el segmento de satélites pequeños. Con esta nueva plataforma, la compañía apuesta por capturar una cuota significativa del mercado de centros de datos orbitales, cuyo valor potencial se estima en miles de millones de dólares para la próxima década.

La tecnológica Google ha anunciado este miércoles un conjunto de medidas para reducir el impacto hídrico de sus centros de datos, en un contexto de creciente crítica por el consumo de recursos que implica la expansión de la inteligencia artificial. La compañía se ha comprometido a reponer más agua de la que consumen sus instalaciones, según detalló en un comunicado.

El anuncio coincide con una resolución del regulador británico, la Competition and Markets Authority (CMA), que obliga a Google a permitir que los editores de websites excluyan sus contenidos de funciones de búsqueda basadas en IA, como AI Overviews. La medida, que afecta al mercado del Reino Unido, busca dar mayor control a los creadores de contenido sobre el uso de su información por parte de los sistemas generativos.

La combinación de ambas noticias refleja las tensiones que genera el despliegue masivo de infraestructura de IA: por un lado, el impacto ambiental, especialmente el consumo de agua para refrigeración; por otro, la soberanía de los datos y la relación entre las grandes tecnológicas y los reguladores. Google, sin embargo, insiste en que sus centros de datos son ya un 50% más eficientes en el uso de agua que la media del sector, y que las nuevas promesas incluyen la colaboración con autoridades locales para mejorar la gestión hídrica.

La decisión de la CMA supone un precedente en la regulación de la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda, y podría influir en otros organismos internacionales que estudian medidas similares. Google, por su parte, no ha detallado aún cómo implementará técnicamente la exclusión de contenidos en sus funciones de búsqueda con IA.

La justicia de la República Centroafricana investiga un presunto complot golpista contra el presidente Faustin-Archange Touadéra, según informaron fuentes judiciales este miércoles en Bangui. El caso afecta a dos ministros del Gobierno centrafricano y a otras personas del entorno presidencial, en una trama que revela las luchas de influencia en el seno del poder.

Investigación en curso

La Fiscalía de Bangui se ha hecho cargo de las acusaciones de conspiración, que apuntan a un intento de desestabilización del Ejecutivo de Touadéra, en el poder desde 2016 y reelegido en 2020 en medio de una grave crisis de seguridad. El proceso judicial se encuentra en fase preliminar, sin que se hayan realizado detenciones hasta el momento, según precisaron fuentes próximas a la investigación.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la capital centroafricana, donde el control del presidente sobre las facciones armadas y los actores políticos sigue siendo frágil. Touadéra ha sobrevivido a varios intentos de golpe desde su llegada al poder, el último de ellos en enero de 2021, cuando una coalición de grupos rebeldes avanzó sobre Bangui y fue repelida con la ayuda de fuerzas ruandesas y rusas.

Luchas internas en el poder

La revelación del supuesto complot pone de relieve las tensiones internas dentro del círculo de poder de Touadéra. En los últimos meses, diversas fuentes diplomáticas habían señalado la existencia de divisiones entre distintas facciones del Ejecutivo, en un contexto de creciente influencia de actores extranjeros —especialmente Rusia y Ruanda— en la seguridad y la economía del país.

La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo a pesar de sus recursos minerales (diamantes, oro y uranio), vive sumida en un conflicto armado desde 2013. La presencia de asesores rusos, conocidos como instructores, y de la misión de la ONU (MINUSCA) ha sido clave para la supervivencia del régimen de Touadéra. Sin embargo, la influencia rusa ha generado recelos entre algunos sectores políticos y en la comunidad internacional.

De confirmarse las acusaciones, el caso podría agravar la inestabilidad en un país que sigue luchando por consolidar sus instituciones democráticas. La Presidencia centrafricana no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la investigación.

La industria global de semiconductores afronta una crisis de suministro que amenaza con frenar el crecimiento de la inteligencia artificial. La demanda de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), esenciales para los aceleradores de IA, supera con creces la capacidad de fabricación, mientras los centros de datos registran cuellos de botella por falta de cómputo disponible.

Según fuentes del sector tecnológico, la producción de chips HBM —clave en sistemas como los GPU de Nvidia para entrenar modelos de lenguaje— no logra seguir el ritmo de los pedidos de hiperescalares como Microsoft, Google o Amazon. «Hardware eats the world with HBM Chip shortage«, resume un analista de mercados de semiconductores, citando la paradoja de que el hardware diseñado para alimentar la próxima ola de IA se ha convertido en su principal cuello de botella.

Los centros de datos, que ya operaban al límite de su capacidad por el auge de la computación en la nube y el machine learning, registran retrasos de meses en la puesta en marcha de nuevos clústeres. La falta de memoria HBM obliga a los fabricantes a racionar las asignaciones entre clientes, priorizando los pedidos de mayor volumen. El problema se agrava por la concentración de la producción de HBM en unos pocos actores, como Samsung y SK Hynix, que lidian con procesos de fabricación complejos y rendimientos limitados.

Empresas de menor tamaño, que dependen de terceros para conseguir capacidad de cómputo, son las más afectadas. También los fabricantes de hardware para centros de datos advierten de que la escasez podría prolongarse al menos hasta 2027 si no se realizan nuevas inversiones en plantas de empaquetado avanzado, según la misma fuente.

Del mismo modo que en muchas otras ciudades, durante la próxima huelga del 29M, diferentes medios de comunicación aragoneses nos uniremos, en el Centro de Medias, para hacer frente común a la manipulación informativa de quienes están detrás de las causas de la huelga. El Centro de Medias estará operativo desde las 22.00 horas del […]

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Banda Sinfónica Municipal de Albacete

Jueves 21 de mayo, 19:30 h

Barrio Centro. Plaza de la Constitución

 

 

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. “La Banda en tu Barrio”.

 

Hoy, en la primera parte del programa, Nines Maestro nos cuenta los datos sobre la acusación a la que se enfrenta por solidarizarse con el pueblo Palestino.¿Quiénes y por qué presentan las demandas?¿Cómo una lucha legítima y reconocida internacionalmente puede pasar por actividad terrorista?Migración centroamericana:En la segunda parte hablamos con Lola, que nos trae noticias […]

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Los centros de datos son el último señuelo del capitalismo. Con ellos se vende una idea de crecimiento económico y modernidad que está muy lejos de ser real. La economista argentina Cecilia Rikap los ha estudiado a fondo y tienen un papel principal en su Teoría de la dependencia digital, un ensayo editado por Caja Negra en el que hace un paralelismo entre la vieja teoría de la dependencia imperialista y el fenómeno de subordinación global que hoy ejercen las grandes tecnológicas, con Google, Amazon y Microsoft a la cabeza. Este fenómeno va más allá del yugo que impone la metrópoli sobre la colonia, yugo que perdura incluso después de la independencia. También trasciende las metáforas que dibujan a los jerarcas de Silicon Valley como nuevos señores feudales. Se trata, en suma, de un nuevo orden mundial impuesto por unas empresas que han institucionalizado el robo como su principal actividad: no sólo roban el agua para enfriar sus gigantescos centros de datos, también roban el conocimiento producido por el resto del planeta. Y nadie, por el momento, puede escapar de sus tentáculos. Aunque hay mucha gente, en muchos sitios, pensando cómo hacerlo. Una de esas personas es Cecilia Rikap.

Doctora en Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, Rikap pasó por Madrid para presentar su libro y sus ideas. La acompañaron Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y Manuel G. Pascual, periodista de El País que sigue la actualidad de las grandes empresas tecnológicas. Desde el principio de su intervención quedó clara una idea: eso que, resumiendo mucho, entendemos por «nube» no sólo no fomenta el desarrollo, sino que lo frena.

El presidente argentino, Javier Milei, se ha destacado por colaborar resueltamente en la difusión de esta quimera. «Dice que las tecnologías digitales van a generar un crecimiento inédito y descomunal, una suerte de revolución industrial en Argentina. Y que eso ocurrirá, por un lado, porque tenemos un montón de pibes programando, lo que habla de nuestra capacidad para ser una potencia en inteligencia artificial. Y por otra parte, porque en la Patagonia tenemos clima frío y energía barata, es decir, un ámbito propicio para la instalación de centros de datos», explica Rikap. Lo cierto es que estas tecnologías no producen un crecimiento exponencial de la economía, pero aunque así fuera (que no lo es), ese crecimiento no alcanzaría a todas las capas de la sociedad, sólo a unos pocos individuos de las clases más altas. En palabras de Rikap: «Aunque la torta crezca, no hay torta para todos». No la hay, especialmente en un mundo «tan desigual y tan polarizado» como el actual. «¿Qué importa que la torta crezca si, en última instancia, eso no se concreta en mejores condiciones de vida para las mayorías? Y esto no se refiere sólo a la desigualdad de ingresos, sino también al avance de la crisis ecológica y a su impacto sobre unas mayorías que viven en condiciones cada vez más precarias».

Este dilema ecológico-social también ha estado presente en la sociedad española desde hace mucho tiempo. Con resignación, a menudo se daba por perdido un río, una montaña, un bosque si finalmente esa fábrica, esa mina o ese cementerio nuclear iban a dejar dinero en el pueblo. En el caso de los centros de datos ya está claro que no será así. «Todos los que defienden la instalación de centros de datos pensando que van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados. Los centros de datos no generan empleo salvo en el periodo de su construcción», detalla Rikap. Una vez construidos, esa mano de obra se desvanece. «Según la propia Microsoft, cuando el centro de datos está funcionando sólo necesita unas 50 personas por edificio. Y la cifra de Amazon es aún más baja». Tampoco creará un tejido comercial a su alrededor (restaurantes, supermercados, farmacias), ya que los centros de datos están situados en lugares aislados y funcionan con un nivel de secretismo comparable «al de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero». Y los desarrolladores de esas tecnologías tampoco están allí, sino repartidos por el mundo, «son una minoría de personas con doctorados y especializados en matemática, estadística, ciencias de la computación…». Lo de la creación de empleo, en resumen, es una engañifa.

La necesaria complicidad local

A este respecto, Aurora Gómez recordó una escena particularmente comprometida que protagonizaron durante una rueda de prensa David Blázquez (responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal) y Jorge Azcón, presidente de Aragón. «La cifra de empleos que ofrecen es una ensalada de números», señala Gómez con ironía. «Ni siquiera Blázquez entiende lo que está diciendo». Los gestos de Azcón, al fondo, muestran una evidente incomodidad ante las preguntas de los periodistas.

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Una escena como esa es un ejemplo visual perfecto del «papel cómplice de los Estados y los gobiernos regionales» en la dependencia digital, según Aurora Gómez. Como explica Cecilia Rikap, actualizando la corriente de pensamiento anticolonial nacida en la década de 1960, «el subdesarrollo no se explica solamente por la opresión del norte, sino también por dinámicas locales». Los gobiernos regalan una parte de su soberanía a estas empresas. Antes lo hacían a la oligarquía del campo; ahora, a los oligarcas tecnológicos. «Incluso dentro de los gobiernos progresistas aparecen estas complicidades, más o menos directas, con los ecosistemas predatorios de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y China», añade.

Lleva ocurriendo varias décadas. Por poner dos pequeños ejemplos, la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha decidieron abandonar sus sistemas operativos basados en software libre (Guadalinex y Molinux, respectivamente) para pasar por la caja de Microsoft. Esto ha pasado absolutamente en todos los apartados de la gestión pública y a todos los niveles, desde la ofimática a las políticas de Defensa, desde el ámbito local al europeo. Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, ya es muy difícil de revertir, y eso sin entrar en los problemas que entraña permitir que una gran tecnológica acceda a los datos del Estado. El diagnóstico es bastante simple: «Cuanto más te metes en la nube, más probabilidades hay de que te hackeen». O de que estas empresas (o directamente el Gobierno de Estados Unidos) se queden con tus datos.

El ejemplo paradigmático sería el de Palantir, empresa que oferta diferentes programas de espionaje que han sido usados en el genocidio de Gaza y en las redadas del ICE. Su objetivo ahora es desembarcar a lo grande en la Unión Europea, infiltrando su software en hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y todo tipo de servicios públicos. En pocas palabras, sus programas funcionan como una herramienta de análisis de datos que puede conectar diferentes fuentes de información, crear patrones y fijar objetivos. A partir de ahí, apropiarse de los datos privados de los ciudadanos y alimentar con ellos sistemas de vigilancia masiva es coser y cantar. «Obviamente, a los gobiernos les preocupa este nivel de dependencia, pero al mismo tiempo les viene bien tener acceso a estas tecnologías para el control de las poblaciones inmigrantes o para participar en guerras», explica Rikap.

Este es el lado más siniestro y tecnofascista de la dependencia digital, pero hay otro más cotidiano: el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con información robada. Y otro que se inserta en la simple lógica capitalista: el conocimiento absorbido por las big techs por su propia preeminencia en el mercado. Este conocimiento sería el equivalente a la plata de América a la hora de forjar su imperio. Para explicar su modus operandi, Rikap recurre al ejemplo de las grandes farmacéuticas: «Muy poca gente sabe que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca es en realidad de la Universidad de Oxford. AstraZeneca es la empresa que después se apropió de ese conocimiento, hizo los ensayos clínicos y se la quedó en exclusividad, en parte por las presiones de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y la comercializó de forma privada, aunque los científicos que la descubrieron querían que ese conocimiento estuviera disponible para cualquier laboratorio con posibilidad de desarrollar la vacuna. Algo que, obviamente, en medio de una pandemia, seguramente hubiera sido lo más lógico». Rikap llama a esto «dinámica de monopolización intelectual». Y en el sector tecnológico está a la orden del día.

«Las pequeñas startups están produciendo nuevo conocimiento, pero no tienen la vocación de convertirse el día de mañana en una empresa como Microsoft, Amazon o Google. Aspiran, en el mejor de los casos, a vender su conocimiento a estas tres big techs», explica la economista. Este «extractivismo del conocimiento» se sostiene en los centros de datos, «porque sin centros de datos, no hay lugar donde almacenar ese conocimiento o donde procesar los algoritmos». Y al final, «este proceso de monopolización intelectual», que nació originalmente en universidades, en pequeñas startups o en organismos públicos de investigación, «se traduce en una capacidad de control de grandes porciones del capitalismo global».

Esto ha producido una especie de privatización del mundo que, en cualquier caso, no es nueva. «Esta coalición de gobierno entre las gigantes tecnológicas y Estados Unidos viene ocurriendo desde hace décadas –advierte Rikap–, lo que ocurre es que ahora es más evidente porque la extrema derecha ya no está en los márgenes sino en el centro. Y estas empresas existen porque Estados Unidos las ha favorecido con un arsenal de leyes que van desde el recrudecimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el desmantelamiento de parte de la legislación antimonopolio y el consentimiento de la evasión impositiva a gran escala». Teniendo esto en cuenta, «el tipo de tecnología que hoy tenemos es una respuesta a las necesidades del capital concentrado, a las necesidades de unos gobiernos que se imponen sobre el resto del mundo». Y no se refiere sólo al estadounidense; también incluye al chino.

Revertir esta situación puede parecer imposible por ese fenómeno que Rikap llama «totalitarismo epistémico». Pero hay soluciones. Unas más simples y otras más sofisticadas. Por empezar por la más simple: Rikap propone recuperar todo ese conocimiento robado por medio de los impuestos. Pero también, y esto es más complicado, que la ciudadanía sea consciente de que otras formas de organización son posibles: «La historia de la humanidad demuestra que siempre hemos estado imaginando y creando».

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Los proyectos de edificación de centros de datos para dar respuesta a las empresas tecnológicas ante la creciente demanda de inteligencia artificial (IA) se caracterizan por la opacidad que los rodea. Es lo que sucede actualmente en Fuenlabrada, justo en la parcela en la que hace unos años se erigía la fábrica de Coca-Cola, epicentro de la lucha laboral que consiguió doblegar a la empresa ante el cierre de la factoría y un espacio codiciado por su abastecimiento de agua. 

Por eso esta finca de 195.000 metros cuadrados es tan golosa. Aunque nadie sabe exactamente cómo la planta tecnológica golpeará al mayor recurso natural que existe, cambios de uso del suelo mediante, varias organizaciones sociales y políticas alertan de las consecuencias de un proyecto que desde el Consistorio fuenlabreño venden como “el mayor campus de centros de datos de Madrid”.

Aurora Gómez Delgado es una de las integrantes de Tu nube seca mi río, un colectivo de resistencia ciudadana contra los centros de datos. Ella conoce la dificultad para seguir la pista de estos enclaves que últimamente brotan como esporas en diversas ciudades de toda España. En este caso, según cuenta, llegaron al proyecto de Fuenlabrada por un soplo de una persona afincada en Georgia (Estados Unidos). “Los centros de datos a hiperescala como este están conectados a zonas rurales y de la periferia porque necesitan mucha agua para funcionar y refrigerar sus sistemas de procesamiento”, dice la activista.

De esta forma, las compañías se decantan por lugares conectados con fuertes fuentes de agua y energía, como son los enclaves utilizados en el sector de la cerámica o, en este caso, de la producción de bebidas gaseosas. “Los inversores también buscan que no haya resistencia local, que, en realidad, no existía hace unos años. Pero sí existía la lucha obrera en Coca-Cola, y las resistencias se unen unas con otras”, comenta Delgado.

Hay dos tipos de centros de datos. Por un lado, los propios de los grandes tótems tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft. Por otro, aquellos de empresas llamadas de colocación, que se los alquilan a los gigantes digitales. Gómez explica que en Fuenlabrada se erigirá uno de este segundo tipo. “Estamos viendo una subida increíble de esta burbuja especulativa, con muchos fondos de inversión pujando en ella”, comenta. Si todo continúa según lo previsto, esta localidad al suroeste de la capital tendrá un centro de datos propiedad de Thor Equities, dueño del terreno desde 2022.

El agua, siempre la mayor incógnita

La gran pregunta que rodea este proyecto industrial es cuánta agua consumirá. “Tanto investigadoras como periodistas y activistas nos hemos encontrado con que la falta de información es atroz. La opacidad siempre acompaña a los centros de datos”, afirma con contundencia la propia Gómez. 

Los únicos datos oficiales accesibles para la ciudadanía fueron expuestos en las redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada el pasado 17 de marzo. En un post, el consistorio gobernado con mayoría absoluta por el socialista Javier Ayala expuso que la empresa británica Apto invertiría 2.000 millones de euros para construir en la ciudad “un gran campus de centros de datos, el mayor de la región cloud de Madrid”, que seguramente después será utilizado por las grandes compañías de Silicon Valley.

El terreno que ocupará alcanza los 195.000 metros cuadrados, que albergarán cinco centros de procesamiento de datos, “alcanzando una capacidad total prevista de hasta 240 megavatios”, añadieron. El permiso de obra ya está aprobado y su construcción comienza “de inmediato”, siempre según la publicación del ayuntamiento fuenlabreño, desde donde aseguraron que se prevé la creación de unos 2.500 empleos.

Sin embargo, el Consistorio no ha contestado a ninguna de las preguntas planteadas por La Marea al cierre de la edición de este artículo sobre cómo han calculado esos dos millares y medio de puestos de trabajo, cuál será el uso del agua por parte del centro de datos y si el Ayuntamiento realizará algún tipo de control al respecto. Tampoco han explicado por qué Fuenlabrada necesita un centro de datos.

Cambios en el uso del suelo

Eva Fuentes Rincón, responsable del área de Ecologismo y Medio Ambiente de Podemos Fuenlabrada, sin representación en el Ayuntamiento, señala: «Hemos pasado de la sorpresa a la preocupación”. Esta vecina de la localidad se pregunta qué necesidades de la población cubrirá la factoría. “No podemos dejar que estos centros de datos se construyan sin una regulación concreta ni que su construcción infle una burbuja especulativa, como ha sucedido con los macroproyectos de energías renovables”, opina.

Desde su partido político, aseguran que ya están analizando si el proyecto cumple con la legislación vigente en todos sus aspectos, pues hay viviendas situadas a apenas 200 metros del enclave que se podrían ver afectadas por el mismo. En este sentido, Fuentes advierte de que tras la marcha de Coca-Cola de Fuenlabrada y después de que vendieran el terreno al fondo de inversión Stoneweg en 2020, la finca ha experimentado diversos cambios en la denominación del uso del suelo. “Desde entonces, habrá triplicado su valor. Ahora mismo el suelo tiene una categoría superior para centros de datos”, explica.

Un acuífero, oro para los centros de datos

La integrante de Podemos enfatiza que en el subsuelo de la finca elegida hay un acuífero, explotado en su momento por Coca-Cola. Lo corrobora Mercedes Pérez Merino, antigua delegada sindical por CC. OO. de la compañía Casbega, franquiciada por Coca-Cola en Fuenlabrada. “Una de las cosas que les movieron a traer la factoría es que había pozos y acuíferos, y muy buenos”, reitera.

Esta administrativa ya jubilada recuerda cómo fueron los propios trabajadores del municipio quienes, al ver cómo la empresa explotaba el agua, reclamaron que repercutiera de alguna forma en la sociedad. “Instalaron una depuradora para que los ayuntamientos de la zona pudieran hacer uso de esa agua para riego y limpieza”, rememora Pérez, quien entró a formar parte de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada en 1983.

La factoría llegó a ser una de las más productivas para la firma transnacional. Sin embargo, decidieron cerrarla. Una lucha ardua de la plantilla y las mujeres de los trabajadores, conocidas como Las Espartanas, consiguieron doblegar a la empresa. El apoyo mutuo fraguó una victoria que se tradujo en un sueldo hasta la jubilación para todos los trabajadores despedidos de unos 2.500 euros al mes, según cifra Pérez.

“Siempre pensé que tras la venta de la factoría había algo que se nos escapaba. Ahora lo entiendo. Esto del centro de datos lo tenían pensado desde mucho antes”, añade la antigua trabajadora de Coca-Cola. Desde su experiencia, considera que la sociedad debería reflexionar sobre los tiempos con los que trabajan las transnacionales, inasumibles para las personas normales, comenta. “Hay que prepararse, porque no dan puntada sin hilo y son insaciables”, concluye.

Una Administración a favor de las empresas

Siempre se puede hacer algo. Para intentar combatir la proliferación de estos centros que tan duramente golpean a su entorno, Gómez subraya que algo que podrían hacer las Administraciones es no favorecer su presencia en el territorio. “Todos los centros disfrutan de legislación especial que hace que la burocracia sea menor y todo vaya más rápido, por lo que a la gente local no le va a dar tiempo a enterarse de lo que pasa”, critica.

La activista añade que esta industria tan pujante goza también de grandes subvenciones públicas a nivel regional, así como de la exención del pago de impuestos como el de bienes inmuebles o el de actividades económicas. “Al menos en España todavía es necesaria una valoración ambiental para dar el visto bueno, porque en otros países se ha retrocedido en eso”, apuntilla.

Desde Tu nube seca mi río concluyen que la aparición de un centro de datos como el proyectado en Fuenlabrada no aporta ningún beneficio para la sociedad. “A mí solo me cabe pensar que de repente los políticos regionales o son muy tontos o hay intereses espurios”, asevera la misma Gómez. 

Según sostiene, tendremos que esperar todavía algunos años para ver si se producen puertas giratorias en este sector. No sería extraño. La antigua vicealcaldesa de Madrid y militante del extinto Ciudadanos, Begoña Villacís, es la directora ejecutiva de Spain DC, la patronal española de centros de datos. No es la única. El nombre de Marcos de Quinto ya marcó la lucha aguerrida de los trabajadores de Coca-Cola y sus mujeres, Las Espartanas, pues él fue vicepresidente a nivel mundial de la compañía entre 2015 y 2017. El antiguo diputado en el Congreso de los Diputados también por Ciudadanos actualmente trabaja para empresas ligadas a la IA, tal y como explica Gómez.

Casos de éxito: proliferan las resistencias

La lucha social, como en tantos otros frentes, comienza a dar sus frutos. Gómez asegura que el año pasado la mitad de los proyectos de construcción de centros de datos se consiguieron ralentizar en Estados Unidos gracias a la presión ciudadana. En otros tantos países se están aprobando moratorias para su edificación, y en Europa hay organizaciones que la reclaman a nivel global. “Es una industria que recién está despegando. Allá donde vamos, nosotras encontramos un grupo que quiere levantarse como resistencia a los centros de datos. Todo el territorio español está plagado de estas resistencias”, concede la activista.

De todas formas, el combate contra los centros de datos empieza desde casa. En un momento en que la IA inunda cualquier dispositivo, la concienciación ciudadana para evitar su uso innecesario se torna crucial. “Una sola búsqueda en un buscador que utiliza la IA implica toda una cadena de suministros que conllevan sufrimiento en otras partes del globo, ya sea por las tierras raras de Ucrania y Groenlandia, el litio en Chile o el coltán en el Congo”, ejemplifica Gómez. Es ella quien concluye: “Los consumos tecnológicos son algo privilegiado que recae en gente menos privilegiada. Hay alternativa al tecnocapitalismo. Hasta la fecha hemos podido sobrevivir sin IA, pero no podemos sobrevivir tres días sin agua”.

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María Toledo

Domingo, 22 de marzo, 17:30 h

Centro Cultural, Casas de Lázaro (Albacete)

Entrada: gratuita

 

 

Concierto de María Toledo.

 

 

The Jazzical Dúo

Viernes 20 de marzo, 20:00 h

Centro Ágora

Entrada: 10€, online y en taquilla desde una hora antes. Descuentos a estudiantes de conservatorios y carnet joven. Menores de 14 y socios de amigos del jazz, gratis.

 

Concierto de The Jazzical Dúo. Standards (y no tan standards) de jazz como nunca antes has escuchado.

 

Con el comienzo de la nueva temporada este programa también estrena columna en Arainfo.  A partir de ahora todos los jueves podréis leer la acratorial con la que arrancamos y que suele tener que ver con el contenido del programa, aunque a veces es simplemente opinión o teoría. Hoy hablamos de los centros de datos […]

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