El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y contra Alejandro Castro Espín, uno de los hijos del expresidente Raúl Castro. La medida, anunciada el jueves 4 de junio de 2026, supone un nuevo escalón en la presión estadounidense sobre el régimen cubano, ya que por primera vez se sanciona directamente al jefe de Estado de la isla.
Las sanciones, que aparecen publicadas en la página web del Tesoro, implican el bloqueo de cualquier activo que los sancionados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos y empresas de EE.UU. de realizar transacciones con ellos. Aunque la nota oficial no detalla el número exacto de afectados, fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE indican que la lista incluiría a varios altos cargos del Gobierno cubano.
Reacción de La Habana
El Gobierno de Cuba ha respondido con un comunicado en el que califica la acción de Washington como un intento de «construir un escenario de conflicto» que, según la administración de Miguel Díaz-Canel, está «destinado al fracaso». La nota oficial añade que la soberanía de la isla no se negocia y que las sanciones unilaterales no lograrán doblegar al pueblo cubano.
Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro y de Vilma Espín, es coronel de la reserva y ha ocupado cargos en el Ministerio del Interior y en el Consejo de Defensa Nacional. Su inclusión en la lista de sancionados refuerza la percepción en Washington de que la cúpula castrista sigue controlando los resortes del poder en la isla, pese al relevo generacional.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba atraviesan su peor momento desde el deshielo de 2014-2016. La administración de Joe Biden, aunque inicialmente más flexible que la de Donald Trump, ha mantenido la mayoría de las sanciones heredadas y las ha endurecido en los últimos meses.
Para España, principal socio europeo de Cuba y uno de los mayores inversores extranjeros en la isla, esta escalada supone un desafío diplomático. El Gobierno español deberá equilibrar su defensa de los intereses de las empresas españolas presentes en Cuba (especialmente en los sectores turístico y hotelero) con la presión de Washington para alinearse con la postura de sanciones.
