• La Colla Ecologista d’Alacant elabora un Plan de Naturalización del entorno de las Lagunas de Rabassa que pretende proteger y aumentar la biodiversidad, y que ese espacio sea un valioso elemento de la infraestructura verde de Alicante, una zona húmeda en un entorno semiárido, además de un lugar de esparcimiento y disfrute ordenado de toda la población.
• Ese Plan se ofrece a las distintas administraciones implicadas (Ayuntamiento, Conselleria de Medio Ambiente y Organismo de Cuenca) para su consideración y en especial en las labores de elaboración del Plan General Estructural y el Pormenorizado por parte de la entidad local y la Conselleria competente en urbanismo y ordenación del territorio.

La Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistes en Acción ha presentado públicamente el “Plan de Naturalización y Adecuación Ambiental y Paisajística del entorno de las Lagunas de Rabassa” elaborado por distintos especialistas en restauración ambiental de espacios semidegradados en distintas localidades del Estado español (Río Manzanares en Madrid o el mismo Río Vinalopó en Elche, entre otros) y conocedores de la flora y fauna del lugar (botánicos, herpetofauna, avifauna). Es el resultado de un largo e intenso estudio de campo del lugar.

El Plan ofrece un alternativa diferente a la propuesta del Ayuntamiento de Alicante de un Parque Urbano rodeado de viviendas, zonas comerciales e industriales. Su ámbito y extensión es diferente, dado que contempla no solamente el espacio incluido en la Ficha del Catálogo de protecciones de 152 hectáreas sino que se extiende hacia el sur, acogiendo a la Loma de los Gallos (también incluida en ese Catálogo) y su entorno, hasta abarcar 319 hectáreas.

Se ha realizado una caracterización casi completa de los hábitats, flora y fauna de ese entorno: 188 especies de flora, 86 de avifauna, 3 anfibios, 17 reptiles y 6 mamíferos. No se ha estudiado la segura presencia de quirópteros.

Se presentan 6 actuaciones básicas de restauración ambiental:

• Realización de un inventario ambiental
• Restauración integral
• Experiencias de restauración en medio áridos y adaptación al cambio climático
• Programas de educación ambiental
• Incorporación al Catálogo de Zonas Húmedas
• Eliminación de impactos específicos: líneas de alta y media tensión, y de especies invasoras

También se propone una regulación de los usos del paraje (prohibición de la caza, de los vehículos a motor y de los vertidos de residuos, la utilización de las sendas y caminos señalizados, etc.), a través de una zonificación con la delimitación de usos (general compatible, limitado y zona de reserva). Se contempla la ubicación de tres pequeñas zonas de aparcamientos de vehículos a motor en la periferia y una zona de bicicletas de todo terreno (BTT).

Además se planifican diversas actuaciones de restauración de los suelos (limpieza de residuos, demolición de construcciones obsoletas), eliminación de especies exóticas invasoras, revegetación con especies autóctonas (6 tipos de plantaciones), definición y señalización de la red de caminos, puesta en valor de los nidos de ametralladoras de la Guerra Civil, cartelería informativa, instalación de observatorios de avifauna, instalación de zonas de sombreado y zonas de esparcimiento, instalación de cajas nido para aves y murciélagos, e introducción de la focha moruna y cerceta pardilla.

Todas esas actuaciones se reflejan y completan con un Presupuesto de 1.133.000 euros y un presupuesto anual de seguimiento y mantenimiento de 365.000 euros, además de un Pliego de Condiciones que incluye los elementos básicos para elaborar el pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Proyecto naturalización Rabasa

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• La empresa con mayor impacto ambiental en Euskal Herria, Petronor, se lleva el Premio Atila por su impecable labor en convertir el aire en irrespirable y provocar el confinamiento de los y las vecinas.
• El Caballo de Atila cabalga hasta Navarra para premiar las concesiones del Gobierno de Navarra a IBERIAN COOPER para investigaciones mineras en Tierra Estella y Sangüesa.

Como todos los años, y con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, Ekologistak Martxan hace pública la concesión de los Premios Atila Euskal Herria 2026 para distinguir a quienes a lo largo de un año hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente de Euskal Herria.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual son aumentar la conciencia medioambiental, y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.

Ekologistak Martxan concede los Premios Atila Euskal Herria con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios se concedieron por primera vez en 1992, hace 33 años.

Desde la apertura del plazo de nominaciones, el pasado 22 de abril, la organización ecologista ha recibido un aluvión de propuestas señalando como candidatas a numerosas administraciones, empresas o cargos públicos. Tras mucha deliberación, éstas son las candidaturas ganadoras.

El Premio Atila Euskal Herria 2026 a Petronor, por tener el honor de ser la empresa con mayor impacto ambiental en Euskal Herria y por los incidentes causados el último año, con afecciones para la salud de los y las vecinas de la zona, así como para el entorno natural.  Desde diciembre de 2025, ha habido 3 incidentes: 2 producidos por derrames de dos tanques y un cortocircuito. Estos incidentes han generado emisiones con altos niveles de compuestos como benceno, tolueno y xileno, obligando, el 26 de febrero de 2026, al confinamiento de la población. Aunque desde el Gobierno Vasco defienden la gestión de Petronor ante este incidente, el jurado de los Premios Atila no quiere dejar sin reconocimiento la históricamente nociva labor de Petronor.

Caballo de Atila Euskal Herria 2026 al Gobierno de Navarra, más en concreto a su Departamento de Industria y Transición Ecológica, y a GEOALCALI e IBERIAN COOPER, por la concesión de los permisos de investigación minera Eslava 3603, Etayo 3604 y Solana 3605, en la comarca de Tierra Estella, y el permiso de investigación Cáseda 3606, en la zona de Sangüesa. Los permisos fueron otorgados a la empresa IBERIAN COOPER – empresa pantalla formada por antiguos socios de GEOALCALI- tan sólo un día antes de registrar las solicitudes en junio de 2024. De hecho, GEOALCALI utilizó la misma técnica ilegal de fraccionamiento fraudulento para Mina Muga, cuya autorización minera en Navarra está actualmente anulada a instancia de Ecologistas en Acción por Sentencia de septiembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Cada año, el jurado de los Premios Atila Sariak se enfrenta a un aluvión de nominaciones y es que son numerosas las instituciones y los entes que se empeñan en destruir nuestro entorno natural. No obstante, en las últimas ediciones hay celebridades que reciben nominaciones constantes. Por ello, otorgamos el Premio Atila a toda una carrera, que tiene como objetivo premiar a administraciones, empresas o cargos públicos con amplio recorrido en la puesta en marcha de acciones destinadas a la destrucción del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. La premiada este año es Amaia Barredo, actual Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, cuyos méritos se resumen a continuación: concesión de la autorización ambiental a la empresa Valogreene Paper (Bergara) cuando era Viceconsejera de Medio Ambiente y que, en mayo de 2025, ha sido anulada por el TSJPV; sus constantes ataques al lobo, usando de manera pública argumentos falaces y sesgados, alejados de los datos científicos y asegurando que el lobo supone “un daño permanente e irreparable” a la ganadería, y, asimismo, celebrando la exclusión del lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Accésit:

Diputación de Bizkaia. Por el proyecto del túnel subfluvial de más 450 millones de euros que acabará por fomentar el uso del vehículo privado y causará afecciones al medio ambiente y a la vida de los y las vecinas durante y después de su ejecución.

Gobierno Vasco. Por el proyecto de macropiscifactoría en la antigua central nuclear de Lemoiz (en la cala de Basorda), planeado de forma torticera y sin consultar ni tener en cuenta las opiniones de la población de la zona, del movimiento social y en concreto del ecologista. Este macroproyecto de acuicultura intensiva supone una amenaza grave para los ecosistemas marinos de la zona, ya que se pretenden criar 3.000 toneladas anuales de lenguados; este tipo de acuicultura tiene una gran cantidad de problemas asociados derivados del uso masivo de nutrientes y sustancias químicas, como antibióticos, alguicidas, desinfectantes e insecticidas.

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Així com denunciem les males practiques de les administracions quan no actúen pel benestar de les persones o del medi ambient, celebrem i agraïm les bones mesures quan les prenen.

A Sant Just Desvern (Baix Llobregat) l’Ajuntament ja té aprovat el seu inventari de camins públics.

Des d’Ecologistes en Acció hem treballat per informar, pressionar i fer seguiment del procés per a que l’Ajuntament elaborés aquesta eina, instrument indispensable per a evitar la pèrdua dels​ ​camins públics per ocupacions il·legals, entre altres problemàtiques.

Aquesta ha estat una de les accions que estem fent des de l’àrea jurídica dins la campanya dels camins públics, en marxa des del 2021. En el marc d’aquesta campanya hem requerit a tots els​ ​Ajuntaments catalans que incomplien la seva obligació legal de tenir​ ​elaborat un inventari de camins públics de la seva titularitat i sol·licitat a les Diputacions provincials que prestin el suport tècnic i​ ​econòmic als Ajuntaments del seu àmbit per facilitar-los les tasques per aquesta ​tramitació.​ ​Hem sol·licitat també que aquesta informació sigui​ ​pública i estigui disponible per ser consultada per la ciutadania.

Posem aquí també a disposició de tothom per a que qualsevol persona pugui fer aquests requeriments:

• Requeriment Ajuntaments.
• Escrit​ ​Diputacions.

Dins d’aquesta campanya en defensa dels camins públics hem tingut diferents respostes, tant positives, per part d’Ajuntaments com Aiguamúrcia, Balnes o Fortià, per exemple; com de negatives com les de Badalona, Sant Just Desvern o Oliola, que ens han obligat a portar-los als Tribunals.

El mínim que poden fer els ajuntaments (i a més, hi estan obligats) és tenir i mantenir actualitzat el seu inventari de camins públics, i garantir a la ciutadania drets bàsics com són a circular lliurament pel territori i al gaudi​ ​del medi ambient. Per això, seguirem atentes, exigint que es compleixi la llei.

Més informació a l’apartat Campanyes del nostre equip jurídic.

 

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La organización reclama frenar la expansión de regadíos, reforzar la protección de ríos y humedales y mejorar la gestión sostenible del agua en La Rioja.

Ecologistas en Acción La Rioja ha presentado sus aportaciones al proceso de elaboración del cuarto ciclo del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro (2028-2033), un documento estratégico que marcará la gestión del agua durante los próximos años en un contexto de creciente escasez hídrica y crisis climática.

La organización ecologista considera que la nueva planificación debe priorizar la conservación de los ecosistemas acuáticos y la adaptación a la reducción de recursos disponibles, frente a planteamientos basados en el incremento continuo de las demandas de agua.

Entre las alegaciones presentadas destaca la oposición a la propuesta del Gobierno de La Rioja de incorporar cerca de 28.500 hectáreas de nuevos regadíos. Ecologistas en Acción considera esta previsión desproporcionada e incompatible con la situación actual de sequías recurrentes y disminución de aportaciones hídricas. Asimismo, rechaza la construcción de nuevos embalses en las cuencas de los ríos Tirón y Alhama, por su elevado impacto ambiental y su escasa justificación técnica.

La organización también solicita una mayor protección de los ríos riojanos, especialmente del río Tirón, donde denuncia el incumplimiento de los caudales ecológicos mínimos y la existencia de extracciones que afectan gravemente a especies amenazadas como el visón europeo. En este sentido, reclama que no se reduzcan los caudales ecológicos previstos y que se refuercen las medidas de vigilancia y conservación.

Entre las propuestas planteadas figura igualmente la mejora de la conectividad fluvial mediante la eliminación de presas y azudes obsoletos. Ecologistas en Acción considera prioritaria la futura demolición de la presa de La Retorna, en el río Najerilla, así como la retirada de diversos obstáculos que fragmentan hábitats de especies protegidas como el desmán ibérico.

Las alegaciones incluyen además medidas para mejorar la calidad de las aguas y garantizar el abastecimiento futuro. Entre ellas se encuentran el control de fugas en las redes urbanas, la reutilización de aguas depuradas en municipios de mayor tamaño, la mejora del funcionamiento de las estaciones depuradoras y el refuerzo de la vigilancia sobre contaminantes emergentes como PFAS, productos farmacéuticos y otros compuestos persistentes.

La organización muestra también su preocupación por el estado ecológico de varios espacios acuáticos singulares de La Rioja. En particular, reclama actuaciones para frenar los procesos de eutrofización detectados en la laguna de Urbión, proteger la laguna de Hervías frente a nuevas extracciones de aguas subterráneas y declarar el río Portilla como Reserva Natural Fluvial por su excelente estado de conservación.

Por último, Ecologistas en Acción solicita una mayor inversión en el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, la implantación de planes de emergencia frente a la sequía en municipios vulnerables y la ampliación de las actuaciones basadas en soluciones naturales para la prevención de inundaciones.

La organización considera que el futuro Plan Hidrológico debe abandonar planteamientos propios de épocas de abundancia hídrica y adaptarse a la nueva realidad climática, garantizando la conservación de los ecosistemas acuáticos y una gestión responsable y sostenible del agua para las próximas generaciones.

Aportaciones de Ecologistas en Acción de La Rioja al proceso de elaboración del próximo plan hidrológico de 4º ciclo.

 

 

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Ante la admisión a trámite del Tribunal Supremo de los recursos presentados por los gobiernos de España, Aragón y Navarra y la empresa Geolcali contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que con fecha 30 de septiembre de 2024 dictó sentencia estimando nuestro recurso, anulando y dejando sin efecto la Orden Foral 124E/2022 del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, la Resolución 56/2021 de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, al ser contrarias al Ordenamiento Jurídico, con las consecuencias inherentes a dicha anulación, desde los colectivos firmantes de este comunicado manifestamos lo siguiente:

En síntesis el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso por entender que existe interés casacional objetivo sobre estas dos cuestiones:

1. Determinar, en relación con el ejercicio de la acción popular en asuntos medioambientales derivada de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, si es posible esgrimir en vía de recurso contencioso administrativo motivos de impugnación que no consisten en infracción de normas medioambientales.
2. Determinar si una Comunidad Autónoma es competente para otorgar una concesión de explotación minera derivada de un previo permiso de investigación referido a cuadriculas mineras ubicadas en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, aun cuando dicha concesión pertenezca a un proyecto de explotación único que abarque el territorio de más de una Comunidad Autónoma, determinando en su caso el régimen de competencias en tales supuestos.

El siguiente trámite será que los recurrentes, gobiernos y empresa, formulen el recurso de casación propiamente dicho. Para ello cuentan con un plazo de 30 días desde el traslado del auto del Tribunal Supremo.

Queremos aclarar, para evitar malos entendidos o interpretaciones interesadas más vinculadas a intereses económicos privados y especulativos y que han sido reflejadas en algunos medios de comunicación, que el relato real y verdadero de la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Supremo son los dos puntos señalados más arriba que sin quitar importancia a los mismos, no ocultan ni solucionan sobre el proyecto de explotación de Mina Muga las carencias y falta de muchos de los permisos, que no están vigentes. Citaremos alguno de ellos: tiene anulada la licencia de la bocamina en Undués de Lerda y la autorización urbanística para la licencia de la fábrica en Sangüesa. Ya hemos solicitado la anulación de la licencia de actividad y obras de la fábrica. También está paralizada la invasión que pretenden de los montes de utilidad pública.

El TSJN no se ha pronunciado sobre la DIA porque es competencia del TSJM al ser una resolución del Ministerio.

Estamos ante una fase preliminar de tramitación y que aún en el caso de que les dieran la razón, quedan todas las cuestiones administrativas y medioambientales de fondo: la DIA, etc…, que están recurridas y estarían pendientes de resolver.

Desde los colectivos firmantes mantenemos nuestra unión y planteamientos para seguir trabajando en la necesaria e imprescindible lucha y defensa del territorio y medioambiente de nuestra tierra, frente a este proyecto especulativo del extractivismo minero vinculado a intereses ajenos a Navarra y Aragón.

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La Universidad de Valladolid ha acogido este certamen de microensayo, dirigido a estudiantes de ingenierías e informática para reflexionar sobre su futuro campo laboral en la industria. El objetivo era fomentar una mirada crítica en el estudiantado sobre este sector para imaginar su futuro desde una óptica sostenible y socialmente justa.

El relato ganador, de Iratxe Braceras Murga, presenta una entrevista de trabajo en la que se reflexiona sobre distintos enfoques de la ingeniería. Mediante la conversación de la entrevistada y el entrevistador, plantea una industria enfocada a reparar, redistribuir y sostener la vida frente al sistema actual de crecimiento ilimitado y “neutralidad” tecnológica. Puedes leer el relato más abajo, y las premisas en las que se basa para imaginar la industria del futuro en nuestro posicionamiento.

Con este concurso Ecologistas en Acción busca seguir estimulando la proyección de futuros deseables que construir colectivamente, siguiendo el camino del certamen anual de relatos e ilustraciones ecotópicas, en el que puedes participar hasta el 30 de junio.

 

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El passat dijous, 28 de maig, entitats socials i ambientals han anunciat, per al dia 20 de setembre, a les 12:00, una gran mobilització contra el projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat. El moment per a aquesta gran mobilització és estratègicament clau, ja que serà un període preelectoral, farà cinc anys de la concorreguda concentració a Barcelona contra el mateix projecte, i el Govern de l’Estat ja haurà aprovat, o estarà a punt de fer-ho, el Document de Regulació Aeroportuària 2027-2031 d’AENA, que preveu 13000 milions d’euros per a molts aeroports de l’Estat, entre els quals, el del Prat.

Els governs de la Generalitat i de l’Estat continuen apostant obsessivament per l’ampliació de l’aeroport del Prat, tot i els claríssims impediments ambientals que existeixen per dur-la a terme i els evidents impactes de tota mena que pot ocasionar. I, malgrat això, el projecte d’ampliació de l’aeroport s’està duent a terme, segons els seus plans previstos, però d’amagat, per no causar una contestació ciutadana extra davant els diversos conflictes socials que han d’afrontar (Rodalies, educació, sanitat, habitatge…). Així, AENA, ja està licitant per més de 5 milions d’euros la redacció del Pla Director de l’aeroport que inclourà l’ampliació prevista i, amb el beneplàcit d’ambdós governs, preveu destinar, com a mínim, 3200 milions d’euros a l’ampliació, més de 1000 milions dels quals ja s’invertiran en el quinquenni 2027-2031 per ampliar la T1, reformar la T2 i recondicionar la pista mar. Tot plegat incrementarà la capacitat actual de l’aeroport i és el primer pas de la futura gran ampliació planejada.

Les seves promeses de compensacions ambientals o els plans per salvar el Delta no són creïbles quan no s’ha fet res en els darrers 25 anys i quan la seva única voluntat és quedar bé davant de la Comissió Europea, fent contractes milionaris amb empreses que fan de lobby a Europa per aconseguir destruir impunement els espais naturals i agraris. Tampoc són creïbles les seves promeses de lluita contra la turistització i l’especulació al mercat de l’habitatge quan el projecte d’ampliació suposaria passar de 55 a 80 milions de passatgers, dels quals, com a mínim, més de 10 milions serien nous turistes que inundarien encara més la ciutat i l’àrea metropolitana. I tampoc és creïble la seva lluita contra l’escalfament global quan volen augmentar el nombre de vols i, molt especialment, els vols intercontinentals. Ampliar l’aeroport és un gran negoci i, per això, els governs de l’Estat i la Generalitat insisteixen, en connivència amb els poders econòmics del país, en un projecte que agreujarà encara més tots aquests efectes.

Cinc anys després de la gran mobilització contra l’ampliació, el país ha empitjorat en molts dels aspectes que ja es van denunciar llavors. Aquesta és una lluita compartida amb molts moviments socials i ambientals, que veuen com aquestes ampliacions agreugen els problemes als quals s’enfronten i alcen la seva veu en contra. Per això, s’han fet sentir donant suport a la mobilització del 20 de setembre:

• Depana, considera que en aquests anys ha empitjorat el deteriorament del delta del Llobregat i no es pot continuar destruint espais naturals per alimentar un model de creixement il·limitat. El Delta no necessita més avions, sinó protecció i restauració ecològica.
• L’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) s’oposa a l’ampliació de l’aeroport per ser la clau de volta d’un projecte econòmic de país que agreuja el monocultiu turístic, expulsa i empobreix la població. L’ampliació prevista és contrària a les polítiques de decreixement turístic i d’impuls d’economies de proximitat que exigeix el moment històric que vivim.​​​​​​​
• Aigua és Vida exigeix una planificació hidràulica per a Catalunya que prevegi, especialment en episodis de sequera, limitacions específiques en l’ús de l’aigua per a totes les indústries i activitats associades al turisme, com les que s’han aplicat a altres activitats econòmiques.
• La ​​​​​​​Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) considera que alimentar el turisme ampliant l’aeroport agreujarà la situació de l’habitatge, pressionant el mercat de lloguer, incentivant usos especulatius i expulsant població, fet que es traduirà en més precarietat residencial i en una dificultat més gran d’accés a l’habitatge.
• L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) afirma que el principal problema de mobilitat de Catalunya és la manca d’un sistema ferroviari robust, fiable i amb prou capacitat per donar resposta a les necessitats de mobilitat quotidianes de la població, les inversions no han d’anar a l’aeroport, sinó a Rodalies.

Zeroport ha anunciat els debats i xerrades que es duran a terme abans de la manifestació per invalidar la necessitat d’aquest projecte d’ampliació i posar sobre la taula tots els seus efectes negatius. Per començar, una taula rodona amb veus expertes en diferents àmbits acadèmics el dia 9 de juny (18.30 h, al Bloc 4 de Can Batlló).

El dia 15 de juny, Zeroport i Ecologistes en Acció organitzen a Madrid, al Congrés dels Diputats, una jornada sobre les ampliacions d’aeroports que té previst posar en marxa AENA; en aquest acte es comptarà amb persones expertes i activistes de les diferents lluites contra les ampliacions d’aeroports de tot l’Estat espanyol. I el dia 18 de juny, hi haurà una nova xerrada conjunta entre la PTP i Zeroport, al Bicihub (18 h, C/ Pere IV, 26).

Finalment, les entitats fan una crida a la ciutadania a activar-se i a omplir els carrers el pròxim 20 de setembre per fer efectiva una mobilització massiva que va més enllà del clam contra el projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat. Estan en joc la natura, la salut, la vida, el clima i la nostra economia, en definitiva, tot allò que permet la subsistència.

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El Gobierno argelino ha publicado en el Boletín Oficial el decreto ejecutivo n° 26-202, de 16 de mayo de 2026, que regula las condiciones y modalidades del ejercicio de una actividad lucrativa a título privado por parte de médicos especialistas funcionarios. La medida, que entró en vigor el 25 de mayo, permite de nuevo a estos profesionales compatibilizar su trabajo en el sector público con la práctica privada.

Una regulación controvertida

Según fuentes oficiales argelinas, el decreto busca regular el empleo informal en el sector sanitario, donde muchos especialistas realizan consultas privadas al margen de la ley. Sin embargo, críticos locales han señalado que se trata de una «falsa solución» que no aborda los problemas estructurales del sistema de salud público, como la falta de medios o la baja remuneración.

La actividad complementaria para médicos funcionarios ya existía en Argelia, pero fue suspendida en años anteriores. Su reintroducción ha generado un debate sobre si mejorará la atención sanitaria o si, por el contrario, incentivará la desatención de los hospitales públicos, al permitir que los especialistas dediquen menos horas a su puesto principal.

Contexto económico y laboral

La medida se inscribe en un contexto de elevada informalidad laboral en Argelia, donde una parte significativa de los trabajadores desarrolla actividades no declaradas. El Gobierno ha intentado en los últimos años regular este fenómeno sin éxito, y el decreto sobre médicos especialistas es una de las pocas iniciativas concretas en ese sentido.

Argelia, competidor de España en sectores como la agricultura o la energía, mantiene una tasa de desempleo juvenil elevada y un mercado laboral rígido. La flexibilización del pluriempleo para los facultativos públicos pretende, según las autoridades, contener la fuga de médicos hacia el extranjero y hacia la práctica privada no regulada, aunque analistas consideran que la medida es insuficiente sin reformas más profundas.

El decreto no incluye datos cuantitativos sobre el número de médicos afectados ni sobre el impacto esperado en las listas de espera o la calidad asistencial, un vacío que los críticos señalan como muestra de la improvisación gubernamental.

• Del 24 al 27 de abril tuvo lugar la Biomaratón de Primavera – City Nature Challenge 2026, donde participaron más de 100.000 personas de todo el mundo las cuales superaron los 3.000.000 millones de observaciones.
• Cuatro grupos de Ecologistes en Acció del País Valencià (Alacant, Crevillent, Santa Pola y Vinaròs) participaron en proyectos propios consiguiendo más de 2.500 observaciones de 1.150 especies.

La City Nature Challenge se ha consolidado como uno de los acontecimiento de ciencia ciudadana más importantes del mundo. Las cifras hablan por sí solas: 3.001.825 observaciones en todo el mundo, 76.422 especies diferentes, 106.354 participantes y 754 proyectos de 61 países.

En este basto número se incluyen los datos de los 4 proyectos organizados por sendos grupos respectivos de Ecologistes en Acció del País Valencià: la Colla d’Alacant, el Campanà de Crevillent, Talaiola de Santa Pola y Apnal de Vinaròs.

Durante todo el fin de semana, los cuatro colectivos han estado organizando actividades para observar la naturaleza desde un enfoque compartido del conocimiento, realizando fotografías y registros. Las actividades nocturnas, han contado con el valor añadido de usar trampas de luz ultravioleta para atraer mariposas y polillas nocturnas e insectos.

Además, el grupo de Vinaròs ha incluido también muestras de fototrampeo diurno y nocturno; detectores de ultrasonidos para ratas penadas; hides para fotografía de naturaleza en abrevaderos de atracción de fauna, o grabación de sonidos de la naturaleza para cantos de aves.

Resultados valencianos

La Biomarató de Primavera ha seguido consolidándose en el territorio valenciano a raíz de las tareas de estas cuatro asociaciones, que han logrado unas cifras muy relevante de observaciones.

En total, entre los cuatro proyectos de iNaturalist se ha llegado hasta las 2.535 observaciones de 1.150 especies y la participación de casi 60 personas.

En números concretos, el proyecto de APNAL-Vinaròs ha conseguido 1.269 observaciones de 572 especies diferentes y la participación de 16 observadores. El proyecto del Campanà-Crevillent logró las 854 observaciones de 316 especies diferentes y la participación de 17 observadores. El proyecto de Alicante ha llegado hasta las 260 observaciones de 160 especies diferentes y 21 observadores. Finalmente, el proyecto de Talaiola-Santa Pola ha conseguido 152 observaciones de 102 especies diferentes y 5 observadores.

Experiencia ciudadana y científica

La biomaratón es una actividad de ciencia ciudadana consistente a catalogar la biodiversidad mediante aplicaciones como iNaturalist, donde cualquier persona puede colaborar subiendo sus registros, llamadas «observaciones». Posteriormente, esos registros son revisados por expertos que identifican las especies y las introducen en bases de datos abiertos como Gbif.

Se trata de una actividad atractiva y sencilla de conocer la biodiversidad que nos rodea, acercando de manera activa la ciencia a la ciudadanía. No es necesario ser ningún experto en fotografía ni en especies. Puedes subir fotos desde el móvil y la propia aplicación te recomienda especies similares, y si no el tenso claro, una persona experta lo corregirá.

Las especies observadas demuestran como las biomaratones son una manera lúdica y divertida de comprender las problemáticas a las que se enfrenta la biodiversidad de nuestro alrededor para sobrevivir en los tiempos actuales.

Por esa razón, desde Ecologistas en Acción del País continuaremos fomentando la participación en estas actividades a través de las dos principales biomaratones que se organizan: la de Primavera (City Nature Challenge) de ámbito internacional, y la de Otoño, de ámbito ibérico.

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• La organización ecologista presenta alegaciones al informe sexenal del lobo.
• En ellas denuncia los intentos por parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de incluir en este informe graves deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas para permitir que se mantengan las matanzas de lobos.
• Las comunidades autónomas mencionadas pretenden subordinar un informe científico a intereses políticos, alterando y desnaturalizando la información científica disponible.

Los datos aportados por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León carecen de justificación científica suficiente” y buscan “construir artificialmente un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal y desprotección jurídica del lobo. Como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, muchos de los datos autonómicos contienen incoherencias, errores y problemas metodológicos que ni siquiera permitirían su validación ante la Comisión Europea.

Ecologistas en Acción considera especialmente grave a la hora de evaluar el estado de conservación del lobo y su situación en el estado español, la minimización sistemática de amenazas como el furtivismo, la caza ilegal, la fragmentación del hábitat, los incendios forestales o los problemas de conectividad genética de la especie por destrucción de hábitats o cuellos de botella.

Resulta significativo el caso aportado por el “Programa de actuaciones de control del lobo en Asturias 2025-2026”. Según la memoria entre 2017 y 2024 fueron radiomarcados 30 ejemplares con dispositivos GPS, pudiéndose confirmar la muerte de 8 ejemplares durante el periodo de seguimiento (2 por lazos, 2 por envenenamiento, 2 por disparos, 1 por atropello y 1 conflicto con perros ). Teniendo en cuenta que el seguimiento fue por un periodo relativamente corto, se puede concluir una mortalidad muy alta, próxima al 40% anual. Siendo que el 75%de las muertes documentadas fueron debidas a actividades ilegales , podemos concluir que la mortalidad derivada de actividades ilícitas supone una presión demográfica de primer orden para la especie, algo que está infravalorado en los registros oficiales.

De igual forma, las administraciones mencionadas invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del LESRPE, lo que supone la omisión relevante de datos empíricos necesarios para una evaluación completa del estado de conservación, concretamente de 77 individuos. En Asturias se han registrado 31 ejemplares muertos por controles poblacionales, además de 13 muertes adicionales por otras causas, dentro de un cupo autorizado de 53 ejemplares para la temporada 2025-2026.

“La ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas. Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats”, afirma Theo Oberhuber, coordinador del Área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción.

Entre las alegaciones presentadas, la organización destaca la necesidad de actualizar los censos poblacionales tras los grandes incendios forestales registrados el pasado año en el noroeste ibérico, que afectaron a centenares de cuadrículas de presencia de la especie, algo que ya han reclamado a los respectivos gobiernos autonómicos y que ha caído en saco roto. Ecologistas en Acción recuerda que los incendios forestales de gran intensidad además de provocar mortalidad directa de individuos, supone pérdida de refugios, reducción de presas y fragmentación funcional del hábitat, comprometiendo la viabilidad de las poblaciones y reduciendo aún más su número y el intercambio genético. En Asturias se vieron afectadas por los incendios 1900 km² del área de distribución de la especie, a pesar de lo cual la Consejería de Medio Rural contabiliza 50 manadas de lobos en 2025, cinco más que en el último censo.

La situación del lobo en España dista mucho de poder considerarse favorable. La desaparición de la población de Sierra Morena, la elevada mortalidad por causas humanas y la escasa recolonización de amplias zonas adecuadas evidencian que la recuperación de la especie sigue siendo inexistente.

La organización también cuestiona la presión política y legislativa por parte de comunidades autónomas y de determinados partidos políticos con intereses concretos, ejercida en los últimos años para rebajar la protección legal del lobo, recordando que las modificaciones legales que facilitaron la salida de las poblaciones al norte del Duero del LESRPE han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, Ecologistas en Acción subraya que numerosos estudios científicos internacionales alertan de que las políticas de control letal, como los autorizados por Cantabria, Asturias y La Rioja, pueden generar efectos negativos sobre la estructura social y la viabilidad genética de las poblaciones de grandes carnívoros. La recuperación del lobo no puede evaluarse únicamente contando manadas. La normativa europea exige analizar también la conectividad genética, la viabilidad a largo plazo, la expansión territorial y las amenazas futuras.

La elaboración del informe sexenal constituye un ejercicio eminentemente técnico y científico, cuya finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva y rigurosa del estado real de conservación de especies y hábitats. Por lo tanto dichos informes no pueden quedar subordinados a mecanismos de validación política que permitan alterar o desnaturalizar la información científica disponible, como pretenden las comunidades autónomas.

Como establece la Ley 40/2015 y el propio Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, las decisiones de dicho órgano pueden adoptar la forma de acuerdos o recomendaciones, pero ello no altera la obligación del Estado de remitir a la Comisión Europea información objetiva, completa y científicamente fundamentada. Por ello, Ecologistas en Acción denuncia el intento de convertir la Conferencia Sectorial en un instrumento para condicionar o desvirtuar la evaluación técnica del estado de conservación de la especie.

La organización ecologista exige que el informe sexenal mantenga la consideración del “estado de conservación desfavorable” para el lobo ibérico y reclama que cualquier evaluación se base exclusivamente en información científica sólida, transparente y coherente con el principio de precaución y alejada de intereses políticos y de sectores económicos.

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• La xarxa rebutja el projecte de Reial Decret del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que estableix objectius obligatoris d’injecció de biometà en la xarxa gasista.
• Gas No es Solución considera que consolida la dependència del sistema del gas i desvia recursos públics que haurien de destinar-se a la reducció del consum, l’electrificació i l’abandó definitiu dels combustibles fòssils.

La xarxa Gas No es Solución, de la qual forma part Ecologistes en Acció, mostra la seva profunda preocupació pel projecte de Reial Decret d’impuls del biometà, obert a consulta pública fins l’11 de juny. L’articulat prioritza explícitament la injecció de biometà en la xarxa gasista i facilita la seva connexió, la qual cosa suposa un senyal regulador erroni: segons el paquet europeu de gas i hidrogen, hauria d’haver-se iniciat ja la planificació del desmantellament progressiu d’aquesta infraestructura (ja de per si sobredimensionada) alhora que s’impulsaven plans d’electrificació i descarbonització local de fred i calor.

El problema no és el biometà en si mateix, sinó l’obligació d’injecció d’un volum mínim en la xarxa, que incentiva a mantenir i ampliar una infraestructura el desmantellament de la qual hauria d’estar ja planificat, tal com recull la Directiva i el Reglament del “paquet de gas”, normes que el Govern espanyol encara no ha transposat a l’ordenament jurídic estatal. Mantenir aquesta infraestructura implica continuar repercutint els seus costos fixos als consumidors, especialment als més vulnerables, bloquejar inversions en alternatives més eficients i retardar la reducció estructural del consum de gas.

El biometà no és energia renovable: és gestió de residus

La xarxa adverteix que l’objectiu principal de produir biogàs i biometà no és satisfer una necessitat energètica, per a la qual existeixen tecnologies més rendibles, segures i sostenibles, sinó reduir els problemes de contaminació de sòls i aigües derivats de la no gestió i acumulació de residus orgànics. L’elevat cost inicial d’inversió, el risc de fuites de metà durant la seva producció i emmagatzematge, i els impactes sobre l’entorn són raons de pes per a qüestionar la seva categorització com a tecnologia renovable de producció energètica. A més, el cost final del biometà és molt més elevat que el gas fòssil i l’electricitat, la qual cosa repercutirà negativament en els consumidors.

La promoció de la injecció de biometà a la xarxa gasista sense sectorització és incompatible amb el requisit de la Directiva d’Eficiència Energètica en Edificis (EPBD), que estableix 2040 com a data límit per a l’eliminació de les calderes de combustibles fòssils: una caldera que funciona amb un 6% de biometà i un 94% de gas fòssil continua sent una caldera de combustible fòssil. La transició energètica no pot consistir simplement a canviar l’origen de la mateixa molècula i mantenir intacte el model energètic del passat.

La demanda domèstica de gas cau: l’electrificació és l’alternativa

Les dades confirmen una tendència clara: entre 2021 i 2024, el consum domèstic de gas ha descendit un 17,3%, passant de 66,5 TWh a 55,0 TWh, mentre el nombre de clients es manté estable entorn dels 7,6 milions de punts de subministrament, enfront dels 28,6 milions de subministraments elèctrics domèstics. El 69% dels clients domèstics de gas consumeix menys de 5.000 kWh/any, la qual cosa indica que l’utilitza exclusivament per a aigua calenta i/o cuina. Només el 26% l’empra també per a calefacció.

Resulta més eficient, tant mediambiental com econòmicament, destinar el biogàs a grans consumidors industrials (que representen el 2% dels clients però el 94% del consum) i substituir aquest 6% de gas fòssil del sector domèstic per electrificació, una opció tecnològicament viable i més rendible a mitjà i llarg termini.

El que la xarxa exigeix al Govern

La xarxa Gas No es Solución exigeix al Govern espanyol la planificació d’un abandonament ràpid, just i definitiu del gas fòssil abans del 2035, en compliment dels compromisos internacionals d’Espanya i en resposta a l’actual crisi de subministrament derivada de la situació en l’Estret d’Ormuz. “La veritable seguretat energètica ens la dona l’eliminació dels combustibles fòssils del nostre mix energètic: l’abandonament del carbó, el gas i el petroli amb urgència”, assenyala la xarxa.

En aquest marc, la xarxa considera que el Segell d’Excel·lència de Biometà contemplat al RDL 7/2026 només pot ser útil si es reserva per a projectes orientats prioritàriament a l’autoconsum d’indústries locals que manquen d’altres vies de descarbonització. Així mateix, reclama una legislació que prioritzi el consum local i pròxim de l’energia produïda amb residus, abordant el biometà com a eina eficaç de gestió de residus i no com una tecnologia de producció d’energia renovable.

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• La red rechaza el proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que establece objetivos obligatorios de inyección de biometano en la red gasista.
• Gas No es Solución considera que consolida la dependencia del sistema del gas y desvía recursos públicos que deberían destinarse a la reducción del consumo, la electrificación y el abandono definitivo de los combustibles fósiles.

La red Gas No es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, muestra su profunda preocupación por el proyecto de Real Decreto de impulso del biometano, abierto a consulta pública hasta el 11 de junio. El articulado prioriza explícitamente la inyección de biometano en la red gasista y facilita su conexión, lo que supone una señal regulatoria errónea: según el paquete europeo de gas e hidrógeno, debería haberse iniciado ya la planificación del desmantelamiento progresivo de esta infraestructura (ya de por sí sobredimensionada) a la vez que se impulsaban planes de electrificación y descarbonización local del frío y el calor.

El problema no es el biometano en sí mismo, sino la obligación de inyección de un volumen mínimo en la red que incentiva mantener y ampliar una infraestructura cuyo desmantelamiento debería estar ya planificado, tal y como recoge la Directiva y el Reglamento del “paquete de gas”, normas que el Gobierno español aún no ha transpuesto al ordenamiento jurídico estatal. Mantener esta infraestructura implica seguir repercutiendo sus costes fijos a los consumidores, en especial a los más vulnerables, bloquear inversiones en alternativas más eficientes y retrasar la reducción estructural del consumo de gas.

El biometano no es energía renovable: es gestión de residuos

La red advierte de que el objetivo principal de producir biogás y biometano no es satisfacer una necesidad energética, para la que existen tecnologías más rentables, seguras y sostenibles, sino reducir los problemas de contaminación de suelos y aguas derivados de la no gestión y acumulación de residuos orgánicos. El elevado coste inicial de inversión, el riesgo de fugas de metano durante su producción y almacenamiento, y los impactos sobre el entorno son razones de peso para cuestionar su categorización como tecnología renovable de producción energética. Además, el coste final del biometano es mucho más elevado que el gas fósil y la electricidad, lo que repercutirá negativamente en los consumidores.

La promoción de la inyección de biometano en la red gasista sin sectorización es incompatible con el requisito de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), que establece 2040 como fecha límite para la eliminación de las calderas de combustibles fósiles: una caldera que funciona con un 6 % de biometano y un 94 % de gas fósil sigue siendo una caldera de combustible fósil. La transición energética no puede consistir simplemente en cambiar el origen de la misma molécula manteniendo intacto el modelo energético del pasado.

La demanda doméstica de gas cae: la electrificación es la alternativa

Los datos confirman una tendencia clara: entre 2021 y 2024, el consumo doméstico de gas ha descendido un 17,3 %, pasando de 66,5 TWh a 55,0 TWh, mientras el número de clientes se mantiene estable en torno a los 7,6 millones de puntos de suministro, frente a los 28,6 millones de suministros eléctricos domésticos. El 69 % de los clientes domésticos de gas consume menos de 5.000 kWh/año, lo que indica que lo utiliza exclusivamente para agua caliente y/o cocina. Solo el 26 % lo emplea también para calefacción.

Resulta más eficiente, tanto medioambiental como económicamente, destinar el biogás a grandes consumidores industriales (que representan el 2 % de los clientes pero el 94 % del consumo) y sustituir ese 6 % de gas fósil del sector doméstico por electrificación, una opción tecnológicamente viable y más rentable a medio y largo plazo.

Lo que la red exige al Gobierno

La red Gas No es Solución exige al Gobierno de España la planificación de un abandono rápido, justo y definitivo del gas fósil antes de 2035, en cumplimiento de los compromisos internacionales de España y en respuesta a la actual crisis de suministro derivada de la situación en el Estrecho de Ormuz. “La verdadera seguridad energética nos la da la eliminación de los combustibles fósiles de nuestro mix energético: el abandono del carbón, el gas y el petróleo con urgencia”, señala la red.

En este marco, la red considera que el Sello de Excelencia de Biometano contemplado en el RDL 7/2026 solo puede ser útil si se reserva para proyectos orientados prioritariamente al autoconsumo de industrias locales que carecen de otras vías de descarbonización. Asimismo, reclama una legislación que priorice el consumo local y cercano de la energía producida con residuos, abordando el biometano como herramienta eficaz de gestión de residuos y no como una tecnología de producción de energía renovable.

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• El Ateneo La Maliciosa acogió el acto de presentación de la exposición, herramienta pedagógica renovada que consta de 10 grandes roll-ups, cartografía actualizada y un módulo sobre biodiversidad.
• La exposición reivindica la protección urgente de este territorio clave que conecta la Casa de Campo con el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, como escudo frente a la crisis climática y el urbanismo.
• Estará a disposición de todos los centros sociales, educativos, culturales o de educación ambiental que la soliciten.

El Grupo Promotor del Corredor Ecológico del Suroeste ha presentado la renovación integral de esta exposición divulgativa, cuyo objetivo principal es visibilizar los extraordinarios valores naturales de un territorio estratégico que actúa como nexo ambiental entre los espacios protegidos de la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

El acto de presentación contó con la asistencia de personas expertas en conservación de la naturaleza, urbanistas y representantes de diversas administraciones. Tanto las ponencias como las mesas de debate posteriores, coincidieron en un diagnóstico firme: la urgencia de dotar de una protección legal definitiva a este espacio. Las personas asistentes destacaron que el Corredor Ecológico del Suroeste no solo alberga una enorme biodiversidad, sino que se consolida como una infraestructura verde vital e irremplazable para mitigar los efectos de la crisis climática y frenar la creciente presión urbanística de la región.

La exposición supone un importante recurso informativo y didáctico, compuesto por 10 grandes roll-ups, una cartografía completamente renovada y un módulo interactivo de 16 paneles giratorios que recogen las especies del entorno y los hábitats que ocupan.

Con el fin de maximizar su alcance, la exposición tiene una marcada vocación itinerante y se pone a disposición de cualquier entidad; centros sociales, educativos, culturales, de educación ambiental, etc. que desee albergarla temporalmente. Para solicitarla se ha previsto una cuenta de correo donde pueden enviarse las solicitudes,  madrid@ecologistasenaccion.org, indicando las fechas y el lugar, además de ser necesario aportar una declaración responsable sobre el buen uso y conservación que se asume. El transporte de los materiales correrá a cargo de la entidad solicitante, que recibirá indicaciones precisas para facilitar el montaje en el punto de destino.

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El día 21 de mayo se celebro el día europeo de la Red Natura 2000. En esta fecha se conmemora la aprobación de la Directiva Habitats en el año 1992. Es la mayor red de espacios protegidos del mundo y uno de los fundamentos de la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. En La Rioja la Red Natura 2000 abarca una superficie regional de casi 180.000 ha lo que representa el 36% de la superficie regional con el objeto de proteger los hábitats de interés comunitario y los hábitats de especies singulares tanto de flora como de fauna.

En este día desde Ecologista de La Rioja quisiéramos llamar la atención sobre algunos de los problemas observados en la protección y gestión de la Red Natura 2000:

• A pesar de la importante superficie regional aportada sigue habiendo déficits de representación de algunos espacios. Los hábitats ripícolas de los ríos están escasamente representados. En este sentido sería necesario incorporar a la Red las riberas del río Najerilla desde la población de Nájera hasta su desembocadura en el río Ebro, donde aparecen árboles tan interesantes como los alisos y es uno de los lugares mas importantes de La Rioja para el visón europeo.
• Realizar una gestión forestal adecuada que garantice el mantenimiento de bosques maduros en la montaña ibérica riojana mediante planes de gestión forestal mas restrictivos, especialmente de los hayedos, que cumplen una función primordial como hábitat de especies muy escasas en La Rioja de tipo eurosiberiano y por su importante papel en defensa de la erosión. A este respecto hay que destacar que estos hayedos representan las masas más importantes meridionales españolas.
• Aprovechar la oportunidad que representa el nuevo reglamento de la UE de restauración de la naturaleza, para ser ambiciosos y restaurar aquellos hábitats de interés comunitario presentes en La Rioja dentro de la Red Natura 2000 que se encuentran en “no buena condición”. De los 45 hábitats de interés comunitario existentes en la Rioja, 28 de ellos se encuentran en “no buena condición”, es decir un 62%. Para 2030 se debería mejorar estos hábitats al menos en un 30% de su superficie.

También se tiene que asegurar la restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales correspondientes, mediante la eliminación de barreras en los ríos con el objetivo de la existencia de flujo libre, especialmente en el río Ebro, y tramos medios y altos de los ríos Iregua y Najerilla.

El Reglamento contempla la necesidad de que en el interior de los países de la UE se planten al menos 3.000 millones de árboles antes del año 2030 con pleno respeto a los principios ecológicos. En La Rioja, para contribuir a ello, deberían plantarse al menos 3,5 millones de árboles antes del 2030, garantizando también la diversidad de las especies y de su estructura por edades, y dando prioridad a las especies arbóreas autóctonas.

• Abandonar el proyecto de construir un sendero colgante en el río Leza y de infraestructuras para facilitar el acceso a las Fuentes del Restauro, afectando al espacio Red Natura de las Peñas de Leza. Con ello se va a modificar el paisaje rupícola del lugar afectando a su naturaleza y a algunas especies de aves que allí crían.
• Aprobación inmediata del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales PORN del futuro Parque Natural del Alto Najerilla, dentro de la Red Natura 2000, mejorando sustancialmente su contenido, protegiendo las poblaciones de lobo e incorporando al parque la superficie total de los municipios de la siete villas sin exclusiones.
• Elaborar un plan de comunicación y acercamiento de la Red Natura 2000 a la población local para que conozcan el interés y los beneficios que conlleva, promoviendo un mayor conocimiento a través de la información, sensibilización y educación ambiental,  incluyendo una señalización adecuada de sus límites ahora mismo inexistente después de mas de 30 años de existencia.

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• Ecologistes en Acció de Catalunya interposa recurs contenciós-administratiu amb sol·licitud de mesures cautelars contra l’aprovació del Projecte d’Urbanització  al Parc de Can Solei i Ca l’Arnús.
• Convoquem la ciutadania i els mitjans de comunicació el divendres 5 de juny, a les 19h, a la seu de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), al Carrer Marina, 63, per explicar el procediment i presentar una eina nova per combatre l’urbanisme especulatiu.

El passat 10 d’abril de 2026,  l’Ajuntament de Badalona va desestimar les al·legacions presentades per més de 100 persones i entitats, i va aprovar definitivament un projecte d’urbanització al Parc de Can Solei i Ca l’Arnús, un jardí històric de deu hectàrees, pulmó verd del Barcelonès Nord, protegit com a Bé Cultural d’Interès Local des del 1984 i actualment en procediment de declaració com a Bé Cultural d’Interès Nacional – Jardí Històric, incoat per la Generalitat el novembre de 2025.

L’aprovació municipal destrueix l’entrada històrica pel carrer Sant Bru i obre la porta a la construcció de 55 habitatges en un espai sotmès al règim provisional de protecció equivalent al BCIN sense haver obtingut l’autorització preceptiva del Departament de Cultura i sense que s’hagi aprovat mai el Pla Especial de Protecció d’aquest jardí històric, que la normativa exigeix des de fa més de quaranta anys.

En quina situació processal estem
Davant d’això, Ecologistes en Acció hem interposat recurs contenciós-administratiu, amb sol·licitud de mesures cautelars per suspendre l’eficàcia de l’acord i paralitzar qualsevol acte d’execució material de les obres mentre es resol el procediment, per danys irreversibles al patrimoni cultural.

El jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ja l’ha admès a tràmit (Procediment ordinari 235/2026 -61C) i ha donat un termini de 20 dies a l’Ajuntament per enviar l’expedient administratiu.

La formalització de la demanda es presentarà un cop el jutjat ens faci arribar  l’expedient administratiu complet. Allà desplegarem en profunditat els motius de nul·litat de ple dret en què es fonamenta el recurs.

Paral·lelament, també hem presentat al·legacions  al procediment de declaració BCIN davant la Generalitat, per garantir que la delimitació final inclogui tot l’àmbit del parc i no relegui cap zona a la categoria menor d’entorn de protecció.

De tot això en parlem el divendres 5 de juny, on també presentem una nova eina per combatre l’urbanisme especulatiu.

Intervenen:

• Rosario Leva, membre de l’equip jurídic d’Ecologistes en Acció, juntament amb Josep Hurtado, que també exerceix com advocat encarregat del cas.

• Jordi Díaz, pèrit expert en jardins històrics que ha elaborat el dictamen sobre Ca l’Arnús.

 

 

 

 

 

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• Un centenar de organizaciones ecologistas y sociales de toda la Península Ibérica se concentran frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) bajo el lema “¿Alargar las nucleares? No, gracias”.
• Exigen el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I en noviembre de 2027 y el fin definitivo de esta energía en España para 2035. 

El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción junto a decenas de organizaciones ecologistas y sociales, ha celebrado una acción reivindicativa en Madrid para exigir el fin de la energía nuclear. Tras una marcha que ha comenzado en la Plaza de Juan Zorrilla, más de medio millar de personas se han concentrado a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir la jubilación definitiva de las centrales nucleares y el cumplimiento del calendario de cierre pactado.

El acto ha contado con una destacada representación de personas llegadas de múltiples territorios de la Península Ibérica, visibilizando el rechazo social desde Extremadura, Euskal Herria, Aragón, Catalunya, País Valencià, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Frente al MITECO se ha desarrollado una jornada que ha alternado la reivindicación política con la expresión cultural. Mediante diversas intervenciones y acciones simbólicas, entre las que ha destacado la recreación de una gran tarta de celebración de la jubilación nuclear, las organizaciones han señalado de forma lúdica pero contundente que el tiempo de esta energía ha caducado y que es imperativo cumplir con lo pactado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La protesta ha estado amenizada por el ritmo de la batucada EcoloBloco y una flashmob con música antinuclear. Asimismo, se han intercalado los discursos y manifiestos de activistas de Extremadura, Catalunya y Trillo con las actuaciones musicales de Gente del Pueblo y Grandilocuentes Monocotiledóneas.

Las organizaciones convocantes recuerdan que la nuclear es una energía cara, insegura e innecesaria: encarece el precio de la luz, entorpece una gestión eficiente de la red eléctrica basada en renovables y pone en riesgo inversiones necesarias. Denuncian, además, que alargar su vida útil forzando al sistema a incluirla –lo que supondría una estafa millonaria financiada indirectamente por la ciudadanía– solo busca proteger los beneficios de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El Movimiento Ibérico Antinuclear ha reafirmado que continuará movilizándose en todos los territorios para evitar cualquier intento de prolongar el funcionamiento de unas centrales envejecidas, subrayando la acción de hoy como un reflejo del clamor social que exige, de una vez por todas, la jubilación nuclear.

Declaraciones de algunas organizaciones participantes:

Cristina Rois (portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear): “El mensaje enviado hoy al gobierno y al MITECO es claro y rotundo: el calendario de cierre es innegociable. El gobierno no tiene que esperar al informe del CSN, aunque sea favorable tiene la potestad para negar ya la solicitud de prórroga de Almaraz.  No queremos subvencionar la energía nuclear bajándole los impuestos ni que se nos fuerce a depender de una energía sucia e insegura. Cumplir el fin definitivo de la energía nuclear para 2035 es una cuestión de salud pública, seguridad y soberanía energética”.

Paca Blanco (activista antinuclear y portavoz de Colectivos en Lucha de Extremadura: “Exigimos el cumplimiento estricto del cierre de Almaraz I porque no podemos seguir hipotecando el futuro de territorios como Extremadura ni acumulando unos residuos radiactivos cuya factura y gestión acabaremos pagando de nuestro bolsillo durante generaciones. Alargar las nucleares es una irresponsabilidad”.

Carolina Pérez (portavoz de las luchas antinucleares de Ascó y Vandellós): “La prórroga de las nucleares es totalmente incompatible con una transición energética justa y un modelo basado al 100 % en renovables eficientes. Mantener activas estas centrales obsoletas frena la inversión limpia y solo sirve para blindar los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico”.

Manuel Raya (presidente de Hornasol, Hornachuelos, Córdoba): “El cementerio nuclear del Cabril de ser cerrado ya y, por supuesto, no ampliarlo nunca más: ni para residuos de baja, media y por supuesto nunca de alta actividad y larga vida pues está hipotecando a la generaciones futuras. Nunca ha sido el lugar idóneo: aguas subterráneas, zona sísmica, pegado a la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena y con filtraciones e infiltraciones de agua, según actas de inspección del Consejo de Seguridad Nuclear. Vierte la instalación del Cabril a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir regando miles de hectáreas de naranjos, olivar y cereales de la vega de Córdoba y Sevilla e incinera residuos que acaban en las comarcas de Guadiato, Pedroches, Sierra Norte y Azuaga”.

Javier Andaluz (responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción): “El motivo real de las pretensiones de las grandes eléctricas nucleares es proteger sus beneficios a costa del bolsillo de la ciudadanía. Su negocio nos ha costado históricamente miles de millones de euros. Lejos de asumir su responsabilidad en la gestión de los residuos nucleares, pretenden que de nuevo lo paguemos todo. La continuidad del parque nuclear agrava aún más esa deuda con el erario público. Ha llegado el momento de decir basta a su negocio radiactivo”.

Francisco del Pozo (portavoz de Greenpeace): “Las centrales nucleares son actores involuntarios en el actual clima bélico, su mera existencia agravan los riesgos inherentes. Por ejemplo, Rusia, por primera vez en la historia, ha atacado y ocupado plantas nucleares como Chernóbil y Zaporilla utilizandolas como arma de guerra. En un mundo en conflicto como el que estamos viviendo también en Irán, las tensiones geopolíticas se suman a los fenómenos climáticos extremos hacen prever un aumento de los riesgos nucleares”.

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• L’estratègia europea Biodiversitat 2030 obliga a la protecció de tots els boscos madurs de la UE. El Pla Estratègic Estatal de la Biodiversitat, l’Estratègia Forestal Espanyola i l’Estratègia Forestal Europea reiteren aquests objectius.
• Ecologistes en Acció exigeix al Govern de Catalunya que aprovi oficialment l’inventari i cartografia dels boscos madurs, ja identificats pels centres de recerca forestal.
• Els boscos madurs són ‘les joies de la corona’ dels ecosistemes forestals, els més biodiversos, els més resilients front a les pertorbacions i el canvi climàtic, els que més sòls fèrtils creen i més CO2 contenen.

Els boscos madurs són aquells en els quals l’ecosistema ha assolit el seu màxim potencial fruit d’una evolució natural o amb mínima intervenció humana. Al mediterrani, es considera que menys del 2% de la superfície forestal es pot considerar madura.

Donada la seva excepcionalitat i incalculable valor ecològic, la normativa actual obliga a protegir-los de forma prioritària. Així, l’Estratègia Europea Biodiversitat 2030 estableix que el 30% de la superfície terrestre i el 30% de la superfície marina han d’estar protegits, i un 10% de cada un de forma especial. A més, especifica que tots els boscos madurs han d’estar protegits rigorosament pel seu alt valor ecològic. També el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 (PEEPNB) explicita la necessitat vital i urgent de definir, identificar i cartografiar els boscos madurs, i es posava de termini el 2025 per fer-ho. Aquesta tasca de catalogació s’havia de fer entre l’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes.

A més a més, les estratègies forestals europea i estatal també especifiquen que els boscos madurs han de ser objecte de protecció estricta. La primera fixa com objectiu prioritari 3.1 la protecció dels darrers boscos primaris i madurs d’Europa. L’Estratègia Forestal Espanyola 2050 també conté l’objectiu general 2, sobre millorar l’estat de conservació  dels ecosistemes forestals, i específicament protegir els boscos  madurs.

Però tot i les àmplies competències que té la Generalitat de Catalunya, no s’han adoptat bones Estratègies de Conservació i Catalunya no té una normativa que indiqui com es protegeixen els boscos madurs en terreny públic i privat.

La protecció dels boscos madurs urgeix per diversos motius:

• Per la resiliència i la regulació enfront dels efectes del canvi climàtic.  Els boscos madurs eliminen i acumulen grans reserves de carboni, de forma que són uns grans aliats contra les emissions dels gasos amb efecte d’hivernacle. La seva estructura complexa els fa més resistents a sequeres, plagues i incendis.  En el discurs que hem escoltat sovint -especialment en la darrera emergència de sequera- de que els arbres absorbeixen aigua, el que s’obvia és que la complexitat dels sòls dels boscos madurs, amb les seves arrels, coberta vegetal i/o matèria en descomposició, retenen l’aigua i al mateix temps eviten l’erosió del sòl en els casos de pluges torrencials (cada cop més habituals), evitant-ne la desertificació. Els boscos madurs, amb la dominància d’un estrat arbori de grans dimensions, també limiten el creixement de vegetació de l’estrat arbustiu, el que s’acostuma a anomenar “bosc brut” en contexts de prevenció d’incendis forestals. A més, els boscos més equilibrats i madurs són menys propensos a les plagues forestals, i tal i com hem vist en episodis recents com en les darrers ventades, els boscos joves són molt més proclius a ser arrasats per aquestes.
• Per la seva elevada biodiversitat. Com més avançat està el cicle de maduresa del bosc, més s’incrementa la diversitat d’espècies i les interaccions entre elles esdevenen més complexes. Hi trobem espècies especialistes que no viuen en boscos gestionats o joves. La fusta morta i els microhàbitats dels boscos madurs són elements essencials per a moltes espècies vulnerables i per a  la fauna saproxílica, ratpenats, ocells forestals, i fongs. Necessitem de la existència dels boscos madurs per tal de que puguin servir com a àrees de refugi per a aquestes espècies.
• I finalment, perquè són excepcionals en el paisatge forestal de Catalunya,  i dins de la seva excepcionalitat i raresa, ofereixen uns serveis ecosistèmics únics i necessaris per a les persones i per al territori.

Per totes aquestes raons, Ecologistes en Acció exigeix al Govern de la Generalitat la tramitació urgent d’una normativa de protecció estricta dels boscos madurs que queden a Catalunya.

El 2022 ja es va elaborar una proposta de Catàleg dels boscos madurs de Catalunya, a càrrec del CREAF i el CTFC, les dues institucions de recerca més prestigioses del país en matèria d’ecologia i gestió forestal. Però l’actual Govern no ha mostrat cap interès en donar una validesa legal a aquella proposta i, pel contrari, està tramitant un Pla General de Política Forestal (PGPF) que evita conferir una protecció estricta als escassíssims boscos madurs que resten a Catalunya. L’únic que s’hi diu és que “no s’hi promou la gestió forestal sostenible dirigida a l’aprofitament comercial de productes forestals”, amb unes excepcions.

Per a l’entitat ecologista, complir amb les obligacions legals de protecció dels boscos més valuosos de Catalunya ha d’incloure:

• Aprovació urgent del Catàleg de Boscos madurs de Catalunya amb els criteris de gestió per a la seva conservació.
• Acompanyar aquest Catàleg d’una cartografia detallada a escala 1:10.000 o més detallada.
• Aprovar una figura legal de protecció per blindar aquesta mena d’espais forestals únics, que pot ser el planejament territorial (PGPF) o un Pla Especial Urbanístic.

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• El 46% dels aliments consumits a Espanya té residus d’almenys, un plaguicida, percentatge que arriba al 69% per a la fruita, segons dades oficials.
• El 32% de les mostres presenta una contaminació per múltiples plaguicides que posa en risc elevat la salut segons la comunitat científica, amb casos extrems com vuit mostres amb més de 10 plaguicides o una de raïm amb 14.

El 46% dels aliments consumits a l’estat espanyol està contaminat amb plaguicides. Aquest percentatge puja al 69% en el cas de la fruita, segons l’informe ‘Directe a les teves hormones 2026’ que publica avui Ecologistes en Acció, amb l’objectiu de mostrar la gran exposició de la població a plaguicides a través dels aliments de consum habitual i exigir accions per a protegir la salut pública i el medi ambient.

Partint dels resultats de les últimes anàlisis disponibles del Programa de Control de Residus de Plaguicides de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) d’aliments consumits en 2024, l’organització troba residus de 127 plaguicides diferents, entre ells 59 substàncies no autoritzades a la Unió Europea; 48 plaguicides disruptors endocrins, que afecten el correcte funcionament del sistema hormonal a quantitats molt baixes; 14 plaguicides PFAS, anomenats substàncies químiques eternes per la seva persistència i que es relacionen amb greus problemes de salut; i 15 substàncies ‘candidates a la substitució’, substàncies obligades a ser substituïdes per alternatives segures a causa dels seus greus efectes cancerígens, tòxics per a la reproducció, de disrupció endocrina, persistència, toxicitat i bioacumulació.

Segons Kistiñe García, coautora de l’estudi: “Preocupa que el 32% dels aliments presentin contaminació múltiple amb més d’un plaguicida, amb casos extrems com el de vuit mostres amb més de 10 substàncies cadascuna, o un raïm amb 14 plaguicides diferents”.

La comunitat científica alerta de l’elevat risc per a la salut pública que suposa l’exposició a múltiples plaguicides, l’efecte combinat dels quals no està previst ni regulat correctament, la qual cosa deixa la població desprotegida.

Ecologistes en Acció recomana consumir aliments locals, el percentatge dels quals sense plaguicides, del 61%, és més del doble que el dels aliments importats, en els quals només el 28% es deslliura de tenir substàncies tòxiques. A més, consumir aliments de temporada, amb més sabor i menys plaguicides aplicats per a la seva conservació. Entre aquests últims, destaca el fungicida imazalil, un disruptor endocrí que ha estat la substància més detectada en els aliments.

Segons Koldo Hernández, coautor de l’estudi: “Sempre que es pugui, és preferible triar aliments ecològics, encara que sense oblidar que l’objectiu és que tots els aliments, no sols els ecològics, estiguin nets de plaguicides”.

Aconseguir aliments sense plaguicides no serà possible si el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació no fa costat econòmicament a les persones agricultores que facin el salt a la producció sense aquestes substàncies tòxiques, de manera que puguin viure digna i saludablement, cuidant la biodiversitat i la sobirania alimentària. A més, Espanya ha d’impedir que els aliments continguin plaguicides no autoritzats, millorant el sistema de seguretat alimentària.

Com a punt final, Ecologistes en Acció alerta del perill que suposa per a la salut i la natura l’aprovació il·limitada dels plaguicides de l’Òmnibus d’Aliments i Pinsos que proposa la Comissió Europea, que podrien obtenir almenys 13 substàncies actives presents en el 17% dels aliments espanyols.

La pròpia Agència Europea de Seguretat Alimentària afirma que existeix una alternativa segura a l’aprovació il·limitada de plaguicides, tan senzilla com que la Unió Europea aporti més recursos per al procés d’avaluació.

Per a evitar que la Unió Europea dugui a terme una mesura tan innecessària com perillosa, Ecologistes en Acció anima a signar ‘Per la salut, les abelles i l’agricultura’.

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• En el marco del Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), las organizaciones que conforman la Alianza Residuo Cero y la plataforma #LeydeResiduosYa reclaman en un manifiesto  conjunto que, el próximo 22 de mayo, se resuelva el trámite de autorización para gestionar el Sistema de Depósito en España.
• El pasado mes de abril, Portugal ya ha estrenado su Sistema de Depósito y, en España, la ley marca el próximo 22 de noviembre como fecha de inicio para el retorno de latas, botellas y briks a tiendas y supermercados. 

Las más de 130 organizaciones sociales, ambientales, vecinales, de consumidores, educativas y territoriales que integran la Alianza Residuo Cero y la plataforma Ley de Residuos YA han hecho público hoy un manifiesto en el que instan a la Comunidad de Madrid a resolver, antes del próximo 22 de mayo, las autorizaciones pendientes para poner en marcha el futuro Sistema de Depósito y Retorno de envases de bebidas en España.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebrará este próximo domingo 17 de mayo, las entidades consideran que la decisión que debe adoptar la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid representa “una oportunidad decisiva para acelerar la transición hacia un modelo mucho más limpio, saludable y circular” en la gestión de los residuos de envases. “El plazo extraordinario para resolver las autorizaciones de las cuatro entidades candidatas a gestionar el sistema finaliza en apenas una semana y cumplir con este procedimiento no es únicamente una cuestión administrativa, sino una pieza clave para garantizar el cumplimiento de la legislación estatal y europea en materia de reciclaje”, subraya el manifiesto, que aclara que la decisión depende de la Comunidad de Madrid porque es donde las cuatro empresas tienen su sede. De no llegar ahora a los objetivos, las entidades lamentan que se puedan tardar varios años más en instaurar un sistema necesario por ley, ya que no cumplimos con los objetivos de reutilización y reciclaje que marca Europa.

En España se pierden cada día 35 millones de latas, botellas y briks

Las organizaciones alertan de que actualmente alrededor de 35 millones de latas, botellas y briks se pierden diariamente en España, muchos de ellos abandonados en calles, playas, ríos y espacios naturales. Y, según las entidades firmantes, la implantación del Sistema de Depósito constituye una solución “eficaz y contrastada” que ya funciona en cerca de 60 países y regiones del mundo como Portugal, que lo estrenó el pasado mes de abril.

El comunicado recuerda además que la legislación española activó automáticamente la obligación de implantar un Sistema de Depósito estatal después de que España no alcanzara en 2023 el objetivo mínimo del 70% de recogida separada de botellas de plástico de bebidas, quedándose en un 41,3%. “Ante esta realidad, no estamos hablando de una medida simbólica, sino de una infraestructura estratégica para construir un modelo económico más eficiente, resiliente y alineado con las exigencias ambientales actuales”, destacan.

Por ello, las entidades hacen un llamamiento final a la Comunidad de Madrid para que actúe “con responsabilidad, visión de futuro y ambición”, resolviendo las autorizaciones pendientes dentro del plazo establecido”. “Estamos ante una oportunidad extraordinaria para reducir casi por completo la contaminación provocada por los envases de bebidas, recuperar materiales de alta calidad y avanzar hacia el regreso de los envases reutilizables a tiendas y supermercados”, concluye el manifiesto. “¿Seguiremos permitiendo que una decisión administrativa retrase a todo un país?”.

 

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