Ni las administraciones encargadas disponen de información de calidad, ni los profesionales encargados cuentan con formación especializada, ni, en general, los centros de protección a un colectivo tan vulnerable como son las personas menores en situación de desprotección funcionan correctamente. Son las conclusiones principales de una investigación desarrollada por el Defensor del Pueblo tras una actuación de oficio iniciada en 2022 al conocer diversos casos de agresiones sexuales a menores que se encontraban en este tipo de instalaciones.

Anteriormente, el Defensor del Pueblo ya había iniciado una actuación en relación con casos surgidos en las Illes Balears (Mallorca), en 2020, y en la Comunidad de Madrid, a inicios de 2022, centradas, fundamentalmente, en conocer las medidas de prevención y detección de casos que habían desplegado las respectivas administraciones con competencia en la protección de menores, así como en la disposición de protocolos para el correcto control y la respuesta ante los casos detectados.

La actuación actual, que se ha ido ampliando en los últimos años, se ha completado con la visita a varios centros de menores tutelados por la Administración: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias). 

Según las conclusiones del informe –titulado El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual–, la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa, ni estadísticamente tratada, sobre los casos de abusos o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban al amparo del sistema de protección. Además, ante la falta de especialización, el Defensor del Pueblo sugiere ampliar la formación de los profesionales de estos centros en materia de detección, abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia sexual, y que se cuente con la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual. También recomienda la adopción de programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales para los menores que se encuentran en el sistema de protección.

«Estos ataques a la libertad sexual de los menores, que se producen lamentablemente en todos los ámbitos sociales, deben constituir una prioridad para las administraciones, máxime cuando afectan a menores que se encuentran en ese momento bajo su amparo y protección», sostiene el estudio, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de registrar en las Cortes Generales. «Son un gravísimo ataque a los derechos humanos que debe ser atajado, con rigor y firmeza, por la sociedad y por los poderes públicos”, insiste el Defensor, cuya institución viene denunciando este problema estructural desde hace años, con especial incidencia en los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia católica.

El problema, no obstante, va más allá: una de cada cinco personas ha sufrido o sufre agresiones sexuales en su infancia y adolescencia. De hecho, como recoge el reciente informe, muchos de los menores que llegan a estos centros tutelados por la Administración ya vienen arrastrando situaciones de agresiones sexuales, lo que los convierte en aún más vulnerables.

En este contexto, el Defensor del Pueblo destaca un problema y una recomendación que califica como prioritaria: las entidades públicas de protección de la infancia y la adolescencia deben elaborar un plan de revisión de los recursos residenciales de que disponen para ajustar la oferta residencial y que se atienda a los menores de conformidad con sus singularidades. Es decir, que se diferencie con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos de protección para problemas de conducta y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad. «Se ha observado que la vida en estos centros se encuentra ahora tensionada, como consecuencia, fundamentalmente, de dos aspectos: la evolución en los perfiles de los menores que allí se acogen, que ha derivado en la recepción de más menores con patologías de salud mental o con discapacidad intelectual grave, contrariamente a lo previsto en la legislación de protección del menor, y la escasez de profesionales y la precariedad en sus condiciones de
trabajo, incluidas sus expectativas laborales«.

El informe insiste en que los centros específicos de protección para menores con problemas de conducta no pueden convertirse, en ningún caso, en recursos residenciales para acoger a todo tipo de menores que requieran un régimen estricto de vida por sus condiciones personales, acumulando en ellos perfiles muy diferentes que requieren de una atención especializada y adecuada a sus características. «Esa mezcla de perfiles de menores de edad conviviendo en un mismo recurso, además de contravenir la legislación, perjudica claramente la atención que precisa cada uno de los menores tutelados. Otra expresión preocupante de esta circunstancia, que se ha podido comprobar en el desarrollo de esta actuación general, en alguno de los centros, es la situación de convivencia, en un mismo recurso, de menores en régimen de protección y menores infractores, aun con una medida judicial de convivencia en grupo educativo», denuncia la institución.

En su visita a los centros, el Defensor del Pueblo constata una realidad que dificulta la detección y, por tanto, la prevención: la mayoría de los casos investigados de explotación sexual se produjeron coincidiendo con momentos complejos en la vida de los centros (presencia de menores más disruptivos, conflictos laborales, ausencia de dirección, etc.) lo que aparejó el retraso en la detección y la intervención. El Defensor también ha recordado que la normativa vigente prevé que todas las entidades públicas de protección de menores han de contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, por lo que ha recomendado que las que aún no dispongan de ellos procedan a su aprobación.

También propone que tanto el Ministerio de Juventud e Infancia como los órganos competentes en las administraciones autonómicas elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección, tanto en los centros residenciales de protección como en familias de acogida. Además, se les ha solicitado que impulsen la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Igualmente, recomienda que cada comunidad autónoma apruebe la disposición general que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores en su territorio, con los requisitos mínimos que han de cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que se promueva la creación de más instancias judiciales especializadas en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y para que se refuerce la atención multidisciplinar a los menores de edad víctimas de explotación sexual y se evite la revictimización.

Según el informe, ninguna de las administraciones a las que se ha dirigido ha mencionado que se cuente con la participación de los niños, niñas y adolescentes en la elaboración de protocolos o guías, lo que pone de manifiesto la gestión adultocéntrica de este asunto y la necesidad de adoptar «uno de los derechos rectores de la Convención de los Derechos del Niño como es el derecho a la participación».

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Solo el incendio de Ávila ha calcinado más de 50.000 hectáreas, el mayor fuego en España desde que hay registros. Unas 200.000 hectáreas quemadas con más de una treintena de grandes incendios en lo que va de año. Esa es la situación actual con varios fuegos aún sin control. La cifra supone multiplicar por seis el número de hectáreas afectadas respecto al año pasado. Y el escenario aún puede empeorar más por las condiciones meteorológicas: el viento sigue dificultando enormemente las labores de extinción y el próximo miércoles se aproxima la cuarta ola de calor del verano.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que los veranos “cada vez serán más difíciles y mortíferos” y ha calificado la emergencia climática de “prioridad nacional”. Por ello, ha vuelto a emplazar a todos los actores políticos, institucionales, civiles y sociales a la exigencia «y el deber» de materializar un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. «Son horas complejas», ha advertido el dirigente, que ha pedido a la ciudadanía precaución y ha agradecido la labor de los medios de comunicación por facilitar información veraz frente a los bulos.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto ley para calificar los territorios calcinados como zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil. Además, Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional declarada el pasado 23 de julio, que afectaba a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.

Sobre el incendio en la Vall d’Uixó, el Gobierno ha insistido en esperar al desarrollo de la investigación para confirmar si fue intencionado. Este fuego ha quemado ya más de 7.000 hectáreas.

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Marouane Laabbas el Guennouni trabaja en una oficina en el centro neurálgico de Europa, en Bruselas, donde este verano se han alcanzado los 40 ºC. Sobre las cinco de la tarde –dice– ya no hay ventilación en el edificio. Y hay días en los que ha tenido que quedarse hasta más allá de las ocho para terminar algunos trabajos. Sin restarle importancia, su situación, sin embargo, no deja de ser una escena más de los ‘descubrimientos’ del Norte sobre los males que llevan soportando décadas en el Sur. Y puede resultar ridícula si la compara con lo que cuenta después: “Sí, es cierto, me he visto este verano en una situación causada por el calor bastante interesante, digamos. Pero claro, mi abuela se ha enfrentado desde siempre al calor en un campo cogiendo sandías, incluso siendo menopáusica”. Pone también el ejemplo de su madre, que trabaja en una lavandería industrial a temperaturas infernales, y tantas otras trabajadoras como ella. 

“Ve añadiendo vulnerabilidades: llegar a casa y no tener aire acondicionado, pero teniendo, además, que limpiar lo que han dejado tus hijos pequeños; estar durmiendo y despertarte cuatro veces durante la noche porque el cerebro no refresca; levantarte sin haber dormido y tener que preparar la comida otra vez, no solamente el desayuno, el almuerzo también, incluso la cena. Te vas a trabajar con ese calor. Y sigues levantando sandías. Y sigues soportando el calor infernal de la lavandería. Y vuelta a empezar. Tal vez en un coche sin aire acondicionado o tras una larga espera en la parada del autobús, regresas a tu casa, a un barrio obrero, donde las zonas verdes son limitadas, donde no hay refugios. Y ahí ya vas viendo una situación en la que exponencialmente no tienes ningún descanso”, enumera, casi pidiendo perdón por la retahíla, a quien le gusta presentarse como el hijo de Souad.

Él es consciente de ello porque lo ha visto en su casa, construida en el Norte a base de mucho esfuerzo tras venir con cinco años desde el Sur. Llegó a España desde Marruecos con una madre que le ha dado todo hasta terminar en esa oficina belga donde hoy trabaja como investigador y donde tal vez no estaría estudiando cómo impacta el cambio climático en la salud de los trabajadores sin toda esa trayectoria vital, sin todo lo que su abuela Aicha, analfabeta, le enseñó recogiendo sandías a pleno sol. Sin ser el hijo de Souad. “He recibido mucha ayuda de las políticas sociales, pero también de una familia que me crió desde el amor. Gracias a esos dos factores, he podido estar aquí. Siempre digo que vivo una realidad que no me tocaba. Si no hubiera crecido en una sociedad en la que se busca la equidad, no estaría aquí”.

Licenciado en Derecho y Relaciones Laborales por la Universidad Rovira i Virgili y máster en Derecho Ambiental, ha recibido premios por su excelencia y varias becas, entre ellas la Fulbright-Schuman en Estados Unidos, con la que profundizó en su investigación sobre la negociación colectiva, el sindicalismo y la transición ecológica. En noviembre de 2024, se incorporó al Instituto Sindical Europeo (ETUI), el centro de investigación y formación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), donde explora las conexiones entre la seguridad y salud en el trabajo y los impactos del cambio climático. Acaba de publicar un estudio que viene a concluir lo que su trabajo de campo vital le ha venido advirtiendo: “El cambio climático está haciendo más vulnerables a ciertas personas trabajadoras”. 

Entre sus principales conclusiones, destaca que el estrés térmico laboral es prevenible, pero solo si la prevención se aborda como una obligación del empleador y una cuestión laboral colectiva, y no como una cuestión de resiliencia individual. Entre estas medidas figuran la evaluación de los riesgos térmicos mediante indicadores adecuados, la hidratación, la disponibilidad de zonas de descanso frescas o a la sombra, los ciclos de trabajo y descanso remunerados, la reprogramación de tareas, la aclimatación, la ventilación, la planificación de emergencias, la formación, la vigilancia de la salud y medidas específicas para los trabajadores con mayor riesgo. En algún momento de la conversación, recuerda, para entender realmente de qué estamos hablando, aquella época en la que generaciones anteriores a la suya debatían entre vida y trabajo: “Lo que se consiguió fue quitar de la balanza a la vida, porque la vida no puede concursar con el trabajo”.

¿Cómo llegó hasta aquí?

Recuerdo que cuando estaba acabando la carrera me senté con mi directora de tesis y le dije: yo quiero hacer algo que pueda llegar a salvar vidas. Quería salvar vidas mediante mi trabajo. Si eres médico, vale, pero desde el Derecho lo veía muy complicado, así de manera directa. Pero entonces, viendo mi entorno, viendo cómo mi madre llegaba acaloradísima del trabajo con un nivel de cansancio brutal, además madre soltera, con una ayuda limitada, quise ayudarla también con mi trabajo. Es bastante egoísta lo que estoy diciendo, porque al final nace de una necesidad muy personal. 

Pero ese “egoísmo” ayuda a mucha gente a la que de otra manera no se tiene tan en cuenta. 

Puedes seguir leyendo la entrevista en Climática.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.

Hubo un tiempo en que navegar por internet era una forma de perderse. Y perderse era una manera de descubrir. Cada clic podía abrir una ventana inesperada, una conversación improbable o una idea capaz de desordenar nuestras certezas. Hoy, en cambio, parece que internet nos conoce demasiado bien. Tanto, que cada vez nos sorprende menos.

Vivimos rodeados de contenidos. Nunca la humanidad había producido tantas imágenes, tantos vídeos, tantos textos y tantas opiniones. Pero, en medio de esta abundancia, crece una sensación inquietante: todo acaba pareciéndose demasiado. Los mismos formatos, las mismas caras, las mismas frases, los mismos debates reciclados una y otra vez por unos algoritmos que han convertido nuestra atención en la principal mercancía del siglo XXI. Internet, que nació como una promesa de diversidad, experimentación y conocimiento compartido, corre el riesgo de convertirse en un inmenso espejo en el que solo vemos aquello que las plataformas deciden que queremos ver.

Es precisamente esta intuición la que atraviesa la conversación del director de Catalunya Plural, Pere Ortín, con la tecnóloga y periodista cultural venezolana especializada en marketing digital Ariana Basciani. Lejos de cualquier nostalgia tecnológica, Basciani plantea una pregunta mucho más radical: ¿y si el problema no fuera que internet genera demasiado contenido, sino que ha dejado de generar significado? Una crisis que no es solo tecnológica. También es cultural. Política. Democrática.

Porque cuando los algoritmos deciden qué merece nuestra atención, también condicionan qué recordamos, qué olvidamos, qué discutimos e incluso qué imaginamos.

Ariana Basciani es investigadora especializada en cultura digital, inteligencia artificial y sociedad. Su trabajo combina el conocimiento técnico con una mirada profundamente humanista sobre las consecuencias sociales de las tecnologías que habitamos cada día. No habla solo de máquinas. Habla de personas. De poder. De memoria. Y del derecho a seguir pensando en un ecosistema digital que tiende a uniformarlo todo.

La conversación, sin embargo, comienza lejos de los algoritmos.

Comienza en Venezuela, país de origen de la investigadora, que en las últimas semanas ha vuelto a vivir momentos de gran dolor a raíz de los terremotos que han afectado a diversas regiones. Cuando la tierra tiembla, la tecnología deja de ser protagonista. O quizá no del todo. Porque también es en esos momentos cuando internet muestra sus dos caras: la de la solidaridad que conecta a personas separadas por miles de kilómetros y la de la desinformación que circula con la misma velocidad que las emergencias.

A partir de ahí, el diálogo se adentra en algunas de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo. ¿Hemos dejado de descubrir cosas o simplemente consumimos versiones ligeramente distintas de aquello que los algoritmos ya saben que nos va a gustar? ¿Qué ocurre con la cultura cuando todo tiende a parecerse? ¿La uniformización es solo estética o acaba condicionando también nuestra forma de pensar políticamente? En plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué sigue siendo irreductiblemente humano? Y, sobre todo, ¿es la IA la causa de esta homogeneización o simplemente acelera una dinámica que las grandes plataformas ya habían puesto en marcha mucho antes?

También hay espacio para hablar del poder. Porque detrás de los algoritmos no hay una fuerza abstracta. Hay grandes empresas globales. Inmensos intereses económicos muy reales. Modelos de negocio que compiten por retener cada segundo de nuestra atención. La pregunta, en este sentido, es inevitable: ¿estamos ante una crisis tecnológica o también ante una crisis democrática? En un momento en el que la información circula más rápido que nunca, pero la confianza en los medios convencionales, las instituciones públicas y el debate social parece erosionarse a gritos, recuperar espacios para el pensamiento crítico se convierte casi en un acto de resistencia práctica.

Por eso también preguntamos a Basciani si todavía existe un internet más ético. Un internet donde sea posible leer sin prisas, debatir sin insultos, descubrir sin que un algoritmo nos guíe constantemente por el mismo camino. Y qué papel pueden desempeñar los medios independientes en este escenario.

Quizá el futuro digital no dependa tanto de desarrollar una inteligencia artificial más poderosa como de preservar una inteligencia humana capaz de dudar, imaginar y discrepar. Porque, al fin y al cabo, la gran pregunta que atraviesa toda esta conversación es tan sencilla como inquietante: cuando internet deja de significar algo… ¿qué es lo que todavía puede devolvernos el sentido?

Actualización 27/07/2026

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La última edición de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI 2026), publicada por Naciones Unidas, deja una conclusión clara: el hambre disminuye, pero el mundo sigue muy lejos de alcanzar el objetivo de «Hambre Cero». 

Según el informe, 645 millones de personas padecieron hambre en 2025, lo que representa el 7,8% de la población mundial. Aunque la cifra supone una reducción de 14 millones de personas respecto a 2024 y de 43 millones respecto a 2022, todavía se sitúa por encima de los niveles previos a la pandemia y supera en unos 50 millones el número de personas que pasaban hambre hace diez años. 

Para Acción contra el Hambre, el informe confirma una realidad cada vez más evidente sobre el terreno: el principal desafío ya no es únicamente producir suficientes alimentos, sino garantizar que las personas puedan acceder a ellos y, especialmente, a alimentos nutritivos. 

“Los avances son positivos, pero no podemos caer en la complacencia. Seguimos hablando de 645 millones de personas que pasan hambre y de más de 2.690 millones que no tienen acceso regular a una alimentación adecuada. El hambre no es consecuencia de la falta de alimentos en el mundo, sino de la falta de acceso a ellos. Conflictos, pobreza, desigualdad y cambio climático continúan expulsando a millones de personas de una vida digna”, señala Manuel Sánchez-Montero, director general de Acción contra el Hambre España.

África, epicentro mundial del hambre

El informe refleja un cambio significativo en la geografía global del hambre. Por primera vez, África concentra el mayor número de personas que pasan hambre en el mundo: 309 millones de personas, frente a los 292 millones de Asia. En el continente africano, una de cada cinco personas vive en situación de hambre.  Esta tendencia es el resultado de la combinación de conflictos prolongados, fenómenos climáticos extremos, desplazamientos forzados, inflación alimentaria y una creciente fragilidad económica.

Al mismo tiempo, el informe muestra que Asia y América Latina han logrado avances relevantes en los últimos años, demostrando que el hambre puede reducirse cuando existe crecimiento económico inclusivo, inversión social y sistemas de protección adecuados. 

Para Acción contra el Hambre, esta es una de las conclusiones más importantes del informe: el hambre no es solo una consecuencia de la pobreza, sino también una de sus principales causas. Las sociedades que logran reducir el hambre generan más oportunidades económicas, fortalecen su capital humano, mejoran la estabilidad institucional y reducen riesgos de conflictividad y exclusión. «En un contexto internacional marcado por crisis sucesivas y crecientes tensiones geopolíticas, combatir el hambre es también una inversión en seguridad, prosperidad y cohesión social. Allí donde aumenta el hambre, aumentan igualmente la vulnerabilidad, la pobreza y el riesgo de inestabilidad; allí donde disminuye, se crean las condiciones necesarias para un desarrollo más sostenible e inclusivo», concluye Acción contra el Hambre.

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Varios incendios a la vez, condiciones meteorológicas «especialmente adversas» y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de administraciones públicas diferentes. En la mañana del domingo, 26 de julio, seguía sin estabilizarse el incendio que llevó al Gobierno a declarar hace dos días la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila tras la solicitud de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La medida solo se había activado anteriormente con el apagón generalizado el pasado año.

El sábado por la tarde, el Ministerio del Interior amplió la declaración a la provincia de Toledo ante el avance de los fuegos, que siguen avanzando sin control debido al viento. Según el último balance, habían quemado alrededor de 45.000 hectáreas.

También preocupaba el domingo por la mañana el incendio que afecta a la Vall d’Uixò (Castelló). El incendio en el barranco de Manises (València) causó el sábado la muerte a un hombre de 78 años que quedó atrapado en su coche.

Última actualización el 26 de julio a las 10.30 horas.

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Dice Marouane Laabbas el Guennouni, en plena ola de calor, que para gestionar el calor no podemos esperar a que lleguen las temperaturas extremas. «Deberíamos hacerlo cuando está nevando», analiza en esta entrevista en Climática con motivo del estudio que, junto con el investigador Andreas D. Flouris, acaba de publicar en el Instituto Sindical Europeo (ETUI), el centro de investigación y formación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Con el título El cambio climático y la salud de los trabajadores, el informe recoge lo que viene siendo una evidencia desde hace tiempo –»El cambio climático está haciendo más vulnerables a ciertas personas trabajadoras”–, pero también incluye entre sus principales conclusiones qué hay que hacer para evitarlo: «El estrés térmico laboral es prevenible, pero solo si la prevención se aborda como una obligación del empleador y una cuestión laboral colectiva, y no como una cuestión de resiliencia individual«. Entre las medidas figuran la evaluación de los riesgos térmicos mediante indicadores adecuados, la hidratación, la disponibilidad de zonas de descanso frescas o a la sombra, los ciclos de trabajo y descanso remunerados, la reprogramación de tareas, la aclimatación, la ventilación, la planificación de emergencias, la formación, la vigilancia de la salud y medidas específicas para los trabajadores con mayor riesgo.

«La necesidad de protección ante la exposición al calor no es cuando el calor sucede –insiste el coautor del estudio– sino que tienes que tener una preparación, medidas, protocolos de actuación que adopten el principio de prevención, es decir, medidas que estén preparadas para proteger antes, durante y después de la exposición». Es decir, no basta con un indicador concreto que solo tenga en cuenta la temperatura, sino otros factores como la humedad, la velocidad del aire… o, incluso, cómo los equipos de protección individual van a afectar o no al calor que experimentan las personas trabajadoras. 

En ese aspecto, el estudio señala asuntos que generan riesgos climáticos: «El diseño del lugar de trabajo, la organización laboral, la intensidad de las tareas, la vestimenta, los equipos de protección individual (EPI), la jornada laboral y el poder de negociación determinan si dichos riesgos se convierten en exposiciones laborales; y la exposición puede derivar en enfermedades, lesiones, pérdida de capacidad laboral, reducción de ingresos e inseguridad”. Y muchas veces, esas lesiones no son vistas como una consecuencia del efecto del calor.

Según recoge el mismo informe, análisis recientes del Centro Común de Investigación prevén que 22 regiones europeas pueden sufrir pérdidas anuales de productividad laboral superiores al 1% para el año 2050, cifra que ascendería a 107 regiones en la década de 2080. Estas pérdidas no se distribuyen de manera uniforme. Si bien el sur de Europa y la región mediterránea ya presentan una exposición elevada, el centro, el este y el norte de Europa también se ven cada vez más afectados, especialmente en zonas de islas de calor urbanas, edificios mal adaptados y sectores que históricamente no se diseñaron teniendo en cuenta las altas temperaturas.

Entre los trabajadores con menor capacidad para afrontar este riesgo se encuentran los migrantes y las personas en situación irregular, los trabajadores estacionales y de plataformas digitales, los falsos autónomos, los trabajadores remunerados a destajo, las trabajadoras embarazadas, los trabajadores de mayor y menor edad, aquellos con enfermedades crónicas y quienes deben utilizar equipos de protección individual o impermeables; no obstante –insiste el documento–, su vulnerabilidad deriva de factores diversos, como la susceptibilidad fisiológica, la concentración en sectores y ocupaciones de alto riesgo, las condiciones laborales precarias y una capacidad más limitada para ejercer sus derechos laborales.

Dice también Marouane Laabbas el Guennouni, que ha visto los efectos del calor en trabajadoras como su abuela y su madre, que en dos de las tres conferencias que ha organizado desde el ETUI este año se han producido situaciones en las que ha habido una emergencia hablando de la propia emergencia: «Es que recuerdo que en Barcelona estábamos en la sala y todos los móviles empezaron a sonar con la alarma. ¿Por qué digo esto? Porque está pasando ya. Es la nueva realidad. Y sin darle respuesta, nos va a atrapar, ya nos está atrapando».

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.

Hubo un tiempo en que navegar por internet era una forma de perderse. Y perderse era una manera de descubrir. Cada clic podía abrir una ventana inesperada, una conversación improbable o una idea capaz de desordenar nuestras certezas. Hoy, en cambio, parece que internet nos conoce demasiado bien. Tanto, que cada vez nos sorprende menos.

Vivimos rodeados de contenidos. Nunca la humanidad había producido tantas imágenes, tantos vídeos, tantos textos y tantas opiniones. Pero, en medio de esta abundancia, crece una sensación inquietante: todo acaba pareciéndose demasiado. Los mismos formatos, las mismas caras, las mismas frases, los mismos debates reciclados una y otra vez por unos algoritmos que han convertido nuestra atención en la principal mercancía del siglo XXI. Internet, que nació como una promesa de diversidad, experimentación y conocimiento compartido, corre el riesgo de convertirse en un inmenso espejo en el que solo vemos aquello que las plataformas deciden que queremos ver.

Es precisamente esta intuición la que atraviesa la conversación del director de Catalunya Plural, Pere Ortín, con la tecnóloga y periodista cultural venezolana especializada en marketing digital Ariana Basciani. Lejos de cualquier nostalgia tecnológica, Basciani plantea una pregunta mucho más radical: ¿y si el problema no fuera que internet genera demasiado contenido, sino que ha dejado de generar significado? Una crisis que no es solo tecnológica. También es cultural. Política. Democrática.

Porque cuando los algoritmos deciden qué merece nuestra atención, también condicionan qué recordamos, qué olvidamos, qué discutimos e incluso qué imaginamos.

Ariana Basciani es investigadora especializada en cultura digital, inteligencia artificial y sociedad. Su trabajo combina el conocimiento técnico con una mirada profundamente humanista sobre las consecuencias sociales de las tecnologías que habitamos cada día. No habla solo de máquinas. Habla de personas. De poder. De memoria. Y del derecho a seguir pensando en un ecosistema digital que tiende a uniformarlo todo.

La conversación, sin embargo, comienza lejos de los algoritmos.

Comienza en Venezuela, país de origen de la investigadora, que en las últimas semanas ha vuelto a vivir momentos de gran dolor a raíz de los terremotos que han afectado a diversas regiones. Cuando la tierra tiembla, la tecnología deja de ser protagonista. O quizá no del todo. Porque también es en esos momentos cuando internet muestra sus dos caras: la de la solidaridad que conecta a personas separadas por miles de kilómetros y la de la desinformación que circula con la misma velocidad que las emergencias.

A partir de ahí, el diálogo se adentra en algunas de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo. ¿Hemos dejado de descubrir cosas o simplemente consumimos versiones ligeramente distintas de aquello que los algoritmos ya saben que nos va a gustar? ¿Qué ocurre con la cultura cuando todo tiende a parecerse? ¿La uniformización es solo estética o acaba condicionando también nuestra forma de pensar políticamente? En plena explosión de la inteligencia artificial, ¿qué sigue siendo irreductiblemente humano? Y, sobre todo, ¿es la IA la causa de esta homogeneización o simplemente acelera una dinámica que las grandes plataformas ya habían puesto en marcha mucho antes?

También hay espacio para hablar del poder. Porque detrás de los algoritmos no hay una fuerza abstracta. Hay grandes empresas globales. Inmensos intereses económicos muy reales. Modelos de negocio que compiten por retener cada segundo de nuestra atención. La pregunta, en este sentido, es inevitable: ¿estamos ante una crisis tecnológica o también ante una crisis democrática? En un momento en el que la información circula más rápido que nunca, pero la confianza en los medios convencionales, las instituciones públicas y el debate social parece erosionarse a gritos, recuperar espacios para el pensamiento crítico se convierte casi en un acto de resistencia práctica.

Por eso también preguntamos a Basciani si todavía existe un internet más ético. Un internet donde sea posible leer sin prisas, debatir sin insultos, descubrir sin que un algoritmo nos guíe constantemente por el mismo camino. Y qué papel pueden desempeñar los medios independientes en este escenario.

Quizá el futuro digital no dependa tanto de desarrollar una inteligencia artificial más poderosa como de preservar una inteligencia humana capaz de dudar, imaginar y discrepar. Porque, al fin y al cabo, la gran pregunta que atraviesa toda esta conversación es tan sencilla como inquietante: cuando internet deja de significar algo… ¿qué es lo que todavía puede devolvernos el sentido?

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El odio no es un fenómeno aislado ni casual, es una herramienta de control político y social que hoy se expande con fuerza en el Sur Global. La reciente actualización del proyecto crimenesdeodio.info, que recoge y documenta desde 2015 los homicidios y asesinatos motivados por el odio en el Estado español, ha ampliado su mirada hacia el Sur Global para analizar cómo se monitoriza y se combate este fenómeno.

En colaboración con el Institut de las Desigualtats, esta investigación aplica una perspectiva internacional y comparada sobre estos crímenes específicos en catorce países de dos continentes: diez en América (Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay) y cuatro en África (Senegal, Marruecos, Guinea Conakry y Túnez), regiones históricamente marcadas por procesos coloniales y profundas brechas socioeconómicas. Lo que constata esta investigación no es una simple recopilación de cifras, sino un examen de cómo estas desigualdades configuran escenarios de vulnerabilidad extrema donde los discursos y delitos de odio se replican de forma coordinada.

El agujero negro de los datos: el obstáculo de la infradenuncia

El primer y mayor desafío metodológico en este análisis es la existencia de una enorme cifra negra: multitud de delitos que jamás llegan a los registros oficiales debido a que las bases de datos gubernamentales son deficientes o directamente inexistentes. Las razones de este silencio son estructurales y responden a una desconfianza absoluta en las instituciones. Muchas víctimas no denuncian por desconocimiento, por miedo a las represalias, a la estigmatización social o a la propia policía. De hecho, en muchos de los países analizados, acudir a una comisaría a denunciar una agresión implica delatarse ante un Estado que persigue tu propia identidad o tu orientación sexual.  

Esta invisibilización se vuelve especialmente sangrienta cuando hablamos de racismo y xenofobia. El informe destaca que la violencia contra personas racializadas, migrantes y minorías étnicas está totalmente normalizada en muchas regiones. Sin embargo, cuando estos crímenes ocurren, las autoridades los tramitan y archivan como delitos comunes. Al no registrar la motivación racial de la agresión, el racismo estructural se vuelve invisible a los ojos del mundo y los agresores gozan de una impunidad garantizada. Este subregistro es una decisión política clara, si un Estado no cuenta sus crímenes de odio, es porque no quiere reconocer que tiene un problema ni poner medios para acabar con ello.

Ante esta inacción estatal, es la sociedad civil organizada y las ONG quienes asumen un monitoreo comunitario fundamental, a menudo como única fuente para la recopilación de datos y su contextualización. Gracias a su labor de base, a menudo en condiciones de extrema precariedad y persecución, estas muertes motivadas por el odio no quedan en el olvido. Debido a esta falta de homogeneidad y estadísticas oficiales, los datos del informe deben interpretarse como una aproximación a la magnitud del fenómeno y no como cifras absolutas.

Realidades jurídicas: del vacío legal a la persecución de Estado

La investigación aborda también el marco jurídico a través de un análisis comparado que revisa tres realidades muy distintas y complejas. En primer lugar, el vacío legal por omisión en aquellos países donde no existe legislación específica. El estudio rastrea cómo la falta de agravantes por odio en los códigos penales deja en una situación de vulnerabilidad absoluta a las víctimas. Si un grupo de personas da una paliza a alguien por su color de piel o su orientación sexual, el sistema lo juzga como una simple pelea callejera o un robo. Se castiga el golpe, pero se esconde la motivación racista o la homofobia. Al no llamarlo por su nombre, el problema deja de existir en los papeles.

En segundo lugar, encontramos países donde sí existe legislación, pero no se aplica correctamente, arrastrando investigaciones poco profundas, falta de presupuesto y mecanismos de denuncia que no funcionan. Aquí se sitúa una de las mayores advertencias del informe: el retroceso en territorios que habían sido referentes históricos de avanzada. Países como Argentina y Uruguay, pioneros en matrimonio igualitario o identidad de género, hoy experimentan un retroceso coordinado bajo una ofensiva reaccionaria que ha recortado ministerios, desmantelado instituciones de derechos humanos y despedido a personal especializado.

Otro ejemplo de esta ofensiva punitiva lo situamos en El Salvador, donde bajo la bandera de la seguridad nacional se utiliza el aparato estatal para invisibilizar y desplazar a las minorías, llegando a considerar a las personas trans bajo los mismos criterios que a las bandas criminales. La ley no garantiza la protección de la vida si el Estado la vacía de contenido o si los propios gobernantes emiten discursos de odio.

En tercer lugar, el informe detalla el peligro por la acción o la criminalización de Estado. Analizamos aquellos códigos penales que hacen exactamente lo contrario a proteger y que persiguen la diversidad con penas de cárcel o incluso la pena de muerte. En países como Senegal (donde la homosexualidad está penada por el artículo 319) o Marruecos (donde el activismo es semiclandestino por las leyes contra el atentado a la moral), estas leyes dan carta blanca a la sociedad para agredir. Si el propio Gobierno te considera un criminal, cualquiera se siente con el derecho de atacarte en la calle con total impunidad. También en países como Túnez o Senegal, la consolidación de discursos nacionalistas y populistas ha instrumentalizado este odio hacia migrantes y el colectivo LGBTIQ+ como herramienta de cohesión política.  

Esta investigación también revela una relación directa entre la falta de identidad jurídica y la violencia. Cuando un país no permite cambiar el nombre o el género en el documento de identidad de forma legal, o niega los papeles a los migrantes, los está empujando a la exclusión total. Sin un documento real, no se puede conseguir un trabajo formal, ni alquilar un piso, ni ir al médico de forma segura. Esta falta de derechos básicos condena a las personas a la marginalidad, convirtiéndolas en el blanco más fácil de la violencia. En este ecosistema de hostilidad, las personas trans y de género diverso se llevan la peor parte a nivel global, siendo el blanco prioritario de asesinatos rodeados de una crueldad extrema.  

Todo esto se ve amplificado por las redes sociales, plataformas digitales que se han convertido en cajas de resonancia donde los discursos de odio se viralizan sin filtros. Los algoritmos creados para retener al usuario generan cámaras de eco donde los prejuicios se validan constantemente. El ciberacoso, las noticias falsas y la exposición de datos personales (doxing) de activistas son hoy el preludio de desapariciones o asesinatos en el mundo físico. Un relato estigmatizante generado en un país puede, en cuestión de horas, ser adoptado, traducido y adaptado por movimientos afines en otros continentes.  

Frente a este panorama, concluimos que documentar y visibilizar estos crímenes ya no es solo un ejercicio de denuncia, sino una estrategia de supervivencia por tres razones clave. Primero, permite romper el aislamiento, conectando las luchas locales con la comunidad internacional. Segundo, ayuda a desmontar la narrativa de la normalidad, quitándole al discurso violento la máscara de opinión para revelar su verdadera naturaleza como violación sistemática de los derechos humanos básicos. Y tercero, resulta indispensable para presionar por la creación de nuevas estrategias que sustituyan a las estructuras institucionales desmanteladas.  

La violencia motivada por el prejuicio en las regiones analizadas no responde a brotes de intolerancia espontáneos, sino que es el síntoma visible de un engranaje político profundamente arraigado. El silencio estadístico y la distorsión judicial no solo reflejan una incompetencia administrativa, sino que constituyen una estrategia pasiva de los Estados que permite perpetuar la exclusión y asegurar la impunidad de los agresores. Cuando las instituciones asumen que la seguridad nacional pasa por el señalamiento de las minorías o cuando deciden que investigar el origen de un crimen es un gasto prescindible, se convierten en cómplices de la misma violencia que deberían erradicar.

 
Frente a una maquinaria reaccionaria que ha sabido globalizar sus herramientas a través de foros internacionales y estrategias compartidas para conseguir reformas legislativas regresivas, la comunidad internacional no puede permanecer como una mera espectadora. No estamos ante crisis locales aisladas, sino ante un laboratorio político transnacional que ensaya el recorte de libertades fundamentales en el Sur Global. La respuesta a esta ofensiva exige entender que la defensa de los derechos humanos ya no puede gestionarse de forma fragmentada ni parcelada.  Y es necesario revisar los efectos que los discursos de odio y las políticas excluyentes que se fabrican en el Norte, tienen un grave impacto también en el Sur

Es precisamente en este escenario adverso donde cobra sentido el esfuerzo de los colectivos de base y los activistas sobre el terreno. Su labor va mucho más allá de la recopilación de datos, representa un acto de resistencia frente a la deshumanización y la vulneración de derechos humanos. Registrar una agresión o poner nombre a una víctima es disputarle al poder el relato del sentido común y negarse a aceptar que la dignidad humana dependa de las prioridades del gobierno de turno. Este estudio está concebido como una herramienta para ayudar esa resistencia y articular alianzas más sólidas.

El informe completo se encuentra disponible en la actualización de la web de crímenes de odio (crimenesdeodio.info) y en la página del Institut de les Desigualtats.

Nora Rodríguez es abogada penalista y laboralista, especializada en delitos de odio, género y derechos humanos y autora del informe citado en este artículo.

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«Al visitar un pueblo, es fácil distinguir cuáles eran los centros del poder tan sólo viendo cómo el castillo y la iglesia se distinguen y alzan sobre el resto de edificios. En una ciudad, sucede algo similar con los rascacielos, los palacios y las torres televisivas. Sin embargo, el nuevo poder tecnológico, condensado en centros de datos de hiperescala, pretende pasar desapercibido, como ha denunciado Niklas Maak en su Data Center Manifesto«, explica a La Marea el investigador predoctoral en el CSIC y la UC3M Manuel García Domínguez, un sábado de junio en medio de un ciclo de charlas sobre estas infraestructuras en Extremadura.

«La industria de los centros de datos pretende construir el imaginario social de estas instalaciones a partir de un bombardeo de imágenes pulcras, futuristas, a menudo creadas con IA, de sus salas de servidores. Al mismo tiempo, despliega una arquitectura externa austera, de edificios bajos sin ventanas ni logotipos, que pretende camuflarse entre unas naves logísticas ya habituales en el paisaje español», prosigue. Sin embargo –dice– no es tan sencillo ocultar los impactos de «industrias tan extractivas». 

«Los centros de datos emiten ruido a través de sus refrigeradores, gases contaminantes a través de sus generadores y, entre ambos, grandes cantidades de calor que pueden elevar la temperatura a un par de kilómetros entre dos y nueve grados. Esto reconfigura, radicalmente, la biodiversidad y, con ella, el paisaje en los que se instala», analiza.

Además, no es únicamente el edificio en sí: «Si se instalaran solo los proyectados en Aragón y Extremadura y se alimentaran con renovables, sería necesario cubrir hasta 150.000 y 230.000 hectáreas de terreno con parques renovables». «No se me malinterpete –matiza–: los parques eólicos y fotovoltaicos pueden resultar bellísimos si los vemos como el reflejo de una sociedad más justa que trata de aplacar la crisis ecosocial, pero sus sombras se oscurecen si no sirven para alimentar la descarbonización de la economía, sino para los nuevos centros del poder corporativo», que representan –como los denomina el investigador– los nuevos paisajes del poder.

Múltiples daños

El daño se produce de múltiples maneras: hay un impacto indirecto asociado a la cadena de suministros minerales y energéticos de estas infraestructuras que afecta también a otros ecosistemas. «Sin embargo, este impacto nunca forma parte de las evaluaciones ambientales», explica García. En ese aspecto, el impacto más inmediato es el consumo de suelos: «Un centro de datos de hiperescala suele tener entre 150 y 300 hectáreas de superficie ocupada, que implica la ocupación y asfaltización de un suelo previamente lleno de vida y de historia».

El investigador cita tres impactos sobre las comunidades del entorno. En primer lugar, acaparan el poco espacio disponible en la red eléctrica e impiden a otros proyectos locales acoplarse a la red: «La semejanza con la forma en la que fondos de inversión compran edificios y desplazan a los vecinos ha hecho que autores como Julia Velkova o Frans Libertson hayan acuñado el término ‘gentrificación energética’». 

En segundo lugar, sostiene, los usuarios de la red eléctrica pagarán más en la factura de la luz para compensar la compra de energía de los centros de datos a través de acuerdos «privilegiados» entre las promotoras y las productoras energéticas. Y, en tercer lugar, la ocupación de espacio provoca un aumento del precio de los suelos agrícolas, que afecta al sector primario. 

«A esto podemos sumarle –prosigue– el gasto en personal de los municipios que los acogen, que no se ve compensado por la exención de impuestos municipales; el desgaste de las vías públicas con maquinaria pesada; la desafección y ocupación de caminos públicos; la saturación de las depuradoras locales y el desplazamiento del poder urbanístico desde los municipios a los gobiernos regionales. 

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Fernando Hernández tiene treinta años, es de Alicante y factura, según cuenta él mismo en sus vídeos, casi un millón de euros al mes. Con 3.000 euros de inversión desde el salón de un piso compartido, fundó Aszendit en 2021, una consultora tecnológica que trabaja –siempre según su propio relato– con empresas del IBEX 35. Hoy dice tener más de 120 empleados y oficinas en Madrid y Barcelona, y ha lanzado además una segunda marca, GAS, una academia donde enseña su método a otros emprendedores por unos honorarios nada simbólicos.

Ese método es el que ha bautizado como “cool calling”: llamadas comerciales hechas con papel y bolígrafo en lugar de ordenador, discursos motivacionales a la plantilla grabados y colgados en redes, todo envuelto en un lenguaje que mezcla la jerga del emprendimiento anglosajón con el macarrismo castizo. El resultado son millones de visualizaciones en TikTok e Instagram, un aluvión de titulares que oscilan entre la fascinación y la sorna… y un hombre, el CEO de la empresa, que aparentemente se ha hecho rico de la noche a la mañana. Luego, la pregunta es la que sigue: ¿por qué este personaje concreto, con esta estética concreta, ha conectado precisamente ahora con una parte tan amplia del público español?

El entrepreneur castizo

Lo primero destacable de ese nuevo fenómeno es que Fernando Hernández grita. Grita mucho. Grita en sus vídeos, grita a su plantilla, grita las cifras de facturación como quien recita un salmo. Y ese grito, curiosamente, es lo único auténtico de todo el montaje, porque lo demás –el método, el nombre en inglés, la épica del piso compartido en Alicante– es puro envoltorio, la capa de barniz que necesita cualquier producto para circular con fluidez a través del algoritmo.

A las llamadas comerciales de toda la vida, Hernández las ha rebautizado “cool calling”, una reformulación, suponemos que deliberada, del viejo cold calling –la llamada comercial en frío– y con ese simple cambio de vocal ha resuelto un problema que ni el marketing más sofisticado logra resolver siempre: convertir un trabajo socialmente (y económicamente) menospreciado en una nueva identidad de entrepreneur cool y, por consecuencia, deseable.

Porque de eso trata, en el fondo, todo el fenómeno: no de vender consultoría tecnológica a empresas del IBEX 35 –que es lo que en teoría hace Aszendit– sino de vender la sensación de estar “ganando” mientras se trabaja. Eso es lo que repite Hernández en sus vídeos: “hacer pasta”, “darle caña”, ser “caradura”, combinando la jerga de crecimiento de Silicon Valley con el macarrismo que solo podía nacer en un país donde la precariedad estructural convive con la fantasía institucional del emprendedor hecho a sí mismo, con 3.000 euros y un teléfono desde el salón de casa.

La importación americana

Conviene resistir, en cualquier caso, la tentación de tratar todo esto como una rareza autóctona, un exabrupto genuinamente alicantino. Porque no lo es. Estados Unidos lleva más de una década exportando esta misma figura con distintos disfraces: el vendedor que confunde la intensidad con la verdad, el gurú del cierre que trata cada llamada telefónica como una prueba de fuego espiritual, toda esa mitología del hustle que convierte la persistencia en virtud cardinal y el descanso en pecado venial.

España no ha producido a Fernando Hernández; lo ha importado, le ha limado el acento y le ha puesto una camisa por fuera del pantalón, exactamente igual que hace con tantos otros productos culturales que llegan envueltos en inglés y que aquí, tras el doblaje, adquieren un aura de descubrimiento. La cultura yankee se coló durante años a través de Hollywood, y ahora lo hace mediante sus grandes gigantes tecnológicos –Meta, Google, xAI, OpenAI, etc.–.

Tampoco es el primero de la estirpe en suelo español. Antes estuvo Llados desde su terraza de Miami, con sus burpees al amanecer y su catecismo de la “mentalidad de tiburón”; antes estuvieron los vendedores de cursos de trading, los coaches inmobiliarios, toda una economía sumergida de la motivación que factura precisamente donde el salario ya no llega. Los propios seguidores de Hernández lo han bautizado como “el Llados de la Moraleja”, y otros se preguntan en los comentarios si sus vídeos no serán, en realidad, un sketch de Pantomima Full (yo, reconozco, soy una de esas personas).

Otra vuelta de tuerca en la performatividad neoliberal

Mark Fisher hablaba de la privatización del estrés, es decir, de cómo un malestar que en realidad es sistémico –la angustia laboral generalizada de toda una generación– se individualiza y se convierte en un problema de actitud personal, resoluble con la metodología adecuada. El señor que grita en las redes performatiza con sus vídeos un trabajo extremadamente estresante, simulando aquellas escenas hollywoodienses donde se muestra el ambiente laboral dentro de Wall Street –como si él fuera el mismo Leonardo DiCaprio en la película de Scorsese–.

“Buscamos gente con pasión, que se deje la piel, que tengan flowstate, que tengan ambición y que nunca quieran hacer cold calling”. Este es el mensaje de captación de la página web de Aszcendit. Esto, en diccionario de trabajador, significa algo así como: “Buscamos gente que se quiera explotar sola bajo la (im)probable promesa de un éxito (in)alcanzable” y es que el flow state que Hernández exige a su plantilla –ese estado de flujo y pasión permanente por el trabajo, sin pausas, sin correos que interrumpan el “mood”– es una forma de colonización del tiempo interior, la exigencia de que hasta el entusiasmo se produzca bajo demanda. Capitalismo, turbocapitalismo, neocapitalismo. Llámenlo como quieran. 

Esa es, al final, la magia del cool calling, y a eso se dedica realmente el CEO de Aszendit: no a vender consultoría, sino a vender el estado de ánimo con el que soportar venderla. Mientras tanto, en algún piso compartido de Alicante, alguien apunta un número en un papel, respira hondo y descuelga el teléfono. Gritando, eso sí.

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El incendio forestal desatado en el municipio de Los Gallardos (Almería) ya ha sido estabilizado. El fuego, que trascendió la categoría de desastre medioambiental para erigirse como una devastadora tragedia humana, ha calcinado 7.000 hectáreas. Sus consencuencias son las más graves registradas hasta la fecha en Andalucía. Según las actualizaciones del Gobierno andaluz, al menos 13 personas han perdido la vida y 23 continuaban «ilocalizadas» el domingo, 12 de julio, por la noche.

La virulencia de las llamas y la extrema rapidez de su avance dibujó un escenario caótico en las primeras horas de la emergencia. Según Antonio Sanz, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, la pérdida de vidas humanas se concentró en dos escenarios distintos, marcados por lo que ha calificado como una decisión «trampa». Ante la proximidad del fuego, las víctimas optaron de manera tardía por buscar vías de evacuación alternativas a través de una rambla, alejadas de las rutas oficiales coordinadas por las autoridades.

En un primer punto, los servicios de emergencia hallaron los cuerpos sin vida de cuatro personas en el interior de un vehículo. El hecho de que el automóvil tuviera el volante situado a la derecha apunta a que los ocupantes eran de nacionalidad británica. En un segundo escenario se localizó a otras siete víctimas mortales. Estas formaban parte de un grupo de nueve personas que se desplazaban a pie tras abandonar sus vehículos y buscar una salida desesperada. Los equipos de rescate lograron salvar a dos integrantes de este grupo. Entre los fallecidos confirmados se encuentra un ciudadano de nacionalidad española, mientras que el resto serían turistas o residentes extranjeros de la zona, a la espera de su identificación oficial. 

Evacuaciones y atención a los heridos

El fuego ha dejado a su paso ocho personas heridas, cuatro de ellas en estado grave por diversas tipologías de quemaduras. Se prevé que estos pacientes más críticos sean trasladados en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el complejo hospitalario Torrecárdenas. Otras cuatro personas han recibido asistencia sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

La magnitud del incendio ha obligado a desplegar un operativo de evacuación que ha afectado a más de 600 vecinos. Las llamas forzaron el desalojo de las barriadas de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, así como de las viviendas de la zona del Pinar en la localidad vecina de Bédar. Del total de evacuados, cerca de doscientas personas permanecen realojadas en albergues provisionales. En concreto, 54 damnificados están recibiendo asistencia en el Centro de Artes Escénicas.

Para ofrecer apoyo en estos momentos de desolación, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) ha habilitado un teléfono de atención e información para los familiares de los afectados: 677 904 624.

Un origen bajo investigación

Todos los indicios apuntan a que el incendio se inició tras la caída de un poste de tendido eléctrico. Así lo ha adelantado el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha subrayado que este hecho derivará inexorablemente en la exigencia de «responsabilidades hacia el mantenimiento» de dicha instalación. El incendio, avivado por vientos muy fuertes, ha sido descrito por las autoridades como «muy complejo» y «de cuneta». Las labores de extinción se enfrentan a enormes dificultades añadidas por la complicada orografía y la abundante presencia de viviendas diseminadas, donde, en palabras del consejero Sanz, «hay casas por todos los sitios».

A este cóctel catastrófico originado por el viento y el estado del tendido eléctrico, hay que sumar un factor estructural ineludible para entender el comportamiento de las llamas: el calor extremo, que también ha sido señalado por Moreno. Durante las últimas semanas, la región ha estado sometida a un estrés térmico brutal tras el paso consecutivo de dos intensas olas de calor, un escenario cada vez más recurrente debido a la crisis climática. Estas altísimas temperaturas, sumadas a la sequía crónica, han deshidratado por completo la masa forestal, que ha actuado como el combustible perfecto.

Actualmente, el flanco derecho es el que presenta mayor actividad, acercándose peligrosamente a zonas de cultivo anexas a la carretera principal, mientras que en la zona norte se trabaja con maquinaria pesada. Un posible cambio en la dirección del viento podría revertir por completo el comportamiento del fuego.

Para hacer frente a este incendio, se ha desplegado un contingente técnico y humano colosal. Cerca de 500 profesionales trabajan en el operativo, integrando a retenes del INFOCA, efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y Fuerzas de Seguridad del Estado. A ellos se suman unidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME), operando con el apoyo de más de 120 vehículos terrestres y una veintena de medios aéreos.

Sin embargo, la magnitud de este despliegue de emergencia contrasta con la preocupante merma de efectivos especializados al inicio de esta campaña de alto riesgo. Según ha denunciado Antonio Maestre en LaSexta, el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno ha reducido un 14% la plantilla de agentes de medio ambiente, un cuerpo de funcionarios clave en la prevención y extinción de los incendios forestales. En menos de un año, la región ha pasado de contar con 698 de estos profesionales a solo 602 (96 agentes menos), un recorte que la Junta justifica por el elevado número de jubilaciones y la imposibilidad de ejecutar la tasa de reposición al no haberse aprobado los presupuestos de 2026. 

Luto institucional y llamadas a la prudencia

El impacto de la catástrofe ha provocado una cascada de reacciones institucionales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su «enorme tristeza y desolación» trasladando sus condolencias a las familias y su solidaridad a los vecinos. Por su parte, Juanma Moreno ha manifestado estar «consternado» ante lo que Antonio Sanz no ha dudado en definir como una «tragedia sin precedentes», asegurando que «hoy el corazón de todos los andaluces está de luto».

También ha querido dejar un mensaje de pesar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Todo nuestro apoyo a España y a los valientes bomberos y socorristas que están haciendo frente a esta emergencia”, ha escrito en Twitter (X).

Las autoridades insisten en la necesidad vital de evitar las zonas afectadas y de no tomar vías de escape al margen del guiado explícito de los profesionales. En medio del desastre, la prioridad del dispositivo sigue siendo perimetrar el fuego y evitar, a toda costa, más pérdidas humanas.

Actualización: 13 julio.

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Muchas aplicaciones gratuitas de streaming pirata (instaladas en algunos televisores y cajas Android) esconden un pequeño programa que convierte estos dispositivos en una puerta de entrada a la conexión de casa. Eso permite a personas y empresas de cualquier parte del mundo hacer pasar su tráfico por tu conexión a internet. Quien reciba ese tráfico (una web, una tienda online, un banco) verá tu dirección IP, no la de quien realmente está detrás.

Este mercado tiene un nombre, proxies residenciales, y se vende como un servicio legal: las empresas que lo ofrecen alquilan millones de conexiones domésticas a clientes que, en teoría, las usan para tareas comerciales, como comprobar precios desde distintos países. El problema, según una serie de investigaciones de la organización de seguridad digital Qurium Media Foundation, es doble: buena parte de esas conexiones se consiguen sin que sus dueños lo sepan, y buena parte del tráfico que circula por ellas no tiene nada de inocente.

Qurium empezó a tirar del hilo cuando la web de una organización de periodismo de investigación jordana recibió, en apenas un día, una avalancha de visitas automatizadas desde 1,35 millones de direcciones de internet de todo el mundo. Siguiendo el rastro, los investigadores encontraron un componente oculto, conocido en la comunidad de seguridad como «Popa», instalado en decenas de aplicaciones populares que ofrecen contenido sin licencias de distribución para ver deporte y películas gratis, como CRICFy, DooFlix o Sportzfy, y hasta en una versión manipulada de SmartTube, una conocida app para ver YouTube en televisores Android. El programa no pide permiso al usuario, y Google estima que la red llegó a incluir más de dos millones de dispositivos en todo el mundo.

Detrás de todo eso, según las conclusiones de Qurium, está la empresa israelí NetNut, que pertenece al grupo cotizado en bolsa Alarum Technologies. Qurium llegó hasta ella siguiendo el rastro de las sociedades que gestionaban la infraestructura, una de las cuales estaba registrada a nombre de un cofundador de NetNut. En respuesta a los investigadores, la compañía rechaza las acusaciones y sostiene que estos hallazgos son inexactos y que su software solo funciona con el consentimiento de los usuarios.

Qurium, que denomina a esta operación Nutcracker (cascanueces, en inglés), comprobó qué sucedía con las conexiones “prestadas” haciendo que sus propios dispositivos formaran parte de la red. Tras hacerlo, recibió millones de peticiones relacionadas con publicidad, apuestas, criptomonedas y compra masiva de entradas (incluidas entradas del Mundial de fútbol de 2026), además de campañas de correos fraudulentos que podrían utilizarse en actividades maliciosas o de fraude.

«Los operadores afirman que obtienen su infraestructura de forma ética, pero nosotros podemos demostrar que los dispositivos se captan mediante puertas traseras escondidas en aplicaciones, por ejemplo en servicios de streaming gratuito», explica a La Marea Tord Lundström, director ejecutivo de Qurium. Y no se trataría de excepciones. «Todo lo que hemos registrado proveniente de estas redes son actividades enormemente abusivas».

¿Qué puedo hacer yo?

Poca cosa, más allá de no entrar en el juego. «Los usuarios deberían pensárselo dos veces antes de descargar aplicaciones y servicios gratuitos para evitar pagar», advierte Lundström. «Lo mismo aplica a los dispositivos que dan acceso a canales de pago: lo más probable es que tengan una puerta trasera», añade. Detectar la infección por cuenta propia, admite, está fuera del alcance del usuario medio. Tras estos hallazgos Google ha configurado su sistema de protección de Android, Play Protect, para avisar y desactivar las aplicaciones afectadas. 

Asimismo, Google anunció el desmantelamiento de las cuentas que controlaban la red el pasado 2 de julio. Ese mismo día, el FBI incautó sus dominios principales, en los que ahora aparece un aviso de decomiso. Tras esta operación, Alarum emtió un comunicado. La compañía asegura que se toma este asunto muy en serio y que cooperará plenamente con las autoridades para garantizar que cualquier uso debido de su infraestrudcdtura sea investigado a fondo y que los responsables rindan cuentas. 

Qurium, que sigue la actividad de la red en tiempo real, vio cómo desde ese momento se desplomaba su  tráfico a medida que se desmantelaban muchas de sus cuentas, pero advierte de que no es un apagón total. Por el momento, es solo una «victoria simbólica»: buena parte de la infraestructura sigue activa y NetNut no es la única empresa en este negocio. «Necesitamos una rendición de cuentas real. Muchos de estos proveedores son conocidos por la comunidad de investigación, pero se ha tomado poca o ninguna acción contra ellos», argumenta. 

Actualización: 13.15h

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El Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa, perteneciente al Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia), ha otorgado un 53% de riesgo a España en relación con su diversidad de medios en 2025, un punto porcentual más que el año previo. Esta evaluación anual analiza si el ecosistema mediático garantiza el pluralismo democrático y la salud del sistema mediático en su conjunto. Ha sido realizada por seis autores, entre ellos Jaume Suau Martínez, director del grupo de investigación Digilab del Institut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

En este contexto, y empatado con Croacia, España se sitúa en el puesto 19 de 27 de la Unión Europea en diversidad informativa, es decir, el noveno por la cola, peor que la media de la Unión Europea (49%). Solo Alemania y Suiza presentan porcentajes menores, con un 30% y un 26% respectivamente.

“España no presenta un único gran problema, sino un conjunto de vulnerabilidades que se mantienen en el tiempo. En los últimos años se han producido avances regulatorios importantes impulsados por la legislación europea. Sin embargo, la existencia de nuevas normas no garantiza automáticamente una mejora del pluralismo mediático. El informe muestra que el desafío ya no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en asegurar que funcionan de manera efectiva”, explica a La Marea Jaume Suau.

El informe destaca que no se ha llevado a la práctica la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en particular en lo relativo a las obligaciones de transparencia y las garantías de independencia editorial. Pese a que el Gobierno presentó sus propuestas para crear un registro ampliado de medios de comunicación bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación parlamentaria del anteproyecto de ley sigue pendiente. Lo anunció en febrero de 2025 en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

“La concentración estructural continuó siendo una característica definitoria del sistema mediático español, mientras que las presiones económicas derivadas de la dependencia de las plataformas digitales siguieron afectando al pluralismo mediático”, incide el análisis. La comparativa europea sobre pluralidad del mercado deja a España mejor que la mayoría de Estados miembros, que tienen un ecosistema mediático más concentrado.

Respecto a los grandes grupos tradicionales de comunicación, se menciona que mantienen “posiciones sólidas tanto en los sectores audiovisual como de prensa”, con cuotas de audiencias superiores al 75%, mientras que los medios nativos digitales de menor tamaño continuaron siendo económicamente frágiles y altamente dependientes de la visibilidad mediada por plataformas.

En los indicadores relacionados con la protección de derechos fundamentales, en España mostraron mejoras “limitadas”. Solo Hungría, Malta, Grecia y Bulgaria tienen un riesgo mayor que España al respecto, donde aún no se ha completado plenamente la transposición nacional del marco europeo contra las demandas estratégicas contra la participación pública (anti-SLAPP). Esto deja a periodistas y medios expuestos a riesgos de litigación estratégica, “especialmente en casos relacionados con el periodismo de investigación y el escrutinio de asuntos de interés público”. La Marea, por ejemplo, se enfrenta a una demanda por su investigación sobre la industria de los vientres de alquiler.

Además, la difamación sigue siendo un delito penal con hasta dos años de prisión, así como las injurias a la Corona, a las Cortes Generales, al Gobierno y a los símbolos del Estado, y continuaron las preocupaciones acerca de su posible efecto disuasorio sobre la libertad de expresión. También se menciona la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista y el proyecto de Ley de Información Clasificada que busca sustituirlo ha sido criticado por mantener una amplia discrecionalidad del Ejecutivo y un régimen de multas de carácter punitivo. El mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, y su uso para restringir a los periodistas para grabar a las fuerzas de seguridad durante las protestas es otro punto débil para los autores del informe.

Sobre la labor de los profesionales, la falta de independencia de los periodistas y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones de los profesionales del periodismo, tanto asalariados como autónomos. Al mismo tiempo, el acoso online contra periodistas tuvo una mayor visibilidad, especialmente como campañas coordinadas de intimidación a través de plataformas digitales dirigidas contra reporteros y comentaristas involucrados en coberturas políticamente sensibles.

El panorama mediático tiene una mejor nota, riesgo medio bajo, en independencia política. La influencia política a los medios de comunicación “tiende a ejercerse a través de canales indirectos, incluyendo relaciones institucionales, alineamientos editoriales y dependencias financieras, con efectos más pronunciados en los niveles regional y local”, incluye el análisis de España. Destaca el dato que recoge la Asociación de la Prensa de Madrid: el 79% de los periodistas y el 72% de los autónomos han experimentado algún tipo de presión.

Respecto a los medios públicos, hay “preocupaciones sobre la influencia política y la insuficiente aplicación efectiva de las normas de imparcialidad en los medios públicos españoles”. En el caso concreto de RTVE, indica el informe, hay una “débil aplicación de los mecanismos internos de salvaguarda, la ausencia de mandatos estratégicos actualizados y las reiteradas denuncias formuladas por organizaciones profesionales sobre posibles injerencias políticas en las decisiones editoriales”.

En relación con las obligaciones en materia de igualdad de género introducidas por la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres permanecieron formalmente vigentes. Pero su aplicación dentro de las organizaciones mediáticas “continuó siendo desigual, especialmente en lo relativo al acceso a puestos de liderazgo y a la implementación de planes internos de igualdad”.

Recomendaciones al Gobierno español

Los retos para Jaume Suau se resumen en mejorar la transparencia de la propiedad de los medios, reforzar la independencia editorial, proteger mejor a los periodistas, reducir la concentración del mercado y adaptar la regulación al entorno digital. Algunos consejos del informe para mejorar la protección fundamental son despenalizar la difamación, abolir los delitos de «discurso institucional», reforzar la supervisión judicial en la moderación de contenidos y modernizar las leyes de transparencia y acceso a la información.

Para mejorar la pluralidad del mercado, el Gobierno debe acelerar la tramitación y aprobación de la Ley de Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación para cumplir eficazmente con la legislación europea ya en vigor y reforzar la capacidad de supervisión de la CNMC para que pueda proporcionar datos fiables sobre el sector mediático, así como acelerar y finalizar las propuestas legislativas para aumentar la transparencia en el mercado de la publicidad digital.

En relación con la independencia política, se aconseja al Estado reforzar las salvaguardias frente a la influencia política en los medios de comunicación para prevenir los conflictos de interés entre el ejercicio de cargos políticos y la propiedad de medios de comunicación. Otra mejora sería fortalecer la independencia y la gobernanza de los medios públicos, mediante el pleno respeto de los órganos internos de supervisión, como el Consejo de Informativos de RTVE, así como de su función en la gobernanza editorial y en los procesos de nombramiento de cargos relevantes. También garantizar que los nombramientos de la dirección sean más transparentes y que los órganos estatutarios internos y los representantes profesionales sean consultados de conformidad con las normas vigentes.

La revisión del modelo actual de cobertura electoral en los medios públicos, especialmente el sistema de bloques electorales rígidos, para reforzar la autonomía editorial y el pluralismo sería otra mejora para el Centro para el Pluralismo Mediático y Libertad de Prensa.

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Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, la catedrática Noemí Pereda dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año

Desde su punto de vista, este tipo de muestra es fundamental para poder intervenir y actuar ahora, de manera inmediata, desde la prevención. Para ello, insiste en una herramienta fundamental: la educación afectivo-sexual como una asignatura obligatoria en todos los colegios: «Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias».

¿Por qué es importante entender que no estamos ante casos puntuales, aislados? 

Es súper importante porque ni es algo puntual ni es el caso Epstein tampoco. Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada. No son estos casos mediáticos. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque últimamente veo que se está desviando todo hacia ahí.

¿Cómo lo podemos transmitir para que se entienda?

El problema es que en el día a día es mucho más sutil y más difícil de detectar porque muchas veces se esperan este tipo de casos extremos. Y no, no es así. Por eso cuesta tanto detectarlos. 

Pero estos casos extremos también ayudan a visibilizar, ¿no?

Claro, tienen que servir como desencadenante. Sobre el caso Epstein podemos pensar, ‘vale, a mí no me pasará porque yo no dejaré que mi hija se vaya con un señor’. Perfecto. Pero hay que saber que en el 80% de los casos las agresiones se cometen por algún familiar o conocido. O sea, el peligro no está fuera. Y este es un gran problema, porque la prevención tiene que venir de dentro. El niño tiene que saber cuáles son sus derechos, que puede decir que no,y, que si ocurre algo, tenga la confianza como para venir y contártelo, que haya esta comunicación fluida contigo. Y esto muy difícil porque, como digo, no es un señor extraño, desconocido, que va a venir y va a secuestrar a tu hijo.

Las cifras no han cambiado a lo largo de los años. Entre el 10% y el 20% de la población sufre agresiones sexuales en su infancia o adolescencia. 

Sí, es algo que se mantiene, que sorprende. Es alucinante. Los datos desde hace muchos años están estancados en este 10-20% y no salimos xde ahí. Probablemente tampoco hacemos mucho para salir de ahí. Porque salir de ahí supondría, en primer lugar, una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo en España.

¿Y cómo se incorpora esto en los colegios, por ejemplo?

Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica.

Además, lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino que evitas también agresores, porque les estás enseñando y les estás diciendo «no, no, cuando una persona te dice que no, es un no, tienes que respetar”. Entonces, mientras no hagamos realmente un cambio social donde eduquemos a los niños en el respeto al otro, en el consentimiento, esa cifra del 10-20% va a seguir ahí porque son niños que crecen.

«Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica».

La muestra del estudio del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona fue de más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años. Son niños, niñas y adolescentes de ahora, no adultos que lo sufrieron en el pasado. ¿En qué aspecto mejora este tipo de muestra el diagnostico?

En primer lugar, son chicos y chicas que pueden responder, éticamente se ha demostrado que tienen la capacidad de poder responder, obviamente, con su consentimiento informado, comprendiendo las preguntas. Son encuestas que están validadas en otros países, también en España. La cuestión es que tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas. Cuando haces las encuestas con adultos, estás viendo lo que pasó hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. 

A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con todo el poder que tiene, de hacerla con adolescentes escolarizados, mucho mayor que la que hicimos nosotros. Porque al final nosotros la hicimos en colaboración con “la Caixa”, con su financiación. Llegamos a más de 4.000 adolescentes, pero es cierto que somos una universidad, no somos el Ministerio de Juventud e Infancia. Entonces, yo sí que apelaría a que se asuma esta responsabilidad.

«Tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas».

Hay países como Canadá y Estados Unidos, pero es que también Chile, para que nos situemos, que hacen esta encuesta cada dos años. Porque eso nos permitiría ver variaciones y decir ‘resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos ver si hacemos estudios con los adolescentes de hoy. Cuando lo hacemos con adultos ya sabemos lo que va a salir.

Pederastas: dejemos de mirar para otro lado

Ha aumentado mucho también la violencia entre iguales, entre los propios chicos y chicas.

Esta es una de las cuestiones que se veía en nuestro estudio. Ha subido y ha subido por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. No es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. El modelo que tienen es la pornografía, no hay un modelo educativo que contrarreste los mensajes distorsionados que da la pornografía. No estamos invirtiendo en prevención para nada. Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos. Por eso hay que hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque si no el porcentaje no baja. 

«Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos».

¿Nos falta ese salto cualitativo que dimos con la violencia machista?

Totalmente. Mira, siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica, o sea, nosotros somos quienes controlamos, nosotros somos quienes votamos a nuestros dirigentes, los niños no pueden elegir, los niños no pueden salir de su contexto familiar si no hay un adulto que detecta este tipo de situaciones, porque para ellos es la normalidad. Tiene que haber como una sociedad adulta muy sensibilizada para que esto salga a la luz. Y lo que ocurre es que en muchos casos se justifica este tipo de agresiones diciendo que el niño se lo inventa. 

«Siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica».

¿La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia –Lopivi– está ayudando a entender la situación?

Sí, estamos mejorando. La Lopivi ha ayudado mucho también, supuso un impulso para hablar del tema. Pero es cierto que como sociedad sigue sin calar que los niños son sujetos de derecho, que no solo son objetos de cuidado. Esto hay que entenderlo: los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas padre o madre. Hace días, Ana Obregón decía ante una acusación: ‘Es mi niña y hago con ella lo que quiero’. Claro, esto te lo está diciendo alguien público, lo está diciendo a la sociedad y es un mensaje que a muchas personas les cala. No, no puedes hacer lo que quieras. Es una persona con derechos propios, es un ciudadano, pero cuesta mucho entenderlo. Por eso muy importante también el trabajo desde el punto de vista periodístico. El niño no es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios.

«Los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas el padre o la madre. No es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios».

También nos cuentan algunas víctimas que este tema se minimiza.

Sí, se minimiza mucho. Se dice ‘bueno, son niños, lo olvidarán, tampoco es tan grave, cuando crezcan ya se les pasará’. Y no. Esto es un daño que perdura a lo largo del desarrollo y un daño en un momento en el que el niño está creciendo, en el que está estableciendo sus relaciones con el mundo, consigo mismo, con los demás y estás destruyendo todo esto.

Por tanto, no puedes tener un ciudadano integrado, prosocial cuando han vivido experiencias de este tipo en su infancia y nadie los ha ayudado. Y por eso hay que entender el daño que esto causa también como sociedad. Por eso se habla del problema de salud pública. La OMS lo define como un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a todos. No solo a nivel de salud mental, de salud física de estas víctimas, sino a nivel de relaciones, de repetición del patrón de violencia con otros niños. Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente. 

Muchas veces se dice que están enfermos.

Hay un porcentaje muy pequeño de psicopatía en la sociedad, que es aquel que no tiene empatía por los demás, pero en general nacemos con la capacidad de empatizar. ¿Por qué un niño llega a una determinada edad y agrede a otros niños? Porque si no intervenimos en las formas de violencia en la familia, no podemos luego intervenir en este adolescente que agrede a su compañera de clase. Realmente hay que trabajar desde el inicio.

«Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente».

¿Hay relación entre violencia sexual y conducta suicida?

Sí, por eso además es muy importante hacer este tipo de encuestas sobre bienestar, no solo de violencia y poder. Porque se podría intervenir preventivamente con los casos de riesgo. Una de las salidas que encuentra la víctima al dolor intensísimo que está viviendo es esta: acabar con todo y acabar con su vida.

La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Porque es algo que te permite desconectar de todo este recuerdo. Se relaciona con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Entonces, invirtamos en esta prevención, invirtamos en que los adolescentes, los niños, puedan hablar cuanto antes con alguien, que sepan que tienen el derecho a hablar, que es eso lo que estamos diciendo con la educación afectivo-sexual. 

¿Por qué debe ser desde etapas tempranas? 

Porque el niño tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación. ‘Hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. Pero es que cogemos al niño, le limpiamos el culo, le quitamos los pantalones. Y, claro, lo que el niño está aprendiendo indirectamente es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Luego queremos que hablen. ¿Pero cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?

Pero hay resistencia por parte de las familias a que esto se dé en los colegios, como si fuera una cuestión política o ideológica. ¿Cómo combatimos eso?

Para empezar, yo creo que es el Ministerio de Educación quien debe tomar una decisión. Porque esto no depende de una escuela, que tu escuela resulta que está al lado de una asociación y vienen a dar una charla. No. Yo entiendo que los padres tienen sus miedos o como lo queramos llamar. Pero si esto es una directriz desde Educación, significa que todas las escuelas de España van a tener una asignatura y esta asignatura va a estar manualizada, con lo cual, como padre tú puedes observar qué temas se van a tratar, cómo se van a tratar. Tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas. No puede dejarse como una chica voluntaria que viene sensibilizada, debe ser un profesorado preparado con un temario basado en la evidencia. Le podemos cambiar el nombre, que eso también se ha discutido mucho con asociaciones. Puede ser educación para el bienestar. Llamémoslo como queramos, pero esto no es una elección según el partido que gobierne. No va de charlas. Es el derecho de tu hijo, no el tuyo. Es el derecho del niño a la educación afectivo-sexual, no tu derecho como padre.

«La educación afectivo-sexual tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas, con un temario basado en la evidencia. No va de charlas, es el derecho de tu hijo, no el tuyo».

Por tanto, hay que tener mucho valor político, porque obviamente es algo que va a generar muchísima polémica. Pero, insisto, estamos hablando de educación, y tú no puedes decidir si quieres o no eso para tu hijo. Además, reitero, tiene que ser una educación sexual y afectiva universal, porque si no estamos generando una fuente de desigualdad. Tú puedes educar a tu hijo en prevención, accedes a un cuento, sabes qué recursos hay. Pero es que hay familias que no.

¿Cómo han influido en todo ello las redes sociales y la IA?

El contexto online también es muy terrible. Hay muchos pederastas que se conectan y captan. Lo vimos con los casos de la explotación sexual en Mallorca. Y las captaban por Instagram. Y ahí hay también un agujero importante de falta de educación en los riesgos online, los riesgos de enviar una fotografía, por ejemplo. Y son las niñas y niños con menos protección, con menos recursos en sus familias, los que acaban siendo mayoritariamente víctimas de estas redes. El Estado tiene que luchar para que no haya una desigualdad y no haya niños en mayor riesgo de violencia sexual.

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Libertad, respeto, cariño y amor.  Esos son los ingredientes de todos nuestros programas y el concepto de nuestro proyecto “Hasta el coño”.  En este programa, abordamos un tema desconocido para mucha gente y eso hace que sea relevante para toda la sociedad.  El mes de octubre se celebra la despatologización de la transexualidad y por […]

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“La defensa de niñas, niños y adolescentes” es, desde el 25 de junio de 2026, uno de los principios editoriales de MásPúblico SCCL. Así lo decidieron los socios y socias de la cooperativa que edita La Marea y Climática en su Asamblea General, celebrada en Barcelona. La decisión va acompañada del compromiso de informar y concienciar sobre las agresiones sexuales contra las personas menores de edad, un problema estructural que afecta a una de cada cinco personas en su infancia o adolescencia.

Tras publicar un amplio dosier en el número 111 de La Marea, centrado en la necesidad de hablar y escuchar para poder afrontar y prevenir los casos de pederastia –la mayoría cometidos por familiares y conocidos– la redacción de este medio propuso dar un paso más. Desde mayo, publicamos regularmente artículos que contribuyen a la visibilización de un problema considerado todavía un tabú en la sociedad. Todos ellos incluyen al final del texto el teléfono 116111, correspondiente a la línea de atención a la infancia y la adolescencia.

En La Marea entendemos que los medios de comunicación debemos ejercer nuestra función de servicio público para concienciar sobre la dimensión de este problema silenciado e informar también de los recursos y las medidas que pueden ayudar a prevenir las agresiones y a abordarlas adecuadamente cuando se han producido.

La cooperativa MásPúblico nació en 2012 con los siguientes principios editoriales aprobados por sus socios y socias: la defensa de lo público, la igualdad, la laicidad, la economía justa, la memoria histórica, el trabajo digno, la defensa del medio ambiente, el derecho a la vivienda y la cultura libre. Además, manifestaba su interés por informar sobre los movimientos sociales y la regeneración democrática.

En la Asamblea General de 2013, a petición de un socio usuario (lector) y tras un intenso debate, los cooperativas aprobamos incluir como principio editorial el “derecho a la soberanía de los pueblos”, entendiéndolo “como el derecho de éstos a ser reconocidos como tales, a definir sus propias formas de gobierno y modelo político y económico, así como a buscar sus propias formas de desarrollo cultural y humano”.

En 2014, a propuesta de la redacción, se aprobó incorporar el “feminismo” como uno de los principios explícitos de la cooperativa, ya que consideramos que el concepto de “igualdad” era demasiado genérico y que era necesario dejar claro el compromiso del medio con el feminismo como herramienta para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

Si deseas más información para ser parte de la cooperativa MásPúblico, escríbenos a consejorector@maspublico.com.

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Cuando en marzo del año pasado Ángel García recibió la multa, no se lo podía creer. “Todavía no sé qué hice, esa es la triste desgracia”, dice este jubilado de 74 años, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que fue sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Y no es el único damnificado del colectivo por esta controvertida norma. Paco Cepeda, sindicalista y colaborador de COESPE, también ha sido multado. En su caso, denunció agresiones policiales. En ambos procedimientos, la versión policial se sustenta únicamente en el testimonio de los agentes.

Por eso, este jueves, la Coordinadora ha registrado en el Congreso alrededor de 130 cartas procedentes de diversas organizaciones y plataformas estatales dirigidas a los parlamentarios y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Queremos que paralicen los expedientes de sanción a nuestros compañeros y la derogación de la Ley Mordaza”, reivindicó Damián Rodríguez, portavoz de COESPE a nivel estatal, antes del acto de entrega.

“En ambos casos hemos hecho todos los recursos posibles para defender que las denuncias realizadas por la Policía Nacional eran absolutamente falsas”, sostiene el portavoz a La Marea. La COESPE insiste en la “arbitrariedad” de la ley y denuncia que persigue “reprimir las movilizaciones sociales y a los activistas”. Rodríguez afirma, asimismo, que la Ley Mordaza es “absolutamente subjetiva y da todo el poder a las interpretaciones de la Policía, lo que provoca situaciones incomprensibles”. 

A pesar de ser una promesa electoral repetida hasta la saciedad por parte del PSOE, la norma continúa vigente. “Es un incumplimiento más de los que nos tiene acostumbrados este y otros gobiernos”, añadió el portavoz estatal.

Sin incidentes: multa de 1.200 euros

Una de esas situaciones incomprensibles de las que habla Rodríguez la está viviendo Ángel García. Sucedió en mayo de 2024 y hasta marzo del año siguiente no tuvo noticia de la sanción. Como cada tercer miércoles de cada mes, el colectivo se manifestaba frente al Congreso: “Yo suelo ser una de las personas que comunica la protesta en Delegación del Gobierno, y normalmente no hay ningún problema con la Policía”, relata.

El también portavoz de la COESPE en la Comunidad de Madrid y en Pinto terminó multado con 1.200 euros por desacato a la autoridad y por haber insultado gravemente a los agentes, siempre según lo esgrimido por la parte denunciante. “A mí no me identificó nadie, excepto al principio de la manifestación como convocante, y luego no pasó absolutamente nada. Nadie recuerda que sucediera lo que dicen que sucedió”, se defiende.

Según la versión policial, García llamó por el megáfono “hijos de puta” a los policías destinados a controlar la protesta. “Yo no suelo utilizar esos términos. Nadie se lo explica porque no hubo ningún tipo de enfrentamiento”, añade el jubilado. La COESPE siempre lleva a cabo movilizaciones pacíficas, en las que corean sus conocidos lemas, como “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”. “Sería absurdo que nosotros nos pegáramos o insultáramos a nadie. Con la edad que tenemos, imagínate la violencia que utilizamos. Cero”, completa Rodríguez.

Hasta en tres ocasiones han intentado la retirada de la sanción a García mediante diferentes alegaciones. “Ahora lo tiene que decidir el Ministerio del Interior. Espero que vean cómo no hay ninguna prueba que acredite que yo insulté a los policías, tan solo un informe emitido por un agente que dice que he desobedecido las órdenes y que he faltado gravemente al respeto”, dice este integrante de la Coordinadora en defensa de las pensiones.

Él tampoco entiende cómo un Gobierno que asegura ser progresista continúa al frente del Ejecutivo con la Ley Mordaza en vigor. “Perjudica a todos los que luchamos en la calle. Por protestar, ya tienes las de perder”, asegura el activista. Llegado el caso de que la justicia ratificara la sanción que pesa sobre él, García señala que no la abonaría. “Yo la podría haber pagado ya porque mis circunstancias me lo permiten, pero no voy a aceptar algo que es una mentira, una farsa y que no tiene ni pies ni cabeza”, zanja el asunto.

Denunciado y golpeado por la Policía

Su compañero de Getafe Paco Cepeda tiene 63 años, es delegado sindical de CC. OO. en una empresa de artes gráficas y apoya siempre que puede a COESPE. Todavía recuerda aquel 18 de junio del año pasado: “Al llegar al Congreso en la manifestación de los miércoles, la Policía de alguna manera provocó a las compañeras que portaban la pancarta. Les dijeron que si no estarían mejor en su casa preparando la comida”, introduce.

Al escuchar aquello, Cepeda se acercó al lugar: “sin mediar palabra me empujaron, me tiraron al suelo y me golpearon”, denuncia. El parte médico realizado después atestigua hematomas recientes en la cara interna del brazo derecho de “gran tamaño”, así como un eritema “por presión en brazo izquierdo”.

El encontronazo se saldó con una sanción de 700 euros. Según la versión policial, el sindicalista increpó a los agentes, quienes le dijeron que depusiera su actitud, a lo que hizo caso omiso. “Incitó al resto de manifestantes, lo que provocó un conflicto de orden público. Posteriormente, se le solicita que se identifique, a lo que se niega de manera reiterada a la vez que intenta ocultarse entre la masa y abandonar el lugar, procediendo por tanto a la comisión de una desobediencia a unos agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones”, dejaron por escrito.

Una vez más, la Policía no ha aportado ninguna prueba y tan solo el testimonio del agente hace valer su versión de los hechos. “No puede haber nada que secunde su versión, porque no tuvo lugar lo que ellos dicen que pasó. Y tengo que ver bien cómo va mi denuncia por la agresión que sufrí, no sé si está parada en el juzgado o es que la misma comisaría no la ha tramitado”, dice el activista un año después de los hechos.

Llegado el momento, Cepeda admite que no pagará la cuantía. “Lo que yo he hecho es defender el sistema público de pensiones, que no me parece nada malo”, finaliza. Pasadas las 12.30 horas, el registro del Congreso de los Diputados contaba ya con las 130 misivas entregadas por cinco delegados de la COESPE. Así finaliza un intento más de hacer cambiar de opinión, antes de un futurible viraje del Gobierno hacia la derecha, a los parlamentarios que todavía apoyan la vigencia de la Ley Mordaza.

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Las ciudades conservan memorias que raramente aparecen en los monumentos. Sobreviven en una escalera, una puerta lateral, una pista de baile o una barra pegajosa donde miles de desconocidos compartieron unas horas de intimidad. Buena parte de la historia de las comunidades homosexuales se escribió precisamente en esos espacios ambiguos, a medio camino entre el refugio y la exposición pública. En Gay Bar. Fragmentos de aquellas fiestas (Capitán Swing), Jeremy Atherton Lin convierte esos lugares en el hilo conductor de una reflexión sobre el deseo, la identidad, la memoria y las transformaciones de la cultura gay durante las últimas décadas.

Lejos de la nostalgia fácil, el escritor británico reconstruye la historia de los bares gais de Londres, Los Ángeles o San Francisco para preguntarse qué sucede cuando una comunidad alcanza importantes victorias legales mientras sus espacios físicos desaparecen. El resultado es un libro que combina autobiografía, historia cultural y ensayo político, siempre atento a las contradicciones que acompañan cualquier proceso de emancipación.

Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es el protagonismo que tienen los espacios físicos. ¿Por qué decidiste contar esta historia –una historia tanto personal como de identidad colectiva– a través de la arquitectura y de los lugares concretos?

Porque me cuesta pensar en abstracto. Necesito anclar las ideas en algo tangible. Durante años había escrito mucho sobre ropa y moda, pero empecé a cansarme de ese tema. Sabía que las cuestiones que realmente me interesaban tenían que ver con la identidad, el tiempo, la memoria o el deseo, pero necesitaba un punto de apoyo.

Cuando empecé a revisar los lugares que había frecuentado a lo largo de mi vida –o incluso algunos que solo había visitado una o dos veces– descubrí algo interesante. Muchas de las experiencias que yo recordaba como triviales o incluso decepcionantes estaban conectadas con historias mucho más amplias que mi propia biografía. Los espacios conservaban capas de memoria colectiva, algunas alegres y otras profundamente problemáticas.

Además, la arquitectura misma me ayudaba a pensar. Por ejemplo, cuando empecé a salir por bares gais, gran parte de la estética dominante todavía respondía al miedo al VIH y al contagio. Había superficies blancas, limpias, cuerpos masculinos extremadamente cuidados, casi esterilizados. Existía una especie de obsesión con la higiene y la impermeabilidad. A medida que avanza el libro también avanzo hacia espacios más desordenados, más sucios, más porosos.

De algún modo, se convierten en un actor más de la narración.

Creo que es cierto. Cuando concebí el proyecto, mi editora me habló de la tradición de la psicogeografía, un género históricamente dominado por hombres heterosexuales. Hablamos de qué podía diferenciar este libro de esa tradición.

Muchas obras psicogeográficas intentan construir una especie de lectura metafísica de la ciudad. Mi intención era hacer algo parecido, pero atravesado por el erotismo. Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo.

«Me interesaba explorar cómo el deseo modifica nuestra relación con los espacios y cómo los espacios moldean a su vez nuestras formas de deseo».

Hay una paradoja que me parece interesante: muchos bares gais comienzan a desaparecer precisamente cuando se consolidan derechos como las uniones civiles o el matrimonio igualitario. ¿La muerte de los bares gais es, en parte, el precio de ciertas victorias legales?

Es una cuestión complicada. Durante la escritura me di cuenta de algo que había pasado por alto: estaba escribiendo sobre negocios privados. Los bares gais no son únicamente símbolos culturales; también son empresas que tienen que pagar alquileres y sobrevivir económicamente. No profundicé demasiado en cuestiones como la especulación inmobiliaria o la gentrificación, aunque evidentemente forman parte del contexto.

Respecto a la asimilación, creo que a veces se interpreta de forma demasiado simplista. Muchas conquistas legales no surgieron porque la integración en las instituciones tradicionales fuera necesariamente el objetivo final de los movimientos homosexuales. A veces simplemente eran herramientas prácticas.

En mi siguiente libro hablo de uno de los primeros casos en Estados Unidos de reconocimiento federal de una unión entre dos hombres. Uno de ellos era australiano y la cuestión estaba relacionada con la inmigración. Aquellos hombres no eran especialmente partidarios del matrimonio como institución. Lo consideraban algo patriarcal y anticuado. Pero necesitaban una solución concreta a un problema concreto. A veces la asimilación es más una consecuencia que una meta.

Sin embargo, mientras desaparecen los espacios físicos, las aplicaciones de citas parecen ocupar parte de ese lugar.

Sí, aunque para mí cumplen una función muy distinta. Lo que me preocupa de las aplicaciones es que tienden a convertirnos en mercancías. Nos presentan como una colección de atributos expuestos detrás de un escaparate. Intentamos optimizar nuestra imagen para encajar en determinados criterios y atraer determinadas respuestas.

«Lo que me preocupa de las aplicaciones de citas es que tienden a convertirnos en mercancías».

Pero la química humana no funciona de esa manera. No puedes predecir cómo reaccionarás cuando escuches la risa de alguien, percibas su olor o compartas una conversación cara a cara. Por eso quería que Gay Bar transmitiera la sensación de encontrarse con personas inesperadas, de rozarse con desconocidos, de descubrir que alguien que inicialmente te genera rechazo acaba resultando fascinante, o viceversa. Esas experiencias imprevisibles forman parte de la vida social y son muy difíciles de reproducir en entornos digitales.

Han pasado más de medio siglo desde Stonewall y en muchos países occidentales los derechos LGTBQ han avanzado considerablemente, al menos a nivel legal. De hecho, partidos de extrema derecha como la AfD en Alemania tiene una líder que es lesbiana, lo que sería impensable hace pocos años atrás. Y, sin embargo, los delitos de odio continúan existiendo y las reacciones conservadoras parecen reaparecer cíclicamente. ¿Cómo interpretas esa tensión?

Creo que cualquier grupo que se salga de la norma permanece en una situación precaria mientras existan mecanismos sociales de exclusión. Incluso si en un momento dado no eres el objetivo principal, sigues dependiendo de un sistema que siempre puede encontrar nuevos chivos expiatorios.

Hoy el ejemplo más evidente son las personas trans. Pero también me interesa mucho cómo distintas formas de vulnerabilidad se entrecruzan. La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias.

«La orientación sexual, la identidad de género, la inmigración o las fronteras no son problemas independientes. Muchas personas viven simultáneamente varias de esas experiencias».

Además de la violencia explícita, existen formas mucho más sutiles de precariedad. Cuando el Tribunal Supremo estadounidense anuló Roe v. Wade, muchas parejas homosexuales comenzaron a preguntarse si el matrimonio igualitario podría convertirse en el siguiente objetivo político.

Recuerdo ver en televisión a una pareja de mujeres explicando la enorme cantidad de documentación legal que necesitaban simplemente para garantizar la protección jurídica de su familia. Había carpetas y archivadores por todas partes. Aquello me hizo pensar en algo que aparece en Gay Bar. Existe una enorme cantidad de trabajo burocrático invisible destinado simplemente a validar tu existencia.

Reflexionas, también sobre la transformación de las categorías identitarias y el uso de la terminología. 

Las palabras evolucionan constantemente. Recuerdo que en Reino Unido hubo un momento en que el término “queer” empezó a adquirir una legitimidad institucional muy visible. Pienso, por ejemplo, en determinadas exposiciones organizadas por grandes museos. De repente, una palabra que durante mucho tiempo había sido marginal adquiría prestigio académico y cultural.

Lo curioso es que yo quería que Gay Bar tuviera una estética ligeramente anticuada. Quería que el propio título evocara algo fuera de moda, incluso un poco embarazoso. Me interesaba esa sensación de algo que ya no ocupa el centro de la conversación.

Las categorías identitarias siempre están cambiando. Hace un siglo, por ejemplo, la palabra “queer” tenía significados distintos según la clase social de quienes la utilizaban. Son términos inestables por definición.

Mientras leía el libro pensaba también en casos como el del “Gaixample” de Barcelona, un barrio que durante años estuvo asociado a una determinada identidad gay urbana. Después llegaron el turismo, la gentrificación y nuevas formas de consumo cultural. ¿Hasta qué punto las identidades también están moldeadas por el mercado?

Creo que existe ese riesgo. Muchos barrios terminan desarrollando una estética relativamente homogénea que puede repetirse en ciudades muy diferentes. Hay ciertos códigos culturales que aparecen en Londres, Ámsterdam, Nueva York o San Francisco.

Eso genera una situación extraña. Puedes terminar siendo percibido como turista o incluso como colonizador urbano, pero rara vez como alguien verdaderamente perteneciente a ese lugar.

Y esa percepción puede convertirse fácilmente en un mecanismo de señalamiento. Es una cuestión que me recuerda a una observación de Foucault. La visibilidad también puede convertirse en una trampa.

Esta entrevista se publicará pocos días antes del Día del Orgullo Gay y LGTBI+. ¿Cuáles son los motivos para conservar a día de hoy esa celebración?

Creo que me siento cómodo habitando zonas de ambivalencia. Las personas no vivimos experiencias unidimensionales. Por supuesto que siguen siendo necesarias las celebraciones del Orgullo. Son importantes. Y ojalá puedan depender cada vez más de las comunidades y cada vez menos de los patrocinadores corporativos.

Pero también creo que toda experiencia humana tiene un reverso. Solemos presentar orgullo y vergüenza como conceptos opuestos, cuando la realidad es más compleja. Existe una forma destructiva de la vergüenza, pero también una forma productiva. La ausencia absoluta de vergüenza conduce a la impunidad y a la falta de autocrítica. Lo vemos constantemente en la vida política.

Por eso me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido, qué problemas continúan sin resolverse y qué responsabilidades permanecen abiertas.

Mantener vivas esas preguntas me parece algo saludable. Evita que todo se convierta en un simple eslogan y nos obliga a convivir con las contradicciones. Y, al final, es precisamente en esas contradicciones donde suele desarrollarse la experiencia humana.

«Me parece importante que existan movimientos capaces de afirmar el orgullo colectivo, pero también escritores, artistas y pensadores que sigan preguntándose qué errores hemos cometido».

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