El grupo estadounidense Curtiss-Wright Corporation, especializado en componentes de alta tecnología para el sector aeroespacial, ha firmado un acuerdo con el Reino de Marruecos para instalarse en el país norteafricano. La decisión, anunciada este martes en el Salón Aeronáutico de Farnborough (Reino Unido), refuerza la industria aeronáutica marroquí, que compite directamente con los polos de Sevilla y Toulouse, donde España mantiene intereses estratégicos.
Un nuevo competidor en el Mediterráneo
El acuerdo se ha materializado mediante un protocolo de intenciones firmado entre ambos gobiernos. Aunque no se han revelado cifras de inversión ni plazos concretos, la instalación de Curtiss-Wright supone un salto cualitativo en la capacidad de Marruecos para atraer fabricantes de componentes aeronáuticos de primer nivel. La compañía, fundada en 1929 y con sede en Charlotte (Carolina del Norte), es proveedora de los principales fabricantes de aviones del mundo.
La apuesta marroquí por el sector aeronáutico no es nueva, pero la llegada de un grupo como Curtiss-Wright sitúa al país como un polo emergente en la cuenca mediterránea. Las autoridades marroquíes han fomentado en los últimos años la creación de una zona industrial especializada en torno a Casablanca y la ciudad de Nouaceur, donde ya operan gigantes como Boeing, Airbus o Safran.
Implicaciones para España
El movimiento de Curtiss-Wright representa un desafío directo para el clúster aeronáutico de Sevilla, donde el consorcio Alestis y otras empresas auxiliares dependen en buena medida de la demanda europea. Según fuentes del sector citadas por la prensa marroquí, la decisión de la compañía estadounidense se ha visto influida por los menores costes laborales y los incentivos fiscales ofrecidos por Rabat, así como por la cercanía a los grandes fabricantes europeos.
El acuerdo se firmó en el marco del Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de Farnborough, donde Marruecos ha tenido una presencia destacada para promocionar su oferta de inversiones. La administración marroquí ha subrayado que la llegada de Curtiss-Wright demuestra la confianza internacional en el sector aeroespacial del país, que crece a tasas de dos dígitos anuales.
Diez años respirando gasolina: los informes forenses confirman que la contaminación por hidrocarburos ha dañado la salud del vecindario de Coria del Río
Ecologistas en Acción denuncia que unas 4.000 personas continúan viviendo sobre un suelo contaminado mientras las administraciones mantienen paralizada la descontaminación y siguen sin hacer públicos los últimos análisis de calidad del aire [Vídeo de la contaminación].
Diez años después del inicio de uno de los mayores episodios de contaminación por hidrocarburos registrados en una zona residencial andaluza, la Justicia dispone ya de informes forenses que establecen una relación directa entre la exposición continuada a sustancias tóxicas y los daños en la salud de parte del vecindario de la barriada Guadalquivir de Coria del Río.
Para Ecologistas en Acción, esta conclusión supone un punto de inflexión en un caso marcado durante una década por la lentitud administrativa, la falta de coordinación institucional y la ausencia de medidas eficaces para proteger la salud pública. Mientras tanto, alrededor de 4.000 personas continúan viviendo en un barrio donde persiste el olor a gasolina y donde la contaminación del suelo, el subsuelo, las aguas y el aire sigue sin resolverse.
Los nuevos informes del Instituto de Medicina Legal, incorporados al procedimiento judicial en junio de 2026, respaldan las denuncias que las personas afectadas vienen realizando desde hace años y coinciden con las conclusiones recogidas en el informe de la Fiscalía General del Estado de 13 de diciembre de 2024, elaborado a partir de 65 informes técnicos y periciales.
Según dicho informe, el origen de la contaminación se sitúa en una fuga detectada en 2017 en un depósito de la estación de servicio Zamarrilla. El combustible habría alcanzado un emisario de aguas que atraviesa la barriada a través de una conducción deteriorada con grietas, extendiendo la contaminación por el subsuelo hasta afectar al entorno urbano, las aguas subterráneas y el río Guadalquivir.
El informe de la Fiscalía incorpora además un estudio elaborado por Inerco en octubre de 2019 que describe la presencia de un hidrocarburo altamente degradado que llevaría aproximadamente diecisiete años descomponiéndose bajo el barrio, una circunstancia que incrementa su toxicidad y evidencia la prolongada permanencia del foco contaminante.
Una emergencia ambiental y sanitaria que continúa abierta
Ecologistas en Acción recuerda que numerosas personas han padecido durante estos años enfermedades, síntomas persistentes y graves problemas de salud que han motivado múltiples evaluaciones médicas y forenses. Buena parte del vecindario ha colaborado voluntariamente con la investigación judicial, poniendo su propia salud al servicio de la ciencia para esclarecer las causas de esta contaminación.
La organización denuncia que los informes forenses se han elaborado con un número limitado de informes médicos remitidos por la Junta de Andalucía y lamenta especialmente que entre la documentación aportada no existan informes correspondientes a menores afectados.
A ello se suma la falta de transparencia institucional. Los resultados de las últimas campañas de medición de la calidad del aire siguen sin hacerse públicos, pese a haber sido reclamados formalmente tanto por la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir como por Ecologistas en Acción.
Diez años de retrasos y responsabilidades pendientes
La organización ecologista considera especialmente grave que la recuperación de los suelos contaminados continúe bloqueada diez años después del inicio del problema. A su juicio, la descontaminación debería haber constituido la primera prioridad de todas las administraciones implicadas.
El procedimiento judicial continúa abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Coria del Río y en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla, mientras diferentes administraciones —entre ellas la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Coria del Río, Aljarafesa y Emasesa— siguen personadas en un procedimiento de enorme complejidad.
Para Ecologistas en Acción, durante estos años ha predominado la defensa de intereses administrativos y reputacionales sobre la protección efectiva de la ciudadanía. La organización lamenta igualmente que el grupo de trabajo creado por el Parlamento de Andalucía en 2025, del que quedaron excluidas las organizaciones vecinales y ecologistas, terminara disolviéndose sin ofrecer soluciones concretas. Tampoco llegó a materializarse el protocolo sanitario específico anunciado entonces para personas afectadas por contaminación industrial.
«La ciencia confirma lo que el vecindario lleva diez años denunciando»
El portavoz de Ecologistas en Acción, José Carlos González, afirma que:
«La ciudadanía nunca exageró. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: durante diez años se ha minusvalorado un problema gravísimo de salud pública. Hoy los informes forenses empiezan a confirmar lo que las vecinas y los vecinos denunciaban desde el primer momento.»
González añade que «resulta inaceptable que hayan tenido que pasar diez años para que las instituciones comiencen a reconocer oficialmente los efectos de una contaminación que nunca dejó de existir. Ninguna administración puede dar por cumplida su obligación mientras miles de personas sigan viviendo sobre un suelo contaminado.»
Ecologistas en Acción exige actuaciones urgentes
Ante las nuevas evidencias científicas y judiciales, Ecologistas en Acción reclama:
La publicación inmediata de los resultados de las mediciones de calidad del aire.
El inicio urgente de la descontaminación integral del suelo, el subsuelo y las aguas afectadas.
Un seguimiento sanitario especializado para todas las personas expuestas, con especial atención a la población infantil.
La máxima transparencia informativa por parte de todas las administraciones implicadas.
La depuración de las responsabilidades administrativas, políticas y, en su caso, penales que correspondan.
La organización ecologista reitera su compromiso de seguir acompañando a la Asociación de Vecinos Barriada Guadalquivir y considera que este caso representa uno de los mayores ejemplos de injusticia ambiental registrados en Andalucía, donde durante una década miles de personas han convivido con una contaminación persistente sin que las administraciones hayan ofrecido una solución efectiva.
La organización ecologista denuncia posibles irregularidades en la tramitación urbanística que habrían favorecido al Real Betis Balompié con un grave perjuicio para el patrimonio municipal y abre la vía penal contra los usos terciarios y especulativos en los estadios deportivos.
Operación urbanística del estadio Benito Villamarín
Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por los posibles indicios de delito detectados durante la tramitación urbanística de la reforma del estadio Benito Villamarín y del edificio comercial previsto junto al recinto deportivo.
La organización considera que las decisiones adoptadas por los órganos responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público municipal y del interés general.
La denuncia ha sido elaborada tras más de dos años de seguimiento del expediente por parte de Ecologistas en Acción, con el apoyo de distintas entidades vecinales y de personal técnico especializado en urbanismo del entorno del estadio. Durante este tiempo se ha analizado toda la documentación administrativa, desde la presentación del avance del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión de la licencia de obras en marzo de 2026.
Según la organización ecologista, del estudio del expediente se desprenden indicios de que determinadas actuaciones administrativas podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que pudiera realizar la Fiscalía.
Dos bloques principales de irregularidades
La denuncia se fundamenta esencialmente en dos grandes cuestiones.
La primera hace referencia a la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada mediante una permuta cuya legalidad resulta, a juicio de Ecologistas en Acción, altamente cuestionable.
La organización recuerda que parte de los terrenos municipales afectados fueron cedidos en su día exclusivamente para uso deportivo y que el documento de cesión incorpora una cláusula resolutoria por la cual dichos terrenos deberían revertir al Ayuntamiento si dejaran de destinarse a ese uso. Sin embargo, la operación actualmente aprobada permitiría desarrollar sobre ellos usos terciarios y comerciales sin que previamente se haya seguido el procedimiento legal de desafectación ni se haya justificado la desaparición de dicha limitación.
Además, la permuta aprobada contempla que el Ayuntamiento entregue parcelas municipales perfectamente identificadas a cambio de una futura superficie edificable integrada en un edificio comercial que todavía no existe y cuyo diseño definitivo ni siquiera figura completamente definido en el proyecto de licencia. En opinión de Ecologistas en Acción, ello impide conocer con precisión el verdadero valor económico de los bienes que recibiría la ciudad.
El segundo bloque de irregularidades denunciadas se refiere a la valoración económica de la operación
Según la organización, la permuta infravalora de forma muy significativa los terrenos municipales y evita calcular correctamente el incremento de aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de uso desde equipamiento deportivo hacia usos terciarios y gran superficie comercial. Ello habría impedido que el Ayuntamiento percibiera el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico que corresponde legalmente a la administración en este tipo de actuaciones.
Asimismo, Ecologistas en Acción considera especialmente grave que la valoración de los terrenos municipales se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001, en lugar de aplicar criterios ajustados al valor real de mercado exigidos por la legislación vigente sobre suelo.
La organización añade que tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento imprescindible para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas, circunstancia que impide conocer el verdadero alcance económico de la operación.
El informe del Secretario General ya advirtió de las dudas jurídicas
La denuncia recuerda igualmente que el propio Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla expresó importantes reparos jurídicos durante la tramitación del Estudio de Ordenación.
Entre otras cuestiones, su informe advertía de las dudas existentes sobre la valoración económica de los terrenos y señalaba expresamente que la legislación prohíbe la enajenación de bienes inmuebles municipales a cambio de la ejecución de obras.
Pese a estas advertencias, Ecologistas en Acción denuncia que la Gerencia de Urbanismo continuó impulsando la operación sin corregir las deficiencias señaladas ni incorporar las garantías jurídicas exigibles para proteger el patrimonio público.
La Fiscalía deberá determinar las posibles responsabilidades
Tras la presentación de numerosas alegaciones, sugerencias y recursos administrativos que fueron rechazados por el Ayuntamiento de Sevilla, Ecologistas en Acción ha decidido acudir a la vía penal para que sea la Fiscalía quien investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros que pudieran apreciarse durante la investigación.
La organización ecologista subraya que corresponde ahora al Ministerio Fiscal analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades penales derivadas de la actuación de quienes participaron en la tramitación del expediente.
Un precedente para frenar la mercantilización de los estadios
Para Ecologistas en Acción, este procedimiento trasciende el caso concreto del estadio Benito Villamarín y constituye un precedente de enorme relevancia sobre el creciente proceso de transformación de grandes equipamientos deportivos en complejos inmobiliarios y comerciales mediante operaciones urbanísticas que pueden comprometer el patrimonio público.
La organización considera que este modelo favorece intereses privados mediante la utilización de suelo público destinado originalmente al interés general y entiende que la actuación de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, presidida por Juan de la Rosa, refleja una forma de gestionar el urbanismo más orientada a satisfacer determinados intereses económicos que a garantizar la defensa del patrimonio municipal y de los derechos de la ciudadanía.
Por ello, Ecologistas en Acción manifiesta su confianza en que la investigación de la Fiscalía permita esclarecer los hechos, depurar las posibles responsabilidades y reforzar la protección del patrimonio público frente a operaciones urbanísticas que puedan resultar lesivas para el interés general.
El informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que toda la población de Sevilla y su área metropolitana estuvieron expuestos durante 2025 a una contaminación que excede los nuevos límites legales.
Los peores registros de mala calidad del aire se registraron en las estaciones de Torneo, Ranilla y Santa Clara en la ciudad de Sevilla y el Aljarafe en el área metropolitana.
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 780 estaciones oficiales de medición de calidad del aire instaladas en todo el Estado español, entre ellas 11 situadas en la provincia de Sevilla. Entre sus principales conclusiones, destacan:
El año 2025 fue húmedo y el tercero más cálido en España desde al menos 1961. El extremado calor estival contribuyó al aumento de las concentraciones de ozono, en especial durante las olas de calor de junio-julio y agosto, pero bajaron los episodios de calima.
Durante 2025, la calidad del aire en Sevilla se mantuvo estable pero no mejoró con relación a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), pero empeoró respecto al dióxido de nitrógeno (NO2) y sobre todo en relación al ozono.
El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881, que deberán alcanzarse antes de 2030, de acuerdo a los cuales el aire contaminado afectó en 2025 al 96 % de la población de Sevilla y su área metropolitana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos tres años para alinearse con la nueva legislación.
Considerando la normativa actualmente vigente, las estaciones de Torneo, Santa Clara, Ranilla y Bermejales en Sevilla y en Alcalá de Guadaíra superaron los límites de partículas en suspensión PM10 y PM2,5. También las estaciones de Santa Clara y el Aljarafe referido al ozono los registros estuvieron por encima de los obsoletos límites legales actuales.
Si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, el aire contaminado afectó a la totalidad de la población.
La contaminación del aire es la primera causa ambiental de muerte. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 fallecieron prematuramente hasta 24.000 personas en el Estado español por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 4.000 en Andalucía. Según el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGLOBAL) se podría evitar más de 600 muertes en Sevilla por la mala calidad del aire. Los costes sanitarios, laborales y productivos de la contaminación alcanzan 32.000 millones de euros al año, el 2,4 % del PIB español.
Ecologistas en Acción realizó entre 2024 y 2025 campañas de medición de NO2 en los entornos de los centros escolares de Sevilla capital y el área metropolitana concretamente en las del Aljarafe y los Alcores, con el resultado de que la población educativa está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los nuevos valores límite de la Directiva 2024/2881.
La única forma de mejorar la calidad del aire en las ciudades es reducir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa peatonal y ciclista y el transporte público eficiente y de fuente renovables. Además de la activación real de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), no se comprende la propuesta de modificación de la normativa, pactada entre PP y Vox, que introduce una nueva regulación sancionadora para la ZBE de la Cartuja y contradice los principios establecidos en el Real Decreto 1052/2022, que fija los requisitos mínimos para garantizar su eficacia.
Ecologistas en Acción también se congratula con el Ayuntamiento de Sevilla por el anuncio sobre la peatonalización de parte de Triana (calles Pureza, Betis, etc.) y del centro histórico, una medida que coincide con lo planteado en el antiguo “Plan Respira” y que responde a varios de los criterios necesarios para la declaración de una Zona de Bajas Emisiones. Esta actuación supone un avance en una de las reivindicaciones que la organización lleva defendiendo desde hace años. Según el alcalde parece decidido a acabar con la fama de que Sevilla sea la única capital andaluza que no restringe el tráfico en su Casco Antiguo.
La organización ecologista presenta una demanda en la que incorpora buena parte de las denuncias formuladas por las asociaciones vecinales afectadas.
Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de septiembre, al considerar que vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general.
La demanda cuenta con el respaldo de las asociaciones vecinales del entorno del estadio, que desde el inicio de la tramitación han mostrado su oposición a la incorporación de nuevos usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el estadio y la calle Doctor Fleming. Estos usos, según denuncian, son independientes de la actividad deportiva y supondrían un importante impacto sobre la calidad de vida del vecindario.
Uno de los principales fundamentos del recurso es que el Estudio de Ordenación se sustenta en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, que habilitó la implantación de dichos usos terciarios y comerciales desvinculados del uso deportivo. Esta modificación también ha sido recurrida ante el mismo tribunal, por lo que la organización ecologista considera que el instrumento ahora impugnado carece de una base jurídica consolidada.
Entre los motivos de la demanda figuran, además, diversas deficiencias técnicas y legales que coinciden en gran medida con las alegaciones presentadas por las entidades vecinales durante el procedimiento de información pública. En concreto, se denuncia la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que pretende el proyecto, la falta de una ordenación detallada adecuada, la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos y de la correspondiente cesión del 10 % al Ayuntamiento, así como la insuficiente evaluación de la afección sobre el paisaje urbano.
Ecologistas en Acción considera que el tratamiento otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla al Real Betis Balompié SAD constituye una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada.
En este sentido, la organización recuerda la advertencia realizada por un técnico jurista durante la tramitación del expediente, quien alertó del riesgo de consolidar “un urbanismo a la carta en el que primen los intereses privados sobre el supremo interés público de mejorar la ciudad, sus equipamientos, sus infraestructuras, sus barrios y, sobre todo, la calidad de vida de la ciudadanía”.
Con este recurso judicial, Ecologistas en Acción y el movimiento vecinal defienden la necesidad de que el planeamiento urbanístico responda al interés general, garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y preserve un modelo de ciudad equilibrado, transparente y respetuoso con los derechos de las vecinas y vecinos.
Hacía mucho calor. Eran las siete y media de la tarde y el termómetro no bajaba de los 38º grados. La Sala El Cachorro, en Triana, acababa de abrir sus puertas, y el público, contra todo pronóstico, comenzó a llegar. “Gracias por venir desafiando al calor pero, sobre todo, gracias por venir a escuchar hablar de un tema del que no queremos oír ni hablar”, introdujo la periodista Olivia Carballar en la nueva presentación del especial sobre pederastia publicado en La Marea, esta vez en Sevilla.
Con ejemplares repartidos por todas las mesas, el público permaneció atento y participativo durante las dos horas que duró el acto, vertebrado por la necesidad de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia como un problema social, estructural y de salud pública, del mismo modo que la violencia de género.
“Lo mantuve oculto durante 40 años. Y lo que me llevó a contarlo fue tocar fondo”, sostuvo Laura Cuevas, superviviente de agresiones sexuales desde los seis a los 16 años, fundadora de la asociación Lulacris. Su primer «confidente» fue el libro que escribió en 2022, Sin filtro, para poder sacar todo lo que llevaba dentro. Narrado con una claridad absoluta ante una sala noqueada, su caso visibilizó el trauma y la soledad que arrastró y que continúan arrastrando estas víctimas. “Mi madre lo sabía. Durante mucho tiempo, culpé a mi madre, más que a mi padre”, admitió con templanza. Es una historia que se repite, en todo tipo de familias, como contó también la hija de la Premio Nobel Alice Munro, quien se sintió abandonada por su familia, o como cuenta Montxo Armendáriz en su película No tengas miedo.
VÍDEO: LAURA LEÓN
Laura Cuevas se mueve ahora por toda España intentando dar visibilidad a un tema que sigue siendo un tabú en la sociedad, como ella misma aseguró. Ayer hizo más de 350 kilómetros (ida y vuelta) para estar en Sevilla contando una historia, la suya, pero también la de uno de cada cinco niñas o niños que son agredidos sexualmente, mayoritariamente por familiares o conocidos, y para quienes casi nadie está mirando. “La estadística es tan escandalosa que es muy probable que conozcamos a algunos de ellos. En un equipo tan pequeño como el que hacemos La Marea, no tuvimos que salir fuera, teníamos al menos una víctima dentro”, remarcó la periodista Carballar.
La reacción de las familias, que deriva en muchos casos en encubrimiento por la vergüenza y el estigma social que se genera alrededor, fue una de las cuestiones planteadas desde el público. “Lo normal es que no se denuncie porque esto rompe el esquema familiar, salta por los aires”, respondió Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género y victimología. Desde su experiencia día a día en los tribunales, denunció una falta de formación en la justicia en este aspecto y defendió la aplicación de la perspectiva de infancia paraque estos delitos no queden impunes. Además, destacó el aumento de las agresiones entre menores: «Se debe intervenir como un asunto de Estado».
VÍDEO: LAURA LEÓN
Una de las mayores reivindicaciones en el evento fue la formación en los colegios e institutos como principal herramienta de prevención y la necesidad de impartir una asignatura obligatoria sobre educación afectivo-sexual, mucho más aún en la época de la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial.
Todos estos factores han disparado los delitos sexuales en la red, reflexionó el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, que alertó de que con las tecnologías, a diferencia de la violencia sexual física en entornos conocidos, los agresores han multiplicado el número de víctimas. “Tiran la caña a ver a quién pescan”, escenificó. Además, incidió en la necesidad de reparar el daño moral a las víctimas con indemnizaciones que no sean irrisorias, porque muchas de ellas no se pueden pagar toda la terapia que necesitan para superar el trauma que arrastran.
VÍDEO: LAURA LEÓN
Los ponentes también reflexionaron sobre la responsabilidad de las tecnológicas a la hora de poder facilitar, a través de sus plataformas, la comisión de estos delitos, como expresó el perito informático Jorge Coronado, que puso el ejemplo de la plataforma de juegos Roblox y las acusaciones sobre pederastia. Entre el público, de hecho, había una madre que pidió ayuda para el caso su hija, relacionado con una interacción sospechosa en la red con un hombre desconocido. «Denuncia en la policía», le indicaron.
FOTO: LAURA LEÓN
Quienes acudieron, se quedaron a escuchar, a pesar de lo doloroso, incluso, «vomitivo», que puede resultar enfrentarse a estos relatos efectivamente terroríficos, pero reales. Se habló de la prescripción de estos delitos, de las listas de espera en la sanidad pública para la atención en salud mental, de que quien comete estos delitos monstruosos no son monstruos, que puede ser el médico, el padre, el vecino, el novio de la madre, el cura. Se habló también de la pederastia en la Iglesia. En resumen, se habló abiertamente de un problema de gran magnitud del que no se suele hablar por miedo, por incomodidad, por rechazo.
“Algunos colegios, en vez de sentirse orgullosos de parar estos casos, lo llegan a ocultar”, denunció una persona del público, entre quienes había trabajadoras sociales, maestras, juristas, periodistas, investigadores, psicólogos, informáticas, estudiantes, madres y padres. Laura Cuevas –»Es un lujo tenerte hoy aquí», le dijo Amparo Díaz– lo confirmó: “Una vez anularon un curso de formación porque decían que si hablaban de ello en el cole, a lo mejor los niños comenzaban a inventarse abusos”, dijo ante la perplejidad de la sala, donde también se lanzaron algunas recomendaciones. Celebración fue una de ellas, una película danesa de 1998 escrita y dirigida por Thomas Vinterberg.
Tras desvelar las vergüenzas de algunos museos, ahora toca visibilizar escándalos en algunas universidades y sus cátedras de “investigación” (entre comillas).
¿Debemos fiarnos siempre de la ciencia? Por desgracia, hay muchos casos en los que se llama ciencia a algo vendido a intereses particulares. Un caso muy conocido lo vemos en el sector farmacéutico. Por encima de los nombres de los autores de cada estudio científico debería ponerse, en letra grande, quién lo ha pagado. Investigar esas relaciones de intereses meramente económicos es, en general, complicado. Sin embargo, hay evidencias imposibles de negar: las cátedras universitarias pagadas por empresas privadas, no para investigar, sino para hacer estudios a medida de sus intereses. A veces es tan descarado que sorprende que empresas y universidades estrechen lazos tan ruines, solo por dinero, aparcando el interés científico sincero y el servicio a la sociedad.
Por supuesto que no estamos diciendo que las empresas no deben apoyar la investigación. De hecho, lo ideal es que lo hagan. Lo que no es admisible es que los resultados de esa investigación estén condicionados por quien los paga, incluso aunque solo haya una duda razonable. Por dejarlo claro: que no vengan los terroristas a hablarnos de amor fraternal, aunque sea con su mejor intención. La universidad no solo debe ser objetiva en sus estudios, sino también parecerlo.
Universidades sin vergüenza
Desgraciadamente, no nos podemos fiar de un estudio por el mero hecho de llevar el logotipo de cierta universidad. Eso queda demostrado con esta sucinta selección de universidades sospechosamente vendidas a intereses privados:
Universidad de Castilla-La Mancha: Sin pudor ninguno, una empresa cárnica paga la Cátedra Incarlopsa para que se ensalcen las “propiedades nutritivas y saludables” de la carne. Los resultados están fijados antes de investigar. La objetividad científica queda masacrada y ninguneada. La misma universidad tiene también la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa pagada por el Banco Santander, un banco muy criticado entre otras cosas por financiar la industria armamentística y todo tipo de empresas altamente contaminantes. ¿Qué tipo de responsabilidad es la que investigan? Señora Botín, aplique la RSC a su banco antes de intentar dar lecciones.
Universidad Politécnica de Madrid: Una empresa que gestiona los residuos de forma escandalosa paga la Cátedra Ecoembes que siempre concluye que el trabajo de Ecoembes es impecable. Ecoembes también paga, sin rubor, a periódicos y periodistas para que la prensa no sea ingrata con los mayores contaminadores del plástico. Desde esa cátedra se beca a profesionales especializados en preservar el modelo de usar y tirar y, para el mismo objetivo, se involucran a investigadores en otras universidades (Universidad de Alicante, Universidad de las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Alcalá), como denuncian Alberto Vizcaíno y Liliane Spendeler. Atentos también porque en el mismo domicilio de la Cátedra Ecoembes está Ecotextil, que pretende hacer con la ropa lo mismo que con los envases: promover el modelo de usar y tirar. Lo raro es que Inditex no participe en ello (que sepamos). Y en la misma UPM encontramos también la Cátedra Iberdrola para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la que, suponemos que se investiga cómo incumplir tales objetivos sin que se note demasiado.
Universidad Pompeu Fabra: Mantiene la Cátedra Mercadona de “Economía Circular”. Las empresas que más plástico de usar y tirar venden son los supermercados y uno de los de más éxito pretende dar lecciones de Economía Circular. Serían más coherentes si la cátedra Mercadona fuera de “Economía hacia el Colapso”. En esta misma universidad, otra cátedra distinta sigue la estela de la UPM para generar titulares a la medida de las empresas que se lucran con los envases de usar y tirar. El problema es que esta cátedra no está financiada directamente por una empresa, sino por la ONU. Es la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático que, curiosamente tiene programas financiados por Ecoembes, Ecovidrio y Tetra-Pak, que son los grandes magnates en España de los envases de usar y tirar de plástico, vidrio y tetrabrik, respectivamente.
Universidad Jaume I: La Cátedra BP sobre Medio Ambiente Industrial tiene un bonito nombre, pero seguro que no investiga cómo cerrar la empresa BP por ser una de las empresas más peligrosas del planeta.
Universidad de Sevilla: Una empresa de productos químicos financia una cátedra sobre sostenibilidad, olvidando el detalle de que sus productos químicos son la principal causa de insostenibilidad y de pérdida de biodiversidad por la agricultura. La misma universidad tiene otra cátedra sobre “Comunicación y Tauromaquia”, que obviamente desprestigia a esta universidad sin necesidad de dar grandes argumentos.
Universidad de La Coruña: Acoge la Cátedra Inditex de Sostenibilidad, sin tener en cuenta que la industria textil low cost se lucra gracias a reducir costes y producir un alto impacto social y ambiental. Inditex está entre las empresas del sector de mayor impacto ambiental y social (malos salarios, abuso de trabajadoras, esclavitud infantil, artimañas financieras en paraísos fiscales…).
Universidad de Vigo: Acepta cobijar la Cátedra Naturgy de Energía y Desarrollo Sostenible. Una empresa de combustibles fósiles no es un buen interlocutor para hablar de nada que tenga que ver con sostenibilidad, pero el caso de Naturgy es más grave pues es una empresa sin escrúpulos hacia la naturaleza. También encontramos la Cátedra ENCE, una empresa altamente contaminante del mar y culpable de la desaparición de los bosques gallegos, investiga la gestión forestal.
Universidad Politécnica de Cataluña: Esta universidad tiene una cátedra de Movilidad Sostenible, financiada por una empresa automovilística (SEAT) ignorando el hecho científico de que ningún coche privado es sostenible. También levantan sospechas su cátedra de Minería Sostenible financiada por una empresa minera y de fertilizantes no ecológicos (ICL Iberia e Iberpotash), la cual es causante directa de uno de los conflictos ambientales históricos en Cataluña, además de sufrir accidentes y conflictividad laboral.
Universidad Politécnica de Cartagena: FECOAM, federación agraria y ganadera, financia una cátedra para la Agricultura Sostenible en el Campo de Cartagena. Durante años hemos visto que la agricultura sostenible no es el objetivo principal de los agricultores y ganaderos de Murcia y por si hay dudas, mirad el caso del mar Menor un desastre ambiental a la altura del Prestige o de Aznalcóllar. La empresa ya citada ICL financia también en esta universidad otra cátedra sobre sostenibilidad en la agricultura. Otra cátedra se encarga de estudiar la “sostenibilidad de los regadíos”, financiada por los regantes del trasvase Tajo-Segura (SCRATS) un trasvase claramente insostenible.
Universidad Politécnica de Valencia: Tiene la Cátedra Bayer en la que presumen de investigar en agricultura sostenible, pero la empresa Bayer es una de las empresas que más trabaja por la agricultura industrial, insostenible.
Hay bastantes más cátedras financiadas por empresas poco éticas, tales como Endesa, Iberdrola o Cepsa, pero al menos no dicen claramente que su objetivo sea la sostenibilidad, por lo que nos ahorramos la crítica, por el momento. No es ético que los terroristas investiguen en explosivos, pero al menos es coherente.
Fíate de la ciencia, pero no de toda la ciencia
La ciencia lleva años diciendo cosas muy desagradables sobre nuestro insostenible modo de vida y sobre cómo mejorar. En teoría, esto se acepta con desgana, pero en la práctica se rechaza con nuestros actos cotidianos. Nuestra sociedad confía en la ciencia, salvo que diga lo que no queremos oír. Tal vez por eso no genera el escándalo que debería que las universidades se plieguen a intereses particulares. Permitir que nos engañen con lo que otros quieren que oigamos siempre debería abrasarnos la piel.
Harari advirtió que la investigación está condicionada por el dineroy se debe a intereses políticos, económicos o religiosos, pero casos tan exagerados como los expuestos deberían ruborizarnos a todos. No solo se influye sobre las prioridades de investigación, sino que con dudosos estudios científicos se manipula a la sociedad para que el dinero fluya hacia los que pagan esas cátedras. Escandaloso.
La Universidad de Málaga vende su prestigio para lavar la imagen de una de las industrias más contaminantes de España Crean una Cátedra sobre Cambio Climático ¿Lo siguiente será una Cátedra sobre salud patrocinada por Coca-cola?https://t.co/snJrzwAnTK via @_ElObservador_
Tras desvelar las 
Notas:
La Universidad de Málaga vende su prestigio para lavar la imagen de una de las industrias más contaminantes de España