Los caminos del maltrato, enrevesados y variables, ofrecen situaciones que no solo obedecen a insultos, agresiones o amenazas; por eso no resulta fácil detectarlo, aún menos en edades tempranas. En la película ‘La buena hija’, de Júlia de Paz Solvas, se muestran los engranajes de la violencia machista ejercida por un padre y las secuelas en la hija adolescente.
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La humorista chilena habla del episodio que le abrió las puertas a la popularidad y que, a la vez, la convirtió en diana del ciberacoso, las amenazas y los delitos de odio.
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El Congreso de Estados Unidos ha presentado una propuesta en el marco de la Ley de Autorización de Inteligencia que busca restringir el acceso comercial a datos de observación de la Tierra (EO). La medida, anunciada el 23 de julio de 2026, permitiría a las autoridades estadounidenses controlar qué información pueden difundir los operadores de satélites comerciales, al considerar estos datos como un privilegio y no un derecho.
La industria de observación de la Tierra estadounidense, que incluye empresas como Maxar, Planet y BlackSky, se vería afectada por una regulación más estricta sobre la resolución, la cobertura temporal y la distribución de imágenes. El Gobierno sostiene que la difusión sin restricciones de datos de alta resolución puede comprometer la seguridad nacional, especialmente en zonas de conflicto o actividades militares sensibles.
La propuesta no solo afecta a las empresas estadounidenses, sino también a socios y aliados que dependen de estos datos, como los países europeos. España, por ejemplo, opera los satélites Paz y SeoSat-Ingenio, y ha firmado acuerdos con operadores comerciales estadounidenses para el suministro de imágenes. La nueva normativa podría limitar el acceso a productos derivados y la frecuencia de actualización, según fuentes del sector.
El Congreso estadounidense aún debe debatir y votar la propuesta, que forma parte de un paquete más amplio de inteligencia. La industria EO ha expresado su preocupación por el impacto en la competitividad global y la innovación, mientras que los defensores de la medida subrayan la necesidad de evitar que datos sensibles caigan en manos de actores hostiles.
Las acciones tecnológicas chinas han experimentado un notable repunte durante la semana del 22 de julio, impulsadas por la intervención del gobierno para estabilizar el mercado y las positivas noticias procedentes de la startup de inteligencia artificial Moonshot AI. El nuevo modelo de IA presentado por la compañía ha generado un efecto similar al de DeepSeek en un mercado que se mostraba frágil, recordando a los inversores la rapidez con la que la industria china está cerrando la brecha tecnológica con Silicon Valley, según el reporte desde Tokio.
El repunte se produce después de que el llamado «equipo nacional» —el conjunto de fondos e instituciones controlados por el Estado— interviniera para apuntalar las acciones del sector tecnológico, en una operación que fuentes del mercado citadas por la agencia Asia Times describen como un rescate orquestado por Pekín. La intervención estatal ha sido un factor clave para contrarrestar la volatilidad que afectaba a las empresas del sector.
Mientras la «nueva economía» capta la atención mediática, las dificultades de la «vieja economía» china continúan lastrando el panorama general del país. El mercado refleja así una dualidad: por un lado, el dinamismo de las startups de IA y la apuesta gubernamental por la innovación; por otro, los problemas estructurales que persisten en sectores tradicionales como el inmobiliario o el industrial, que aún lastran la confianza inversora.
El nuevo modelo de Moonshot AI ha recordado a los inversores la velocidad a la que China está cerrando la brecha tecnológica con Silicon Valley.
La noticia de Moonshot AI ha sido especialmente relevante porque, al igual que sucedió con DeepSeek, demuestra la capacidad del ecosistema tecnológico chino para generar avances competitivos a nivel global. La startup ha logrado captar la atención del mercado en un momento en que la confianza en el sector tecnológico chino se tambaleaba por las tensiones geopolíticas y la regulación interna.
El efecto conjunto de la intervención del «equipo nacional» de Xi Jinping y el empuje de la inteligencia artificial ha devuelto cierto optimismo a la bolsa china, aunque los analistas consultados por medios locales advierten de que la recuperación sostenida dependerá de cómo se resuelvan los desequilibrios de la economía real.
La corporación japonesa IHI Corporation estudia la incorporación de satélites hiperespectrales de la startup finlandesa Kuva Space a la constelación multisensor soberana que planea desplegar Japón, compuesta por un centenar de satélites. Así lo ha confirmado la compañía nipona, que busca dotar al archipiélago de capacidades avanzadas de observación de la Tierra tanto para aplicaciones civiles como de defensa.
El proyecto japonés prevé una constelación de unos 100 satélites con sensores de distintos tipos, con el objetivo de obtener imágenes multi-espectrales de alta resolución temporal y espacial. La incorporación de los satélites hiperespectrales de Kuva Space, capaces de capturar información en decenas de bandas espectrales, permitiría identificar materiales, detectar cambios en la vegetación o monitorizar infraestructuras con un nivel de detalle muy superior al de los sensores convencionales.
Kuva Space es una startup finlandesa especializada en imágenes hiperespectrales, una tecnología que permite distinguir firmas espectrales únicas de distintos objetos y sustancias. Aunque tradicionalmente se ha asociado a aplicaciones de defensa, como la detección de camuflaje o actividades militares encubiertas, también tiene usos en agricultura de precisión, monitorización medioambiental y gestión de recursos.
La colaboración entre IHI y Kuva Space se enmarca en la estrategia de Japón por desarrollar una constelación de observación propia, que reduzca la dependencia de satélites extranjeros y garantice el acceso soberano a información geoespacial crítica. Según fuentes del sector, el acuerdo se encuentra en fase exploratoria y aún no se han definido los términos concretos ni el calendario de integración de los satélites finlandeses.
La noticia, publicada el 21 de julio de 2026, subraya el creciente interés de las potencias asiáticas por las capacidades hiperespectrales, un segmento en auge dentro de la nueva carrera espacial.
Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.
Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.
La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.
Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.
La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.
Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.
Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.
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Han cambiado las formas de la violencia digital y también se han erosionado espacios de conversación, de desacuerdo y de construcción colectiva que fueron fundamentales para el periodismo feminista. Esta es una reflexión sobre el acoso, pero también sobre la pérdida de comunidad, la transformación de las redes sociales y el lugar que ocupan hoy los medios en un ecosistema cada vez más fragmentado.
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Tanto los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como los de las comunidades autónomas y los de la Secretaría General de Protección Civil reflejan la escasa incidencia que este año, como en los anteriores, tienen los incendios de origen natural, y la muy mayoritaria de los de origen humano, superando ampliamente el 90% de los casos.
Una vez que la campaña de incendios se ha iniciado, con más de 10 grandes incendios y superadas las 55.000 hectáreas quemadas en España, Ecologistas en Acción considera que no es momento de discutir si las medidas de prevención que se hayan adoptado eran adecuadas o no. Lo trascendental es limitar los impactos sociales y ambientales que se puedan producir en un escenario nada halagüeño para lo que está por llegar. Ese objetivo solo es alcanzable a corto plazo de una manera: con mayor protección y vigilancia del medio natural, más concienciación de toda la sociedad, medidas uniformes que impidan las conductas de riesgo y mejores investigaciones y sanciones que desincentiven las conductas dolosas o negligentes que provocan fuegos.
Muchos de los incendios, singularmente también los de gran magnitud, son evitables de origen si se atajan adecuadamente las causas de las igniciones. Sin embargo, con frecuencia se pone el foco en el estado de la vegetación, como si esta fuera la culpable de lo que pasa, o en medidas que requieren de políticas y consensos a largo plazo que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir.
Los ejemplos recientes son muy significativos. En La Bisbal d’Empordà en Girona todo parece apuntar a que el origen del incendio está en el uso imprudente de una radial mientras se colocaba una señal en una carretera. En los incendios de Ejea de los Caballeros, Tamarite o La Fueva, en la Comunidad de Aragón, los trabajos de cosechadoras pudieron ser la causa. En Oseja de Sajambre, provincia de León, el origen del fuego que ha rebrotado y afecta al Parque Nacional de Picos de Europa fue intencionado. Como provocado también se investiga el que afectó al Parque Nacional de Doñana en Almonte provincia de Huelva a finales de mayo. El de Losar de la Vera en Cáceres de abril pasado pudo tener su origen en una quema agrícola o ganadera. En el término municipal de Toledo se ha producido un incendio en mayo por las maniobras en un campo de tiro.
En estas circunstancias, resultan desoladores los datos que recientemente ha dado la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo según la cual en 2025, año en el que se produjeron casi 2.600 incendios y 5.600 conatos, de las 1.478 acusaciones penales en materia medioambiental general, solo 117 fueron por incendios forestales. Y que de las 1.036 condenas que hubo el año pasado, solo 86 fueron por incendios forestales. A ello hay que sumar que las comunidades autónomas apenas sancionan en la vía administrativa las conductas negligentes sin relevancia penal.
Por otro lado, también resulta desalentador que las administraciones contribuyan cada año con más fuerza a un clima de confusión en materia de regulación de las situaciones de riesgo. En muchas ocasiones la ciudadanía no termina de tener claro lo que está permitido o no en relación a esta cuestión. A más abundamiento cada vez hay una mayor permisividad y ausencia de control para la realización de quemas ganaderas o agrícolas, uso de pirotecnia o para las quemas con fines de prevención. El negacionismo climático que se ha instalado en muchos gobiernos autonómicos y el interés partidista ante cualquier tipo de catástrofe retroalimentan esta laxitud.
En la prevención de los incendios provocados la clave está en mejorar la vigilancia en el medio rural durante todo el año y dar apoyo a la estructura administrativa y judicial que dedicada a perseguir los delitos. En evitar las negligencias hay que poner el foco en armonizar la base normativa, muy débilmente tratadas en la Ley 43/2003 de Montes estatal y tremendamente desigual y enredada en las normativas y planes autonómicos.
Ecologistas en Acción considera que hay mucho margen de mejora en la concienciación social y en el reproche de las conductas punibles, y que este camino, no siendo el único que hay que tener en cuenta en la prevención de incendios, estaría llamado a dar frutos con la implementación eficaz de distintas medidas.
Entre ellas, se reclaman las siguientes:
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Radio Almaina - Radio Coctelera: La vida que vendrá! – ep. 2 – Los límites objetivos y subjetivos de las movilizaciones. Del 15M al presente
En Andalucía seguimos la senda de Extremadura, Castilla y León y Aragón. El PP asume e incorpora las tesis xenófobas de Vox, camuflando la “prioridad nacional” bajo el “arraigo”.
Con este pacto de 60 páginas y 150 medidas, aparecidas para la ciudadanía de un día para otro, se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática.
Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz.
Particularmente preocupantes son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes que ordenan la convivencia; deshacer y no crear. Se pretende suprimir cautelas, ayudas y oportunidades generales, para que la ley imperante solo sea la del más fuerte.
La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.
Incoherencias en este acuerdo las hay a puñados, pero particularmente contradictorio es asegurar que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se afirma la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. ¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos?, ¿Cómo mienten tan tranquilamente? Una de estas “curiosidades” es la propuesta en educación de que se enseñe la historia del terrorismo… ¿todos?, ¿desde cuándo?
En compromisos (o más bien en su ausencia) climáticos, pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de “compensación” de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de “fanatismo climático”; lo que va mal, es susceptible de empeorar.
La Agenda 2030 y el Pacto Verde, dos iniciativas comunitarias de largo alcance aunque de nimios resultados, se consideran una bestia negra a suprimir. El campo se “blinda” frente a los “aspectos negativos” de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, con rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y a la reforma de la PAC 2028-2034. Se suprimen las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde, se revisan las zonas ZEPA y LIC, se exigen al Estado las presas de Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles y se defiende la ganadería intensiva frente a la “criminalización animalista”.
A dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales.
Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de vergüenza, como las de la:
Y lo que el pacto entiende por cultura es de traca: más inversión en patrimonio, con un fondo específico para iglesias, conventos y monasterios, además de las ya indicadas en toros y caza: en definitiva, prioridad para la Iglesia, la tauromaquia y caza.
La fiscalidad ambiental, una poderosa herramienta de sostenibilidad, se suprime: desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica.
Las organizaciones sociales son consideradas, no como unos agentes necesarios para el cambio social, sino como un enemigo a abatir: se suprimen todas las subvenciones a ONG que no concuerden con los postulados reaccionarios del acuerdo y la “prioridad nacional”.
Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático.
La acción de gobierno que requiere Andalucía debe hacerse con inclusión, participación real y justicia social; necesitamos hacer frente a esta desposesión y a este retroceso que se nos viene encima.
Frente a esas 150 medidas del pacto, Ecologistas en Acción defiende las 150 medidas plasmadas en el documento que elaboraron cara a las recientes elecciones.
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Estado en el que está quedando la ribera del río Majaceite
La eliminación prácticamente total de la vegetación de ribera en partes del río colindante con la población de El Bosque está convirtiendo el cauce en un canal inerte. Esta intervención, que se está llevando a cabo mediante declaración de emergencia con una tramitación reducida, parece responder más al incentivo económico derivado del cobro por cantidad de materia vegetal retirada que criterios técnicos y, mucho menos, ambientales.
Si el objetivo era reducir el riesgo de formación de tapones durante las avenidas de agua, una actuación selectiva consistente en retirar la madera muerta y los residuos habría sido previsiblemente suficiente, sin necesidad de eliminar la vegetación de ribera autóctona.
Suprimir la vegetación en un río en tramos de pendiente considerable aumenta la velocidad y violencia del agua durante las crecidas y favorece una mayor erosión de las márgenes. A ello se suma el grave impacto sobre la biodiversidad al eliminar completamente el hábitat de especies amenazadas como son muchas de las que habitan los bosques de ribera, especialmente porque las obras se están realizando en época de cría. Además, se reduce la sombra sobre el cauce e incrementa la temperatura del agua en plenas olas de calor.
La retirada de especies exóticas invasoras, como puede ser la caña común, sí es acertada, pero no las especies autóctonas cuanto más que esto puede favorecer precisamente la expansión de las primeras, de más rápido crecimiento y capacidad de expansión.
El Bosque basa una parte importante de su economía en el turismo de naturaleza. Por ello, consideramos profundamente contradictorio destinar dinero público a actuaciones que degradan uno de los principales valores ambientales y paisajísticos del municipio, que es precisamente el río Majaceite.
Por último, reclamamos la máxima transparencia sobre esta intervención. En este sentido, hemos solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el proyecto y los informes hidráulicos y ambientales que supuestamente justifiquen esta actuación. y que se explique de forma clara cómo está prevista la restauración del bosque de ribera una vez finalicen los trabajos.
Ecologistas en Acción insiste en que la prevención del riesgo de inundaciones es compatible con la conservación de los ecosistemas fluviales y recordamos que las soluciones basadas en el conocimiento científico y el respeto al funcionamiento natural de los ríos ofrecen mejores resultados a largo plazo que las actuaciones de eliminación masiva de la vegetación.
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Alterna Festival
Viernes 3 de julio y sábado 4 de julio de 2026
Recinto Ferial Quijote, El Bonillo
Entradas: agotadas
Alterna Festival es una cita musical y cultural que se celebra en El Bonillo y mezcla conciertos con propuestas circenses y de artes de calle.
El cartel reúne grupos de Rock, Punk y mestizaje. Así El viernes actuarán Boikot, Soziedad Alkoholika, Sanguijuelas del Guadiana, Benito Kamelas, Sons of Aguirre & Scila, Awakate, Parkineos y Nerve Agent. El sábado tocarán bandas como Narco, Dubioza Kolektiv, Kaotiko, Amygdala, La Élite, Segismundo Toxicómano, Trashtucada y Biznaga.
