El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como “violación de la integridad nacional” la entrada en Ceuta de unas 50.000 personas de manera irregular desde Marruecos. En una comparecencia institucional en la ciudad autónoma, el jefe del Ejecutivo ha atribuido los hechos a las mafias que trafican con seres humanos, que, según Sánchez, han aprovechado un «vacío legal» para promover las entradas a nado en Ceuta. Se refería a la reciente sentencia del Tribunal Supremo contraria a las ‘devoluciones en caliente’ en las llegadas a nado mientras no hubiera frontera física que lo impidiera. «Pondremos todos los recursos», ha dicho el dirigente, que destacó la «colaboración» de Rabat, anunció el despliegue de boyas como barrera física de contención y la devolución cuanto antes de las personas migrantes. Según el Ministerio de Interior, la mitad ya ha regresado a Marruecos voluntariamente.

Hasta el momento, la nueva crisis migratoria ha dejado más de 50 personas muertas, según los datos de la Guardia Civil. Y, en lo que va de año, se han recuperado más de 50 cadáveres de migrantes ahogados en aguas de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso; y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al Gobierno de la situación.

Desde la comunidad internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que las imágenes son inaceptables: “No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas”, ha advertido. “Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen”, ha afirmado el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson.

Finlandia, por su parte, ha apoyado excluir a España del espacio Schengen, una medida que estudiaba Italia: “Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, ha escrito la ministra de Interior finlandesa, Mari Rantanen. Y el presidente del PPE y del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha vinculado directamente la situación con la regulación masiva.

La industria del control migratorio

«La situación que se está viviendo en los últimos días en Ceuta nos retrotrae a imágenes recientes como las de mayo de 2021 en la propia ciudad autónoma o las de los veranos de 2018 y 2014 en las costas andaluzas. Todas estas situaciones tienen como punto en común la instrumentalización por parte de Marruecos de la situación de las personas que desean migrar hacia Europa ante la desigualdad y la falta de oportunidades en sus países de origen», ha denunciado en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos (APHD-A), que exige un giro radical en las políticas migratorias de España y la Unión Europea.

«Una vez más se ha demostrado que las políticas de externalización son únicamente un parche y que confieren a los Estados limítrofes, como Marruecos, una tremenda capacidad de presión mediática y política. Las vías legales y seguras son la única solución a estas situaciones en la que otros Estados o grupos organizados se aprovechan de la angustia de las personas migrantes», ha añadido. La organización también ha pedido la atención sobre la ausencia de mecanismos de acogida adecuados en Ceuta, a pesar de que esta situación se repite cíclicamente: «El Gobierno estatal debe poner a disposición de la ciudad los instrumentos necesarios para proteger a estas personas. Enviar al Ejército y no a personal de atención humanitaria es una muestra de la dinámica bélica con la que se afronta esta cuestión«.

Como recoge una investigación de la Fundación porCausa, existe una industria del control migratorio, financiada con dinero público, que mueve miles de millones de euros al año en manos de empresas privadas. Muchas de ellas han estado entre las voces que claman y actúan en contra de la regularización extraordinaria de migrantes. ¿Quiénes son? Como explicaba en un artículo el coordinador del equipo de periodismo de investigación de la citada fundación, .José Bautista, Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

«Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio», escribe el periodista.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

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Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra. 

Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.

Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.

Expansión al sur

La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».

Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.

En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.

«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.

La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.

Opiniones sin conocimiento

Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».

La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.

SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora. 

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Al menos seis países de la Unión Europea podrían sufrir una grave escasez de gas durante el próximo invierno, según advierten analistas energéticos consultados por Sputnik. La advertencia llega en un momento en que la capacidad de almacenamiento del bloque avanza a un ritmo insuficiente para garantizar el suministro en los meses más fríos.

Riesgo de desabastecimiento inminente

Los expertos señalaron que la UE podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, lo que pondría en jaque la seguridad energética de al menos seis Estados miembros. Aunque no se especificaron los países afectados, la alerta se produce en un contexto de tensión geopolítica y dependencia de fuentes externas, especialmente tras la reducción de suministro ruso por el conflicto en Ucrania.

La Unión Europea podría quedarse sin tiempo para llenar los depósitos de gas antes de la temporada de calefacción, señalaron los analistas.

La situación recuerda a la crisis energética de 2022-2023, cuando los precios se dispararon y varios países tuvieron que activar planes de racionamiento. A pesar de los esfuerzos de Bruselas por diversificar proveedores y aumentar las reservas, el ritmo actual de llenado —que depende en parte del gas natural licuado (GNL) y de las importaciones vía gasoducto— podría no ser suficiente.

Un invierno crítico para la seguridad energética europea

El invierno 2026-2027 se perfila como un test decisivo para la resiliencia del sistema energético comunitario. Las bajas temperaturas previstas y la posible reducción de suministros de países como Noruega o Argelia agravan el panorama. Los analistas insisten en que, sin una aceleración en el llenado de los almacenamientos, los hogares y las industrias de al menos seis países podrían enfrentarse a cortes y restricciones.

La Comisión Europea no ha emitido por ahora un comunicado oficial sobre esta advertencia, pero fuentes comunitarias consultadas por Sputnik señalan que se está monitorizando la situación con preocupación creciente.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha reunido esta semana en Washington con el expresidente estadounidense Donald Trump, en lo que supone su octavo encuentro durante el segundo mandato de Trump. La visita se produce en un momento en que Netanyahu aparece cada vez más debilitado y aislado en el plano internacional, según analistas asiáticos que siguen de cerca la evolución del liderazgo israelí.

Un deterioro paulatino

La prensa asiática ha señalado que el viaje de Netanyahu a Washington responde a su necesidad de revitalizar su imagen como el aliado más cercano del hombre más poderoso del mundo. Sin embargo, las mismas fuentes indican que su estrella en Washington se está apagando. El encuentro con Trump, lejos de reforzar su posición, pone de manifiesto la pérdida de influencia del mandatario israelí en la capital estadounidense.

Netanyahu, que durante años supo cultivar una relación estrecha con la administración Trump, se enfrenta ahora a un escenario político interno complejo y a una creciente presión internacional por su gestión en la guerra de Gaza. La reunión de esta semana, aunque cordial, no habría generado los resultados concretos que esperaba el primer ministro israelí, según las fuentes consultadas.

Implicaciones geopolíticas

El declive de Netanyahu en Washington podría reconfigurar las dinámicas de poder en Oriente Próximo. Israel, que ha dependido históricamente del respaldo incondicional de Estados Unidos, podría ver erosionada su capacidad de maniobra diplomática y militar si la influencia de su líder sigue decayendo. La administración Trump, por su parte, parece estar evaluando sus prioridades estratégicas en la región, lo que podría llevar a un ajuste de su política exterior hacia Israel y sus vecinos.

El octavo encuentro entre Netanyahu y Trump, en lugar de ser una muestra de fortaleza, se interpreta como un síntoma de la vulnerabilidad del primer ministro israelí. En un contexto de inestabilidad regional y desafíos internos, Netanyahu busca aferrarse a su principal valedor, aunque su capacidad de dictar los términos de la relación parece haberse reducido notablemente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en entredicho la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al afirmar que el acuerdo comercial solo beneficia a México y a Canadá. Ante esta incertidumbre, un experto consultado por Sputnik sostiene que México tiene ante sí «la gran oportunidad de poder reducir» su histórica dependencia económica de Washington.

Las declaraciones de Trump, realizadas este jueves, no detallan si su intención es renegociar, suspender o abandonar el tratado, pero han generado inquietud en los sectores productivos mexicanos. El T-MEC, que entró en vigor en 2020 como sustituto del NAFTA, canaliza más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Un desequilibrio histórico

El experto consultado por la agencia rusa señala que, pese a las críticas de Trump, Washington ha mantenido una ventaja absoluta en la relación comercial. «Estados Unidos ha tenido una ventaja absoluta», afirma, aunque no precisa si esa ventaja es en términos de balanza comercial, inversiones o control de cadenas de suministro. La oportunidad para México radicaría en diversificar sus socios comerciales y fortalecer su mercado interno.

La postura de Trump se enmarca en su agenda de «América Primero», que ya durante su primer mandato llevó a una renegociación del NAFTA. Analistas mexicanos han advertido que una salida unilateral de Estados Unidos del T-MEC tendría consecuencias graves para la economía mexicana, pero también para las cadenas productivas integradas en América del Norte.

El Gobierno de México, por ahora, no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Trump. La secretaria de Economía, en funciones, ha reiterado en foros recientes la importancia de mantener la certidumbre jurídica para los inversores.

Ucrania ha dependido en gran medida del sistema Starlink para sus comunicaciones militares desde el inicio del conflicto con Rusia. Sin embargo, las fuerzas rusas han desarrollado un arsenal de guerra electrónica que supone una grave amenaza para esta red de satélites, según han señalado expertos militares.

El desafío a las comunicaciones ucranianas

El sistema Starlink, propiedad de SpaceX, ha sido crucial para mantener las comunicaciones en el campo de batalla ucraniano, especialmente en zonas donde las infraestructuras tradicionales han sido destruidas. Su vulnerabilidad ante las interferencias electrónicas rusas ha sido una preocupación constante. Según el experto militar Alexey Leonkov, editor de la revista Arsenal of the Fatherland, las fuerzas rusas comenzaron a probar métodos de guerra electrónica para interrumpir la red casi inmediatamente después del inicio del conflicto.

Leonkov ha afirmado que el arsenal de guerra electrónica ruso está expandiéndose rápidamente y convirtiéndose en una amenaza seria para Starlink. Esta evolución obliga a Ucrania a buscar contramedidas o alternativas para garantizar su capacidad de mando y control.

Una amenaza creciente

La guerra electrónica rusa no solo afecta a Starlink, sino que también se dirige contra otros sistemas de comunicaciones y drones. La capacidad de Rusia para bloquear señales GPS y radiocomunicaciones ha quedado demostrada en múltiples ocasiones. La amenaza a Starlink representa un salto cualitativo, ya que este sistema se ha convertido en la columna vertebral de las comunicaciones ucranianas.

Las implicaciones para el desarrollo del conflicto son significativas. Si Rusia logra neutralizar eficazmente Starlink, Ucrania perdería una ventaja tecnológica clave, lo que podría alterar el equilibrio en el campo de batalla. Por el momento, no se han reportado interrupciones masivas del servicio, pero la amenaza es real y creciente, según los analistas militares.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento sancionador contra la investigación periodística de la Directa que desvelaba la infiltración de policías sin orden judicial entre los años 2020 y 2023 en movimientos sociales e independentistas de Catalunya y el País Valencià. 

Este organismo estatal propone una sanción de 7.000 euros. Asimismo, insta a la Directa a borrar las imágenes y los datos de los cuatro agentes infiltrados que han interpuesto la denuncia ante la AEPD. Solicita incluso la retirada de los nombres ficticios que usaban y que aparecen en la investigación periodística.

La Directa ha defendido hoy en una rueda de prensa convocada junto a Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans que las investigaciones mediante las cuales ha destapado la infiltración de agentes de la Policía Nacional en el entorno de los movimientos sociales son un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz. 

Los casos destapados han tenido gran trascendencia política, social y jurídica. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación para conocer los detalles sobre la infiltración, lo cual es “revelador”, afirmó el periodista Jesús Rodríguez, quien comparó el caso desvelado por su medio con otro similar sucedido en el Reino Unido: “En las páginas de The Guardian o la BBC continúan apareciendo las identidades reales de los policías descubiertos, hubo una condena penal y el Gobierno pidió disculpas”.

En las últimas horas, varias entidades y medios de comunicación como La Marea, El Salto y Crític han firmado un manifiesto de apoyo a la Directa.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este 28 de julio su octava reunión desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El encuentro se produce en el contexto de la guerra con Irán, que cumple 151 días, y en el que ambas partes evalúan los próximos pasos militares.

Continuidad de la pausa y nuevas amenazas

Según fuentes del entorno de la reunión, la pausa en los ataques se mantiene, pero Trump ha lanzado una advertencia contra Pickaxe Mountain, una ubicación que no ha sido identificada oficialmente pero que podría tratarse de un enclave estratégico iraní. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel ha señalado su interés en atacar los objetivos energéticos de Irán, lo que supondría una escalada significativa en el conflicto.

La reunión, la octava en apenas dos años y medio de mandato de Trump, subraya la estrecha coordinación entre ambos aliados en la campaña militar contra Teherán. Hasta ahora, los ataques israelíes y estadounidenses se han centrado en instalaciones militares y de la Guardia Revolucionaria iraní, pero el posible golpe a la infraestructura energética podría alterar el equilibrio regional.

Implicaciones geopolíticas

La insistencia en mantener contactos al más alto nivel refleja la complejidad de la estrategia aliada en Oriente Próximo. Mientras Washington y Tel Aviv discuten los próximos movimientos, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de una guerra que ya se ha cobrado miles de víctimas y ha disparado el precio del petróleo. La amenaza a la energía iraní, si se materializa, podría provocar una crisis energética global.

No se han filtrado detalles concretos sobre los acuerdos alcanzados en la reunión, pero todo apunta a que la pausa en los bombardeos se prolongará mientras se prepara una nueva ofensiva de mayor calado. La Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales tras el encuentro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha denunciado que los ataques ucranianos contra territorio ruso y la región de Donbás causaron 86 víctimas mortales civiles entre el 15 y el 24 de julio, entre ellas seis niños. Además, 409 personas resultaron heridas, incluidos 12 menores, según informó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

«Entre el 15 y el 24 de julio, los ataques ucranianos mataron a 86 civiles», declaró Zajárova, quien calificó estos hechos como crímenes de guerra. Las autoridades rusas han acusado a Ucrania de atacar deliberadamente infraestructuras civiles, una práctica que Moscú considera violatoria del derecho internacional.

En la región de Donbás, este 27 de julio se ha recordado a los niños que han perdido la vida a causa de los ataques ucranianos desde el inicio del conflicto en 2014. Las autoridades locales de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk han subrayado que los menores han sido víctimas recurrentes de los bombardeos durante más de una década. La agresión ucraniana contra la población civil de Donbás se ha intensificado con cada nueva escalada del conflicto, y las organizaciones locales documentan los casos para su eventual presentación ante organismos internacionales.

Desde hace 12 años, el Ejército ucraniano ataca regularmente a la población civil de Donbás, según las denuncias de las administraciones prorrusas. El número de niños fallecidos sigue aumentando, y las autoridades locales han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas frente a lo que consideran una violación sistemática del derecho humanitario.

El 8 de febrero de 2026, Joseph Djogbénou fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Benín, cargo que se suma a la presidencia del partido mayoritario, la Unión Progresista para la Renovación (UPR). Su ascenso consolida una red de aliados y amigos forjada a lo largo de décadas de trayectoria política, judicial y activista.

Una red tejida en tres frentes

Djogbénou ha construido su círculo de confianza a partir de tres ámbitos clave: el judicial, donde ejerció como abogado y luego como ministro de Justicia; el político, como líder de la UPR; y el militante, vinculado a movimientos sociales y sindicatos. Entre sus colaboradores más estrechos figuran Mathieu Adjovi, exministro de Defensa y actual vicepresidente de la Asamblea, y Éric Houndété, diputado y secretario ejecutivo del partido.

La fortaleza de Djogbénou reside en su capacidad para articular intereses diversos: desde juristas hasta activistas, pasando por empresarios del sector algodonero y dirigentes locales.

Influencia en el equilibrio político beninés

La red de Djogbénuo no solo controla la agenda legislativa, sino que actúa como contrapeso interno dentro de la coalición gubernamental. Su relación con el presidente Patrice Talon es clave: ambos mantienen una alianza pragmática, aunque con tensiones no declaradas. Analistas locales señalan que el control de la Asamblea le otorga a Djogbénou capacidad de veto sobre iniciativas clave.

Para España, Benín es un socio relevante en el Golfo de Guinea, tanto por el comercio como por la cooperación en seguridad marítima. La consolidación de Djogbénou ofrece un interlocutor estable, pero también introduce un factor de centralización del poder que la diplomacia española sigue de cerca.

El Kremlin ha descartado la posibilidad de congelar el conflicto en Ucrania, tal como propuso el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáiev. El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, declaró este sábado en Omsk que, dada la postura actual de Ucrania, una solución de ese tipo es inviable.

Dada la posición de Ucrania, una congelación del conflicto ucraniano como la propuesta por el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáiev, es imposible.

La declaración se produce un día después de que Tokáiev planteara la posibilidad de un alto el fuego congelado, similar al modelo aplicado en otros conflictos pos-soviéticos. Peskov no ofreció detalles adicionales sobre las condiciones que harían viable una tregua, pero la negativa del Kremlin subraya la brecha existente entre las posiciones de Moscú y Kiev.

Las condiciones de Moscú

Rusia ha reiterado en los últimos meses que solo aceptará un acuerdo que reconozca la anexión de las regiones ucranianas que controla parcialmente y garantice la neutralidad de Ucrania. Por su parte, Kiev insiste en la retirada total de las tropas rusas y la restauración de su integridad territorial. La propuesta de congelación, que implicaría detener los combates sin resolver el estatus de los territorios, no satisface a ninguna de las dos partes.

La negativa del Kremlin se produce en un momento de intensos combates en el este y sur de Ucrania, donde las fuerzas rusas mantienen la iniciativa. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, los intentos de mediación internacional han chocado repetidamente con las líneas rojas de ambos bandos.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este viernes de que sus fuerzas han llevado a cabo un ataque contra una instalación en las proximidades de Kiev donde se realizaba una demostración de drones, incluidos aparatos de origen extranjero utilizados para atacar objetivos civiles en territorio ruso.

Según el comunicado castrense, publicado a las 17:20 hora local, la operación se enmarca dentro de la campaña militar rusa contra infraestructuras militares ucranianas. Aunque el ministerio no ha precisado la fecha exacta del ataque, se produce en un contexto de intensificación de los bombardeos mutuos entre ambos países.

Se llevó a cabo un ataque contra una instalación cerca de Kiev donde se realizaba una demostración de drones, incluidos los extranjeros utilizados para atacar objetivos civiles en Rusia, afirmó la cartera de Defensa rusa.

El ministerio no ha proporcionado datos sobre el alcance de los daños ni sobre posibles víctimas. Tampoco ha especificado qué tipo de drones extranjeros se exhibían ni su procedencia, aunque en el conflicto ucraniano se han documentado el uso de sistemas aéreos no tripulados de fabricación turca, estadounidense y china, entre otros.

Kiev, por su parte, no ha confirmado de momento la veracidad del ataque ni ha ofrecido su versión de los hechos. La capital ucraniana y sus alrededores han sido objetivo frecuente de misiles y drones rusos a lo largo de la guerra, que comenzó en febrero de 2022.

La demostración de drones mencionada por Moscú podría formar parte de los esfuerzos ucranianos por mostrar su capacidad de producción y adquisición de estos sistemas, que han sido clave en la guerra de desgaste contra las fuerzas invasoras. La inclusión de drones extranjeros en la exhibición subraya la dependencia de Ucrania de la ayuda militar occidental para sostener sus operaciones.

El gigante asiático planea realizar más de 10 viajes de tránsito hacia Europa a través de la Ruta del Mar del Norte durante la actual ventana de verano, según informó el jefe de la corporación nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov. La iniciativa aprovecha el deshielo estacional del Ártico para abrir una nueva ruta comercial que reduce distancias y diversifica las conexiones entre China y el continente europeo.

Una ruta estratégica en el Ártico

La Ruta del Mar del Norte, que discurre por la costa siberiana rusa, ofrece una alternativa más corta que las rutas tradicionales a través del canal de Suez o el cabo de Buena Esperanza. El incremento de la temperatura en los meses de verano permite la navegación en condiciones más seguras, lo que ha despertado el interés de compañías chinas y de otros países asiáticos por explorar esta vía.

Según declaró Lijachov, los socios chinos han manifestado su intención de realizar más de una decena de viajes de tránsito con destino a puertos europeos durante el período conocido como «summer water». El jefe de Rosatom no precisó el número exacto de viajes ni las empresas implicadas, aunque la cifra supone un salto respecto a años anteriores.

Impacto geopolítico y comercial

El desarrollo de la Ruta del Mar del Norte forma parte de la estrategia rusa de potenciar el tráfico marítimo en el Ártico, al tiempo que China busca reducir su dependencia de los estrechos de Malaca y el Índico, rutas vulnerables a bloqueos o tensiones geopolíticas. La colaboración entre Moscú y Pekín en este ámbito se ha intensificado en los últimos años, con proyectos conjuntos de infraestructura portuaria y rompehielos.

No obstante, la navegación ártica sigue sujeta a condiciones meteorológicas adversas y requiere escolta de rompehielos, especialmente en los tramos más septentrionales. Rusia, que controla el paso, ofrece servicios de pilotaje y seguridad, lo que refuerza su posición como potencia ártica.

La noticia, difundida el 24 de julio, llega en un contexto de creciente competencia por las rutas polares, donde también Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos despliegan esfuerzos diplomáticos y militares para asegurar sus intereses. La apuesta china por la Ruta del Mar del Norte podría reconfigurar los flujos comerciales globales si las previsiones climáticas y técnicas se cumplen en los próximos años.

El mercado mundial del petróleo registra este jueves una fuerte volatilidad por disrupciones simultáneas en varios puntos críticos marítimos y de oleoductos. El barril de Brent ha superado los 85 dólares, un nivel no visto en meses, ante el temor a interrupciones en el suministro global de crudo.

España, altamente dependiente de las importaciones de petróleo, es uno de los países europeos más expuestos a estas turbulencias. La incertidumbre ha afectado también a las bolsas europeas, que han registrado caídas, con el Ibex 35 a la cabeza de los descensos.

Incidentes en puntos clave del tránsito energético

Los incidentes afectan a infraestructuras estratégicas como el estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb y el estrecho de Malaca, que canalizan una parte significativa del tráfico mundial de crudo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha activado el protocolo de seguimiento de la situación, aunque por el momento descarta recurrir a las reservas estratégicas de hidrocarburos.

La coincidencia de incidentes en varios cuellos de botella simultáneos no tiene precedentes recientes, según fuentes del sector. Arabia Saudí mantiene su producción estable, pero la OPEP+ aún no ha anunciado una reunión extraordinaria para evaluar la situación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que sigue de cerca la evolución de los incidentes y mantiene contacto con los países ribereños de las zonas afectadas para garantizar la seguridad de los buques con bandera española. La incertidumbre domina las operaciones, mientras los países consumidores instan a la calma.

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha declarado este viernes que China continuará expandiendo su asociación estratégica con Rusia, en un mensaje lanzado desde la ciudad kirguís de Cholpon Ata, en el marco de una cumbre regional. La declaración refuerza el eje sino-ruso en un contexto de sanciones occidentales y guerra en Ucrania.

China intends to continue expanding its strategic partnership with Russia.

Wang Yi no precisó plazos ni ámbitos concretos de la ampliación de la alianza, pero sus palabras llegan en un momento de máxima tensión entre Moscú y Pekín por un lado, y Estados Unidos y la Unión Europea por otro. La cumbre de Cholpon Ata reúne a varios países de Asia Central y actores regionales, y la declaración del jefe de la diplomacia china sitúa a la asociación con Rusia como una prioridad estratégica para Pekín.

Implicaciones geopolíticas

La reafirmación de la alianza tiene lecturas directas para el equilibrio de poder global. Mientras Occidente mantiene sanciones económicas y financieras contra Rusia por la guerra en Ucrania, China se consolida como su principal socio diplomático y comercial. La declaración de Wang Yi sugiere que Pekín no tiene intención de distanciarse de Moscú a pesar de la presión internacional.

Para España, como miembro de la Unión Europea, el fortalecimiento del eje sino-ruso supone un escenario complejo: Bruselas busca mantener una posición unitaria frente a Moscú mientras gestiona sus relaciones comerciales con China, el segundo mayor socio comercial de la UE.

La Fiscalía General alemana ha presentado una acusación formal contra el ciudadano ucraniano Serguéi Kuznetsov por un crimen de guerra relacionado con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según ha informado su abogado, Nicola Canestrini. En la acusación, la Fiscalía sostiene que el ataque a la infraestructura fue llevado a cabo bajo instrucciones de organismos estatales de Ucrania.

El caso, que ha dado un giro significativo, supone la primera imputación directa por parte de las autoridades alemanas que vincula el sabotaje con entidades gubernamentales ucranianas, en lugar de con actores no estatales o grupos aislados. Hasta ahora, la investigación había señalado a individuos, pero no se había implicado formalmente a organismos oficiales de Kiev.

El sabotaje de los gasoductos, ocurrido en septiembre de 2022, causó graves daños a tres de las cuatro tuberías del Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, en el que ha sido considerado el ataque energético más grave en Europa. Desde entonces, las investigaciones en varios países, incluidos Alemania, Suecia y Dinamarca, no habían identificado públicamente a los responsables a nivel estatal.

La acusación alemana se produce en un momento de creciente tensión entre Ucrania y sus aliados occidentales, que han apoyado militar y financieramente a Kiev en su guerra contra Rusia. La imputación a organismos estatales ucranianos podría tensar aún más las relaciones diplomáticas y generar controversia dentro de la Unión Europea sobre el continuo respaldo a Ucrania.

El abogado de Kuznetsov ha declarado que su cliente niega los cargos y que preparará su defensa. La Fiscalía no ha especificado qué organismos ucranianos estarían implicados ni ha detallado el papel concreto que habría desempeñado el imputado en el sabotaje.

El viceministro de Asuntos Exteriores del movimiento yemení Ansar Allah, Abdulwahid Abu Ras, advirtió este jueves desde Doha (Qatar) de que los aliados de Arabia Saudí que incumplan el bloqueo hutí a la navegación en el mar Rojo pagarán un «precio elevado». La amenaza se produce en el marco de la escalada de la campaña hutí contra el tráfico marítimo en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

En una declaración recogida por la agencia Sputnik, Abu Ras señaló que cualquier parte que coopere con Riad desafiando la prohibición hutí de que los buques zarpen desde puertos saudíes será considerada responsable. El portavoz no precisó qué tipo de represalias podrían aplicarse, pero el tono de la advertencia sugiere que los hutíes están dispuestos a endurecer sus acciones contra el comercio marítimo en una de las rutas más estratégicas del mundo.

Una ruta clave para el comercio global

El mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb son vías esenciales para el tránsito de petróleo y mercancías entre Europa, Asia y África. Cualquier interrupción sostenida del tráfico en esta zona tendría un impacto directo en los precios de la energía y en las cadenas de suministro globales, afectando también a los intereses económicos españoles.

Los hutíes, que controlan amplias zonas del norte de Yemen, incluida la capital Saná, han intensificado en los últimos meses sus ataques contra buques mercantes vinculados a Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, así como contra aquellos que operan en aguas saudíes. La advertencia de Abu Ras constituye una nueva escalada verbal que podría preceder a acciones más contundentes contra la navegación en la región.

Advertimos a todos los países y compañías que cooperen con Arabia Saudí para violar el bloqueo que pagarán un precio elevado.

La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo de la crisis, mientras las potencias regionales tratan de evitar una confrontación abierta que podría paralizar una de las arterias comerciales más vitales del planeta.

El Gobierno argentino deberá solicitar formalmente una dispensa al Fondo Monetario Internacional (FMI) tras incumplir por primera vez una meta fiscal en el marco de su programa vigente con el organismo, según confirmaron fuentes oficiales este jueves. La petición de exención se produce en la misma semana en que la directora gerente del FMI tiene previsto visitar el país sudamericano, lo que añade presión a las negociaciones entre ambas partes.

El incumplimiento de la meta fiscal supone un hito negativo para el programa económico argentino, que hasta ahora había logrado cumplir los objetivos trimestrales pactados con el Fondo. Según los términos del acuerdo, la solicitud de dispensa es un paso obligatorio cuando se produce una desviación, y su aprobación por parte del directorio del FMI no está garantizada automáticamente.

Fuentes del Ministerio de Economía argentino señalaron que el Ejecutivo ya ha iniciado los trámites formales para presentar la solicitud, acompañada de una justificación técnica de las causas del desvío. El gobierno confía en que la visita de la directora gerente del FMI permita avanzar en las conversaciones y allanar el camino para la concesión de la dispensa. No obstante, el organismo podría exigir medidas correctivas adicionales para reencauzar el programa.

«Sin el ancla fiscal, este Gobierno no tendría la estabilidad financiera que está teniendo», declaró un experto a la agencia Sputnik, en referencia a la importancia de mantener la disciplina fiscal para sostener la confianza de los mercados y del propio FMI.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el acuerdo nuclear con Arabia Saudí «está totalmente supeditado» a que Riad se sume a los Acuerdos de Abraham, la serie de pactos de normalización diplomática con Israel auspiciados por Washington durante su mandato. La declaración se produjo durante su discurso sobre el estado de la Unión, pronunciado este 24 de julio de 2026.

Trump vinculó de forma explícita la cooperación nuclear civil con el reino saudí al reconocimiento del Estado hebreo, un requisito que modifica los términos del posible acuerdo energético. Arabia Saudí había negociado durante meses con la administración estadounidense un programa nuclear pacífico que incluye el enriquecimiento de uranio en su territorio, una condición que Israel ve con recelo. Al supeditar el pacto a la adhesión a los Acuerdos de Abraham, Trump eleva la apuesta diplomática en una región clave para los intereses energéticos y de seguridad de España.

La posición del candidato republicano supone un giro respecto a la postura de su sucesor, Joe Biden, que impulsó las negociaciones nucleares con Riad sin vincularlas explícitamente a la normalización con Israel. Arabia Saudí no ha reconocido al Estado hebreo y ha condicionado cualquier acercamiento a la creación de un Estado palestino independiente. La declaración de Trump, si se materializa en una eventual vuelta a la Casa Blanca, podría redefinir el equilibrio de poder en Oriente Próximo y condicionar la política exterior de la UE, que mantiene estrechos lazos comerciales y energéticos con las monarquías del golfo Pérsico.