El mercado mundial del petróleo registra este jueves una fuerte volatilidad por disrupciones simultáneas en varios puntos críticos marítimos y de oleoductos. El barril de Brent ha superado los 85 dólares, un nivel no visto en meses, ante el temor a interrupciones en el suministro global de crudo.
España, altamente dependiente de las importaciones de petróleo, es uno de los países europeos más expuestos a estas turbulencias. La incertidumbre ha afectado también a las bolsas europeas, que han registrado caídas, con el Ibex 35 a la cabeza de los descensos.
Incidentes en puntos clave del tránsito energético
Los incidentes afectan a infraestructuras estratégicas como el estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb y el estrecho de Malaca, que canalizan una parte significativa del tráfico mundial de crudo. El Ministerio para la Transición Ecológica ha activado el protocolo de seguimiento de la situación, aunque por el momento descarta recurrir a las reservas estratégicas de hidrocarburos.
La coincidencia de incidentes en varios cuellos de botella simultáneos no tiene precedentes recientes, según fuentes del sector. Arabia Saudí mantiene su producción estable, pero la OPEP+ aún no ha anunciado una reunión extraordinaria para evaluar la situación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que sigue de cerca la evolución de los incidentes y mantiene contacto con los países ribereños de las zonas afectadas para garantizar la seguridad de los buques con bandera española. La incertidumbre domina las operaciones, mientras los países consumidores instan a la calma.
El precio del barril de crudo Brent ha superado este jueves 23 de julio la barrera de los 100 dólares, su nivel más elevado desde el pasado mes de mayo, según datos del mercado a cierre de la jornada. El repunte se produce por el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, que amenazan el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.
Los mercados energéticos globales temen una interrupción del transporte de crudo a través de esa vía, por la que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. La escalada de la conflictividad en la región ha disparado la prima de riesgo sobre los suministros procedentes de Oriente Medio y el golfo Pérsico, que dependen de esa ruta para llegar a los mercados europeos y asiáticos.
Impacto asimétrico en exportadores e importadores
La subida del Brent beneficia directamente a los países exportadores. Argelia, cuyo principal ingreso exterior proviene de las ventas de hidrocarburos, ve con buenos ojos la recuperación de los precios por encima de los 100 dólares, según los analistas. Para Argelia, cada dólar adicional en el barril se traduce en un incremento significativo de sus ingresos fiscales y de su balanza comercial.
En el lado opuesto, los países importadores netos como España afrontan un encarecimiento de la factura energética. La dependencia española del crudo importado, combinada con el repunte del Brent, presiona al alza los costes de la electricidad y los carburantes, lo que puede trasladarse a la inflación general de la economía.
El reciente repunte del crudo coincide con un contexto de inestabilidad geopolítica en Oriente Medio que no muestra señales de desescalada. Las autoridades marítimas y los operadores del sector siguen de cerca la evolución de la crisis en el mar Rojo, donde cualquier incidente adicional podría tensionar aún más los precios del petróleo en las próximas semanas.
Los rebeldes hutíes de Yemen han atacado un petrolero de bandera saudí en el Mar Rojo, en el marco de la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. El ataque, que tuvo lugar el 23 de julio de 2026, supone un nuevo desafío a la seguridad del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.
La milicia chií yemení, aliada de Teherán, busca aumentar la presión sobre Occidente y afectar al suministro energético global en el contexto del actual enfrentamiento entre la República Islámica y Washington. El ataque se produce sin que se hayan reportado víctimas ni daños cuantificados, según las primeras informaciones.
Implicaciones para la seguridad energética
El Mar Rojo es una vía clave para el transporte de crudo hacia Europa y Asia, y cualquier interrupción afecta directamente a los precios del petróleo. España, como consumidor de petróleo y aliado de Arabia Saudí en la coalición internacional, podría verse afectada si la inestabilidad persiste. El Gobierno saudí no ha emitido aún una declaración oficial, mientras los hutíes han reivindicado la acción como parte de su apoyo a Irán en el conflicto regional.
Los hutíes han demostrado su capacidad para golpear infraestructuras energéticas saudíes en el pasado, y este ataque subraya el riesgo para la seguridad energética global en un momento de alta tensión geopolítica.
El ataque se enmarca en la estrategia hutí de desgaste contra Arabia Saudí, principal potencia suní de la región y respaldada por Estados Unidos. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, ha condenado la acción y reclama moderación para evitar una escalada mayor.
Las fuerzas hutíes de Yemen, pertenecientes al movimiento Ansar Allah, han atacado este jueves dos petroleros de bandera saudí en el Mar Rojo, en el marco del bloqueo marítimo que imponen contra Arabia Saudí. El portavoz militar de Ansar Allah, Yahya Saree, confirmó la operación y justificó la acción por una supuesta violación del bloqueo por parte de los buques saudíes.
El ataque tuvo lugar cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas más sensibles para el comercio mundial de petróleo y gas. Según las primeras informaciones, no se han reportado víctimas ni daños catastróficos de forma inmediata, aunque el incidente eleva la tensión en una vía clave para el suministro energético global.
Una escalada en la guerra regional
La operación hutí se enmarca en la estrategia de presión que el grupo yemení mantiene contra Riad desde que comenzó el conflicto en Yemen. El movimiento Ansar Allah ha establecido un bloqueo naval contra Arabia Saudí que ya ha afectado a varios cargueros en la zona. Este nuevo ataque subraya la capacidad de los hutíes para interferir en el tráfico marítimo a pesar de los bombardeos de la coalición saudí.
«Yemen’s Ansar Allah movement… said on Thursday that it had attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea for violating the…»
El estrecho de Bab el-Mandeb es una de las principales vías de tránsito del petróleo del Golfo Pérsico hacia Europa y América. España y otros países de la Unión Europea dependen en gran medida de esta ruta para sus importaciones de crudo, por lo que cualquier interrupción sostenida podría tener repercusiones en los precios y la seguridad energética.
La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del bloqueo, mientras los hutíes advierten de que intensificarán las inspecciones y ataques contra cualquier buque que consideren infractor. Arabia Saudí no ha emitido una respuesta oficial inmediata, aunque fuentes de la coalición árabe consultadas por la agencia Reuters han indicado que evalúan medidas para proteger la navegación en la zona.
Los hutíes de Yemen anunciaron este lunes un bloqueo de Arabia Saudí, una escalada que podría aumentar la presión sobre los mercados globales de petróleo, según fuentes del movimiento insurgente. La medida se produce en un contexto de agotamiento de las reservas estratégicas de crudo a nivel mundial y cuando el mar Rojo se ha consolidado como una ruta clave para el transporte de petróleo y grano hacia los países del golfo Pérsico.
El bloqueo, si se materializa, sometería a Arabia Saudí a una guerra económica similar a la que Estados Unidos ha aplicado contra Irán mediante sanciones marítimas. El mar Rojo, bordeado por Yemen por el sureste, es un conducto esencial no solo para el crudo que rodea el estrecho de Ormuz, sino también para las importaciones de cereales y otros suministros vitales para Riad y sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
Presión sobre Washington y los mercados
La escalada hutí pone al presidente estadounidense, Donald Trump, en una situación comprometida. La amenaza de un bloqueo efectivo podría forzar a la Casa Blanca a reducir sus ataques contra Irán —aliado de los hutíes—, ante el riesgo de un encarecimiento descontrolado del petróleo que golpee la economía global y, en particular, a los socios europeos como España.
Las existencias de crudo en Estados Unidos y en el resto del mundo se encuentran en niveles peligrosamente bajos, según los análisis disponibles, lo que amplifica el impacto potencial de cualquier interrupción en el suministro desde la península arábiga. El anuncio hutí no precisó las medidas concretas del bloqueo ni su calendario, pero la mera declaración elevó la tensión en los mercados energéticos.
Los precios del petróleo han registrado una subida significativa este lunes, con el barril de Brent de la North Sea superando el umbral de los 90 dólares durante las primeras horas de negociación en los mercados asiáticos. La escalada militar entre Estados Unidos e Irán, centrada en la región del golfo Pérsico, ha disparado la preocupación de los inversores ante una posible interrupción del suministro.
El temor a que el conflicto afecte al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del crudo mundial, está presionando al alza los futuros del crudo. El Brent ha alcanzado los 90 dólares el barril, un nivel que no se veía desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, según operadores del mercado.
La cotización del petróleo afecta directamente a la economía española, que depende en gran medida de las importaciones de crudo. Un encarecimiento del barril se traduce en un aumento del precio de los combustibles y, por extensión, de la electricidad y el transporte, lo que eleva la inflación y reduce el poder adquisitivo de los hogares.
El detonante inmediato de la escalada ha sido el intercambio de ataques entre fuerzas estadounidenses y milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, así como las amenazas de Teherán de bloquear el estrecho de Ormuz. Por el momento, no se ha confirmado ninguna interrupción real del suministro. El Brent cotiza en máximos de cuatro años, y todo apunta a que la volatilidad se mantendrá mientras no se despeje el horizonte diplomático.
Hola salud, bienvenidas todas las personas que escucháis Hoy desde Aquí, en este programa doble os traemos la segunda parte de la grabación de la sesión de “Miradas al mundo” celebrada el 9 de junio de 2026.Fue realizada por … Leer más
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha advertido este domingo de que ningún petrolero podrá atravesar el estrecho de Ormuz sin permiso, después de incidentes con dos buques a los que ha calificado de «infractores». La amenaza, lanzada el 19 de julio de 2026, supone un nuevo desafío a la libertad de navegación en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, por donde transita cerca del 20% del crudo global.
Incidentes en aguas del golfo Pérsico
Según informó el CGRI, los incidentes ocurrieron durante el fin de semana en la zona del estrecho, sin que se hayan precisado las circunstancias exactas ni la identidad de los barcos implicados. La fuerza naval iraní ha intensificado en los últimos meses las inspecciones y operaciones de disuasión en la región, en el marco de las tensiones con Estados Unidos y sus aliados por el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales.
La advertencia iraní afecta directamente a los buques petroleros y metaneros que atraviesan el estrecho de Ormuz, una vía que conecta los productores de Oriente Próximo —Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar— con los mercados asiáticos, europeos y americanos. Cualquier interrupción o restricción del paso podría disparar los precios del crudo y del gas licuado (LNG), con graves consecuencias para la economía global.
Reacción internacional y precedentes
El gobierno iraní no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial más allá de la declaración del CGRI, aunque fuentes de la República Islámica han señalado en el pasado que el control del estrecho responde a su derecho a garantizar la seguridad marítima y a proteger sus intereses nacionales. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, mantiene una presencia naval en la zona para asegurar la libre navegación, en virtud del derecho internacional.
Este tipo de amenazas no son nuevas: en 2019, Irán llegó a interceptar varios petroleros en el estrecho de Ormuz en represalia por las sanciones estadounidenses, lo que provocó un aumento temporal de la tensión militar. La situación actual se produce en un contexto de ausencia de avances en las negociaciones nucleares y de endurecimiento de las sanciones occidentales contra Teherán.
El estrecho de Ormuz, de solo 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es considerado un punto crítico para la seguridad energética mundial. La advertencia del CGRI, de materializarse, podría derivar en un bloqueo de facto que obligaría a los países consumidores a buscar rutas alternativas o a recurrir a sus reservas estratégicas.
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BOGOTÁ // Dos grandes altavoces sobre una furgoneta en movimiento pregonan: “Tigre, Tigre de mi vida (…), Firmes por la Patria”. Un pequeño grupo de jóvenes lo abuchean desde un parque: “Fascistas, son unos fascistas”. Una anciana camina y suspira: “Por el amor de dios”. Esta escena nocturna en Bogotá, la capital de Colombia, es el reflejo de un territorio rasgado en dos retazos, sostenidos por un hilo casi invisible.
Dos horas antes se daban a conocer los resultados del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las más reñidas de su historia democrática. El ultraderechista, abogado y autoproclamado outsider, Abelardo de la Espriella, logra el 49,7% de los votos frente al 48,7% del senador y candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. La diferencia en el conteo preliminar es de apenas 247.000 votos. Un país fracturado, dividido en dos pulsiones, en dos modelos de gobernanza antagónicos. “Lo que pone de manifiesto esta campaña es que no hemos logrado reconciliarnos como sociedad,” señalaba Martha Lucía Márquez, directora del centro de investigación Cinep.
En el Royal Center, un centro de conciertos y sede improvisada de la campaña del Pacto Histórico para recibir los resultados, cientos de simpatizantes, activistas, políticos y figuras de la izquierda colombiana van llegando a cuentagotas mientras una gran pantalla anuncia los avances del preconteo. Son varios los que tropiezan en los últimos peldaños de las escaleras, cuando levantan la cabeza del suelo para observar los números. El lugar mantiene la respiración con cada boletín, algunos sacan las calculadoras de sus teléfonos para hacer las matemáticas. Su candidato, Cepeda, acorta distancias, pero no logra ponerse por delante del ultraderechista. Entre respiración y tropezón, los más jóvenes cantan arengas que son replicadas por pocos segundos.
Después, la desazón, las manos en posición de rezo frente a la boca, el brazo por encima del hombro del compañero. “Aquí estamos las madres de La Escombrera”, grita Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. De su cuello cuelga la fotografía de Carol Vanessa, desaparecida en Medellín en 2002. El sueño de ver a su candidato, el humanista, filósofo y defensor de derechos humanos y la paz, entrando en la Casa de Nariño se apaga y aparecen las lágrimas.
Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. MARINA SARDIÑA
“Estoy preocupada”. Un emoji de un corazón roto. “Tengo miedo”, son los mensajes de WhatsApp que llegan desde las comunidades afro del Pacífico, el Cauca, el Putumayo o las periferias de Bogotá. “Para los firmantes estos diez años no han sido fáciles, existe el riesgo de retroceder en el acuerdo, el riesgo sobre la vida de los que estamos comprometidos con la paz”, narra desde el departamento amazónico de Guaviare, Andrés, uno de los primeros guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados durante el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016.
“Tengo una gran preocupación por el exterminio de nuestros bosques, de los pueblos indígenas, de los amazónicos”, escribe Libia, lideresa indígena inka. “Para las comunidades negras es un retroceso en las luchas y logros que con tanto sacrificio, tantas vidas, hemos puesto para que haya cambios en este país”, explica Clemencia Carabalí, lideresa afro del norte del Cauca. “Abelardo es un ciudadano que no conoce el país. Él no está en los territorios, él no sabe lo que es vivir en las zonas periféricas. Al no conocer esos contextos difícilmente va a legislar en favor nuestro”, añade.
El mayor número de votos en la historia de la izquierda colombiana
Antes de las seis y media de la tarde, Iván Cepeda sale a la tarima rodeado de su comitiva y su fórmula presidencial, la mayora indígena, Aída Quilcue, y su compañera, Pilar Rueda. Lleva un papel en la mano, lo desdobla sobre el atril y, antes de leer, con su particular tono sosegado, agradece a todas las comunidades y colectivos que participaron activamente en la campaña de la segunda vuelta, a los más de 12.700.000 votantes –un récord sin precedentes para la izquierda colombiana– y anuncia el reconocimiento del preconteo “como un dato no oficial ni vinculante”. El público corea: “Sí se puede”.
Cepeda no habla de fraude, pero sí de la impugnación de 33.000 mesas en todo el país. En su alocución celebró el récord de participación en la jornada electoral, que alcanzó el 63,57%; poco más de 40 millones de colombianos y colombianas estaban llamados a las urnas. Volvió a hablar de su promesa de campaña, del anhelo por un gran acuerdo nacional y del diálogo: “Estamos dispuestos a la concertación siempre y cuando sea respetuosa”. Agradeció también al movimiento Pacto Histórica, la Alianza por la Vida y, por último, al presidente saliente, Gustavo Petro. “Cepeda presidente”, interrumpen entre el público.
Está vez, sin posar la mirada en el papel, enumeró los avances sociales durante los cuatro años del primer mandato de un dirigente de izquierda en Colombia y reiteró que no dejarán que se retroceda en derechos: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales”. Terminó lanzando mensajes “serenos” a su oponente El Tigre De la Espriella: “No permitiremos que se destruya la naturaleza. No permitiremos que nos quiten el salario mínimo vital (…) Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social”.
Iván Cepeda, candidato de la izquierda tras el preconteo. M. S.
Citando al presidente chileno Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”, y una proclama sin atisbos de derrotismo: “Viva la revolución de la vida», Cepeda se bajó del escenario. El alarido “Se vive, se siente, Cepeda presidente” se fue diluyendo entre la multitud que, cabizbaja, abandonaba el recinto.
En diversas calles y plazas de Bogotá –y otras ciudades del país– sus seguidores se debatían entre la desazón y la esperanza. “Solicito a todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia,” escribió Petro en su cuenta de X. Respondiendo al llamado, decenas de abogados y cientos de simpatizantes se movilizaron hacia Corferias, el mayor centro de votación para hacer control al escrutinio de los votos. Un cómputo que, como apuntan los analistas, no suele alterar significativamente el resultado del preconteo.
Pero si algo tiene que celebrar la campaña de Cepeda es la movilización de sus electores. Después del fracaso de la primera vuelta, el movimiento “por la vida” se activó precisamente gracias a la sociedad civil progresista: a las jóvenes k-poper, a los universitarios, a las colectivas feministas y de derechos humanos, a los y las artistas, a las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, a miles de voluntarios que, desde sus quehaceres, habilidades y sentires, se movilizaron masivamente para “remontar en segunda”.
Sin lugar a dudas, esa activación desde la raíz que hace raigambre es el mayor legado de la izquierda reciente en Colombia: la organización desde la sociedad civil por la defensa de todas las formas de vida que habitan el territorio. “Es muy hermoso lo que están haciendo. Estoy muy feliz por todo el apoyo”, decía emocionada un día antes de los comicios Lorena, de 30 años. “Esta campaña es del pueblo”, repetían desde Bosa, una localidad popular de la capital, miembros del colectivo político Creamos. “Gracias a la izquierda aprendí qué es la política. Tengo 55 años, hasta ahora vine a saber lo que es la política”, relataba detrás de su puesto de arepas, Janet, agradeciendo la pedagogía de las colectivas de izquierda.
Una joven afín a la campaña de Iván Cepeda hace pedagogía política en un barrio popular del sur de Bogotá un día antes de los comicios. M. S.
Lejos del centro del país, la ultraderecha abraza el triunfo
A la espera de los datos oficiales, desde Barranquilla, en la costa Caribe, cientos de seguidores de El Tigre celebran la victoria. Entre música, pirotecnia y figuras de tigres de plástico; vestidos con la camiseta amarilla de la selección de fútbol ondean banderas colombianas –también de Israel–, bailan y alzan la mano imitando el saludo militar al bramido de: “Firmes por la Patria”. En lo alto de un escenario, encerrado en su burbuja anti balística, Abelardo de la Espriella anima el espectáculo más importante de su carrera y se proclama, pese a la ajustada ventaja, presidente: “¡Colombia, aquí está tu presidente!». Antes de que cesen los aplausos y los gritos de la “manada del tigre”, lanza un mensaje al otro espectro: “Petro y Cepeda, abstenerse de desatar un incendio social (…) respeten la voluntad del pueblo colombiano”, advierte afónico. Agradece a veteranos, reservistas, invita a recitar una “oración patria” y agradece, “más que nada” como cristiano converso, “a Cristo Rey”.
Como en la fábula del lobo con piel de cordero, el líder del movimiento Defensores de la Patria se presenta ante las masas con un tono mucho menos incendiario y violento que en las intervenciones de su campaña. Lejos de sus promesas de terminar con la –fracasada– “paz total” de Petro o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su apoyo al fracking y la explotación de los recursos naturales del territorio, de sus recurrentes discursos en los que llamaba a “destripar” y “aniquilar” a la izquierda, de estigmatizar y perseguir a periodistas y críticos; ahora De la Espriella señala que, aquellos que no lo votaron, no tendrán que temer por pensar distinto: “No habrá vencedores ni vencidos. No habrá persecuciones. No habrá enemigos irreconciliables”, tampoco contra la biodiversidad.
El show se pausa para dar espacio a la música y los rugidos de un tigre por los altavoces. Después del baile militar, De la Espriella retoma y alerta directamente a su oponente: “El Tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas (…) Podrán ejercer la oposición solo si lo hacen dentro del margen de la ley”. Su conciliación nacional pasa por “refundar la patria” y hacer el “milagro”, como rezan las tres únicas páginas de su programa de gobierno. “La Patria milagro”, como denomina a su proyecto, pasa por acabar –en 90 días– con los cabecillas de los distintos grupos armados que operan en el territorio; la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad o recortar en un 40% el Estado, con la ayuda de su vicepresidente, el economista y tecnócrata Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno del conservador Iván Duque.
Pese a autodenominarse como un outsider, y si bien nunca ha tenido un cargo público en el Estado, Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo de los políticos tradicionales, como el expresidente derechista Álvaro Uribe Vélez, o el clan de la familia costeña Char, de los que recoge la batuta y los votos. “El primer desafío es formar un gobierno y una coalición legislativa. En su campaña tuvo un discurso que estigmatizaba a la clase política, por lo que no tiene ningún apoyo en el Congreso, pero le va a tocar pactar con esa misma clase política,” apunta el analista político Yann Basset.
El presidente electo de Colombia es, además, ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. Por eso, antes de que entrara la noche en Barranquilla, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo había reconocido como presidente. Poco después, los líderes conservadores de ultraderecha de la región –modelos a seguir para El Tigre– lo felicitaron. Desde Argentina, Javier Milei, desde Chile, Antonio Kast, desde Brasil, Flávio Bolsonaro, desde Perú, Keiko Fujimori, desde Ecuador, Daniel Noboa, felicitaron al líder de extrema derecha y celebraron la expansión de los movimientos políticos ultraconservadores en la región.
Su victoria es, también, el silbido de los vientos ultraconservadores que se mueven por el continente desde la reelección de Trump. La popularidad del líder colombiano de ultraderecha, una millonaria campaña, y la amnesia colectiva de un pasado cuestionable en el que se codeaba y defendía como abogado a bandidos y paramilitares, o humillaba a víctimas y mujeres, lo alzan como nuevo mandatario de lo que muchos denominan como “el patio trasero de Estados Unidos”, especialmente en materia de narcotráfico –y la fallida guerra contra las drogas– y migración.
A menudo, los ingenieros y arquitectos que llegan a Colombia hablan de las dificultades para construir puentes en el país debido a su geografía hostil, a la espina dorsal que atraviesa el mapa: sus tres cordilleras, los Andes, las montañas, los ríos caudalosos que dibujan y alimentan uno de los países más biodiversos del mundo. Es común ver puentes inacabados –también por la corrupción– o desplomados por las dificultades técnicas.
Esa es, quizás, la metáfora que define esta noche a Colombia, y los dos países que habitan un mismo territorio. La polarización no es solo política. Es la desconexión entre territorios, las desigualdades entre clases sociales, y la complejidad de sus brechas que durante décadas han impedido la conciliación con discursos políticos que apelan al miedo al vecino, al hermano, al visitante, al votante contrario. Un país que no construye puentes, porque sus tierras fértiles están constantemente en ebullición por los que no entienden que la gobernanza es por todas las formas de vida.
La propia organización del encuentro habla de una participación de más de 53 naciones entre los que se encuentra España, y su mera existencia revela hasta qué punto el debate ha cambiado de naturaleza: ya no se trata de discutir si conviene «reducir emisiones» en abstracto, sino de cómo se abandona, de manera justa y ordenada, una dependencia que se ha convertido en un riesgo sistémico.
Durante décadas, la industria fósil se ha vendido como supuesto garante de la seguridad energética. Era, supuestamente, lo firme, lo serio, lo disponible, frente a unas renovables caricaturizadas como intermitentes, inmaduras y casi decorativas. Basta mirar lo ocurrido con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz para entender que esa narrativa se ha roto. El precio del Brent subió entre un 10% y un 13% en las primeras horas del conflicto hasta rozar los 82 dólares por barril, mientras la AIE calificaba la situación como «la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado global del petróleo». Europa podía tener «quizá seis semanas» de combustible de aviación si el bloqueo persistía, mientras en Asia varios gobiernos activaban medidas de emergencia como teletrabajo, restricciones de viajes oficiales, cierres escolares o semanas laborales de cuatro días para ahorrar combustible. Si eso es «seguridad», a lo mejor convendría revisar el diccionario.
Si alguien dudaba todavía de lo que significa esa dependencia en términos concretos, la crisis del estrecho de Ormuz lo ha aclarado de forma brutal: no solo se trata de gasolina o electricidad. Los precios spot del gas en Asia subieron más de un 140% tras el ataque al complejo de Ras Laffan en Qatar. Más del 30% de la urea mundial, el fertilizante que hace posible producir trigo y maíz a escala global, pasa por ese estrecho. Cuando se corta el suministro de gas, no sube el precio de llenar el depósito: sube el precio del pan.
La gran paradoja de nuestro tiempo es que seguimos llamando «fiables» a unas fuentes de energía cuyo precio, suministro y disponibilidad dependen de estrechos marítimos, guerras regionales, petromonarquías, autocracias varias y cadenas logísticas que pueden romperse en cuestión de días. En realidad, los combustibles fósiles no ofrecen seguridad: ofrecen vulnerabilidad geopolítica aplazada. Y eso explica que la cita de Santa Marta no deba interpretarse como el delirio de un grupo de idealistas, sino como la respuesta racional de países que empiezan a comprender que la soberanía energética del siglo XXI no consistirá en encontrar el último barril, sino en dejar de necesitarlo.
A estas alturas, además, la discusión tecnológica está muy lejos de donde estaba hace apenas una década. La pregunta de si puede el mundo funcionar solo con renovables ya no pertenece al terreno de la especulación militante, sino al de la literatura científica consolidada. Un paper académico publicado en IEEE Access concluye que el 100% renovable es factible a escala global y a bajo coste. El artículo divulgativo de Helsinki Times basado en ese trabajo resume con bastante claridad algo que muchos llevamos tiempo defendiendo: solar, eólica, almacenamiento, electrificación, acoplamiento sectorial e hidrógeno para aquellos usos difíciles de electrificar forman ya una arquitectura coherente, no una colección de experimentos inconexos. Y sí, sobre esto mismo escribí ya en 2022, precisamente porque las excusas empezaban entonces a sonar viejas.
Por supuesto, un mundo sin combustibles fósiles no se construye solo con placas solares en los tejados y aerogeneradores en las costas. Requiere redes mucho más robustas, almacenamiento a distintas escalas, electrificación masiva del transporte y de la calefacción, rediseño industrial, flexibilidad de la demanda y vectores como el hidrógeno o los electrocombustibles para usos específicos donde la electrificación directa no baste. El informe Renewables 2025 de la IEA enlazado antes y las propuestas de IRENA para triplicar la capacidad renovable y doblar la eficiencia energética antes de 2030 insisten en ello. Es decir: no estamos ante una transición simple, pero sí ante una transición perfectamente imaginable, modelizable y técnicamente abordable. Lo que falta no es física. Lo que falta es decisión política, alineación regulatoria y voluntad de enfrentarse a intereses creados.
Ahí es donde la discusión se vuelve realmente incómoda: porque si el obstáculo ya no es tecnológico, entonces hay que señalar a los responsables reales del retraso. Y esos responsables tienen nombres, balances y consejos de administración. La lógica del sector fósil sigue siendo brutalmente simple: como explicaba un reportaje de The Guardian, toda compañía quiere producir el último barril vendido. No el penúltimo. No uno menos por responsabilidad climática. El último. De ahí la importancia de intentar construir marcos políticos nuevos, como la Declaración de Belém o incluso la idea de un tratado de no proliferación fósil: no porque vayan a resolver por sí solos el problema, sino porque ayudan a desplazar la norma social y política. Igual que ocurrió con otras industrias cuya legitimidad empezó a erosionarse antes de desaparecer o encogerse.
Lo utópico no es pensar en un mundo post-fósil. Lo utópico, en el peor sentido del término, es creer que podemos seguir quemando hidrocarburos como hasta ahora sin que el coste económico, social y geopolítico se nos lleve por delante.
La objeción habitual es que todo esto suena muy bien mientras no se hable de cemento, acero, fertilizantes, aviación o transporte marítimo. Pero precisamente ahí es donde la transición deja de ser un eslogan y pasa a ser una estrategia seria: electrificar todo lo electrificable, reservar las moléculas verdes para lo difícil, reducir despilfarros absurdos y reorganizar la demanda. No hay magia: hay ingeniería, planificación y prioridades. La alternativa, además, no es mantener el mundo tal como está, sino resignarnos a un sistema fósil cada vez más caro, más volátil, más litigioso, más subsidiado y más destructivo climáticamente.
La pregunta correcta, por tanto, no es si un mundo sin combustibles fósiles es posible. La evidencia disponible dice que sí lo es, y cada año con más claridad. La pregunta correcta es quién está dispuesto a acelerarlo y quiénes siguen trabajando, con subvenciones, lobby y propaganda, para retrasarlo todo lo que puedan. Porque el futuro energético ya no se decide entre lo posible y lo imposible, sino entre lo inevitable y lo bloqueado. Y cuanto antes entendamos que la dependencia fósil no es una garantía de prosperidad sino una forma de chantaje estructural, antes empezaremos a tratar las renovables no como una opción moralmente deseable, sino como lo que son: la infraestructura básica de una economía moderna, segura y civilizada.
BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.
Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.
Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial
El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.
La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.
“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.
Agresiones oculares, persecución y exilio
Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.
La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.
La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.
Gustavo Petro y Francia Márquez celebran la victoria en Colombia. ROBERT BONET / REUTERS
“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial
El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.
“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.
A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.
Retrato de Miguel Fernando Leal, sobreviviente de violencia ocular durante el estallido. MARINA SARDIÑA
Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.
Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.
En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.
Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.
“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”
“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.
Gareth Sella, ex viceministro de Juventudes y superviviente de violencia ocular. MARINA SARDIÑA
Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.
Colectividad y resistencia
Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.
Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.
Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.
Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.
– Dani, ¿con qué sueñas?
– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.
Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.
Ilustración: Guerra, estrecho de Ormuz, comercio mundial / Pedripol
Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López
Si la guerra continúa y no se pone fin al bloqueo de Ormuz, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real
En la historia económica reciente se produce reiteradamente un mismo fenómeno: quienes marcan las directrices de la política económica reaccionan tarde o con error. No porque sean incompetentes, sino porque actúan con sesgos ideológicos, utilizan modelos equivocados y se fijan en indicadores equivocados.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con la crisis del Golfo Pérsico y entender por qué ocurre es crucial para percibir el daño que se está acumulando mientras se mira a otro lado.
Dos fuentes de error
A mi juicio, hay dos causas que explican la ceguera con que se enfrentan a los problemas económicos quienes diseñan y orientan la política económica.
La primera tiene que ver con los modelos económicos que utilizan. Como acaba de mostrar Steve Keen para el caso que nos ocupa, no incorporan con realismo el efecto que tienen los choques energéticos sobre la producción y eso les lleva a subestimar las consecuencias que tienen sobre la economía real.
Es una limitación muy grave y merece un análisis propio, pero no la voy a abordar en este artículo.
Aquí voy a explicar una segunda causa de ceguera y error: leer la realidad tomando excesivamente en consideración los indicadores financieros. Unos indicadores que generalmente producen (por las razones que voy a explicar enseguida) una imagen de la situación sistemáticamente más tranquilizadora que la que realmente existe.
Una metáfora para entendernos
Imaginemos que se produce un accidente que bloquea el acceso de bienes y servicios a nuestro pueblo o ciudad y que sólo se dispone del 40 % de los que habitualmente consumen las viviendas y empresas. Los vecinos tratarán de aprovisionarse, racionarán su consumo, los bienes escasearán y es muy posible que muchas tiendas y empresas paralicen su actividad.
El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo
Imaginemos que, para saber cuál es la situación real en la que nos encontramos y tomar medidas, en lugar de fijarnos en las cantidades y en los precios del momento presente, miramos un tablero en donde aparecen los que se espera que tengan los bienes dentro de tres meses, cuando nos dicen los técnicos que ya se habrá arreglado el problema y recuperado el acceso.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Estrecho de Ormuz. El grifo de energía que abastece a la economía mundial lleva semanas fuertemente alterado, con caídas muy significativas en el tráfico marítimo. Sin embargo, los mercados financieros –el tablero donde nos dicen que miremos– fijan precios no en función de la gravedad de lo que ocurre ahora, sino considerando que el problema es manejable y temporal.
Un ejemplo simple y claro para que lo entiendas: el 13 de abril, el precio del crudo físico (el que se podía comprar en nuestro pueblo tras el bloqueo en la metáfora que acabo de poner) era de 132,74 dólares por barril. El precio del contrato de futuros para junio (el que los mercados pensaban que tendría en ese mes) era de 99,36. Una divergencia que refleja expectativas de una muy rápida normalización.
Qué es el Estrecho de Ormuz y qué está pasando allí
El Estrecho de Ormuz tiene apenas 33 kilómetros de anchura en su punto más estrecho y por allí pasa normalmente una cuarta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo, una quinta parte del gas natural licuado global, y volúmenes enormes de otros productos y materias primas fundamentales para la alimentación y la industria mundial.
Como sabemos, desde finales de febrero quedó prácticamente cerrado, las grandes navieras suspendieron sus tránsitos y el tráfico de barcos cayó hasta niveles casi puramente testimoniales.
Semejante bloqueo en el suministro de fuentes de energía y materias primas esenciales producirá un impacto prácticamente proporcional en la capacidad de producir bienes y servicios de todo tipo en todo el planeta. Sin embargo, los indicadores financieros no señalan que el efecto vaya a ser demasiado grande o peligroso y la pregunta, por tanto, es cómo puede ser eso posible.
Es cierto que podría argumentarse que estos precios financieros reflejan factores como la existencia de reservas estratégicas, la capacidad de otros productores para aumentar la oferta o la experiencia histórica de interrupciones breves en el suministro.Peroestas interpretaciones descansan en supuestos que no parece que se estén cumpliendo en la situación actual: que los ajustes serán rápidos, que los cuellos de botella serán limitados y que los efectos sobre la producción serán lineales y reversibles.
La desnaturalización de los mercados de futuros
El indicador financiero que más pesa en la lectura de esta crisis es el precio en los mercados de futuros de los recursos que se han bloqueado en Ormuz. Y para entender por qué este indicador está fallando hay que entender, primero, qué es un mercado de futuros, para qué fue creado y qué ha pasado con él.
Estos mercados nacieron con una función muy útil, permitir que los productores y empresas pudieran hacer frente con cierta seguridad a la incertidumbre que siempre lleva consigo la variación de los precios a lo largo del tiempo. Permitían que una empresa, un agricultor o un transportista, por ejemplo, fijaran hoy el precio de lo que iban a necesitar dentro de un determinado periodo de tiempo. Así podían planificar con seguridad y enfrentarse al riesgo de cambios en el precio.
Sin embargo, esos mercados fueron siendo dominados por operadores que, en realidad, no necesitaban petróleo, ni azufre, ni gas, ni café, ni ningún producto real. Son fondos de inversión, bancos y especuladores que compran y venden esos contratos exclusivamente para ganar dinero con la diferencia de precio entre el momento de la compra y el de la venta. Sin ningún interés en la materia prima en sí, y sin necesidad de protegerse de nada.
Los mercados de futuros se han ido convertido en instrumentos especulativos donde los precios son el resultado de apuestas
El resultado ha sido que los mercados de futuros han dejado de ser lo que eran, es decir, instrumentos para que la economía real gestione el riesgo futuro. Se han ido convertido, por el contrario, en instrumentos especulativos, en donde los precios son el resultado de las apuestas que realizan (hoy día mediante algoritmos y a velocidad vertiginosa) quienes solamente buscan ganar dinero con el movimiento siguiente (que a veces ellos mismos pueden provocar).
Estos especuladores no ganan dinero analizando lo que va a pasar en la economía real dentro de seis meses, sino anticipándose al próximo titular, al próximo anuncio político, al próximo tuit presidencial, es decir, en función casi exclusiva de lo que ocurre en el muy corto plazo.
Por qué los mercados futuros están infravalorando el peligro
Cuando los mercados de futuros se convierten en máquinas de apostar al próximo anuncio político, o sobre cualquier otra que permita ganar más dinero en el menor tiempo posible, sus señales sobre lo que puede estar ocurriendo en la economía real se vuelven imprecisas y sistemáticamente engañosas.
En estos momentos, hay al menos tres razones concretas que explican por qué están proporcionando señales equivocadas e infravalorando el peligro que realmente amenaza a la economía global.
La primera es que estos mercados no funcionan como un mercado normal donde mucha gente compra y vende en igualdad de condiciones. Están dominados por un puñado de grandes bancos y fondos de inversión o incluso por algoritmos que manejan cantidades de dinero tan enormes que cuando apuestan en una dirección, el precio se mueve hacia donde hayan indicado. Son ellos quienes marcan la señal.
Y a esos grandes operadores les interesa apostar a que el conflicto se resolverá pronto por una razón muy concreta: si apostaran a la catástrofe y acertaran, ellos también perderían. Una crisis energética prolongada hundiría la economía global, y con ella todas sus otras inversiones —acciones, bonos, préstamos…
Apostar a la resolución rápida, en cambio, es apostar a que el juego continúa. A que los mercados siguen funcionando. A que habrá oportunidad de comprar barato ahora y vender caro después. Por eso, cuanto más dinero entra apostando a la normalización, más tranquilizadora es la señal que emiten los futuros. Y esa señal es la que acaba en los telediarios, en los análisis de los gobiernos y en la opinión pública.
La segunda razón es que los modelos que usan estos mercados para fijar precios están construidos sobre datos históricos. Y en la historia, todos los cierres del Estrecho de Ormuz han sido breves. El mercado aplica esa experiencia pasada como probabilidad futura, como si lo ocurrido antes fuera una guía fiable para lo que ocurrirá ahora. Pero esta situación no tiene precedente histórico comparable. La escala del cierre, su duración, la combinación de factores que lo rodean son nuevos. El modelo mira al retrovisor para conducir hacia adelante.
Finalmente, la tercera razón es que el cierre del Estrecho no solo produce el corte de una determinada cantidad de suministro de productos –petróleo, gas, azufre, helio…– cuyos precios se pueden registrar en el momento presente o estimar en el futuro, y sobre los que, por tanto, se pueden realizar las apuestas en las que se basan los indicadores financieros. Además, produce efectos sobre la economía real que esos indicadores sencillamente no pueden percibir ni transformar en contratos que se compren y vendan: el agricultor que no puede sembrar porque no llega el fertilizante, la fábrica que para porque no tiene insumos, el país que raciona electricidad porque no llega el gas… Esos daños no tienen precio en ningún mercado. No cotizan en ningún sitio. No existen para el sistema financiero.
El mercado construye su imagen del futuro solo con las piezas que puede ver. Y deja fuera, sistemáticamente, todos los demás daños. Su señal no es falsa, pero es estructuralmente incompleta. Y una señal incompleta sobre una crisis de esta magnitud es tan peligrosa como una señal falsa.
Finanzas que hacen negocio si el peligro no se ve
A esto que ocurre en el (desnaturalizado) mercado de futuros hay que añadir algo más. Al sistema financiero en su conjunto le interesa que la guerra sea percibida como un riesgo manejable y temporal, y no como algo que puede dar lugar a una catástrofe sistémica si no se detiene pronto.
Los fondos de cobertura son fondos de inversión que ganan dinero con los cambios a muy corto plazo de los precios o, en general, con las variaciones inmediatas en las condiciones de los mercados. Hay plataformas que mueven miles de millones de dólares apostando sobre eventos geopolíticos –si habrá o no un alto el fuego, si se atacará tal o cual infraestructura, si asesinarán a un determinado líder…–. Y quienes tienen en sus carteras las acciones de las grandes empresas petroleras y armamentísticas –en gran medida esos mismos grandes fondos que dominan los mercados de futuros– ganan dinero con cada nuevo cambio de situación.
Pues bien, lo que necesitan todos esos operadores es que el juego especulativo no se detenga. Y eso sólo puede ocurrir si la guerra –en este caso– es percibida como algo manejable. Si se procesara correctamente la gravedad de lo que está ocurriendo en el Golfo, los precios se dispararían de forma caótica, las posiciones basadas en deuda se liquidarían en cascada y el negocio especulativo colapsaría junto con todo lo demás.
La trampa
Durante décadas nos han querido convencer de que el estado de la economía se deduce de los indicadores financieros. Si la bolsa sube, es que las cosas van bien. Si el precio del petróleo no se dispara, es que la crisis energética no es tan grave. Si los índices se mantienen, es que los fundamentales aguantan.
Si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal serán insuficientes
Ahí está la ceguera y, por qué no decirlo, la trampa: los indicadores financieros sirven para conocer las expectativas de quienes tienen capital para apostar, pero engañan cuando se trata de percibir lo que ocurre en la producción real, en los ciclos agrícolas, en las cadenas de fabricación o con el día a día de las personas y empresas que no participan en los mercados financieros.
Se trata de un error que, en esta ocasión, puede dar lugar a consecuencias muy peligrosas. Si la guerra continúa y no se pone fin al bloqueo rápidamente, la cuerda que sostiene a la economía global no se va a romper, como en otras ocasiones, por el lado de las finanzas, sino por el de la economía real. Si es así, si llega un momento en que los agricultores no puedan cultivar, los transportistas se paralizan y las fábricas no tienen insumos, las herramientas habituales de política fiscal y monetaria serían claramente insuficientes para hacer frente a la situación. No habrá banco central que pueda arreglar el desaguisado dando cientos de miles de millones a los bancos o modificando los tipos de interés, ni gobiernos con recursos para frenar la hecatombe.
El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.
Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».
«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».
En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.
El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.
Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.
Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.
El manual
El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.
Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.
Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.
Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.
A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.
Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.
Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.
Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.
La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.
Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.
Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.
El regreso del saqueo
El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.
Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.
En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».
Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.
En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.
El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.
No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.
A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.
La cuestión del liderazgo
En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.
Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.
La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».
Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.
Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.
Qué esperar, cómo prepararse
El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.
A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.
Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.
A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.
Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.
En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.
Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.
Apéndice: lecturas adicionales
Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.
Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:
«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.
Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».
