La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el pasado 30 de mayo un paquete de medidas destinadas a restringir la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en espacios considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. La normativa establece que los agentes federales no podrán llevar a cabo detenciones o redadas en estos lugares sin una orden judicial expresa.
La decisión, según informó la oficina de la gobernadora, responde al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado los operativos contra inmigrantes indocumentados en todo el país. Hochul ya había mostrado su oposición a las medidas federales en varias ocasiones, calificándolas de «crueles» e «injustas».
Un choque entre el estado y la Casa Blanca
Nueva York se suma así a otros estados gobernados por el Partido Demócrata que han tratado de blindar a los inmigrantes frente a las redadas federales. La medida de Hochul dificulta la labor del ICE en un estado donde residen más de 700.000 inmigrantes indocumentados, según datos del Instituto de Política Migratoria.
El Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ha criticado la iniciativa y ha advertido de que podría recurrir a los tribunales para impedir su aplicación. «La seguridad nacional no puede verse obstaculizada por decisiones políticas locales», declaró un portavoz del ICE en un comunicado.
Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han aplaudido la medida. «Proteger a las familias que buscan refugio en espacios como escuelas o iglesias es un acto de humanidad y sentido común», señaló en un comunicado la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).
El conflicto entre el estado de Nueva York y la Casa Blanca sobre inmigración se remonta a 2017, cuando el entonces gobernador Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva similar que posteriormente fue anulada por un tribunal federal. La nueva legislación busca dotar de mayor seguridad jurídica a la protección frente a las redadas.