El 8 de junio de 2026 pasará a la Historia del parlamentarismo español como el día que las Cortes Generales (CCGG) celebraron una sesión conjunta para escuchar el discurso ¿homilía? del Papa católico León XIV.
La anomalía se intuye en la primera oración de este texto: las representantes del pueblo y los territorios del Estado, diputadas y senadores, apretándose hasta el roce ante la llegada de… ¿un Jefe de Estado o un líder religioso?
Que un Jefe de Estado extranjero intervenga ante las CCGG no es inaudito. En España existe cierta tradición de recibir a quienes ocupan dichos cargos en América Latina, o a los países vecinos, Portugal y Francia. Criterios que no cumple el Vaticano y no han impedido su disertación.
Para conocer en calidad de qué interviene, recordemos que, en un Estado constitucionalmente aconfesional, es pertinente igualmente el análisis de su discurso, pues era posible que se limitara a las cuestiones diplomáticas.
La intervención puede dividirse, en opinión de este ateo autor, en tres fases: la de la intolerable intervención en asuntos internos de otro Estado, el nuestro; la elocuente, y valiente, defensa del orden internacional y de las prioridades diplomáticas de su Estado; y la defensa, poco velada, de los privilegios y el rol de la religión en los tiempos actuales en Estados que ya separaron, se supone, la Iglesia y el poder público.
Empezando por lo intolerable, aunque previsible, el Papa ha aprovechado su visita para cuestionar nuestra legislación en materia de derechos de las mujeres, de autonomía de la persona sobre su propio cuerpo, vida y muerte, sobre la decisión colectiva de proteger el inalienable derecho al aborto o la protección frente a discriminaciones al colectivo LGTBQi, ignorado de forma nada inocente. Como mejor prueba de que su actuación era en calidad de líder religioso, violando las CCGG su requerida neutralidad religiosa en tanto que instituciones públicas, León XIV ha tenido a bien hacer un listado de sus particulares obsesiones morales.
Como fiel representante de una Iglesia que, en la cuestión sexual, de género y reproductiva es incapaz de abandonar el siglo XIX, se ha permitido criticar nuestra legislación interna frente a nuestro poder legislativo. A ningún Jefe de Estado al uso se le ocurriría, pues es una afrenta diplomática, una injerencia. Sería bonito que la respuesta legislativa del “orden temporal”, como denomina al poder político (frente al orden celestial eterno, se entiende), fuera la inscripción del derecho al aborto en la Constitución. Tal vez entendería así que las mujeres también gozan de dignidad humana, el término más repetido de su conferencia, y los embriones son eso, embriones. En 2026, que un hombre venga de nuevo a decir a las mujeres qué hacer con sus vidas, cuerpos y maternidades impide al catolicismo conectar con la sociedad (porque sí, las mujeres católicas, o las de derechas, o las de extrema derecha, también abortan. Desde siempre) y con la democracia.
La segunda parte de su discurso ha sido una defensa férrea de los fundamentos, éticos y jurídicos, del Derecho internacional: solución pacífica de conflictos, prohibición de la guerra, diplomacia, acuerdo entre diferentes, impulso a la cooperación y respeto a las normas comunes. Para el Papa León “la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el Derecho internacional”.
Este es un paso muy importante. Se une a otros líderes del mundo en la defensa de un orden internacional que dialogue antes de atacar, que sume en lugar de dividir, y que reconozca la inexorable interdependencia de los Estados en la gestión de los retos comunes transfronterizos: el gobierno de la IA, la crisis climática o el drama migratorio. Este contenido, semejante al que escuchamos a líderes de China, Brasil, Canadá o incluso España, coloca al Vaticano en el lugar correcto de la Historia en un momento clave: frente a los intentos de destrucción de las instituciones internacionales para imponer la ley del más salvaje (la ley del más fuerte era también Derecho internacional), son cada vez más numerosas las voces que enfrentan la internacional neofascista.
Esta parte del discurso, al margen del contenido, sí era adecuada para una comparecencia de este tipo, pues versa sobre política internacional. Si hubiera abrazado los postulados reaccionarios y libertarios de Trump y Milei, igualmente lo podríamos haber catalogado como política exterior. Afortunadamente, en esto el Papa ha quedado más cerca del Evangelio que en la primera parte. Es difícil imaginar que Jesús, profeta o filósofo, elijan ustedes, hubiera defendido el reino de terror que proponen Abascal y sus amigos. El Papa se ha mantenido fiel a la idea de la comunidad humana, el “totus orbis” de Francisco de Vitoria, por encima del individualismo del turbocapitalismo tecnológico. Así, ha defendido el derecho de gentes, origen de parte del marco jurídico internacional.
En esta parte es donde el discurso ha sido más humano y, por tanto, donde mayor efecto puede tener. En la gestión de las migraciones, hereda la visión de su antecesor: es incompatible ser buena persona, o buena católica, desde el odio o la indiferencia para con las inmigrantes. Ha defendido que “la afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro”, que “el drama de las migraciones interpela el fundamento ético del orden internacional” y que “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”. Una defensa sin ambages de nuestra obligación colectiva, como sociedad, como continente, como Humanidad, de acoger y garantizar vidas dignas. Una enmienda a la totalidad a las políticas racistas y violentas de la UE (incluida España), recientemente empeoradas.
La tercera parte ha sido una cuidadosa defensa de los privilegios de las religiones en un Estado aconfesional, con especial relevancia a la católica, claro está. Ha defendido el lugar de la fe en un mundo moderno y el derecho a no ser excluido por ella. Afirmación que también las personas ateas defendemos. Pero nuestra defensa de la libertad religiosa es laica: no tenemos problemas en que se utilicen las calles o los polideportivos para rezar (y nos da igual qué credo sea). Tampoco criticamos las vestimentas religiosas libremente elegidas. Siempre que se reconozca nuestro derecho a no profesar fe alguna, y a criticar y prohibir los desmanes, pues la dignidad humana es innegociable.
En el mundo, no son los creyentes quienes son minoría, lo somos las no creyentes. Por eso el Papa ha jugado con las palabras. No ha agradecido la enorme financiación pública de su credo (beneficiado frente a otros) gracias al concordato. Al tiempo, se ha inventado un nuevo derecho: el de los padres a elegir el tipo de educación para sus descendientes (forma indirecta de reclamar más fondos para colegios católicos). En realidad, el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar a todas las menores el derecho (el de los niños, no las familias) a la educación de calidad, no una educación acorde con cada creencia y pagada con fondos públicos. Decía el Papa que “la fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones, sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública”. Sin embargo, lo dice ante las CCGG, no silenciado, y presidiendo una institución que ha sido inmune, por sus privilegios, a los procesos penales en los casos de pederastia. Ni un solo cardenal u obispo procesado por encubrimiento. Estaba en el edificio sede de la soberanía popular, ése era el lugar de pedir disculpas y prometer colaboración para castigar a los responsables. No lo ha hecho.
En definitiva, en nuestro anómalo sistema aconfesional, un líder religioso ha pronunciado una alocución entre lo político y lo religioso, lo ético y lo interesado, lo local y lo internacional, en unas Cortes Generales casi llenas (con la digna ausencia de Podemos y el BNG), con un cardenal sentado en la papMesa del Congreso como reminiscencia de otras épocas y consolidando un grave precedente: que nuestras representantes democráticamente elegidas tengan que aguantar las educadas reprimendas de un hombre, culto, sereno, machista y defensor de la inmigración y de la paz entre Estados. Un señor que no debía estar en las CCGG, y así las ateas no tendríamos que opinar sobre lo que allí ha dicho.
Ander Gutiérrez-Solana es profesor de Derecho Internacional Público (UPV/EHU).
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