El viceministro de Asuntos Exteriores del movimiento yemení Ansar Allah, Abdulwahid Abu Ras, advirtió este jueves desde Doha (Qatar) de que los aliados de Arabia Saudí que incumplan el bloqueo hutí a la navegación en el mar Rojo pagarán un «precio elevado». La amenaza se produce en el marco de la escalada de la campaña hutí contra el tráfico marítimo en el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

En una declaración recogida por la agencia Sputnik, Abu Ras señaló que cualquier parte que coopere con Riad desafiando la prohibición hutí de que los buques zarpen desde puertos saudíes será considerada responsable. El portavoz no precisó qué tipo de represalias podrían aplicarse, pero el tono de la advertencia sugiere que los hutíes están dispuestos a endurecer sus acciones contra el comercio marítimo en una de las rutas más estratégicas del mundo.

Una ruta clave para el comercio global

El mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb son vías esenciales para el tránsito de petróleo y mercancías entre Europa, Asia y África. Cualquier interrupción sostenida del tráfico en esta zona tendría un impacto directo en los precios de la energía y en las cadenas de suministro globales, afectando también a los intereses económicos españoles.

Los hutíes, que controlan amplias zonas del norte de Yemen, incluida la capital Saná, han intensificado en los últimos meses sus ataques contra buques mercantes vinculados a Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, así como contra aquellos que operan en aguas saudíes. La advertencia de Abu Ras constituye una nueva escalada verbal que podría preceder a acciones más contundentes contra la navegación en la región.

Advertimos a todos los países y compañías que cooperen con Arabia Saudí para violar el bloqueo que pagarán un precio elevado.

La comunidad internacional sigue con preocupación el desarrollo de la crisis, mientras las potencias regionales tratan de evitar una confrontación abierta que podría paralizar una de las arterias comerciales más vitales del planeta.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha declarado este viernes desde Cholpon Ata (Kirguistán) que Moscú prefiere una solución política y diplomática para el conflicto en Ucrania. Sin embargo, advirtió que Rusia no puede hacer nada si Estados Unidos comparte las valoraciones de los líderes europeos y de Ucrania de que los acuerdos alcanzados en la cumbre de Anchorage han quedado sepultados.

Moscow prefers a political and diplomatic settlement.

Lavrov respondió así a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien había señalado el fracaso de los acuerdos de Anchorage, una negociación en la que participaron representantes de Rusia, Ucrania y potencias occidentales. El canciller ruso propuso determinar quién fue exactamente el responsable de la inviabilidad de lo pactado, en un cruce de acusaciones que evidencia la falta de avances diplomáticos.

Ataques ucranianos contra almacenes de Wildberries

Paralelamente, las fuerzas ucranianas han atacado durante varios días almacenes de la plataforma de comercio electrónico Wildberries en múltiples ciudades rusas. Según la versión oficial ucraniana, las instalaciones se utilizaban para almacenar bienes de uso dual: chalecos antibalas, uniformes militares y fibra óptica, lo que justificaría su consideración como objetivos militares.

Los ataques se producen en un contexto de intensificación de la guerra aérea y de infraestructuras, donde ambas partes buscan dañar la logística y la economía del adversario. Moscú no ha ofrecido hasta el momento una valoración detallada de los daños sufridos en estos bombardeos.

Las declaraciones de Lavrov y los bombardeos ucranianos subrayan la persistente contradicción entre el discurso diplomático ruso y la escalada militar sobre el terreno, según algunos analistas, en un conflicto que se acerca a su cuarto año sin visos de solución negociada.

La reanudación del conflicto entre los hutíes de Yemen (Ansarolá) y Arabia Saudita ha elevado la tensión en el mar Rojo, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo y mercancías. La escalada, registrada este 23 de julio de 2026, podría tener consecuencias directas sobre la economía global y la seguridad energética, según la analista de geopolítica Beatriz Gomes.

Una ruta clave para el comercio

El mar Rojo conecta el océano Índico con el mar Mediterráneo a través del canal de Suez, por donde transita aproximadamente el 12% del comercio marítimo mundial, incluida una parte significativa del crudo y gas natural licuado. Cualquier interrupción en la navegación eleva los costes logísticos, dispara las primas de seguros y presiona al alza los precios energéticos.

La reanudación de las hostilidades entre los hutíes —que controlan amplias zonas de Yemen, incluida la capital Saná— y la coalición liderada por Arabia Saudita amenaza con repetir los episodios de 2023-2024, cuando ataques con misiles y drones contra buques mercantes obligaron a desviar rutas hacia el cabo de Buena Esperanza, alargando los trayectos en semanas, según informaron fuentes del sector naviero.

Impacto en la economía mundial

La analista Beatriz Gomes señaló que la escalada podría tener un efecto directo en la crisis energética que aún arrastra Europa tras el conflicto ucraniano. «Cualquier bloqueo en el mar Rojo encarece el transporte de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, lo que repercute en los precios del combustible», explicó. Además, el tráfico de contenedores con productos manufacturados desde China también se vería afectado, con posibles retrasos en las cadenas de suministro.

El conflicto en Yemen, que enfrenta a los hutíes con la coalición árabe desde 2015, ha vivido periodos de tregua y recrudecimiento. La reanudación actual se produce en un contexto de debilidad de las conversaciones de paz patrocinadas por la ONU, lo que hace temer una espiral de violencia aún mayor en una región ya de por sí convulsa.

La veda parcial acordada por el Gobierno asturiano es una medida positiva, pero manifiestamente insuficiente; de hecho, las declaraciones del consejero denotan una orientación de las actuaciones en torno al salmón y la situación de los ríos muy negativa en varios aspectos.

Es positivo que se restrinja la pesca del salmón, aunque la prohibición debería ser total, de forma que se excluya también la pesca del campanu y de individuos para desove y repoblación; el colectivo investigador especializado en este campo viene manifestando repetidamente que las campañas de repoblación que se desarrollan año tras año son contraproducentes, y de hecho no se aprecia que hayan dado lugar a ningún aumento o recuperación de la población.

Las afirmaciones del consejero referentes a que toma decisiones con fundamento en criterios científicos no se sostienen en la realidad: la comunidad científica viene manifestándose en sentido contrario a sus manifestaciones y resoluciones. Nunca ha hecho públicos informes que justifiquen las medidas que viene aprobando. Si realmente dispone de algún informe científico, elaborado por personal científico independiente, sin conflictos de intereses, debería hacerlo público para dar lugar a un debate fundamentado en datos y análisis con metodología científica con quienes sostienen posturas diferentes.

La defensa de que el salmón no se incluya en el Lespre es una decisión política contraria a la naturaleza del catálogo de especies en peligro y a la evidencia científica de cuál es el estado de la especie, reflejado en el informe presentado por Saxífraga, la sociedad que instó la inclusión en el catálogo.

La protección del salmón debe pasar, además de por su inclusión en el Lespre y por la consiguiente prohibición de su pesca, por toda una serie de medidas orientadas a la recuperación del medio natural: eliminación de obstáculos a su circulación por los ríos (azudes y presas en desuso; implementación de escalas practicables en las presas que sigan en uso); mantenimiento y recuperación de los bosques de ribera (acabando con la práctica ya muy frecuente últimamente de eliminar la vegetación de la ribera con motivo de cualquier actuación en la proximidad de los ríos, y a veces incluso sin ninguna otra razón aparente), que son hábitats protegidos y de especial valor; eliminación de los vertidos a los ríos, con persecución de quienes sigan realizándolos; limpieza de los cauces, referida a lo que realmente es suciedad (plásticos y otros residuos humanos), no a la de restos vegetales que ayudan a reducir la velocidad del agua y crean espacios de refugio para numerosas especies; eliminación de especies invasivas; recuperación de las áreas inundables, eliminando construcciones o infraestructuras ilegales; y la regulación de las actividades recreativas asociadas a los cauces fluviales, para no sobrepasar su «capacidad de carga», en particular en cuanto a la navegación con piraguas, canoas, etc. Y, en un marco mucho más amplio, medidas para limitar y adaptarse al calentamiento global.

Resultaría de especial interés que nuestra Comunidad Autónoma participara en los proyectos de investigación y en el diseño e implementación de programas y medidas para la protección y recuperación del salmón atlántico que se estén llevando a cabo en otros territorios que también son hábitat de esta especie.

En cuanto a las declaraciones del consejero sobre el control de supuestos depredadores, mencionando a cormoranes, lubinas y nutrias, debe recordarse que la matanza de cormoranes que viene realizándose desde hace años no tiene ninguna justificación científica y no hay ninguna evidencia de que la importante reducción de ejemplares de esa especie haya dado lugar a mejora alguna en la situación del salmón, ni expectativa real de que pueda tenerla. Otro tanto cabe decir de la lubina, la nutria o cualquier otra especie animal que habita los ríos. Sería especialmente lamentable que después del éxito que ha supuesto la recuperación de la nutria en las últimas décadas gracias a la reducción de la contaminación de algunos ríos ahora se piense en eliminarlas en razón de una medida populista sin perspectiva alguna de que pueda tener cualquier tipo de repercusión favorable para la recuperación del salmón. En cualquier caso, la matanza de animales supone una actuación éticamente inaceptable y que pone en cuestión la escala moral de quien la propone y la autoriza, máxime cuando se hace por razones puramente populistas, sin justificación objetiva defendible.

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Los rebeldes hutíes de Yemen han atacado un petrolero de bandera saudí en el Mar Rojo, en el marco de la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. El ataque, que tuvo lugar el 23 de julio de 2026, supone un nuevo desafío a la seguridad del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo.

La milicia chií yemení, aliada de Teherán, busca aumentar la presión sobre Occidente y afectar al suministro energético global en el contexto del actual enfrentamiento entre la República Islámica y Washington. El ataque se produce sin que se hayan reportado víctimas ni daños cuantificados, según las primeras informaciones.

Implicaciones para la seguridad energética

El Mar Rojo es una vía clave para el transporte de crudo hacia Europa y Asia, y cualquier interrupción afecta directamente a los precios del petróleo. España, como consumidor de petróleo y aliado de Arabia Saudí en la coalición internacional, podría verse afectada si la inestabilidad persiste. El Gobierno saudí no ha emitido aún una declaración oficial, mientras los hutíes han reivindicado la acción como parte de su apoyo a Irán en el conflicto regional.

Los hutíes han demostrado su capacidad para golpear infraestructuras energéticas saudíes en el pasado, y este ataque subraya el riesgo para la seguridad energética global en un momento de alta tensión geopolítica.

El ataque se enmarca en la estrategia hutí de desgaste contra Arabia Saudí, principal potencia suní de la región y respaldada por Estados Unidos. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, ha condenado la acción y reclama moderación para evitar una escalada mayor.

Las fuerzas hutíes de Yemen, pertenecientes al movimiento Ansar Allah, han atacado este jueves dos petroleros de bandera saudí en el Mar Rojo, en el marco del bloqueo marítimo que imponen contra Arabia Saudí. El portavoz militar de Ansar Allah, Yahya Saree, confirmó la operación y justificó la acción por una supuesta violación del bloqueo por parte de los buques saudíes.

El ataque tuvo lugar cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas más sensibles para el comercio mundial de petróleo y gas. Según las primeras informaciones, no se han reportado víctimas ni daños catastróficos de forma inmediata, aunque el incidente eleva la tensión en una vía clave para el suministro energético global.

Una escalada en la guerra regional

La operación hutí se enmarca en la estrategia de presión que el grupo yemení mantiene contra Riad desde que comenzó el conflicto en Yemen. El movimiento Ansar Allah ha establecido un bloqueo naval contra Arabia Saudí que ya ha afectado a varios cargueros en la zona. Este nuevo ataque subraya la capacidad de los hutíes para interferir en el tráfico marítimo a pesar de los bombardeos de la coalición saudí.

«Yemen’s Ansar Allah movement… said on Thursday that it had attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea for violating the…»

El estrecho de Bab el-Mandeb es una de las principales vías de tránsito del petróleo del Golfo Pérsico hacia Europa y América. España y otros países de la Unión Europea dependen en gran medida de esta ruta para sus importaciones de crudo, por lo que cualquier interrupción sostenida podría tener repercusiones en los precios y la seguridad energética.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del bloqueo, mientras los hutíes advierten de que intensificarán las inspecciones y ataques contra cualquier buque que consideren infractor. Arabia Saudí no ha emitido una respuesta oficial inmediata, aunque fuentes de la coalición árabe consultadas por la agencia Reuters han indicado que evalúan medidas para proteger la navegación en la zona.

Rusia ha acusado a Ucrania de cometer un ataque terrorista contra el ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, Alexander Yakovlev, un suceso que, según Moscú, incrementa el peligro de una catástrofe radiológica en el continente europeo. El anuncio fue realizado este martes por Rodion Miroshnik, embajador ruso para crímenes del régimen de Kiev, quien afirmó que el ataque eleva de forma inevitable el riesgo de un desastre nuclear de origen humano.

La central de Zaporiyia, la mayor de Europa en capacidad instalada y ubicada en el sureste de Ucrania, se encuentra bajo control ruso desde marzo de 2022. Desde entonces ha sido escenario de reiterados intercambios de acusaciones entre ambas partes sobre bombardeos y sabotajes en sus instalaciones. El asesinato de Yakovlev, figura clave en la operación de la planta, añade una nueva dimensión de tensión en torno a la seguridad de la instalación, que ya había suscitado la preocupación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El acto terrorista de Ucrania contra el ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia inevitablemente aumenta el riesgo de una catástrofe radiactiva de origen humano, que podría afectar a todos los países europeos, incluido el territorio de la propia Ucrania, así como a Bielorrusia, Rusia y los Estados del norte de África.

Desde el inicio de la guerra, la central ha perdido en varias ocasiones la conexión con la red eléctrica externa, y ha dependido de generadores diésel de emergencia para mantener refrigerados los reactores. Cualquier fallo prolongado en los sistemas de refrigeración podría desencadenar una fusión del núcleo, con consecuencias similares a las de Chernóbil o Fukushima. La desaparición del ingeniero jefe, responsable de supervisar aspectos críticos de la seguridad técnica, agrava la ya de por sí precaria situación de la planta según la lectura rusa.

Kiev no ha confirmado ni desmentido la acusación, y por el momento no hay información verificable de fuentes independientes sobre las circunstancias del ataque. La comunidad internacional, a través del OIEA, mantiene un equipo de inspectores en la central desde septiembre de 2022, cuyo mandato es precisamente prevenir un accidente nuclear en condiciones de conflicto activo.

La advertencia rusa llega en un momento de escalada militar en la región de Zaporiyia, donde las fuerzas ucranianas han intensificado sus operaciones para tratar de recuperar el control de la central y su entorno. La posibilidad de que la infraestructura nuclear se convierta en objetivo deliberado o se vea afectada por fuego cruzado ha sido una de las mayores angustias de los organismos internacionales desde el inicio de la invasión.

Los hutíes de Yemen anunciaron este lunes un bloqueo de Arabia Saudí, una escalada que podría aumentar la presión sobre los mercados globales de petróleo, según fuentes del movimiento insurgente. La medida se produce en un contexto de agotamiento de las reservas estratégicas de crudo a nivel mundial y cuando el mar Rojo se ha consolidado como una ruta clave para el transporte de petróleo y grano hacia los países del golfo Pérsico.

El bloqueo, si se materializa, sometería a Arabia Saudí a una guerra económica similar a la que Estados Unidos ha aplicado contra Irán mediante sanciones marítimas. El mar Rojo, bordeado por Yemen por el sureste, es un conducto esencial no solo para el crudo que rodea el estrecho de Ormuz, sino también para las importaciones de cereales y otros suministros vitales para Riad y sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Presión sobre Washington y los mercados

La escalada hutí pone al presidente estadounidense, Donald Trump, en una situación comprometida. La amenaza de un bloqueo efectivo podría forzar a la Casa Blanca a reducir sus ataques contra Irán —aliado de los hutíes—, ante el riesgo de un encarecimiento descontrolado del petróleo que golpee la economía global y, en particular, a los socios europeos como España.

Las existencias de crudo en Estados Unidos y en el resto del mundo se encuentran en niveles peligrosamente bajos, según los análisis disponibles, lo que amplifica el impacto potencial de cualquier interrupción en el suministro desde la península arábiga. El anuncio hutí no precisó las medidas concretas del bloqueo ni su calendario, pero la mera declaración elevó la tensión en los mercados energéticos.

Noveno programa de Tofus2Furious, amigas veganas… ¡y seguimos aquí dando caña! Este mes venimos con una rectificación necesaria, política animal, anécdotas surrealistas y una entrevista a una de nuestros integrantes. En Veganicias repasamos dos titulares que han encendido todas las… Leer más

Radio Almaina - Tofus 2 Furious T1x09 Caza sin freno, aniversario vegano y unos bichillo que nos dan su merecido… y otros no tanto

Las fuerzas hutíes de Yemen, conocidas oficialmente como Ansar Allah, anunciaron este lunes la imposición de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí en el mar Rojo, según declaró el portavoz militar del grupo, Yahya Saree. La medida llega una semana después de que la aviación saudí bombardeara el aeropuerto internacional de Saná, capital yemení controlada por los hutíes.

Una escalada en el conflicto yemení

El bloqueo hutí es una respuesta directa al embargo que Riad mantiene sobre los puertos yemeníes desde 2015, en el marco de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en la guerra civil de Yemen. Según Saree, la nueva medida afectará a la navegación mercante con destino a costas saudíes en el mar Rojo, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado.

El anuncio eleva la tensión en un conflicto que se ha prolongado durante más de una década, con consecuencias humanitarias devastadoras para la población civil yemení. La coalición saudí ha impuesto un bloqueo aéreo y naval que, según Naciones Unidas, ha contribuido a una de las peores crisis humanitarias del planeta.

Por el momento, no se han reportado incidentes inmediatos en el mar Rojo tras la declaración hutí, pero la comunidad marítima internacional sigue con atención la evolución de la situación. El estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, es un punto de paso obligado para buques que se dirigen a Europa a través del canal de Suez, lo que otorga al bloqueo hutí un potencial impacto global.

Cinco años después de las primeras revelaciones del caso Pegasus, nuevas informaciones publicadas este 19 de julio de 2026 por el consorcio de medios Forbidden Stories destapan el alcance del sistema de ciberespionaje marroquí. Según los testimonios recogidos por los investigadores, el entramado no conoce límites y ha tenido como blancos a opositores del régimen marroquí, así como a Francia y Argelia.

Las nuevas filtraciones ponen al descubierto cómo Marruecos utilizó el software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para infiltrarse en dispositivos de personalidades y entidades de diferentes países. La investigación, coordinada por Forbidden Stories, revela que los objetivos incluían a disidentes marroquíes, así como intereses franceses y argelinos.

Un sistema sin límites

Los testigos clave que han colaborado con el consorcio indican que el sistema de vigilancia marroquí operaba sin cortapisas, extendiéndose más allá de las fronteras del reino. Aunque no se han proporcionado cifras concretas sobre el número de objetivos, el alcance geográfico y la naturaleza de los blancos —que abarcan desde activistas hasta gobiernos extranjeros— sugieren una operación de vigilancia masiva.

Con las nuevas revelaciones sobre el escándalo Pegasus, cinco años después de las primeras, todo el sistema marroquí queda al descubierto.

El escándalo original de Pegasus, que estalló en 2021, ya había mostrado cómo varios gobiernos utilizaban el software espía para vigilar a periodistas, activistas y políticos. Las nuevas revelaciones se centran específicamente en la implicación de Marruecos, señalado como uno de los clientes más activos de NSO Group.

Implicaciones para España

La proximidad geográfica y las tensas relaciones diplomáticas entre Marruecos y España hacen que estas revelaciones tengan un impacto directo en los intereses estratégicos españoles. Si Marruecos ha espiado a Francia y Argelia, es plausible que también haya vigilado a autoridades o ciudadanos españoles, aunque la investigación no lo confirma explícitamente. El caso reabre el debate sobre la regulación del ciberespionaje y la protección de la privacidad en un contexto internacional donde las herramientas como Pegasus amenazan la seguridad nacional de los países.

Cuando se cumplen tres años de la entrada en funcionamiento de la regasificadora de El Musel, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies considera que existe ya una perspectiva suficiente para evaluar si la infraestructura ha cumplido el objetivo excepcional con el que fue autorizada tras la invasión rusa de Ucrania.

La puesta en marcha de la planta fue presentada por el Gobierno como una medida estratégica para reforzar la seguridad energética de Europa y facilitar el suministro de gas al resto de Estados miembros. Esa justificación permitió activar una instalación que permanecía inactiva desde su construcción y reconocerle un régimen económico singular, cuyos costes continúan siendo soportados por el conjunto del sistema gasista y, en última instancia, por todos los consumidores.

Sin embargo, tres años después, los datos acumulados de explotación muestran una realidad muy distinta.

Desde su entrada en servicio han descargado en El Musel 39 buques metaneros, incluida la carga inicial, con un volumen total de 6.110.815 m³ de gas natural licuado (GNL).

De ese volumen:

• 4.974.106 m³ (81,4 %) fueron regasificados e inyectados directamente en la red gasista española.
• 291.668 m³ (4,8 %) se distribuyeron mediante cisternas.
• 451.231 m³ (7,4 %) fueron cargados nuevamente en buques.
• El resto, del orden del 6 %, permanece actualmente almacenado tras la reciente descarga del metanero Castillo de Caldelas, manteniendo la planta en un nivel de existencias próximo a su capacidad máxima de operación.

Es decir, más de cuatro quintas partes del gas descargado terminaron abasteciendo el mercado gasista español, mientras que la actividad de recarga de buques ha sido meramente testimonial.

Las cifras de carga de buques son igualmente reveladoras.

En tres años únicamente se realizaron siete operaciones de carga. Sin embargo, dos de ellas no constituyeron operaciones comerciales de suministro, sino la carga de pequeñas cantidades de GNL destinadas exclusivamente a la puesta en frío de los metaneros, una maniobra técnica necesaria para acondicionar los tanques del buque antes de recibir el cargamento.

Descontadas estas dos operaciones técnicas, el volumen realmente cargado equivale aproximadamente a tres metaneros completos.

Además, solo uno de esos cargamentos tuvo como destino otro Estado miembro de la Unión Europea, Croacia.

El resto fueron cargas parciales: dos con destino a Argentina y Egipto y otras dos que, tras completarse en la República del Congo, terminaron siendo descargadas en las terminales españolas de Huelva y Cartagena. En consecuencia, tampoco pueden considerarse operaciones destinadas a reforzar el suministro energético del resto de Europa.

Para Ecoloxistes n’Aición, estos datos evidencian que la solidaridad energética europea utilizada para justificar la puesta en marcha de El Musel apenas se ha materializado en la práctica.

Paradójicamente, la mayor parte del gas descargado ha terminado siendo regasificado alegando la necesidad de controlar el denominado boil-off gas (BOG), el gas que se evapora de forma natural durante el almacenamiento del GNL.

Precisamente por ello resulta imprescindible conocer si se han ejecutado las inversiones comprometidas para reducir ese fenómeno, cuándo entraron en funcionamiento, cuál ha sido su eficacia real y qué comprobaciones han realizado el Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el cumplimiento de esa condición.

La organización ecologista recuerda que la autorización de la planta y el reconocimiento de un régimen económico singular respondían a una situación extraordinaria derivada de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. Tres años después, resulta obligado evaluar si esa justificación sigue siendo válida a la vista de los resultados obtenidos y del servicio efectivamente prestado.

Por ello, Ecoloxistes n’Aición considera imprescindible que se haga público el balance económico completo de estos tres años, detallando:

• El importe total de los costes regulados reconocidos a la planta.
• Los servicios efectivamente prestados al sistema gasista.
• El grado de cumplimiento de todas las condiciones técnicas impuestas para su autorización, especialmente las relativas a la reducción del boil-off gas.
• Y la evaluación de si siguen concurriendo las circunstancias excepcionales que justificaron el régimen económico singular concedido a la instalación.

Tres años después de la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, existe ya una perspectiva suficiente para evaluar si la infraestructura ha cumplido la finalidad excepcional con la que fue activada. Los datos de explotación muestran que esa finalidad —contribuir al suministro energético del resto de Europa tras la invasión rusa de Ucrania— apenas se ha materializado, mientras la instalación continúa funcionando bajo un régimen económico singular cuyos costes siguen siendo asumidos por el conjunto de los consumidores. Este balance resulta especialmente pertinente al cumplirse el tercer aniversario de una decisión que fue presentada como una respuesta excepcional a una crisis energética también excepcional.

Por todo ello, Ecoloxistes n’Aición solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que hagan público el balance económico y operativo de estos tres años, revisen la continuidad del régimen económico excepcional concedido a la planta y acrediten el cumplimiento de todas las condiciones técnicas impuestas para su puesta en funcionamiento, en particular las relativas a la reducción del boil-off gas.

 

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No digo que no exista el peligro, pero se nos habla del peligro por encima del placer.

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Incumpliendo su obligación legal, los gobiernos de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco no han avisado a la población sobre el riesgo de la contaminación para su salud.

La intensa ola de calor que está afectando en particular a toda la cornisa cantábrica, desde Galicia al País Vasco pasando por Asturias y Cantabria, junto al intenso tráfico motorizado y la actividad industrial y portuaria de las áreas urbanas de A Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Torrelavega, Bilbao y Donostia/San Sebastián, han provocado que se disparen los niveles de ozono en el interior de las comunidades autónomas citadas, donde los episodios de mala calidad del aire por este contaminante atmosférico eran hasta fechas recientes inusuales.

En la tarde de ayer lunes, se registraron en los territorios citados 16 superaciones del umbral de información a la población, establecido por la normativa en 180 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, medidos en una hora. Dichas superaciones se produjeron en las estaciones Magdalena (3) y Mourence, respectivamente en el interior de A Coruña y de Lugo; en las estaciones asturianas litoral Niembro e interiores Olloniego (2), Santa Marina (2) y Sama (2); en las estaciones cántabras Corrales de Buelna y Parque Zapatón (3), en la Comarca de Torrelavega; y en la estación guipuzcoana Andoain, al sur de Donostia/San Sebastián.

La máxima contaminación se registró en la estación asturiana Olloniego, próxima a la ciudad de Oviedo, donde se alcanzaron 230 microgramos de ozono por metro cúbico de aire entre las 14 y 15 horas, muy cerca del umbral legal de alerta, establecido en 240 microgramos de ozono por metro cúbico de aire. Siendo generales en toda la cornisa cantábrica las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud, fijado por la normativa en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, como promedio de ocho horas consecutivas.

Por sus condiciones climáticas poco propensas a la formación del ozono (baja radiación solar y elevadas lluvias), se trata de un episodio de contaminación inusual en el norte de España, más propio de regiones mediterráneas del centro, el sur y el este peninsular como Andalucía, Cataluña o Madrid, que la semana pasada y ayer también sufrieron superaciones del umbral de información, en Barcelona, Madrid o Sevilla. El cambio climático esta así provocando episodios de ozono donde antes eran desconocidos, agravando las muy dañinas olas de calor.

La previsión de la superación del umbral de información establecido para el ozono obliga a las autoridades a advertir a las personas más sensibles a la contaminación atmosférica, tales como infancia, mayores, mujeres gestantes o personas con enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, de que se protejan evitando en las horas centrales del día y al atardecer cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre. También deben informar sobre la previsión de evolución de la contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

No obstante, los gobiernos de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco no han avisado a la población de esta circunstancia con la debida antelación, utilizando canales que aseguraran su recepción por las personas afectadas, como los medios de comunicación públicos y privados. La información disponible se limita a avisos rutinarios en las páginas Web de los distintos gobiernos, que advierten a posteriori de esta circunstancia y prevén su repetición durante los próximos días, mientras duren las elevadas temperaturas y la alta radiación solar.

No es la primera vez que el Principado de Asturias, el Gobierno de Cantabria, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco incumplen su obligación legal de informar a la población afectada por un episodio de contaminación por ozono. Además, estas administraciones no han limitado preventivamente el tráfico motorizado ni las principales actividades industriales de las áreas urbanas citadas, principales responsables junto a la ola de calor del actual episodio.

En opinión de Ecologistas en Acción, se reitera de esta manera el escaso interés con el que las autoridades afrontan la lucha contra la contaminación atmosférica, que cuesta cada año cientos de vidas en la cornisa cantábrica y graves daños a los bosques y cultivos, ante la completa pasividad de los gobiernos. Una actitud negligente frente a la que la organización ecologista solicita la elaboración y aplicación de Planes de Acción a Corto Plazo para combatir la contaminación por ozono, con medidas inmediatas sobre el tráfico y la industria.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La Agencia Europea de Medio Ambiente estima entre 6.000 y 7.000 los fallecimientos prematuros anuales en el Estado español producidos como consecuencia de la exposición a niveles de ozono como los registrados estos días en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.

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• Ecologistas en Acción muestra una gran preocupación por la intervención que la Junta de Andalucía está realizando en el río Majaceite, al considerar que supone una actuación desproporcionada y con importantes consecuencias ambientales.

La eliminación prácticamente total de la vegetación de ribera en partes del río colindante con la población de El Bosque está convirtiendo el cauce en un canal inerte. Esta intervención, que se está llevando a cabo mediante declaración de emergencia con una tramitación reducida, parece responder más al incentivo económico derivado del cobro por cantidad de materia vegetal retirada que criterios técnicos y, mucho menos, ambientales.

Si el objetivo era reducir el riesgo de formación de tapones durante las avenidas de agua, una actuación selectiva consistente en retirar la madera muerta y los residuos habría sido previsiblemente suficiente, sin necesidad de eliminar la vegetación de ribera autóctona.

Suprimir la vegetación en un río en tramos de pendiente considerable aumenta la velocidad y violencia del agua durante las crecidas y favorece una mayor erosión de las márgenes. A ello se suma el grave impacto sobre la biodiversidad al eliminar completamente el hábitat de especies amenazadas como son muchas de las que habitan los bosques de ribera, especialmente porque  las obras se están realizando en época de cría. Además, se reduce la sombra sobre el cauce e incrementa la temperatura del agua en plenas olas de calor.

La retirada de especies exóticas invasoras, como puede ser la caña común, sí es acertada, pero no las especies autóctonas cuanto más que esto puede favorecer precisamente la expansión de las primeras, de más rápido crecimiento y capacidad de expansión.

El Bosque basa una parte importante de su economía en el turismo de naturaleza. Por ello, consideramos profundamente contradictorio destinar dinero público a actuaciones que degradan uno de los principales valores ambientales y paisajísticos del municipio, que es precisamente el río Majaceite.

Por último, reclamamos la máxima transparencia sobre esta intervención. En este sentido, hemos solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el proyecto y los informes hidráulicos y ambientales que supuestamente justifiquen esta actuación. y que se explique de forma clara cómo está prevista la restauración del bosque de ribera una vez finalicen los trabajos.

Ecologistas en Acción insiste en que la prevención del riesgo de inundaciones es compatible con la conservación de los ecosistemas fluviales y recordamos que las soluciones basadas en el conocimiento científico y el respeto al funcionamiento natural de los ríos ofrecen mejores resultados a largo plazo que las actuaciones de eliminación masiva de la vegetación.

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Afirmar que la mayoría de los políticos son corruptos y que el ejercicio de la política es una vía de enriquecimiento personal y de obtención de privilegios es evidentemente un despropósito, una generalización excesiva, que contribuye a cultivar una especie de «sentido común» muy extendido entre la opinión pública y que podemos resumir como «todos vienen a meter mano a la caja común y a promover sus intereses personales o de grupo». Una posición que encaja con los resultados obtenidos en las encuestas de opinión pública llevadas a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Eurobarómetro y otras instituciones, confirmando que la corrupción política se encuentra entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Este asunto, con esta perspectiva, ocupa un lugar preferente en la mayor parte de los medios de comunicación y en las redes sociales, desplazando a problemas tan acuciantes como el imposible acceso de muchos jóvenes a una vivienda digna, el persistente deterioro de la sanidad y la educación públicas, el estancamiento de los salarios de muchos trabajadores o el continuo aumento de la desigualdad.

Aunque, en los últimos tiempos sobre todo, han salido a la luz graves episodios de corrupción donde algunos políticos –en ocasiones con puestos muy destacados en la administración pública y en las cúpulas de los partidos– han aprovechado su privilegiada posición para saquear lo que es de todos y para obtener todo tipo de prebendas, opino que no cabe hacer generalizaciones, metiendo a todos en el mismo saco.

En realidad, estamos ante un debate manipulado donde los grandes medios de comunicación y las redes sociales establecen las coordenadas y el contenido del mismo. Aunque hace referencia a los políticos (y a la política) –así, en general– está teniendo un considerable recorrido social y electoral para las derechas, especialmente para la extrema derecha.

En este escenario, poco importa que el Partido Popular (PP) haya sido condenado por los tribunales en calidad de partido que ha promovido o se ha beneficiado de la corrupción, que varios de sus dirigentes hayan ingresado en la cárcel por ello y que todavía tenga abiertas diferentes causas judiciales. ¡Pelillos a la mar! Todos los focos están puestos en el Partido Socialista Obrero Español y en el presidente de gobierno, Pedro Sánchez.

Se trata, pues, de un debate muy polarizado y sesgado que, como apuntaba antes, arrincona los grandes y graves problemas que tiene la ciudadanía, en el contexto de una batalla política de gran calado donde las derechas –políticas, judiciales, empresariales y mediáticas– pretenden poner fin a la legislatura y al gobierno de coalición, alentados por unas encuestas donde predicen que, de celebrarse las elecciones, probablemente el PP y Vox alcanzarían la mayoría absoluta.

En este escenario, suscitan menos interés los «corruptores». Aquellos empresarios o sus testaferros que hacen de intermediarios y/o promueven negocios aprovechando el acceso privilegiado a los recursos públicos y a sus contactos en la Administración. No sólo su decisiva posición en las tramas apenas recibe penalización, sino que incluso es recompensada si media algún tipo de colaboración en los procesos judiciales.

Llegados a este punto creo pertinente realizar algunas consideraciones sobre la posición de aquellas empresas (sobre todo grandes firmas) cuyo modelo de negocio consiste cada vez más en capturar recursos públicos y modificar en su propio beneficio las regulaciones públicas. No estoy hablando de un fenómeno reciente (si bien en los últimos años se ha intensificado), ni tampoco de prácticas que cabría calificar necesariamente como ilegales, aunque ocupan un espacio fronterizo y opaco. Se trata de algo más amplio que lo contenido en el término «corruptores».

Me refiero más bien a la quintaesencia de un capitalismo oligárquico y a una dinámica, la de los mercados realmente existentes, que claramente apunta a la colonización, a la ocupación de lo público, a partir de la posición de privilegio (y de poder) de los grandes grupos económicos. Podemos convenir, como acabo de señalar, que, en el sentido literal del término, no estamos necesariamente ante prácticas corruptas, pero en mi opinión constituyen el sustrato básico para que se desarrollen y consoliden.

En estas coordenadas cabría situar algunos ejemplos destacados, como el privilegiado acceso de las grandes empresas a los fondos europeos y más concretamente a los recursos asignados por la Unión Europea (UE) para enfrentar las consecuencias de la pandemia y poner los cimientos de la denominada transición verde y digital (NGEU, por sus siglas en inglés); al considerable aumento de los recursos públicos, tanto estatales como comunitarios, destinados al lobby militar; o a los escandalosos beneficios fiscales que disfrutan las corporaciones y las grandes fortunas. En el mismo sentido hay que destacar el privilegiado acceso de los grupos de presión (lobbies) a los espacios públicos –en la UE y en España– donde se moviliza una gran cantidad de recursos y se toman decisiones; grupos que, como sabemos, no hacen ascos, todo lo contrario, a colocar en puestos clave a políticos de «izquierdas» recompensándoles con abultadas (escandalosas) retribuciones.

¿Acaso se actúa para enfrentar esta problemática? ¿Hay interés en abrir el foco del debate para entrar en las raíces mismas de los procesos de corrupción? La respuesta a ambas preguntas es claramente negativa, pero una izquierda verdaderamente transformadora tendría que mirar necesariamente en esa dirección.

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La organización reclama una planificación más rigurosa, mayor protección del territorio rural y la incorporación de criterios de seguridad y protección civil.

Ecoloxistes n’Aición d’Asturies ha presentado alegaciones al Avance de las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías (BESS) en suelo no urbanizable promovidas por el Gobierno del Principado.

La organización considera que la aprobación de unas directrices específicas supone un avance respecto a la situación vivida durante los últimos años, marcada por la presentación de numerosos proyectos impulsados principalmente en función de la disponibilidad de puntos de conexión a la red eléctrica y por la ausencia de una planificación territorial previa.

Ecoloxistes n’Aición recuerda que los sistemas de almacenamiento energético mediante baterías son una infraestructura necesaria para facilitar la integración de energías renovables y avanzar en la descarbonización del sistema energético. Por ello, las alegaciones presentadas no cuestionan la necesidad de estas instalaciones, sino que pretenden mejorar los criterios para su implantación y reducir los conflictos sociales y territoriales que han acompañado muchos de los proyectos conocidos hasta la fecha.

La organización considera positivo que las Directrices introduzcan criterios de planificación y prioricen la utilización de espacios ya transformados, industriales o degradados. Sin embargo, considera que existe margen para fortalecer el documento en cuestiones clave como la protección del suelo rural, el análisis de alternativas, la evaluación de impactos acumulativos y la adecuada consideración de los riesgos asociados a este tipo de instalaciones.

Entre las propuestas presentadas destaca la necesidad de reforzar la protección del Suelo No Urbanizable de Interés, una categoría que previsiblemente concentrará buena parte de los futuros proyectos, incorporando criterios más precisos relacionados con el paisaje, la actividad agraria, los corredores ecológicos y la proximidad a núcleos rurales.

Asimismo, Ecoloxistes n’Aición reclama que las Directrices incorporen de forma expresa criterios de protección civil y gestión de emergencias. En este sentido, la organización plantea que la aptitud de un emplazamiento no debe valorarse únicamente desde el punto de vista urbanístico o ambiental, sino también teniendo en cuenta factores como la accesibilidad para los servicios de emergencia, la disponibilidad de recursos hídricos para la extinción de incendios, la existencia de receptores sensibles en el entorno o la capacidad real de respuesta ante situaciones accidentales.

Las alegaciones se apoyan en documentación técnica internacional y en las recomendaciones elaboradas por organismos especializados en seguridad y emergencias, que ponen de manifiesto la importancia de integrar la gestión de riesgos en la planificación territorial de este tipo de instalaciones.

La organización también solicita que se desarrollen metodologías específicas para evaluar los efectos acumulativos derivados de la concentración de baterías, subestaciones eléctricas, líneas de evacuación y otras infraestructuras energéticas sobre determinados territorios.

Para Ecoloxistes n’Aición, el conflicto social generado en torno a los proyectos de almacenamiento energético no deriva de la existencia de las baterías, sino de la ausencia de una planificación previa suficientemente desarrollada y de criterios homogéneos de localización.

Por ello considera que las Directrices representan una oportunidad para ordenar el despliegue de estas infraestructuras, reforzar la seguridad jurídica, mejorar la protección ambiental y aumentar la confianza de la ciudadanía en los procesos de transición energética.

“La transición energética necesita baterías, pero también necesita planificación, transparencia y garantías para las poblaciones afectadas. El objetivo debe ser decidir dónde resulta razonable implantarlas, no simplemente dónde resulta posible conectarlas”, concluye la organización.

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Siniestro Total fue el primer concierto (de verdad) de los HdA allá por octubre de 1993. El viernes 6 de mayo se despidieron de los escenarios con un multitudinario concierto en Madrid ante más de 18.000 personas. No podíamos faltar y allí estuvimos para cerrar un círculo de nuestras vidas. 40 años sin pisar la […]

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En el programa de hoy dejaremos simplemente que suenen una retahíla de temas rompepistas de distintas formaciones, más o menos conocidas, de grupos femeninos soul de los años 60. Porque si el mercado discográfico era complicado en esa época para cualquier artista. Si le añades ser negro, como es el caso de la mayoría de […]

La entrada HIJOS DEL AGOBIO: «FEMME MOD SOUL» (27/05/2022) se publicó primero en Radio Topo.