Ecologistas en Acción denuncia que la Comunidad de Madrid sigue entre las comunidades autónomas con peores resultados de reciclaje de España, con una tasa del 40,8 %, muy por debajo del objetivo europeo del 50%
La gestión por mancomunidades evidencia un rotundo fracaso: la Mancomunidad del Sur apenas recicla el 28,4 % y la del Noroeste el 32,8 %
La apertura del procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España por incumplir los objetivos de reciclaje pone de manifiesto el fracaso de las políticas de residuos de la Comunidad de Madrid cuya gestión depende exclusivamente del gobierno regional, del Ayuntamiento de Madrid y de las mancomunidades de gestión de residuos.
Los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico correspondientes a 2022 sitúan a la Comunidad de Madrid con una tasa de preparación para la reutilización y reciclado del 40,8 %, muy lejos del objetivo europeo del 50 % en 2020 y entre las comunidades autónomas con peores resultados del país.
La organización señala que la situación es aún más preocupante cuando se analizan los datos por mancomunidades. La Mancomunidad del Sur, que gestiona los residuos de 71 municipios y más de dos millones de habitantes, apenas alcanza un 28,4 % de reciclaje, mientras que la Mancomunidad del Noroeste se queda en un 32,8 %. Solo la Mancomunidad del Este supera el objetivo europeo, con un 53,3 %.
Señalan que estos datos de valoración se obtienen por exclusión de residuos incinerados y vertidos, y aseguran que una valoración precisa de los residuos reciclados y reutilizados aún daría para una valoración más negativa.
Residuos
Para Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, estos datos demuestran el fracaso del modelo de gestión regional, basado en grandes complejos de tratamiento y eliminación. Consideran especialmente preocupante que, pese a estos malos resultados, la respuesta de las administraciones siga siendo proyectar nuevas ampliaciones de vertederos y mantener un modelo centrado en el tratamiento del residuo mezclado, en lugar de apostar decididamente por la prevención, la reutilización, la recogida separada de calidad y el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).
En su comunicado, la organización ecologista ha asegurado que “los datos oficiales desmontan el discurso del Gobierno regional. Madrid no sólo incumple los objetivos europeos, sino que las dos principales mancomunidades de residuos presentan resultados propios de un sistema agotado que necesita una transformación profunda”.
La coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER, en la que participa Ecologistas en Acción, denuncia que la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se presenta como agilización, pero oculta especulación, recorte de garantías y un urbanismo a dos velocidades.
Aseguran que el proyecto de nueva legislación del suelo regional se presenta arropado de una retórica que fundamentalmente glosa la rapidez o agilización de que va a gozar el urbanismo en la Comunidad de Madrid a partir de esta ley.
Para la coordinadora los “anuncios triunfalistas” del gobierno regional ocultan que el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se ha elaborado sin contar con un diagnóstico objetivo de la situación y los retos a los que se enfrenta la región en materia de suelo y urbanismo. Las organizaciones que componen la coordinadora aseguran que no se han presentado datos concretos sobre cuáles son los plazos actuales de tramitación del urbanismo y cuáles son, en su caso, los cuellos de botella en ese proceso, por lo que consideran que el proyecto de ley surge sin el menor análisis de los efectos de la legislación actual sobre el territorio regional, después de 25 años de vigencia de la actual ley del suelo y de más de 30 de vigencia de la ley de ordenación del territorio.
La coordinadora critica que el objetivo de la nueva legislación tiene muy poco que ver con los problemas reales de la región y mucho con lo que tildan de “obsesión de las autoridades regionales” por facilitar la especulación inmobiliaria y la expansión del suelo urbanizado, al margen de las necesidades sociales y los límites ambientales.
El anuncio oficial de la aprobación del proyecto de ley ofrece, aseguran, una variada información engañosa que en su comunicado han desglosado en varios puntos:
Se anuncian como un gran avance los Planes Estratégico Municipales (PEM), que sustituyen a los actuales Planes Generales, cuando realmente lo que suponen es la dejación de las obligaciones públicas a la hora de definir el modelo territorial y urbano de los municipios, que, ahora, recaerán en la iniciativa privada a través de Planes Ejecutivos. Y no se habla de que todo ello se acompaña en el proyecto de ley de unos mecanismos de participación ciudadana recortados, reducidos prácticamente a formalismos.
Se anuncia un sistema pionero que permitirá a los ayuntamientos remodelar barrios y espacios libres sin coste para el vecindario, algo que se puede hacer, y se debería hacer, sin ningún problema con la actual legislación.
La reducción del número de clases de suelo, por un lado, y por otro la supuesta facilitación de actividades rurales, también anunciadas, enmascara que el proyecto de ley abre una puerta trasera por la que se podrán colar todo tipo de actividades ‘excepcionales’ -pero toleradas- en los suelos rurales, tanto protegidos como no protegidos; además de que en el suelo rural no protegido (que representa aproximadamente un 22,5% del total del territorio regional, más que el ya urbanizado, que es el 18%), se podrán desarrollar actuaciones urbanísticas sin cortapisa legal alguna.
¿Más protección del patrimonio histórico? También se menciona en el anuncio, cuando en realidad el proyecto de ley rebaja la categoría legal de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos municipales, facilitando así la descatalogación de bienes, por ejemplo.
Se hacen estimaciones en cuanto a la duración de la tramitación de los instrumentos urbanísticos que no están apoyados en ningún dato fiable ni conocido. Y en todo caso no se aclara que la posible reducción de plazos se dará a costa de las garantías legales, ambientales y sociales de dichos instrumentos; por ejemplo, mediante el silencio positivo ante la ausencia o retraso de los informes sectoriales preceptivos. Ni se explica que la tramitación será a partir de esta ley a dos ritmos: el de la administración pública, por un lado, y el de las entidades privadas colaboradoras (lucrativas, obviamente), que se supone tendrán mayor agilidad; dicho de otra forma: habrá urbanismo de primera, o de pago -el privado-, y de segunda -el público.
La coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER denuncia que la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se presenta como agilización, pero oculta especulación, recorte de garantías y un urbanismo a dos velocidades.
Por otro lado ¿son realmente los plazos de tramitación de los planes urbanísticos el principal problema que tiene la ciudadanía madrileña en materia de suelo y territorio?, se preguntan. La coordinadora pone en duda que en una región atravesada por una crisis habitacional sin precedentes, por actuaciones especulativas (los pelotazos), por la privatización de las dotaciones y los espacios libres, la cesión de suelo público al mercado inmobiliario, por un proceso de expulsión de población de las áreas centrales y de expansión de la urbanización que obliga a crecientes desplazamientos diarios, sin hablar de emergencias universales como el cambio climático, el problema de los plazos de tramitación de los instrumentos urbanísticos sea la prioridad a abordar por una nueva legislación del suelo.
Aseguran que el proyecto de ley, ni aborda el reequilibrio territorial en la región, ni establece medida alguna para controlar y paliar el encarecimiento de la vivienda o para favorecer el incremento del parque público residencial, ni para frenar la especulación y la privatización de lo común, o para mitigar los efectos del cambio climático.
Consideran que, con esta ley, el gobierno regional, al tiempo que sanciona la defunción de la ordenación territorial, obligación pública autonómica no ejercida hasta la fecha, introduce instrumentos de intervención sobre el territorio en ámbitos subregionales, directamente desde el gobierno regional y al servicio de las iniciativas privadas, al margen por completo de la normativa y la opinión de los municipios afectados y advierten del riesgo, en un futuro próximo, de que se aprueben proyectos de graves impactos ambientales en el campo energético, de proceso de datos, macro granjas etc.
Concluyen que este proyecto de ley constituye una grave irresponsabilidad del gobierno regional, y lamentan que sus efectos previsibles en el territorio y en la sociedad madrileña sociedad serán muy profundos y negativos por lo que la Coordinadora Madrid contra la LIDER anuncia movilizaciones contra el Proyecto de Ley para el mes de septiembre.
Ecologistas en Acción solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la anulación definitiva de la clasificación de Los Carriles como suelo urbanizable para garantizar su protección.
La organización ha lanzado una nueva campaña de donaciones para financiar el proceso judicial.
Ecologistas en Acción de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, AlcoSanse, ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la demanda contra la aprobación del planeamiento urbanístico que pretende urbanizar Los Carriles. Con esta acción judicial, la organización solicita también la anulación de la clasificación de este ámbito como suelo urbanizable, origen del desarrollo urbanístico proyectado.
La demanda, de 133 páginas, constituye un trabajo jurídico y técnico de gran envergadura y se apoya en una amplia batería de pruebas documentales y periciales. Entre ellas figuran informes científicos que acreditan la extraordinaria riqueza y biodiversidad de Los Carriles, especialmente en lepidópteros (mariposas) y aves, reforzando la existencia de valores ambientales que justifican su conservación. En conjunto, la demanda expone numerosos motivos de nulidad relacionados con deficiencias en la tramitación del proyecto, las carencias de la evaluación ambiental y, especialmente, la incompatibilidad de la urbanización con los valores naturales que alberga este espacio. Este proceso judicial tiene como objetivo lograr una resolución que impida definitivamente cualquier intento futuro de urbanizar Los Carriles y permita consolidar su protección como un espacio de alto valor ecológico.
La presentación de la demanda supone un paso decisivo en un proceso que ha sido posible gracias al apoyo ciudadano. La primera campaña de financiación colectiva, impulsada para sufragar la interposición del recurso, obtuvo una respuesta extraordinaria y permitió afrontar esta primera fase del procedimiento. Ahora comienza una nueva etapa para la que Ecologistas en Acción ha activado una segunda campaña de donaciones que permitan hacer frente a los gastos necesarios para sostener la demanda durante su tramitación.
La organización hace un llamamiento a la ciudadanía para seguir respaldando esta defensa colectiva del territorio. “Estamos ante una oportunidad histórica para conseguir que Los Carriles quede protegido de forma definitiva. Cada aportación, por pequeña que sea, ayuda a sostener un procedimiento que puede marcar el futuro de este espacio natural y evitar su destrucción”, han señalado.
Ecologistas en Acción confía en que la movilización social vuelva a responder como lo hizo en la primera fase de financiación y recuerda que la defensa de Los Carriles es una causa de interés colectivo para preservar uno de los últimos espacios naturales de este entorno frente a un modelo de desarrollo urbanístico incompatible con la conservación del patrimonio ambiental.
Las aportaciones pueden realizarse a través de transferencia según los siguientes datos:
Ecologistas en Acción denuncia los planes de la Comunidad de Madrid para entregar las instalaciones, de alto valor socioeducativo, a empresas gestoras.
Diversos programas y actividades de gestión pública, como el Programa de Educación Ambiental en Albergues Juveniles, se verán afectados por la decisión.
La red de albergues juveniles de la Comunidad de Madrid será privatizada a partir del 1 de enero de 2027. La infraestructura viene formando parte de un patrimonio público adquirido y rehabilitado a lo largo de los últimos 50 años, en ella se ha invertido una ingente cantidad de recursos personales y económicos, siendo la inversión más reciente la que tuvo lugar en 2020, con un gasto valorado en un millón de euros solo para el albergue de El Escorial, siendo esta una de las instalaciones que junto a los albergues Los Batanes (Rascafría), Las Dehesas y Villa Castora (Cercedilla) van a ser privatizadas.
Los albergues juveniles no solo han sido un mero hospedaje de fin de semana, sino que han supuesto un pilar fundamental para desarrollar actividades educativas en el medio natural mediante la realización de campamentos, actividades formativas para mediadores y mediadoras juveniles, punto de encuentro de asociaciones juveniles o lugares de referencia para numerosas entidades públicas que contaban con las instalaciones para muchos de sus programas.
Uno de los efectos de la privatización de los albergues, de la que es responsable la Dirección General de Juventud, se extiende precisamente a un programa de referencia durante los últimos 38 años, se trata del Programa de Educación Ambiental en Albergues y Refugios de la Comunidad de Madrid, gestionado por la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que acaba de revocar la contratación de las actividades que se venían llevando a cabo amparándose en la falta de información sobre las tarifas de los albergues, que hasta ahora se regían por precios públicos y que quedan indeterminadas al pasar la concesión a empresas que serán las que percibirán directamente la recaudación obtenida.
El programa consistente en estancias de 3 y 4 días en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, venía facilitando la participación de alumnado de todos los estratos sociales y con atención a la diversidad, que de otro modo no podría acceder a experiencias de este tipo, por lo que a su valor educativo hay que añadir su utilidad como valiosa herramienta para la integración y la cohesión social en nuestra región.
Más de 3000 alumnos y alumnas, hasta un total de 100.000 a lo largo de su historia, desde primeros cursos de educación primaria hasta la FP, se han beneficiado de una iniciativa gracias a la cual también se han formado más de 250 profesores y profesoras al año. Pero, además, son incontables los grupos infantiles y juveniles que han disfrutado de las actividades de fin de semana y vacacionales llevadas a cabo en la red de albergues que venía siendo utilizada por la propia Dirección General de Juventud y otros organismos públicos, quedando el servicio en el aire tras la decisión tomada.
Ecologistas en Acción denuncia la cesión del patrimonio público, acumulado durante años con el esfuerzo de la ciudadanía, y exige a la Comunidad de Madrid que revierta la decisión, que afecta además a más de 200 trabajadoras y trabajadores, manteniendo este valioso recurso y los programas que gracias a él se vienen realizando.
La organización considera que el proyecto incumple la normativa de economía circular, perpetúa un modelo basado en el vertido y agrava los impactos ambientales y sobre la salud en el sur de la región.
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de la Mancomunidad del Sur para ampliar el complejo “La Marañosa”, más conocido como vertedero de Pinto, aunque se extiende también por los términos municipales de Getafe y San Martín de la Vega.
La organización considera que esta propuesta consolida un modelo de gestión de residuos contrario a los objetivos europeos de economía circular que se recogen en la Ley 1/2024 de Economía Circular de la propia Comunidad de Madrid. Según los cálculos de la organización, la capacidad prevista para el periodo 2024-2032 supera en un 76 % el volumen de residuos compatible con las obligaciones legales de reducción del depósito en vertedero.
Lamentan que el proyecto se plantea de forma fragmentada, sin evaluar conjuntamente los impactos acumulados de un complejo que recibe los residuos de 71 municipios que aglutinan más de dos millones de personas, y que ha sido ampliado de forma sucesiva hasta alcanzar las 148 hectáreas en la actualidad. Recuerdan, además, que el cierre del vertedero estaba previsto para 2025 y exigen que se determine su vida útil y se fije una fecha de cierre definitiva para una instalación que lleva ya cuarenta años en funcionamiento.
Y es que llueve sobre mojado ya que en el mes de marzo la Comunidad de Madrid sometía a información pública el estudio de alcance de una nueva ampliación del vertedero que afecta principalmente al territorio de San Martín de la Vega. Con poco más de un mes de diferencia, se vuelve a abrir proceso similar sobre la solicitud de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada y el estudio de impacto ambiental para el proyecto de ampliación, que afecta esta vez a los viales y al recrecido de las fases II y III del vertedero, ya colmatadas y en proceso de desgasificación.
Ecologistas en Acción también reclama un mayor control de las emisiones de metano mediante sistemas independientes de medición en continuo, tras los graves escapes de este gas de efecto invernadero detectados en los últimos años, así como medidas eficaces para prevenir e incrementar la recogida separada de la fracción orgánica, reduciendo la cantidad de residuos que llegan al vertedero sin tratamiento adecuado. En este sentido reconocen que la implantación del contenedor marrón para fracción orgánica es una medida prioritaria, junto con la prevención, para mejorar la separación en origen, y se lamentan de la falta de información sobre los municipios mancomunados que cuentan ya con este tipo de contenedor, información no disponible que la organización ecologista ha solicitado formalmente a la Mancomunidad del Sur sin que haya recibido respuesta.
Las alegaciones recogen otros aspectos como la falta de una adecuada evaluación de los efectos que el vertedero provoca en el Parque Regional del Sureste, único espacio natural protegido del sur madrileño sobre el que se asienta, ni sobre la calidad del aire y los olores perjudiciales para la salud y calidad de vida de los municipios colindantes, que siguen concentrando cargas ambientales consolidando un modelo territorial con graves desequilibrios.
Para Ecologistas en Acción, la Comunidad de Madrid no puede seguir resolviendo el problema de los residuos mediante la autorización de interminables ampliaciones de macrovertederos y debe exigir a la Mancomunidad del Sur una planificación integral que priorice la prevención, la reutilización y el reciclaje, relegando el vertido al último escalón de la jerarquía de residuos, tal y como establece la legislación vigente, con criterios de descentralización en instalaciones más pequeñas y sostenibles que transiten hacia una verdadera economía circular.
Las lagunas presentan un deterioro considerable con especial incidencia sobre la fauna.
Reclaman al Ayuntamiento de Cobeña y a la Comunidad de Madrid actuaciones urgentes para recuperar este espacio natural periurbano de alto valor.
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha recibido quejas de vecinas y vecinos de Cobeña en las que documentan el grave deterioro que sufre el complejo lagunar ubicado en el paraje de “La Dehesa de Cobeña”. Este espacio natural periurbano forma parte activa fundamental de la Zona de especial de Protección para las Aves (ZEPA) “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”, integrada en la Red Natura 2000, el cual constituye un reservorio biológico esencial para la avifauna catalogada y protegida por la normativa autonómica y comunitaria.
Las quejas vecinales se centran en el estado de abandono absoluto que presentan las lagunas. Acusan al Ayuntamiento de Cobeña de no realizar las necesarias labores de mantenimiento, debido a lo cual, la situación en el espacio protegido de La Dehesa ha alcanzado un umbral de auténtica catástrofe ecológica debido a la extrema eutrofización, con la consecuente falta de oxígeno, que está provocando la mortalidad de la fauna acuática atrapada en masas de lodo desecado, generando un foco de contaminación, putrefacción e insalubridad, que amenaza de forma directa la viabilidad del espacio protegido y la salud de las especies animales asociadas.
La situación ha sido puesta en conocimiento de la Comunidad de Madrid y denunciada ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil SEPRONA. Tanto los vecinos y vecinas como grupos ecologistas consideran que la pasividad del Ayuntamiento de Cobeña es la causa directa del deterioro del ecosistema, y reclaman a la Comunidad de Madrid su actuación urgente, como entidad ambiental competente, para evitar el deterioro de los espacios de interés comunitario de la región.
Por su parte, Ecologistas en Acción ha remitido a la Dirección General de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid, un escrito relatando los hechos y pidiendo actuaciones inmediatas para restaurar este espacio natural y devolverlo a un estado de conservación adecuado.
El nuevo grupo luchará contra la expansión urbanística y a favor de la preservación de los valores naturales del municipio.
La lucha contra el cambio climático, la protección de las zonas verdes o la reivindicación sobre la creación del Parque Forestal Viñas Viejas, son otros de sus puntos de interés.
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid cuenta con un nuevo grupo local en Boadilla del Monte, municipio enclavado en el noroeste de la región con una superficie total de 47 km2, y una población en 2025 de más de 66.000 habitantes, que se encuentra en continua expansión urbanística.
Actualmente el monte de Boadilla comprende 910 Ha de las que solo el 35 por ciento están protegidas, por tanto, la protección legal de los espacios naturales del municipio y la lucha contra la urbanización que supondría su destrucción, se marcan como ejes de actuación principales del nuevo grupo, dentro de los que se destaca una histórica reivindicación vecinal para que se blinde, por parte del ayuntamiento de la localidad, la protección del Parque Forestal Viñas Viejas.
Otros temas en los que Ecologistas en Acción de Boadilla del Monte pondrá el foco son la protección de sus abundantes ecosistemas urbanos y periurbanos, preservando y ampliando su conectividad ecológica, para fomentar así una mayor resiliencia de este rico patrimonio natural, tanto dentro de los límites del municipio como en sus conexiones con municipios adyacentes.
Se propondrán estrategias e iniciativas para combatir el cambio climático, mitigar sus efectos y promover la concienciación ciudadana sobre la protección del medio ambiente en el municipio mediante campañas de comunicación, charlas, talleres educativos, jornadas de convivencia y conocimiento de los entornos naturales, etc.
La organización anima a las vecinas y vecinos de Boadilla del Monte a participar en sus actividades y a asociarse para crear un tejido vecinal fuerte que pueda ejercer presión y afrontar los problemas ambientales presentes y futuros, tanto del municipio como a escala global.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a lahuelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
