Por Santiago Mayor. Extraído de El Salto
El 11 de diciembre de 2025 el presidente argentino Javier Milei firmó un anunciado proyecto de ley que envió al Congreso con el objetivo de transformar radicalmente el mundo del trabajo. Aunque su intención era que los legisladores lo aprueben antes de fin de año, su tratamiento fue postergado hasta febrero luego de una masiva movilización sindical el jueves 18 y el rechazo de la oposición política parlamentaria.
El texto, denominado “de modernización laboral”, cuenta con casi 200 artículos que proponen modificaciones en temas tan diversos como el trabajo en plataformas, pasando por las contribuciones patronales a la salud y las jubilaciones, hasta el derecho a huelga y la extensión de la jornada laboral. Si bien durante las semanas previas voceros gubernamentales habían filtrado o enunciado distintos aspectos de la iniciativa, su versión final fue todavía más extensa y abarcativa de lo que se esperaba. Celebrada por las cámaras empresarias -muchas de las cuales participaron en la redacción del texto-, generó alerta y rechazo en todo el movimiento obrero argentino.
Jorge Sola, co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, sostuvo que se opone “terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral”. En esa línea se sumaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que, en un comunicado conjunto sostuvieron que el proyecto “no moderniza nada” y en los hechos “es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios” cuyo verdadero propósito “es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”.
La respuesta sindical no es para menos, ya que el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había reconocido en noviembre durante una gira por el Estado español que uno de sus objetivos era “desarticular” a los sindicatos, reduciendo su “poder” de negociación.
Pero la mayoría de los defensores del proyecto intenta hacer foco en que, según su mirada, con estas modificaciones se podrán crear más empleos y se generará más “estabilidad” en el mercado laboral. Paradójicamente, el modelo económico impulsado hasta ahora por Javier Milei ha generado estancamiento, pérdida de poder adquisitivo y de puestos de trabajo. De acuerdo a datos oficiales, los salarios reales cayeron un 11% en promedio desde que el presidente de extrema derecha llegó al gobierno. Por su parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se hundió un 34% y hoy posee un poder de compra inferior al del año 2001 cuando Argentina atravesó la peor crisis económica de su historia.
Asimismo, como señaló la periodista Eugenia Rodríguez en un detallado artículo publicado en El Destape “tras los cambios laborales implementados con la Ley Bases en 2024 (mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores ‘independientes’, fondos de cese laboral optativos)” no se crearon fuentes de trabajo. De hecho, “el último dato oficial difundido recientemente indicó que se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo asalariados registrados”.
En diálogo con El Salto la socióloga Luci Cavallero, apuntó que “uno de los grandes mitos que se ha querido instalar desde de los medios de comunicación, pero también como discurso de sentido común es la hipótesis y el supuesto implícito es que a mayor flexibilización de las normas laborales mayor probabilidad de que el empresariado tome más personal”. Pero eso “no se ha verificado en ninguna parte del mundo y laboralistas de todos los colores e ideologías coinciden en que lo que crea trabajo registrado son las economías en crecimiento”.
Un ataque a los sindicatos
El investigador Luis Campos, miembro del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma y uno de los mayores especialistas de la situación laboral en Argentina, sostiene que el proyecto del gobierno de Milei se trata, en realidad, de tres reformas en una.
En primer lugar implica un ataque directo a la organización y acción colectiva, cuya principal herramienta institucional son los sindicatos. “En la práctica prohíbe la huelga bajo una reglamentación excesiva de los llamados servicios esenciales”, apuntó Campos entrevistado por este medio. Es que el texto presentado califica de esta forma actividades tan diversas como la gastronomía, la educación o la producción de alimentos y las obligaría a garantizar una dotación mínima del 50% o 75% del personal, según el caso, si se decide una medida de fuerza. “De esta manera se le imponen restricciones al ejercicio de la huelga en prácticamente todas las actividades de la economía, restricciones que en la actualidad existen, pero para actividades muy acotadas, como por ejemplo la terapia intensiva de un hospital o una central nuclear”, recordó el investigador.
Otro punto crítico para las organizaciones sindicales tiene que ver con los Convenios Colectivos. En la actualidad rige un orden progresivo donde la Ley de Contrato de Trabajo estipula un piso mínimo que los convenios específicos por rama de actividad pueden mejorar, pero nunca empeorar. A su vez, se permiten acuerdos particulares por empresa o región, que deben seguir la misma línea. La reforma propuesta por el gobierno argentino busca romper esta dinámica, habilitando convenios de orden inferior (por provincia o empresa) que prevalezcan -aún si implican peores condiciones laborales- por sobre los convenios nacionales.
Asimismo se plantea poner un límite muy fuerte a la llamada “ultraactividad” de los Convenios Colectivos. A diferencia de otros países, en Argentina estos no tienen fecha de vencimiento. Es decir que, si en una negociación entre un sindicato y una cámara patronal no se llega a un acuerdo, todos los derechos adquiridos en el convenio continúan vigentes. Nuevamente, la intención del Poder Ejecutivo es terminar con este principio estableciendo una fecha de caducidad de un año para algunas cláusulas, lo cual pondría a los sindicatos en una situación de debilidad ya que se verían obligados a acordar con las empresas, aunque esto implique perder beneficios y conquistas.
Por otra parte también se condiciona la actividad gremial dentro de las unidades productivas. Cualquier grupo de trabajadores que decida realizar una asamblea deberá contar con autorización del empleador y en caso de obtenerla, se les descontará de sus salarios el tiempo que dure la deliberación colectiva.
Finalmente, aunque no menos importante, “se incluyen restricciones muy fuertes al financiamiento de los sindicatos”, subrayó Campos. Y añadió: “Posiblemente la más importante es que los empleadores dejan de estar obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical con lo cual, se va a dificultar mucho la capacidad de los sindicatos de financiar su funcionamiento”.
El control del proceso de trabajo
La segunda reforma, en términos de Campos, está relacionada con la anterior pero se enfoca en ampliar y reforzar el control del proceso de trabajo por parte del empresariado. Entre los puntos más destacados se amplía el período de prueba a seis meses; se flexibiliza el período de vacaciones permitiendo su fraccionamiento en lapsos no menores a 7 días corridos y se establece que los empleadores deben permitirlas “al menos” una vez cada tres años en la temporada de verano; se habilita el “salario dinámico” que puede modificarse por productividad o “mérito” y se permite el pago en moneda extranjera, vales o alimento.
Pero sin duda, el punto más polémico de esta segunda reforma dentro del proyecto, es el llamado “banco de horas”. Este sistema supone que la patronal disponga del tiempo del empleado de acuerdo a sus necesidades productivas y pueda modificar la jornada laboral, sin pagar horas extras. Un trabajo de 8 horas podría extenderse hasta 12 en un mismo día si la empresa así lo dispone. Como compensación, esas horas se le “devolverán” al trabajador otro día, realizando una jornada reducida.
“Esto pone a los trabajadores en una situación de debilidad muy fuerte frente a los empleadores porque estas cuestiones, con ciertos límites, se podían negociar en los convenios colectivos de trabajo, a partir de ahora van a poder ser negociados en en los contratos individuales”, sentenció Campos.
Por su parte, Cavallero consideró que si se aprueba esta ley “el impacto va a ser una baja en el costo laboral de las empresas no solo por el ajuste en salarios, sino también por las condiciones laborales” donde se va a dar “una mayor flexibilidad y una responsabilización del trabajador de cuestiones que antes asumía el patrón y que tiene que asumir el patrón”.
Hacer más ricos a los ricos
El tercer aspecto de la ley de “modernización laboral” se entronca directamente con el proyecto político, económico y de país de Milei: un gobierno de la clase dominante y para la clase dominante. Para Luis Campos no hay duda: el texto de la nueva ley “incluye una transferencia multimillonaria de recursos del trabajo al capital”.
La reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%
Esto se puede observar a través de dos aspectos. En primer lugar, la reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social que cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%. Estos fondos actualmente van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encargada del pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras prestaciones.
Si bien las empresas seguirán abonando esos tres puntos de la masa salarial, serán reorientados hacia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que crea la nueva ley y será el encargado de pagar las indemnizaciones de aquellos trabajadores trabajadoras que sean despedidos por sus empleadores. “Con lo cual para los empleadores en el día a día esto se netea, es decir, van a pagar un 3% al FAL, pero se ahorran un 3% en las contribuciones patronales”, explicó Campos y, en definitiva, se van a ahorrar el pago de las indemnizaciones “que ahora indirectamente se van a terminar haciendo con fondos que deja de percibir la ANSES”. O, en otras palabras, se le quitará dinero a jubilados, pensionados y otras personas vulnerables, para financiar la posibilidad de despedir de las empresas.
En segundo lugar, la ley también prevé una reducción en el aporte patronal que los empleadores hacen a las obras sociales del 6% al 5% del salario. De esta forma hay cuatro puntos porcentuales de masa salarial que los trabajadores y trabajadoras argentinas pasarían a ceder al sector empresario. Según estimaciones de los sindicatos, en la actualidad esto asciende a unos 2.500 millones de dólares al año.
¿Cuál es el estado del proyecto?
Como mencionamos al comienzo, el objetivo declarado del Poder Ejecutivo era que el Congreso aprobara su reforma antes de fin de año. De hecho la flamante senadora y ex ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, había puesto como fecha de votación el 26 de diciembre.
Sin embargo, en los últimos días el panorama cambió. La noche del miércoles 17 de diciembre el oficialismo sufrió un revés en la votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró quitar el artículo que eliminaba el financiamiento a las Universidades Públicas y derogaba la Emergencia en Discapacidad.
Por su parte, el jueves 18 las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, se movilizaron a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral. Unas horas después del acto donde los dirigentes amenazaron con una huelga nacional, la senadora Bulrich anunciaba que el texto sería debatido el 10 de febrero.
Es que si bien tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 el gobierno de Milei salió fortalecido y amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, todavía debe negociar con sectores moderados y dialoguistas para lograr la aprobación de sus proyectos.
Ahora, mientras el oficialismo apuesta a convencer -con argumentos o con prebendas- a los legisladores indecisos, el movimiento obrero planifica sus próximos pasos en una batalla que, por ahora, ha logrado postergar hasta 2026.
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