La organización reclama frenar la expansión de regadíos, reforzar la protección de ríos y humedales y mejorar la gestión sostenible del agua en La Rioja.

Ecologistas en Acción La Rioja ha presentado sus aportaciones al proceso de elaboración del cuarto ciclo del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro (2028-2033), un documento estratégico que marcará la gestión del agua durante los próximos años en un contexto de creciente escasez hídrica y crisis climática.

La organización ecologista considera que la nueva planificación debe priorizar la conservación de los ecosistemas acuáticos y la adaptación a la reducción de recursos disponibles, frente a planteamientos basados en el incremento continuo de las demandas de agua.

Entre las alegaciones presentadas destaca la oposición a la propuesta del Gobierno de La Rioja de incorporar cerca de 28.500 hectáreas de nuevos regadíos. Ecologistas en Acción considera esta previsión desproporcionada e incompatible con la situación actual de sequías recurrentes y disminución de aportaciones hídricas. Asimismo, rechaza la construcción de nuevos embalses en las cuencas de los ríos Tirón y Alhama, por su elevado impacto ambiental y su escasa justificación técnica.

La organización también solicita una mayor protección de los ríos riojanos, especialmente del río Tirón, donde denuncia el incumplimiento de los caudales ecológicos mínimos y la existencia de extracciones que afectan gravemente a especies amenazadas como el visón europeo. En este sentido, reclama que no se reduzcan los caudales ecológicos previstos y que se refuercen las medidas de vigilancia y conservación.

Entre las propuestas planteadas figura igualmente la mejora de la conectividad fluvial mediante la eliminación de presas y azudes obsoletos. Ecologistas en Acción considera prioritaria la futura demolición de la presa de La Retorna, en el río Najerilla, así como la retirada de diversos obstáculos que fragmentan hábitats de especies protegidas como el desmán ibérico.

Las alegaciones incluyen además medidas para mejorar la calidad de las aguas y garantizar el abastecimiento futuro. Entre ellas se encuentran el control de fugas en las redes urbanas, la reutilización de aguas depuradas en municipios de mayor tamaño, la mejora del funcionamiento de las estaciones depuradoras y el refuerzo de la vigilancia sobre contaminantes emergentes como PFAS, productos farmacéuticos y otros compuestos persistentes.

La organización muestra también su preocupación por el estado ecológico de varios espacios acuáticos singulares de La Rioja. En particular, reclama actuaciones para frenar los procesos de eutrofización detectados en la laguna de Urbión, proteger la laguna de Hervías frente a nuevas extracciones de aguas subterráneas y declarar el río Portilla como Reserva Natural Fluvial por su excelente estado de conservación.

Por último, Ecologistas en Acción solicita una mayor inversión en el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, la implantación de planes de emergencia frente a la sequía en municipios vulnerables y la ampliación de las actuaciones basadas en soluciones naturales para la prevención de inundaciones.

La organización considera que el futuro Plan Hidrológico debe abandonar planteamientos propios de épocas de abundancia hídrica y adaptarse a la nueva realidad climática, garantizando la conservación de los ecosistemas acuáticos y una gestión responsable y sostenible del agua para las próximas generaciones.

Aportaciones de Ecologistas en Acción de La Rioja al proceso de elaboración del próximo plan hidrológico de 4º ciclo.

 

 

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• A Gardería Fluvial de Augas de Galicia confirma a presenza de neumáticos de gran diámetro no río Brandelos e no rego de Pucheiras, no concello de Touro e de O Pino.
• Un informe oficial vincula os verquidos coa empresa Exploracións Galegas S.L. e Ecoloxistas en Acción e a veciñanza da zona esixe a apertura urxente dun expediente sancionador.

Ecoloxistas en Acción amosa a súa gran preocupación polo estado dos ríos nos concellos de Touro e O Pino, xa que estes días Augas de Galicia abriu dilixencias previas tras unha denuncia que alerta do abandono de rodas de gran diámetro en varios puntos fluviais da comarca.

Os axentes da Gardería Fluvial realizaron inspeccións sobre o terreo e emitiron un informe oficial. Nel constátase que os neumáticos xigantes están depositados en zonas de varios ríos do entorno da mina de Touro. O documento da administración sinala directamente á empresa Exploracións Galegas S.L., ao indicar que as rodas proceden probablemente desta mercantil por estar situadas nos seus terreos ou en parcelas lindeiras coa súa actividade.

Risco para a natureza e esixencia de multas

Ecoloxistas en Acción advirte que o abandono destes residuos supón un grave impacto ambiental, xa que causa atrancos nas canles de auga, degrada o ecosistema dos ríos e incumpre as leis de augas e residuos. Por mor disto, rexistrouse unha petición formal ante a Augas de Galicia para pedir que se pase de inmediato das investigacións previas á apertura dun expediente sancionador.

As multas por este tipo de danos ás canles públicas poderían cualificarse como graves, alcanzando contías económicas moi elevadas para a empresa responsable de non atender á petición. A administración xa requiriu á empresa a retirada urxente de todas as rodas identificadas e a limpeza integral das súas parcelas lindeiras con ríos. Os colectivos sociais anuncian que vixiarán de preto o cumprimento desta orde para garantir que o contorno natural sexa restaurado canto antes.

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  Foto ©Claudia Wiens por Greenpeace

• Los nuevos vertidos proyectados multiplicarían por diez la contaminación, afectando gravemente a la biodiversidad y a agricultores y pescadores.
• Informes científicos demuestran que los vertidos de Cobre Las Cruces y Aznalcóllar han contaminado el estuario del río con efectos ecotóxicos para su fauna como los albures, pescado consumido habitualmente en pueblos ribereños.
• Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, organizaciones convocantes, denuncian que la Junta de Andalucía ignora los efectos de los dos vertidos y reclaman una moratoria y un comité de expertos/as independientes.

Miles de personas se han dado cita hoy en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en una masiva manifestación contra los proyectos de reapertura de la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre las Cruces (Gerena), que traen consigo vertidos al río Guadalquivir que pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura, y para el Parque Nacional de Doñana.

A pesar de la lluvia y bajo el lema “No a los vertidos mineros al Guadalquivir”, esta movilización, convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, es un paso más dentro de la campaña de denuncia sobre la desprotección a la que se enfrenta el río Guadalquivir. La marcha ha sido apoyada también por varios ayuntamientos de localidades de la desembocadura y la ribera del Guadalquivir como Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.

Las entidades convocantes advierten que los vertidos que prevén realizar la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena) al río Guadalquivir tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura.

La Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85 mil millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años, a través de una tubería que tendrá el punto de vertido frente al estadio de La Cartuja de Sevilla. Por su parte, la empresa Cobre las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años, en La Algaba. Ambos vertidos llevarán disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Estos metales pesados representan una amenaza grave tanto para los ecosistemas y la biodiversidad como para la salud de las poblaciones ribereñas y de las personas consumidoras de la variedad de productos que se cosechan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y el Golfo de Cádiz, dado que muchas especies se reproducen en el estuario.

Por otro lado, las organizaciones convocantes advierten que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. Esto comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, los cuales tienen una importancia capital para la economía y el desarrollo local.

A pesar de que las empresas y la Junta de Andalucía aducen que la fórmula de vertido respeta la cantidad de metales pesados en disolución legalmente permitida, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que los metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario, debido al alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana.

Esta cantidad de material en suspensión hace que los metales pesados se adhieran y decanten, lo cual, unido a la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir, impide que estos metales salgan rápidamente por la desembocadura. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación; y por otro, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible, y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.

Por todo ello, las organizaciones exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos/as independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. Asimismo, también demandan que se tengan en cuenta los efectos sinérgicos de ambos vertidos, puesto que la autorización ambiental del vertido de Los Frailes ha sido concedida sin tener en cuenta el efecto sumatorio que tiene con el vertido ya autorizado de la mina de Cobre las Cruces.

Además, denuncian la actitud de sordera institucional que está teniendo la Junta en esta cuestión, ante las reiteradas voces de alarma que las diferentes organizaciones y entidades han demostrado en relación a estos proyectos de vertido. Una actitud que se ve reforzada con la falta de transparencia de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía que oculta informes técnicos en los procesos judiciales que ya hay abiertos en el TSJA, sobre la deficiente evaluación de los efectos del vertido y posibles incumplimientos de los objetivos ambientales del Estuario del Guadalquivir.

Comunicado aprobado por la Plataforma Ciudadana Salvemos el Guadalquivir,

remitido a los medios de comunicación a través de Greenpeace

 

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• Activistas de ámbalas dúas organizacións despregan unha gran pancarta á hora na que os participantes na asemblea xeral da sociedade entraban no edificio LACS, preto da sede da empresa.
• As organizacións pediron ás persoas accionistas de Altri que sexan responsábeis e acorden abandonar unha iniciativa industrial que só serviu pare xerar un enorme conflito social en Galicia.
• Dende Portugal tamén esixiron á Xunta que desestime as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada do proxecto como paso previo ao anunciado arquivo do expediente.

Co gallo da celebración da Asemblea Xeral Anual da sociedade ALTRI, SGPS,SA, varias persoas activistas de Ecoloxistas en Acción e Greenpeace desprazáronse dende Galicia até a entrada do evento, no Edifício LACS da rúa Azevedo Coutinho do Porto, para esixir á empresa que desista de buscar fórmulas para construír a macrocelulosa na Ulloa e anuncie oficialmente que retira o proxecto. As organizacións despregaron diante da porta de entrada do evento unha gran pancarta que se se lía: “Por unha terra viva. Altri Non”.

Con esta acción simbólica, as organizacións ecoloxistas queren facer saber directamente ás persoas accionistas de Altri que o proxecto Gama non só é extraordinariamente lesivo para o medio ambiente, a sociedade e a economía galegas, senón que xerou un conflito social sen precedentes en Galicia, mobilizando a ducias de milleiros de persoas baixo o berro “Altri Non”.

“Non sabemos que é o que pensaran as persoas accionistas de Altri ao ver a milleiros de persoas berrando contra a súa empresa no país veciño. Nin sequera sabemos se a dirección da empresa as informou do conflito xerado. Que “Altri Non” sexa a frase máis repetida do último ano en Galicia debería facelos reflexionar sobre a súa responsabilidade social corporativa e prestixio, que cando menos no noso país está polo chan. Non se pode acosar a todo un pobo deste xeito. Coidamos que chegou a hora de que desistan oficialmente de continuar”, afirmou Cristóbal López, voceiro de Ecoloxistas en Acción Galiza.

No pasado febreiro, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou que a Xunta de Galicia ía iniciar o proceso para arquivar o proxecto industrial de Altri en Palas de Rei, algo corroborado polo propio presidente, Alfonso Rueda. No entanto, ningunha das persoas e organizacións personadas no proceso e recoñecidas como parte interesada recibiron aínda ningunha comunicación ao respecto, algo obrigatorio segundo a Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Ao tempo, as organizacións da Coordinadora galega Altri Non, entre as que está Ecoloxistas en Acción e Greenpeace, iniciaron unha campaña para se proceda a resolver en sentido desestimatorio, como paso previo ao seu arquivo, as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada relativas ao proxecto Gama, así como á revogación da declaración do mesmo como proxecto industrial estratéxico.

“O arquivo do expediente anunciado pola Xunta de Galicia non é dabondo porque alguén pode caer na tentación de gardar o proxecto nun caixón até atopar un contexto político-partidario máis favorábel. O que esiximos e a súa denegación por parte do goberno galego, mais tamén cómpre responsabilizar á empresa por presentarnos un proxecto extraordinariamente lesivo que mesmo provocou a desprotección ambiental ilegal do lugar onde querían construír, como sentenciou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Repetimos que é un proxecto que Galicia nin quere nin necesita e que a empresa ten que desbotar dunha vez. Xa abonda.”, concluiu Manoel Santos, voceiro de Greenpeace en Galicia.

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El agua mineral concedida al grupo Pascual Bezoya por la Dirección General de Energía y Minas de la Junta, en la localidad de Quintanilla de Flórez (Quintana y Congosto), procede del acuífero de la Maragatería que, según informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), está potencialmente contaminado por los incendios forestales que asolaron la provincia de León el pasado verano.

La Junta de Castilla y León otorga el aprovechamiento de medio millón de m³/año de agua, con la categoría de agua mineral natural, al grupo Pascual Bezoya procedente del acuífero subterráneo de la Maragatería sin tener en cuenta los informe de CHD que alertan sobre la repercusión en los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro de agua a la población ni la comprobación de la contaminación del acuífero.

Como ya informamos, tras los incendios forestales del pasado mes de agosto, Ecologistas en Acción de la provincia de León remitió sendos escritos a la Dirección General de Minas, responsable de la concesión y gestión de las Aguas Minerales y a la Confederación Hidrográfica del Duero como Organismo competente en materia de aguas, requiriendo la evaluación y control del estado, actual y futuro, de los acuíferos en las zonas afectadas por los incendios.

Atendiendo a esta solicitud, el organismo de cuenca remitió un documento señalando que, “en lo referente a las áreas afectadas por los incendios en la provincia de León, se han identificado las siguientes masas de agua subterránea potencialmente afectadas: La Tercia-Mampodre-Riaño (400001), La Babia-Luna (400002), Terciario Detrítico del Esla-Cea(400007) y La Maragatería (400012).”

Concluía el informe advirtiendo que “el potencial impacto de los incendios en las aguas subterráneas no se produce de forma inmediata, dado que para que los contaminantes asociados a cenizas y materia orgánica alcancen los acuíferos es preciso que se produzca la recarga, lo cual depende de la ocurrencia de precipitaciones significativas y de su infiltración a través del suelo y la zona no saturada”.

La Dirección General de Minas resolvió este requerimiento de Ecologistas en Acción argumentado que “no existe precepto legal que obligue a iniciar un procedimiento de comprobación de la calidad de las aguas de las Declaraciones de Agua Mineral otorgadas, ni de la suspensión cautelar de las mismas”, amparándose en la vigente Ley de Minas, una obsoleta norma preconstitucional del año 1973 que en ningún caso tiene en consideración el impacto sobre el medio ambiente de las explotaciones mineras.

Resulta inadmisible que se conceda la autorización de aprovechamiento de las aguas justificándolo con un informe vinculante de la Dirección General de Salud Pública anterior a la contaminación del acuífero, sin haber hecho la mínima comprobación posterior, cuando es evidente y conocido que las condiciones del agua han empeorado ostensiblemente y ni siquiera se puede prever cuándo se revertirán al estado anterior avalado por la DG de Salud Pública.

Además, el informe de CHD sobre la viabilidad del proyecto considera que la primera fase de 500.000 m³/año es compatible con el Plan Hidrológico, pero condicionada a controles trimestrales, desde el inicio y durante todo el periodo de la concesión, de los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro de agua a la población.

La Dirección general de Minas resuelve estas advertencias, otorgando el aprovechamiento condicionado a que el promotor, parte interesada en el proyecto, sea el responsable de estos controles, en vez de confirmar que estos condicionantes se cumplen.

En definitiva, se otorga el aprovechamiento sin comprobar ni garantizar el comportamiento de las presiones en los pozos artesianos que dan suministro a las poblaciones de la zona ni el estado de contaminación actual y futuro de estas aguas.

La adjudicación del aprovechamiento de agua mineral, además de privatizar el acuífero conlleva el establecimiento de un perímetro de protección de los terrenos, para impedir la contaminación de las aguas adjudicadas, en este caso la superficie aprobada es de más de 2.000 hectáreas, comprometiendo los terrenos del pueblo de Quintanilla de Flórez y colindantes.

Se le otorga al promotor el derecho sobre esos terrenos, públicos y privados, con el fin de impedir cualquier actividad que puedan afectar a las aguas, lo que supone una hipoteca real sobre unas parcelas que no se podrán utilizar, sin permiso del promotor, en las actividades agropecuarias propias de los usos de estos terrenos rústicos, además de movimientos de tierras, excavaciones, apertura de nuevos sondeos, etc., por lo que supone de facto una importante minusvalía de su valor actual, sin contraprestación alguna.

Ecologistas en Acción de león ha presentado Recurso de Alzada a la autorización del aprovechamiento, solicitando su suspensión.

Cabe destacar que la industria del agua embotellada se encuadra en un modelo especulativo que basa su rentabilidad en la explotación de un bien público y derecho humano como es el agua, cada vez más escaso, que la administración concede generosamente para un lucrativo negocio privado.

 

Recurso de alzada al sondeo Jamuz Bezoya

Asunto: RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2026, de la Dirección General de Energía y Minas relativa a la autorización de aprovechamiento del agua mineral natural, recurso de la sección B), procedente del sondeo  con la denominación «Jamuz» n.º 81.151, situado en el término municipal de Quintana y Congosto (León). Expte.: SM 2023/374.

 

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