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Radio Almaina - BAÑO DE ORALIDAD (t3ep.29) ANA FABRÍCIA (conclusión) y entrevista con Diana Gómez Correal

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Radio Almaina - BAÑO DE ORALIDAD (t3ep.28) ANA FABRÍCIA CÓRDOBA, LA NEGRA 7 y 8

Este reportaje sobre Venezuela se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

CÚCUTA (COLOMBIA) // El ataque militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero rompió con todas las reglas del derecho internacional, acabó con las pretensiones de la realpolitik y pisoteó las leyes norteamericanas, afirma Ronal Rodríguez, investigador y portavoz del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Colombia. Asimismo, a la acción contra el presidente Nicolás Maduro «algunos la llaman extracción, otros la llaman secuestro, pero fue una violación al derecho internacional», reafirma Martha Márquez, directora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

El tono triunfalista de las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump no ocultaron el mantra por el que se rige: América –todo un continente– para los estadounidenses. Vuelve a estar vigente la Doctrina Monroe, proclamada en el año 1823 por el presidente James Monroe, estableciendo que cualquier intervención europea o de una potencia distinta a la estadounidense en América Latina sería vista como una agresión.

El mismo Trump la denomina doctrina Donroe –el concepto que apareció en la portada del tabloide New York Post en enero de 2025– dejando claro en qué consiste la vieja-nueva bandera estadounidense y que no teme el uso del garrote para izarla a su antojo en lo que él mismo denomina «el patio trasero de América».

«El caso de Venezuela le permitía a Trump resolver un asunto reputacional en cuanto a su capacidad real de hacer sus amenazas creíbles», opina desde Caracas Colette Capriles. Según esta politóloga venezolana y profesora en la Universidad Simón Bolívar, la intervención no tiene nada que ver con posturas ideológicas ni apoyos morales o políticos, sino con la voluntad de Trump de «reconstruir el lugar de Estados Unidos en el hemisferio como hegemón».

Una demostración de fuerza que inició a finales de agosto 2025, con el despliegue militar y los ataques a decenas de lanchas en el Caribe –que dejaban a mediados de enero más de un centenar de muertos–, pero también con su apoyo férreo y económico a presidentes de extrema derecha como Javier Milei, en Argentina, o su incondicional respaldo a Nary TitoAsfura en las últimas elecciones de Honduras.

El «laboratorio» venezolano

Para la politóloga venezolana Marisela Bentancourt, su país se convirtió en un «laboratorio» para un replanteamiento de las relaciones internacionales, poniendo en vilo a toda la región. «Los líderes de América Latina están avisados de la voluntad de Estados Unidos de utilizar toda la fuerza de sus capacidades para asegurar que la región gira hacia sus políticas de una manera más contundente», coincide Elizabeth Dickinson, directora para América Latina del centro de pensamiento Crisis Group.

Betancourt se muestra más crítica con la falta de consenso de los países de la región respecto a Venezuela, señalando que «estaba aislada», lo que permitió que se convirtiera «en el chivo expiatorio de un proyecto ultranacionalista de la derecha estadounidense». Lo hizo además sin causar ninguna baja de soldados estadounidenses, lo que engrandeció con vítores la Operación Resolución Absoluta de Trump.

El número de venezolanos muertos sigue sin concretarse, incluso tras la comparecencia del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien el 23 de enero afirmó que el ataque militar con «bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas», en Caracas y otras tres regiones cercanas, provocó entre 100 y 120 muertes. Estas incluyen a 47 militares de Venezuela y 32 de Cuba.

El silencio permisivo de países y organismos internacionales abre la puerta para los delirios coloniales y expansionistas de la Administración Trump. «Estados Unidos es la gran potencia militar y puede hacer cosas como las que hizo en Venezuela: intervino, extrajo al presidente y mantiene la presión sin necesidad de una ocupación militar, sino a través de la amenaza. Eso implica un gran riesgo para la seguridad de los países de la región», advierte Márquez.

Muchos de los analistas entrevistados hablan del comportamiento errático de Trump, y la dificultad para la comunidad internacional de hacer frente a sus avatares «casi temperamentales y anímicos». Ronal Rodríguez expresa su preocupación: «El presidente estadounidense no es un demócrata y no tiene comportamientos democráticos». Y señala el riesgo de que las herramientas formales de la democracia se utilicen para perpetuar proyectos autoritarios.

Por esto mismo, los vecinos regionales de Venezuela contienen la respiración. Incluso los más críticos como Colombia, Brasil o México. Cuestionar las políticas de Washington deriva en muchos casos en castigos arancelarios e incluso amenazas –en el caso colombiano– de una posible intervención militar.

Venezuela sin Maduro

Estados Unidos alteró el tablero político interno en Venezuela. Se tambalearon las torres, pero la partida continúa. «Hasta el momento no se ha denotado ninguna fisura importante dentro de los altos jerarcas del chavismo», sino un reacomodamiento de los actores, argumenta Ronal Rodríguez.

Todo apunta, según van saliendo más detalles de los hechos ocurridos antes del 3 de enero, que el chavismo entregó a Estados Unidos a un rey –Maduro– a cambio del liderazgo tutelado de una reina, Delcy Rodríguez. «Se puede inferir que se había pensado con anterioridad, no sé hasta qué punto, el escenario de un gobierno que no fuese el de Maduro, con unas ciertas condiciones y unos ciertos requisitos», argumenta Colette Capriles sobre los diálogos previos al ataque militar entre la inteligencia estadounidense y las figuras políticas cercanas a Maduro.

Así fue como, con el beneplácito de Trump, la poderosa vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez, quien durante su trayectoria política ha ocupado todo tipo de cargos en Venezuela, se posicionó como presidenta interina del país. «A Estados Unidos no le interesa romper las instituciones, así estén en manos del chavismo», opina la directora del Cinep. Esta sería la excusa para que se mantengan en sus cargos algunas de las figuras políticas más representativas del chavismo, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello; el hermano de la mandataria interina y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El chavismo «ha buscado consolidar una hegemonía cultural en torno al antiimperialismo, pero ahora le hace concesiones a Estados Unidos. Eso genera una tensión muy fuerte entre complacer a Estados Unidos y mantener el discurso histórico antiimperialista», continúa Márquez. «La élite en el poder trata de mantener ese equilibrio, pero la liberalización los desequilibra, y creo que en algún momento ese equilibrio se va a romper», sugiere.

Por su lado, Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor venezolano, opina que no se trata de un Chavismo 3.0, sino de un chavismo más occidentalizado: «Puede ser el inicio de una nueva época para la política oficialista hacia un modelo económico más capitalista, menos ortodoxo, más operativo y, por supuesto, de amplia apertura económica».

Mutación

Pese a que una de las primeras acciones de la presidenta encargada fue la liberación de decenas de presos políticos, «no estamos frente a una transición, sino a una mutación del chavismo como tantas otras que ha tenido tras quiebres dramáticos», define Betancourt.

La profesora Capriles no habla de transición, sino de una apertura democrática que pueda conducir a unas elecciones competitivas y quizás la emergencia de «necesarios» nuevos liderazgos: «Es el momento de observar más a los actores que a las políticas».

Como ella, los analistas consultados se muestran pesimistas en sus diagnósticos. Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y fundadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), es crítica: «Ni en el vocabulario de Trump, ni en el vocabulario de Rodríguez, ni en el del grupo que la acompaña se han mencionado las palabras derechos humanos, democracia o Estado de derecho».

Bolívar considera que es imprescindible que los poderes judiciales y los poderes públicos sean independientes, que exista libertad plena incondicional de todos los grupos políticos y que puedan retornar todas las personas que marcharon al exilio. También cuestiona el papel de la oposición frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En su opinión, ni Trump ni María Corina Machado han manifestado ningún interés en respetarlos. «Hasta el momento, [Machado] no ha tenido ningún pronunciamiento enérgico, por ejemplo, en relación con el tema de las lanchas», remarca.

Una oposición sin voz

En cualquier caso, la oposición venezolana ha quedado fuera de la partida de Trump. Su desdén sobre la posibilidad de que María Corina Machado pudiera gobernar en Venezuela quedó clara cuando, desde el primer momento, afirmó que no tiene las capacidades ni el apoyo necesario para hacerlo.

Las expertas consultadas consideran, en su mayoría, que la oposición está muy debilitada y no tiene el peso ni el músculo necesario para enfrentar una eventual transición que derive en unas nuevas elecciones. «Por ahora, no tiene voz, y eso es una debilidad fundamental del contexto político, porque Venezuela tiene un conflicto político de fondo», sostiene Dickinson, del Crisis Group.

Capriles coincide en que la oposición no existe en términos prácticos: «Ni la que esté afuera, ni la que esté dentro, tiene ahora capacidades organizativas, coincidencias estratégicas, conversaciones internas, tejido de apoyo, nada que conduzca a tener algunas garantías que le permitan cierta gobernabilidad».

«Oil first»

Quizás por este motivo Trump marcó su hoja de ruta en consonancia con los remanentes chavistas en el poder. Apenas 24 horas después de los ataques sobre Caracas, en Washington ya se hablaba de un plan trifásico. «Una primera etapa de estabilización, una segunda etapa de recuperación –a la cual después se añadió un término adicional: reconciliación–, y una tercera etapa que sería la transición», explica Capriles, unos términos que no tienen fecha para su implementación.

Con el petróleo bajo el tutelaje de la Administración Trump, es incierto cómo se van a administrar las regalías petroleras y cómo pueden servir para estabilizar y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. El acceso de Estados Unidos a los bienes y recursos naturales de Venezuela, el país con mayores reservas de hidrocarburos a nivel global, era el objetivo pero, según los analistas, muchas empresas petroleras y multinacionales extranjeras todavía desconfían sobre la posibilidad de invertir en el país caribeño, por la misma inestabilidad política y la falta de seguridad.

La mayoría de los venezolanos, dentro y fuera del territorio, tienen un anhelo común: la estabilización de la economía. «Eso puede ofrecer un alivio a las familias venezolanas que ahora no logran ni alcanzar la canasta básica. En el corto plazo es posible que se estabilice un poco la situación económica para la mayoría», apunta la directora del Crisis Group en América Latina. La profesora Capriles también añade que «no se trata solo de un mejoramiento del ingreso de las personas, la gente está esperando un mejoramiento de la calidad de vida y de la calidad de los servicios públicos».

Según la politóloga, si el gobierno interino es capaz de abrir la economía y consolidar la industria petrolera, el chavismo podría volver a generar confianza entre la ciudadanía y ser competitivo en unas futuras elecciones dentro de una sociedad civil fragmentada.

De no estabilizarse la economía, muchos analistas temen una nueva salida masiva de venezolanos, que se sumarían a los casi ocho millones de migrantes en el extranjero.

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Contradicciones e incertidumbre en la frontera

Gresmar, de 29 años, llevaba una década sin pisar territorio venezolano. Está a pocos minutos de cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot, o Tienditas, uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. «Como venezolana, siempre voy a querer volver a mi país. Vengo con muchas expectativas de poder ejercer mi carrera [médica cirujana], de poder realizarme como profesional». Han pasado tan solo tres días desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero. «Todo cambio es bueno», dice con temor a posibles represalias, rodeada de sus familiares, que la reciben con abrazos.

La joven tomó la decisión de regresar a su país semanas antes de que el estruendo de los helicópteros y los misiles despertaran a Caracas, convirtiendo la amenaza en un hecho real. Ella, como otra decena de venezolanos entrevistados en la frontera, califican como «necesaria» la operación bélica de Donald Trump. Contradictoriamente, fueron sus mismas políticas de persecución contra la población migrante en Estados Unidos, y la decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 600.000 migrantes venezolanos, los motivos por los cuales ha retornado.

Colombia acoge a más de 2,8 millones de venezolanos. Esos primeros días de enero, las autoridades desplegaron un dispositivo en la frontera compartida –más de 2.200 kilómetros– para hacer frente a una emergencia humanitaria fruto de una eventual salida masiva de población a causa del ataque estadounidense.

Veinte días después, «incertidumbre» es la palabra más repetida tanto en Caracas como en la ciudad colombiana de Cúcuta, el principal paso fronterizo. Aquí, el flujo de venezolanos es el habitual: comerciantes, vendedores y personas que cruzan para acceder a los servicios médicos de los hospitales colombianos. No hubo salida ni entrada masiva. «Se siente una calma tensa», transmiten cuando se les pregunta.

José Germán y Rosaura esperan el transporte que los lleve de vuelta a la ciudad venezolana de Mérida. La madrugada de los ataques, estaban en EE. UU. visitando a su hijo y a sus nietos. En otras circunstancias habrían pasado hasta seis meses jugando con los pequeños, pero esta vez los funcionarios de migración estadounidenses los pasaron «al cuartito» y les dieron un mes de estadía. Regresan con sus maletas: «No me siento capaz de celebrarlo todavía». Son profesores universitarios, ganan apenas dos dólares al mes y sobreviven gracias a las remesas que les envían sus hijos desde el extranjero. Su cotidianidad se resume en tomar café en la esquina y dar clase en la universidad, «por vocación». Lo que pase, dicen, será un proceso lento.

Omar espera a que su hermano selle el pasaporte en la oficina de Migración Colombia en la frontera de Cúcuta. Acaba de llegar de EE. UU., no consiguió el asilo y vuelven juntos a Medellín. El joven salió en 2017 de su hogar y nunca más regresó: «Siempre voy a querer volver». Su esperanza es una mejora de la economía que permita retornar a jóvenes como él para reconstruir un país en ruinas. «Quisiera para mi país que todas nuestras riquezas se vean reflejadas en infraestructura, salud, educación. Sobre todo, educación», pide.

Después del shock inicial, «la gran preocupación de la mayoría es cómo van a llegar a fin de mes, qué van a ponerle en la mesa a sus hijos para el desayuno, si es que pueden ponerle algo», cuenta la activista Ligia Bolívar. En esas estaban los venezolanos la noche del 2 de enero, todavía con la resaca de fin de año. Entonces el tiempo se detuvo por un día.

La entrada América para los estadounidenses se publicó primero en lamarea.com.

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Mientras cerrábamos el número 110 de la revista de La Marea, la policía migratoria de Donald Trump tiroteó al enfermero Alex Pretti en Minneapolis. Unos días antes, el ICE había matado ya a Renée Good. Las acciones del presidente de EE. UU. y la inacción de la comunidad internacional están dejando sin palabras a una sociedad que, paradójicamente, mira cada vez más a los líderes ultras. Lo hemos visto en Chile recientemente o, más cerca aún, en Portugal. En España, Ayuso se mueve con soltura y las encuestas pronostican también una amplia subida de Vox. Lo peor es que no es nuevo –ya buscamos en estas mismas páginas hace diez años antídotos de izquierdas–. Y lo aún peor es que va a más.

Ahí tenemos siempre al Carnaval de Cádiz cantando las mejores crónicas: «Mamá, perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista». En el dossier de nuestra última revista (con portada de Candela Sierra, premio Nacional de Cómic 2025) tratamos de dar respuesta a todas estas cuestiones, qué lleva a la clase obrera a votar políticas en contra de sus propios intereses. ¿Por qué hay cada vez más obreros de derechas o, como dice el pasodoble de Los hijos de Cádiz, más fascistas modernos? Por un lado, en un reportaje firmado por Guillermo Martínez, contamos con los testimonios de trabajadores y trabajadoras forjados en la izquierda que han terminado virando su voto en los últimos tiempos hacia opciones como Vox. Y, por otro, con entrevistas y análisis de especialistas (Pablo Batalla, Patricia Simón, Sebastiaan Faber, Olivia Carballar, Jorge Dioni López, Barbara Celis, Antonio Avendaño…) que interpretan las causas más profundas del contexto global en el que estamos inmersos. La conciencia de clase ya no es un factor clave en la elección del voto, avisan. Y ridiculizarlos tampoco es la solución.

Y además…

En este número también nos hemos desplazado a la frontera entre Venezuela y Colombia para tomar el pulso a la doctrina Donroe, ese nuevo viejo orden impuesto desde la Casa Blanca y que sitúa a América Latina, con ánimos redoblados, como su «patio trasero».

Entrevistamos a Hernán Zin, cineasta y reportero con 20 años de experiencia en conflictos armados. Su última película, nominada al Goya, es el documental Todos somos Gaza. Es la segunda parte de Nacido en Gaza (2014) y en ella sigue los pasos, en mitad del genocidio, de tres de los niños (ya adultos) que aparecían en la primera entrega.

Fieles a nuestra agenda, seguimos cerca del Sáhara Occidental. En esta ocasión nos acercamos a una paradójica realidad: alejados de su mar y de uno de los bancos de pesca más importantes del mundo, el pueblo saharaui cría pescado fresco en una piscifactoría situada en mitad del desierto, cerca de los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia).

Sin perder de vista la actualidad, tras el trágico accidente de Adamuz y el de Rodalies en Barcelona, ponemos el foco en el impacto que tiene el cambio climático sobre las infraestructuras dedicadas a la movilidad.

Por su parte, nuestro compañero Eduardo Robaina, coordinador de Climática, nos explica qué es y cómo nos afecta la calima, el polvo en suspensión procedente del desierto. En torno a este fenómeno meteorológico ha publicado un foto-libro con imágenes espectaculares.

Y Bob Pop nos presenta a Víctor, alguien verdaderamente fascinante: recoge ropa de la basura y la reutiliza, con un ojo excelente para combinar prendas y un discurso político muy potente contra la moda del usar y tirar.

Que no falte la cultura

Como siempre, llevamos temas muy interesantes en nuestra sección cultural, El Periscopio, que en esta ocasión cuenta con una preciosa portada diseñada por Sara Betula (sí, ahora que abundan las ilustraciones instantáneas generadas por IA, nosotras seguimos apostando, más que nunca, por las manos humanas).

Entrevistamos a la canadiense Sophie Deraspe, directora de Hasta la montaña, un bucólico alegato contra las prisas y las pantallitas que nos amargan la existencia. Analizamos el papel subalterno de las mujeres en las películas de romanos. Y publicamos fragmentos del diario personal de la artista Marta Cárdenas.

Como veis, la revista de enero-marzo viene cargada de temas actuales, profundos y sugestivos.

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Hoy nos echa una mano nuestro compa J.R. de Hijos del Agobio para toda la segunda parte del programa con una entrevista a Freddy Díaz que llega desde Colombia para hablarnos de la situación en la región conocida como Magdalena Medio y, de paso una amplia mirada sobre la realidad colombiana.  Pero el equipo fijo […]

La entrada Acratador 13Nov25 se publicó primero en Radio Topo.

El sorpresivo arribo del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Bogotá el pasado 15 de mayo desató un torbellino de pronunciamientos encontrados. Los medios criticaron la concesión de asilo a un millonario mencionado en los Panamá Papers, mientras el gobierno colombiano, por boca de su presidente, de visita en Beijing, lo justificó incondicionalmente. El beneficiario de la medida, por su parte, puso en circulación videos de la pachanguera celebración que organizó entonando ‘pero sigo siendo el rey y mi palabra es la ley’. 

El asilo diplomático

Para dilucidar el significado de esta actuación internacional en provecho de tan controvertido personaje es necesario un mínimo de contexto de la institución del asilo diplomático y territorial. El asilo es una medida de protección otorgada por un Estado (Estado asilante) a quien se encuentra en situación de riesgo por persecución políticamente motivada adelantada por el gobierno de otro Estado en su territorio (Estado territorial). Si el asilo se concede en una embajada se denomina asilo diplomático; si se hace en el territorio del Estado asilante, se llama asilo territorial. En ambos casos el elemento político es fundamental, por lo que en ocasiones se bautizan ambas modalidades como asilo político.  

A diferencia de otros mecanismos internacionales -extradición, refugio- surgidos en Europa, puede afirmarse que el suelo natal del asilo fue el cono sur. En 1820 el líder de la independencia de Uruguay, Artigas, perseguido por sus propios compatriotas, recibió acogida en Paraguay; el caudillo militar José María Obando, quien fue expresidente designado de Colombia, luego de su derrota en la Guerra Civil de los Supremos, huyó a Perú para ponerse a salvo y recibió asilo en 1842; el presidente chileno Balmaceda, derrotado en la guerra civil de 1890, pudo asilarse en la embajada argentina de Santiago.

La frecuencia de la práctica del asilo conllevó el surgimiento de una temprana normativa continental en el llamado Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889, que consagró de modo inaugural la institución del asilo; en 1928 la Convención de La Habana definió sus rasgos básicos: otorgamiento en embajadas, legaciones o navíos bajo la expresa prohibición de otorgar asilo por delitos comunes y el deber del Estado territorial de respetarlo acompañado de la prohibición para el asilado de atentar contra el orden público. Cinco años más tarde, en 1933, se suscribió la Convención de Montevideo, que calificó su carácter humanitario y afirmó un elemento de particular importancia: la relevancia de la calificación de delito por el Estado que concede el asilo, así como la reiteración de su validez solo para delitos políticos.  

En 1949 Colombia fue protagonista del caso más famoso en la literatura mundial sobre asilo diplomático. El gobierno conservador de Ospina Pérez, a través de su canciller Eduardo Zuleta Ángel, dispuso conceder asilo diplomático en la embajada de Lima al célebre dirigente e intelectual de izquierda Víctor Raúl Haya de la Torre, perseguido por la recién instalada dictadura del general Odría bajo la acusación de ‘rebelión militar’. El gobierno peruano objetó la legalidad del asilo mientras Colombia, segura de la legalidad de su actuación, convino en someter a un tercero la resolución del diferendo. Las respectivas delegaciones presentaron sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, que profirió su sentencia al año siguiente y clarificó dos puntos en disputa de la mayor relevancia: la calificación del delito por el Estado asilante no prevalecía a la dada por el Estado territorial, con lo que desechó el argumento sostenido por Colombia, y que si bien Colombia no había probado el peligro en que se encontrara el asilado, su otorgamiento no era contrario a derecho; así mismo, no reconoció la obligación de proveer un salvoconducto a cargo del Estado peruano. Si bien desde el punto de vista estrictamente jurídico no puede hablarse de un triunfo de la postura colombiana, su determinación de mantener el asilo durante cinco años constituyó una crucial afirmación de la trascendencia de tal institución.  

Las incertidumbres del caso Haya de la Torre condujeron a la expedición de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo, en la que se reafirmó la órbita de su aplicación a los delitos políticos.  

En el plano mundial la concesión del asilo diplomático dio lugar a dramáticas situaciones reveladoras de su relevancia y su profundo sentido humanitario. México recibió como asilado en 1937 al bolchevique León Trotsky, perseguido a muerte por el régimen de Stalin luego de que sucesivamente se lo expulsó de Turquía, Suecia y Francia; Estados Unidos acogió durante quince años en su embajada de Budapest al cardenal católico Mindsentsky, acérrimo opositor del comunismo, tras el levantamiento húngaro de 1956. En el marco de la Guerra fría gobernantes depuestos en golpes de Estado pudieron obtener asilo en embajadas. Ecuador recibió como asilado político a Julian Assange en 2012, quien permaneció siete años sin recibir salvoconducto del gobierno británico. 

En el caso de nuestro vecino país, los asilos reconocidos por Panamá han sido polémicos. Expresidentes como el ecuatoriano Abdalá Bucarán y el haitiano Raúl Cedrars, cuya condición de perseguidos políticos era por lo menos discutible, recibieron asilo territorial. El caso más controversial se produjo en el caso de María del Pilar Hurtado, exjefe de inteligencia, quien con la anuencia del entonces presidente Uribe interceptó ilegalmente teléfonos de magistrados, líderes y opositores políticos. La Corte Suprema de Justicia panameña declaró la inconstitucionalidad de tal medida en 2014 por juzgarla violatoria tanto del orden interno como de la normativa internacional.   

El caso Martinelli 

Ricardo Martinelli fue presidente electo para el quinquenio 2003-2009 durante el que concedió el ya referido asilo a la funcionaria colombiana. Los Panama Papers lo mencionan como titular de varias cuentas y fondos en paraísos fiscales en violación de regulaciones fiscales y tributarias. Dos familiares cercanos fueron condenados en Estados Unidos acusados de narcotráfico, proceso en el que declararon actuar por órdenes suyas. Fue capturado en Miami y finalmente extraditado a su país, tras lo cual se prohibió su ingreso a territorio estadounidense.

La justicia de su país inició investigaciones que condujeron a una sentencia condenatoria por ‘blanqueo de capitales’ o lavado de activos con pena de prisión de diez años y ocho meses, al igual que la imposición de una multa superior a US$15 millones. La sentencia, proferida por la jueza Baloiza Marquines el 28 de junio de 2023, consta de 306 páginas. Se comprobó además la utilización de dineros públicos para la compra de medios de comunicación. La mencionada sentencia cobija una docena de personajes del círculo de socios del expresidente. 

Diversos sectores de la opinión pública calificaron esta actuación como una reivindicación largamente esperada de la justicia y un hito que demostraba los límites a los que la impunidad podía ser sometida. Para ese entonces, Martinelli estaba en plena campaña electoral por un segundo período -la Constitución autoriza la reelección no inmediata por una sola vez- con el movimiento Realizando Metas, en asocio de Raúl Mulino como fórmula vicepresidencial. El tribunal electoral ordenó su retiro de la contienda, por lo que Mulino resultó presidente en 2024 como delfín de aquel. 

Fue entonces, una vez en firme la sentencia condenatoria en su contra, cuando el gobierno de Daniel Ortega, el 24 de febrero de 2024, otorgó asilo en su embajada al expresidente, quien la convirtió de inmediato en un centro de actividad proselitista y propaganda de su presunta persecución judicial. Pese a la expedición de una circular roja de Interpol solicitada por la justicia panameña, la Policía se negó a hacerla efectiva por supuestamente violar su estatuto de asilado. Una vez cerrada toda posible revisión judicial se presentó una iniciativa en el Congreso para expedir una amnistía en su provecho, que a pesar del apoyo del Ejecutivo no obtuvo el necesario respaldo. Fue entonces cuando la injerencia de su anterior compañero de campaña electoral, convertido gracias a él en presidente, entró una vez más en ejercicio, al expedir un salvoconducto para Martinelli que le permitiera salir del país. Sorpresivamente, Nicaragua, a través de la esposa del presidente Ortega, negó el traslado aduciendo la existencia de dicha circular roja de Interpol. 

Tras catorce meses en la embajada nicaragüense y frustrada su salida del país, irrumpió como un deus ex machina la decisión del gobierno colombiano de otorgar asilo territorial. Su mentor y compañero electoral pronta y solícitamente otorgó un nuevo salvoconducto para su traslado a Colombia.  

La justificación de Colombia

El presidente Petro justificó el asilo a Martinelli bajo el argumento humanitario, la tradición humanista del país y la indiferencia de afiliación ideológica para sus beneficiarios, dando por descontada su condición de perseguido político. La canciller Laura Sarabia, interrogada al respecto, declaró su respeto por la decisión del presidente, en una suerte de ‘obediencia debida’ a la voluntad de su jefe. El laconismo de la Cancillería mostraría pues la ausencia de criterio diplomático por parte de la autoridad responsable.  

En realidad, la decisión gubernamental hace trizas no solo la tradición diplomática colombiana en la materia sino la normativa internacional tan laboriosamente construida sobre la base de la exclusión radical del otorgamiento de asilo por delitos comunes. Colocar en la misma balanza al líder peruano perseguido por la dictadura militar hace tres cuartos de siglo con un condenado por lavado de activos constituye poco menos que una degradación del dispositivo internacional, y su extrema tergiversación jurídica.  Que el primer presidente de izquierda en Colombia y antiguo rebelde confunda el delito político con el delito de lavado de activos solo puede dar pábulo a las más siniestras sospechas. Justo en un momento en que el país requiere, más que nunca, la máxima transparencia en los asuntos públicos.    

Victor Guerrero Apraez es abogado, magister Derecho Internacional Público (Alemania), profesor universitario, asesor y consultor de entidades nacionales y extranjeras, ONG, ONU, especialista en DIH y DDII Autor de siete libros sobre filosofía política, guerras civiles y mecanismos de regulación y clemencia -beligerancia, amnistías- investigaciones en curso sobre golpes de Estado, mito político y modernizaciones autoritarias.

Fuente: https://razonpublica.com/asilo-colombia-expresidente-panameno-humanismo-internacional-u-obstaculizacion-la-justicia/

Algunos “temas gruesos” están sobre el escenario de la lucha que se adelanta en Colombia por parte de los movimientos sociales y políticos de carácter popular. Son asuntos y problemas que compartimos con los demás pueblos y sociedades de países de América Latina que se han atrevido a desafiar el poder del Gran Capital intentando usar la institucionalidad existente.

En esos países se accedió a los gobiernos por la vía electoral y se quiso utilizar el Estado “heredado” para impulsar procesos de transformación social, política, económica y cultural. Se quiso enfrentar el neoliberalismo más no el capitalismo. De antemano sabíamos que los latinoamericanos heredamos Estados coloniales y patriarcales, capitalistas y neoliberales, burocráticos y corruptos, y que no iba a ser fácil realizar esa tarea “desde adentro”.

Y también sabíamos, o supongo que los principales dirigentes eran conscientes de ello, que el gobierno, o mejor, la “cúpula” del Ejecutivo (presidente, ministros y otros altos funcionarios), sólo son una parte del aparato del Estado, que está conformado por otras ramas del “poder público” como el Congreso o asamblea nacional, las Cortes Judiciales, los órganos de control, las Fuerzas Armadas y otras instituciones como la Fiscalía, defensoría del pueblo, el poder electoral, y otras.

Y lo que es más importante de entender, de ser absolutamente conscientes, es que el conjunto de ese Estado “heredado” responde a los intereses de las clases dominantes, que en Colombia están compuestas por una oligarquía financiera que se alimentó desde los años 80s del siglo XX de los recursos del narcotráfico, se apoderó de las empresas estatales y de los caficultores, y logró conformar una alianza estrecha con el imperio estadounidense y con los grandes terratenientes que han sido la clase social que ha mantenido su hegemonía desde tiempos coloniales.

Lo que hemos aprendido desde el ascenso del presidente Chávez al gobierno de Venezuela en 1999, pasando por las experiencias de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Tabaré y Mujica en Uruguay, Evo en Bolivia y otros intentos en curso, es que las castas oligárquicas de cada país, sus aliados subordinados (burguesía burocrática y grandes terratenientes) y el mismo imperio, no van a entregar sus privilegios sin luchar y resistir, y por ello, también han asimilado esas experiencias y han adaptado sus políticas y estrategias a las nuevas realidades.

Antes de avanzar, es importante contar con una mirada de contexto y, además, reiterar que sin una efectiva y consistente fuerza “desde abajo” es imposible que nuestra acción “desde adentro” o “por arriba”, logre realizar y consolidar cambios estructurales o sustanciales en nuestras sociedades.

Sin embargo, si estamos de acuerdo con lo anterior, es posible diseñar una estrategia para avanzar con paciencia y consistencia en la acumulación de esa fuerza “desde abajo”, sin ilusionarnos o afanarnos con “golpes de mano” u otras acciones que hacen parte de nuestras “herencias insurreccionales” que, como se ha comprobado en estos países vecinos, siempre fracasarán ante la enorme fuerza del enemigo que actúa como “clase capitalista global” y que recurre a bloqueos, saboteos y demás actos de fuerza para impedir que esos intentos logren su objetivo.

En el caso de Colombia, debemos ser conscientes que se llegó al gobierno con un escaso margen de ventaja frente al candidato de las “derechas” (Rodolfo Hernández) y en alianza con algunas expresiones políticas de la oligarquía financiera, burguesía burocrática y burguesías emergentes (de origen legal e ilegal) que se articularon alrededor del “proceso de paz” (Santos), y que buscaban desplazar del poder a sectores monopólicos de las clases dominantes y participar de las enormes ganancias que la oligarquía financiera y los grandes terratenientes han acumulado a lo largo del tiempo.

Desde el principio era claro, que esas clases y sectores de clase aliadas, no sólo no eran confiables sino que su naturaleza económica y social de carácter parasitario, no les permite ser protagonistas de un proyecto “progresista” y “revolucionario”. Podíamos prever que cuando llegara el momento de la confrontación con la oligarquía financiera, esos sectores no sólo vacilarían sino que mostrarían su absoluta incapacidad para avanzar por nuevos caminos.

El momento llegó cuando el gobierno presentó ante el Congreso las denominadas “reformas sociales” (de la salud, laboral y pensional) y cuando hizo amagues de intervenir en el campo de la generación y distribución de la energía eléctrica. De inmediato, la “alianza interclasista” y el “frente interpartidista” se empezó a resquebrajar y, ello se reflejaba tanto en la composición del gobierno (cambios de ministros y altos cargos) como en los debates y nuevas alianzas que iban surgiendo al interior del poder legislativo (y también en las otras ramas del poder como ha ocurrido con la fiscalía, contraloría, procuraduría, etc.).

Las preguntas que surgen de este sintético recuento tienen que ver con la estrategia. Si éramos conscientes de que la fuerza acumulada no era suficiente y que los aliados eran vacilantes y no confiables para confrontar a la oligarquía financiera en esas áreas que comprometen el manejo de las EPS y de los Fondos privados de pensiones… ¿por qué se priorizaron y se presentaron tan pronto esas reformas ante el Congreso? ¿Hubo exceso de confianza en esos aliados o se pensó que con el manejo y la transacción de burocracia y contratos (“mermelada”) iban a aprobar fácilmente esas iniciativas?

¿Se exploraron otras posibilidades para acumular fuerza social y política? ¿Se visualizaron otras clases y sectores de clase con quienes se hubiera podido avanzar en otras materias y temas como la industrialización de los procesos productivos y el cambio gradual y sistemático de la matriz energética? ¿Se evaluó la posibilidad de construir otras alianzas con sectores de las burguesías emergentes como los pequeños y medianos productores agrarios y los pequeños y medianos emprendedores citadinos (muchos de ellos son “profesionales precariados”)?

Ahora que estamos en la etapa final del gobierno progresista, se hace necesario que la dirigencia del Pacto Histórico y de los movimientos sociales reflexione sobre esos “temas gruesos”, que de alguna manera se han manifestado en estos tres (3) años de gobierno progresista y que se han enfrentado de diversas maneras, principalmente por parte del presidente Petro, pero que no han sido abordados en conjunto por las llamadas “fuerzas del cambio”.

Esos “temas gruesos” y su tratamiento al interior del Pacto Histórico van a determinar, de alguna manera, los debates internos de cara a la consulta para escoger candidat@s presidenciales en octubre de 2025. ¿Seguimos priorizando la alianza con las expresiones políticas de la burguesía burocrática corriendo los riesgos de ser arrasados por toda clase de politiquerías y corrupciones? ¿Con qué sectores sociales vamos de verdad a impulsar un decidido y efectivo proceso de industrialización del aparato productivo? ¿Estamos de acuerdo que ese proceso de industrialización es la única forma de “progresar”, de crear empleo digno y formal y de fortalecer los ingresos del Estado para poder financiar programas sociales de gran impacto?

¿Cómo vamos a romper y derrotar el “bloqueo institucional” que ha sufrido el gobierno progresista durante estos tres (3) años? ¿De qué manera asimilamos tanto la experiencia de la Constituyente de 1991 en Colombia como parecidas experiencias vividas en Ecuador y Bolivia, en donde se aprobaron nuevas Constituciones Políticas pero el poder de la oligarquía financiera y del imperio estadounidense siguen allí, medrando y explotando nuestros recursos humanos y naturales?

Estos y otros “temas gruesos” deben hacer parte de las reflexiones y debates del Pacto Histórico y del movimiento social. Solo así valoraremos a fondo los esfuerzos y avances liderados por el presidente Gustavo Petro pero, también, estaremos a la altura de emular y superar esa experiencia y legado.

E-mail: luisdorado@gmail.com    

Con esta contundente consigna, “Por la paz, la democracia y el socialismo”, el movimiento estudiantil colombiano fraguado en la lucha antimperialista y de solidaridad con la reciente revolución cubana y en la anterior lucha sangrienta contra la dictadura anticomunista Rojas Pinillista, irrumpió a gritos y a marchas, solidarizándose con la revolución mundial que había estallado en París aquel memorable mayo de 1968. Tenían también otras razones quizás más profundas.    

La guerra civil bipartidista entre conservadores (falangistas) y liberales y nueveabrileños iniciada desde el poder central aquel fatídico 9 de abril de 1948 había sido detenida parcialmente con el pacto de Sitges 1957 entre los dos jefes, el falangista Laureano y el panamericanista Lleras Camargo y, el Estado plebiscitario allí pactado que al año de haberse montado (1959) recibía la primera visita “secreta” del  US Army general Yarborough, con el fin de convertirlo lenta y gradualmente en un Estado contrainsurgente, que comenzara la guerra de agresión contra las comunidades campesinas y populares calificadas como “enemigos internos”. Era la guerra fría del imperialismo una vez acabada la guerra caliente contra el comunismo o el socialismo.   

Sin embargo y sin saberlo, los estudiantes marchantes habían iniciado la crítica de la realidad socio-económica y política que surgía, y que 70 años después de haber sido conceptualizada por el poder y sus ruiseñores como “conflicto interno colombiano”; por inercia y sin más esfuerzos analíticos o de abstracción así se siguió llamando, incluso dotado de pasaporte para viajar al exterior, donde fue muy bien aceptado y promovido.

Pero las palabras como las monedas se gastan de tanto usarlas. Esto es sabido desde la época de los arcaicos mercaderes fenicios. La guerra civil bipartidista que (también a más no poder) y para efectos de la impunidad de sus promotores se llamó con la simpleza vacía de “Violencia del medio siglo”,continuó transformándose y complicándose (complejizándose, dicen los violentólogos adictos) al ritmo de las rápidas y profundas transformaciones económico sociales y superestructurales que míster Capital, en su desarrollo autónomo realizaba, no solo en el campo colombiano sino en toda la sociedad para conformar, violentamente o mejor, por medio de la guerra, el mercado nacional integrado, vinculado al mercado universal y a la economía Mundial, descrito por los autores más destacados del pensamiento crítico Marxista actual.  

La guerra capitalista entre colombianos, cuya cultura de matarse en montoneras unos con otros provenía de las nueve guerras civiles y miles de asonadas pueblerinas del siglo anterior con las que se desarrollaba el campo y la sociedad colombiana, según el concepto extraído de la ciencia básica biológica, había “mutado” y habría de seguir mutando indefinidamente empujada por la ley tendencial de la necesidad y el azar, hasta convertirse en lo que hoy conocemos con el concepto critico que he propuesto de Guerra Civil Mutante, esbozado en el siguiente artículo de opinión : https://rebelion.org/

La rígida y limitante dicotomía Paz/ Guerra, basada en la profunda cultura escolástica de los analistas adictos y violentólogos creados por el desarrollo de la división social e intelectual del trabajo, tan funcionales a mister Capital, al construir una jaula de hierro para contener la contradictoria realidad creciente y cambiante y, perseguir a los jóvenes cerebros críticos pensantes que trataban de interpretarla, acabaron por vaciar los conceptos.

La paz, como la antigua concepción de la salud que significaba ausencia de enfermedad, pasó a significar ausencia de guerra y la guerra, ausencia de la paz. ¿Fácil, no?

Cuando la otra moneda, la de la democracia, se hubo gastado de tanto usarla sin valor y fue reemplazada por la de “elecciones cada cuatro años” para elegir los representantes del pueblo o a los mejores como lo recomendaba el obispado, perdiendo su contenido profundo dado por los griegos antiguos, y convertida en otro ritual ceremonioso y superficial. Rápidamente fue asociada al construido simplismo intelectual de la paz, para ser tomados en bloque e implementados por los jefes naturales más avisados y astutos de las sectas políticas, quienes en medio de la crisis generada empezaban a brotar como champiñones después de las lluvias, convirtiéndolo en el relato en hegemónica dominante.

Cuando ganaron las elecciones presidenciales, resolver la desbordante realidad del llamado conflicto interno, solo era una elemental cuestión de eliminar uno de los términos de la dicotomía: Eliminar la guerra promoviendo la paz para salvar la democracia. Claro, sin ninguna transformación estructural de las causas profundas generadoras de tal guerra y mucho menos, sin reparar o sanar las enormes heridas y daños que esta ocasiona, no solo a las personas sino a la sociedad en general y a la verdadera democracia popular.

 Así, con el aval de ONG, organismos internacionales, cada gobierno liberal o conservador o sus herederos empezaron a promover en cada una de sus administraciones cuatrienales procesos de paz, como una ceremonia o ritual abstracto, no para RESOLVER O SOLUCIONAR el conflicto como las comunidades y la sociedad lo clamaban o suplicaban, eliminando las causas estructurales que incluso siempre detallaron en sus solicitudes, sino para alcanzar (en abstracto) una paz cada vez más lejana, con una guerra verdadera cada vez más cercana, mediante acuerdos de paz simulados e hipócritas, que una vez firmados se convertían en papel higiénico mojado. En un maldito papel. Mientras el régimen con su estrategia contrainsurgente y mister Capital continuaban su curso ineludible caminando airosos como la flor de la canela. Y así, durante 70 años, hasta llegar al actual reformismo contrainsurgente de la promesa electoral hueca o vacía de la “paz total” que, con su frustración, desilusión y promesas incumplidas, ha venido a reforzar la perpetua estrategia contrainsurgente del régimen, y más reciente la del Uribato.

Reconocer la septuagenaria guerra civil mutante que se desarrolla en Colombia hasta el día de hoy implica un giro semántico de la ciencia política pleno de contenido ético que cuestione la superficialidad o el vaciamiento de los conceptos de democracia y de la paz, tal como han sido utilizados, para llenarlos de contenido real, reconociendo la existencia de esa guerra civil (histórica de largo alcance) mutante, persistente y antidemocrática, muy distinta al cuento  superficial novelesco, fullero y novel(esco), de que esta guerra o conflicto se ha terminado y se está en un paradisíaco postconflicto.Cuando la realidad es que se está en una guerra civil actual y presente.

No basta con darles nombres de siglas a los grupos armados en guerra civil cambiante de todos contra todos, vinculados activamente a economías de guerra nacional e internacional y quienes ejercen un control territorial de facto. Y su solución implica, transformaciones materiales y de alta política: Reformas agrarias reales. Justicia redistributiva. Fin del paramilitarismo y desmonte de su entramado contrainsurgente legal. Reconstrucción democrática de lo público y del Estado desde abajo, desde los territorios. Dándole un contenido real y popular al concepto de democracia directa como la insinuó Marx en su famoso análisis del 18 de Brumario.

Solucionar la guerra también es desmantelar las condiciones estructurales y objetivas que la reproducen a lo largo de todo el territorio colombiano: exclusión y desigualdad, impunidad, racismo básico, violencia de clase, despojo ambiental, extractivismo, deforestación y Ecocidio. Y democracia genocida.

No se trata solo de cesar hostilidades militares o sociales, sino de construir una sociedad democrática participativa con otras reglas del juego, verdaderas, donde la vida digna sea posible.

En este sentido, «solucionar la guerra civil mutante en Colombia» exige reconocer y abordar las desigualdades orgánicas, la exclusión social y la falta de participación política que han sido su combustible. Se requiere una transformación integral y profunda que vaya más allá de los acuerdos de paz falsarios, que busque una justicia social y económica real para todos los colombianos.

En resumen, es momento de dejar de hablar únicamente de paz y comenzar a trabajar en la verdadera «solución de la guerra» en Colombia, que la democracia y el socialismo vendrán con ella.

 “Todo el cielo está en completo caos, la situación es excelente”, diría el presidente Mao.

En una intervención por todos los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro ha hecho un anuncio trascendental al convocar la Consulta popular sobre un nuevo régimen laboral para recuperar y otorgar nuevos derechos a los trabajadores colombianos, afectados gravemente por el modelo neoliberal implantado en Colombia desde los años 90 por el ex presidente Cesar Gaviria y blindado a lo largo de 3 décadas con un sistema de gobierno violento que incorporó ejércitos paramilitares anticomunistas, ejecutores de una demencial campaña de asesinatos, masacres, despojo y desplazamiento de más de 10 millones de campesinos; escenario en que sobresalen el exterminio de la Unión Patriótica y la liquidación de miles de líderes sindicales, sociales y de los derechos humanos. Todo bajo el amparo de los gobiernos de Uribe Vélez, Pastrana, Santos e Ivan Duque que contaron siempre con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

La Consulta popular será citada mediante un decreto que se dará a conocer antes del 12 de junio en un acto público con la ciudadanía en Medellin o en Cali. Las votaciones de la misma podrán ocurrir a finales de julio o a mediados del mes de agosto.

Está previsto que la Corte Constitucional examine, una vez se haga la Consulta, la legalidad de la convocatoria para afianzar su pertinencia y legitimidad en la amplia jurisprudencia garantista, acumulada por tal institución desde su creación por la Asamblea Constituyente en 1991, con un desempeño ajustado a los principios del Estado social de derecho, con algunas excepciones por la infiltración de facciones de la ultraderecha y de las mafias jurídicas en su seno en años recientes provocando grandes escándalos y denuncias de corrientes democráticas radicales con fuerte incidencia en la esfera pública.

La audaz decisión del presidente Petro se da en una coyuntura compleja, de aguda confrontación de clases; en unas circunstancias en que, los adversarios de la ultraderecha fascista, promueven planes de asesinato y magnicidio del presidente, por ser hoy la persona más representativa del proceso de transformación profunda de la sociedad colombiana.

Las mafias fascistas están profundizando la confrontación, que se ha expresado en el bloqueo institucional, y que se propone saltar a la destrucción física del presidente Petro, involucrando segmentos militares y policiales degradados, presentes en eventos demenciales como el asesinato del presidente de Haití, las masacres de civiles pagadas por los Carteles mexicanos en Michoacán y en la guerra de Ucrania como mercenarios contratados por la Otan.

Así, el presidente ha dado un paso audaz que llevará la confrontación sociopolítica a nuevos niveles en el entendido de que solo la lucha permite conquistar los derechos de los trabajadores colombianos.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, con la compañía de otros voceros de la ultraderecha, han desatado una narrativa para insinuar golpes de estado y rupturas institucionales en la determinación del presidente, como lo hace el alcalde de Bogotá.

Lo cierto es que, como lo señala Montealegre: “Existen tres situaciones que viciaron el “procedimiento legislativo” (que hundió el tramite senatorial de la Consulta): (i) El hecho de que el presidente del Senado cerró abruptamente la votación, cuando una de las senadoras tenía la expectativa legítima de participar en la misma. Esta actuación le impidió a una parlamentaria -pro-consulta- ejercer el derecho a intervenir en la deliberación: se violaron los principios pro-democracia o pro-participación. (ii) El secretario general cambió el sentido de un voto por el sí, para volverlo no, cuando estaba cerrada la votación. La actuación del secretario fue un abierto desconocimiento del principio de preclusión que rige las etapas de un proceso legislativo. Violó la seguridad jurídica, valor con protección constitucional. Un acto arbitrario. Si bien el reglamento del Congreso permite sanear actos del trámite legislativo, él no era el competente para hacerlo. En este caso, el órgano era la plenaria. (iii) No se dio paso a la apelación que se hizo en forma inmediata ante estos vicios. Sin tramitar la impugnación, no se podía dar por finalizada la sesión. Quien debía decidir sobre la apelación, era la plenaria del Senado, no el presidente, quien, ni siquiera la tramitó” (Ver

https://revistaraya.com/ ).

Desde hoy, la victoria popular y progresista se dará en las calles en donde deberá construirse una nueva hegemonía en los Cabildos populares y las Asambleas comunitarias. La situación que atraviesa Colombia no admite vacilaciones, ni dudas, exige un cambio desde una política emancipadora radical; por lo que hay que redefinir al movimiento popular-indígena-campesino y afro como una fuerza social determinante.

Lo cierto es que la salida ya no está en la negociación paciente ni en los Acuerdos nacionales, con quien no lo quiere y lo sabotea con bloqueos de todo orden y en todas las instituciones, en una forma liberal democrática, en momentos en que la democracia colapsa y está cuestionada a nivel global por la emergencia de los populismos ultraderechistas que promueven el odio de clases.

Pero, al interior de la turbulencia política en auge por la convocatoria directa de la Consulta popular, desde la institución presidencial, lo que debemos asumir es que la lucha de clases va a implicar una lucha como crítica de la economía política, o sea la disputa por el reparto de los excedentes que producen millones de trabajadores de las ciudades y el campo.

Hay que plantear esta nueva lucha como una crítica a la economía política: no se pueden permitir el drenaje de descomunales partidas para subsidiar a los más ricos, a las vigencias futuras, a entregar millonarias partidas a las mafias de la corrupción (Regalias), a los poderosos dueños del transporte de carga, a las empresas de los servicios de luz y del gas. Hay que poner mano dura a esos privilegios y la demanda del presupuesto actual como lo ha exigido el presidente Petro va en la línea correcta.

Así, se pueden superar las brechas salariales, pensionales, en educación y en la salud; ejecutar una amplia política de vivienda que favorezca a los sectores más vulnerables; una reforma agraria con más inversión, tecnología, ampliación de mercados y de la frontera agrícola que beneficie a millones de campesinos. Solo por esta ruta, el campo popular dará rápidamente un nuevo impulso a las luchas sociales y aperturar el camino a un cambio político más profundo sobre la base de la unidad y la convergencia de los distintos sectores del bloque democrático popular.

Puede que luego de los dos días de paro nacional y la algarabía con la cual los sectores del viejo poder agitaron alegremente el lánguido resultado de las jornadas sucedidas este 28 y 29 de mayo, exista gran perplejidad por la forma en que los acontecimientos se han dado y mucho sinsabor al intentar hacer balances sobre la situación.

Pero sin embargo, estos son necesarios y se requieren para seguir avanzando en medio de la crisis del país y de la intensidad con la que se mueve la lucha de clases y se proyecta la praxis de las fuerzas sociales y políticas que actúan en ellas. Es ineludible la valoración respecto a los hechos reales de estos dos días -y sobre lo que todos y todas estábamos expectantes de que sucediera-, sin importar el sector político o el grado de indiferencia y compromiso con el cual individual y colectivamente asumimos la situación en proceso. Desde todos los lugares se esperaba que algo ocurriera y efectivamente ocurrió. Pero el desenlace debe remitir su análisis no sólo al punto de despegue de la coyuntura, sino al balance de la forma en que operaron las fuerzas que la desencadenaron, pues estas misma operaron como anclas de impulso, freno y redireccionamiento.

Lo que parece terrible, desde una perspectiva de izquierda proletaria, es que después de la actual coyuntura política los sectores conservadores puedan quedar en una posición más favorable, incluso llegando a posar de absolutos ganadores del pulso de clases.

Esto, pese a que la acción negacionista del bloque conservador de vehiculizar mínimos ajustes a su máquina de poder y explotación, los condujo a un callejón sin salida. Pero de ese callejón lograron parcialmente escapar al neutralizar, por un lado, la ofensiva de las fuerzas progresistas expresada en el intento de lograr a través de la Consulta Popular un marco de presión política frente a esta actitud anti reformista y sacar una posición de ventaja para la puja electoral del 2026. Por otro lado, el bloque conservador logró acaparar la bandera de la reforma laboral y la racionalidad institucional, frente al supuesto aventurerismo caudillista y populista del progresismo.

En ambos movimientos, desde las fuerzas del centro y la derecha, el conservadurismo libró una lucha articulada, calculada y consciente de lo que podría perder y ganar. En ello articuló cada uno de los mecanismos de poder que detenta: los partidos políticos con sus intelectuales orgánicos, los medios de comunicación, las instituciones de seguridad y sus modelos de seguridad ciudadana, el poder judicial de las cortes y el concurso de sus gremios económicos. Todos juntos en una sola voz asumieron la gestión de la crisis, a costa de irradiar su burdo pragmatismo como la forma de persuadir la conducta nacional. El “todos ponen, nadie pierde” conduce a olvidar que en la sociedad del capital siempre pierde el proletariado.

Por eso esa facción del bloque de poder no vaciló en ceder aspectos mínimos que iban en contra de intereses básicos de sus diferentes sectores, pero que aseguraban una mejor posición hegemónica para la gestión de la coyuntura e incluso para reacomodar sus beneficios, como lo evidencian varios aspectos de la reforma laboral de la 4ª Comisión.

Así, desarmaron el mecanismo de respuesta de las fuerzas progresista y abatieron, uno a uno, los diferentes esfuerzos de su reajuste. Primero negaron la reforma laboral, pero una vez se puso al frente la amenaza de la consulta popular y el riesgo de un nuevo estallido social, se enfilaron contra la consulta y revivieron la reforma laboral -aunque ahora aún más ajustada a sus intereses-, evidenciando la faceta instrumentalista del progresismo hacia lo electoral y colocando en crisis la estrategia de gestión política del gobierno. Al tiempo colocaron la eficiencia del proceso democrático, siempre rebajado a su antojo, como el proceso más racional para distensionar el conflicto social, en detrimento de la movilización popular.

El segundo aspecto a considerar se remite a la confirmación del quiebre crítico progresismo. Pues las fuerzas progresistas, por un lado, han sido sometidas al desgaste de los mecanismos institucionales entre uno y otro recurso; y por otro, al desmarcarse de los ejercicios sociales y populares que llamaron al paro y a la huelga nacional, mostraron su disciplina burocrática frente a las formas institucionales y con los pesos y contrapesos de sus poderes. No sin antes ir contra la movilización, higienizar sus conductas y lavarse las manos de los costes de una puesta en escena fallida que pudiera minar su vigencia como fuerza política, tratando de endosar dichos costes al movimiento popular. Para ello recurrieron nuevamente al reencuadre de su limitada estrategia de gestión institucional, pero con mayores grados de debilidad y con el sol a la espalda: como todo como un cuerpo senil sobre el cual “se regodean los buitres”. Estos en línea del escenario electoral del 2026 del cual con seguridad dictaminan el ocaso del poder presidencial del progresismo.

Entre reencauche de las fuerzas conservadoras y la profundización del quiebre de las fuerzas progresistas del régimen de poder colombiano, fue propicio la toma e iniciativa de los sectores proletario populares que, en contra de las fuerzas hegemónicas de izquierda y de derecha, debieron desentumir sus fibras musculares y despuntar esfuerzos en aras de ganar campo político en medio del péndulo del viejo poder.

Sin que esto implique los resultados más óptimos, es relevante que estos sectores sí admitieron el reto de mantener la bandera de la movilización, la crítica hacia el tipo de democracia tramposa y antipopular que reproduce las condiciones de hegemonía del bloque de poder, y la necesidad de apropiar y construir un margen programático. Pero estos potenciales esfuerzos deben reforzarse y enfocarse en gestionar su fuerza social, su capacidad de articulación y de interconexión con los amplios sectores populares y proletarios, en clave de responder a los retos venideros y al escenario del día D después del 7 de agosto del 2026.

Giovanny Bermúdez Mendoza, Centro de Pensamiento y Teoría Crítica Praxis

En forma pronta los voceros del ala más reaccionaria del capital han salido muy inflados a regodearse por la tibieza con la que discurrió el paro nacional. El giro de la situación es tal, que Petro reculó públicamente al señalar que no era su convocante, tras promoverlo, entre líneas, como llamado a huelga general. Y puede que entre algunas compañeros y compañeras de las organizaciones proletarias y populares exista cierta desazón, en cuanto no afloraron con toda la fuerza esperada las potencialidades que cargaba la situación.

Por esa razón es importante dedicar un poco de tiempo a la construcción de un balance que nos ayude a ubicar, con la mejor precisión posible, el desenvolvimiento de las contradicciones y de sus fuerzas, siempre en la necesidad de ajustar nuestras capacidades de cara al futuro inmediato.

Lo primero que hay que resaltar es que los eventos que marcan el trimestre entre marzo y mayo constatan la permanencia de la crisis estructural del país y su tendencia a profundizarse. En ella, la burguesía –con sus gremios y partidos- se vio forzada a tomar decisiones extraordinarias y a veces erráticas. Con ese proceder espolearon y radicalizaron las posiciones y, en consecuencia, abrieron oportunidades concretas para que las fuerzas proletario-populares se decidieran a avanzar.

Es así que, en ese corto periodo de tiempo se avanzó colectivamente en la construcción de conciencia de clase, del carácter de la crisis, como de la postura reaccionaria de la burguesía. En función de eso, se ha posicionado en los discursos, hasta tornarse “moneda corriente”, la necesidad de construir las asambleas populares como espacio de organización y decisión social. Junto a ello, también se logró insistir en la necesidad de una ruta alternativa, que vincula la propuesta de las Asambleas Populares y Asamblea Nacional Popular-ANP con la salida proletario-popular a la crisis.

Sin embargo, sobreviene la pregunta del por qué no se pudo avanzar más. Frente a ella, aquí planteamos algunas posibles respuestas, bajo la consideración de que en esta coyuntura participaron tres fuerzas: la fracción del orden -que une a derecha y ultraderecha-, la del reformismo tibio -que sigue de rastras al viejo poder- y la fracción proletaria y popular.

En lo fundamental creemos que la dificultad se coloca a nuestro interior, pues es nuestra propia debilidad político-organizativa la que nos impide avanzar más, cuando la burguesía golpea las condiciones de vida de todo el pueblo y además se mofa en forma descarada de sus atropellos.

Sin embargo, también hay que considerar que tanto la fracción del orden como la del reformismo tibio movieron sus fuerzas en la misma dirección estratégica, es decir, hacia la institucionalidad establecida, muy a pesar de sus choques políticos.

El ala del orden corrió pronta a hacer control de daños tras sus evidentes abusos, al negar la muy recortada reforma laboral y cerrarle la puerta a la Consulta Popular. Ofreció como caramelo y contentillo una burla de reforma laboral de corte conservador, hecha para no molestar al capital. Al proceder de esa manera logró vender -con sus empresas de propaganda- la idea de que está dispuesta a ceder, pero sobre todo posicionar que su armazón institucional de poder puede y debe ser utilizado correctamente para lograr la “conciliación”.

El gobierno movió, y mueve, sus fuerzas hacia el mismo cauce, pues tibio y timorato sólo ha querido presionar a los partidos y fracciones de la burguesía sobre las reformas, pero siempre bajo un cálculo electoral y en pleno despliegue de su estrategia de conciliación dentro de las desgastadas instituciones burguesas y bajo la lógica del capital. Por eso mismo, mientras de boca se hablaba de la huelga, en la práctica nada hacían para radicalizarla y menos ampliarla, pues un nuevo estallido social también podría barrer políticamente con lo que queda de prestigio del actual gobierno. Pareciera que en esa dirección calibraron su orientación del paro las dirigencias (de las centrales obreras, de los partidos y movimiento sociales que hacen parte del reformismo conformista) al promover un paro de estilo cívico, del típico septimazo y por los andenes, esto es, adaptado a los formalismos de quejarse, pero sin molestar el almuerzo de los patrones.

Luego si bien hay una disputa abierta entre la corriente del orden con la del reformismo tibio, ésta se limita y dirige, en este momento, a ganar posiciones frente a la carrera por los votos en dirección a la farsa electoral. Pero las dos convergen en la defensa y uso del viejo orden, muy a pesar de lo derruidas que estén sus instituciones y lo mucho que con ellas se golpee al proletariado y demás sectores populares. Por eso, las urgentes reivindicaciones de las mayorías del país son reducidas a meros instrumentos y tratadas en forma utilitaria según renten al caudal electoral, pozo en el que ha caído la reforma laboral y el llamado a Consulta.

Junto a estas tendencias, es posible que también hayan actuado otros elementos asociados a la percepción de la gente y que pudieron haberla inhibido a movilizarse con contundencia. Uno de ellos es el desgaste al que ha sido sometido el mecanismo de protesta de calle, y frente al cual puede sentirse cansancio en tanto afecta la cotidianidad de los mismos trabajadores, sin que por ella se logren resultados palpables. El otro es la distancia entre las discusiones y disputas políticas respecto a la misma cotidianidad de las y los trabajadores, en especial del proletariado sobrante para el capital, distancia que puede reconocerse en la forma ajena, fría y hasta cotidiana con el que buena parte de la población asumió el día del paro, lo que indica que su llamado no logró calar y romper su habitual forma de vida.

De ser así, es evidente que la red de medios alternativos de comunicación no logra atravesar ciertos límites, no logra trascender hacia las mayorías populares. Y aquí no hay que olvidar que la internet y las llamadas redes sociales son medios producidos y dirigidos por el capital. Brota entonces la necesidad de conectar las redes de comunicación alternativa, tanto a su interior, como con redes de grupos especializados en una agitación de calle dirigida a romper la paralizante cotidianidad en que discurre la vida de la mayoría popular.

Así vemos que el resultado mismo del paro es un indicador real de la fuerza que aún tiene el conjunto de instituciones burguesas sobre las mayorías proletarias y populares. Pesó más la urgencia de sostener el puesto de trabajo, de salir a conseguir lo del día, la inmediatez de resolver la necesidad vital. Y sobre eso cabalgó todo el entramado de propaganda burgués, que no sólo publicita la actual situación como el paraíso, sino por sobre todo que sus instituciones son el mejor y único lugar para orientar al país. Fue así que con ella caló el llamado a la disciplina, al orden, al canturreado trabajar y trabajar como vía para una vida mejor.

Es allí donde es necesario recordar que las Asambleas Populares son también un punto de llegada, como lo habrán de ser de salida hacia una ANP. Las Asambleas Populares son más viables y sostenibles en las áreas donde se ha trabajado para producir un sustrato organizativo, donde se ha desarrollado una labor permanente por constituir las organizaciones de los sectores sociales y con ellas se generan liderazgos y propuestas colectivas verdaderamente plegadas al “pueblo”. Por eso las coyunturas -como las de estos tres meses, y más la del llamado a paro- sólo hacen más viables las Asambleas Populares, en cuanto lo extraordinario de sus situaciones demanda abrir la puerta de los procesos organizativos a fin de vincular al proletariado disperso y sumiso en el marco de su cotidianidad.

Aun con todo esto, hay que destacar que, si bien el paro no logró que reventaran en toda su dimensión las contracciones contenidas en la coyuntura, sí que permitió que la fracción más avanzada y decidida se expresara en forma autónoma en diversos puntos del país, lo cual es una “novedad”. Y es una “novedad” en cuanto se evidencia que hay una fracción no desdeñable que entiende y asume en la práctica la necesidad de una ruta alternativa respecto de la que plantean tanto la fracción del orden, como la del reformismo tibio. Esa fracción, que aún se presenta como “molecular”, ha avanzado bastante, pero también tiene mucho por aprender y superar.

Por ejemplo, y sólo por destacar, se encuentra la necesidad de darle sostenibilidad y permanencia a las Asambleas Populares existentes, pensar y crear un espacio de encuentro y articulación nacional que les permita ampliar su experiencia, fuerza y capacidad de representación en las centrales obreras y en espacios más amplios como la Cumbre Social y Política, siempre en dirección a forjar un programa transformador para el país que las vaya juntado y permita la producción de los “hilos” con los cuales se tejerá el proyecto alternativo.

Y entre los retos inmediatos que enfrenta, uno es que el momento está atravesado por la disputa electoral entre la fracción del orden y la del reformismo tibio. Como apreciamos, las elecciones, y por lo tanto la institucionalidad burguesa, aún tienen la capacidad para envolver y controlar la gran mayoría de fuerzas en el país. En medio de ella las disputas personales y fraccionales reverdecen y pululan, cumpliendo su tarea de fragmentar y utilizar la población en medio de enfrentamientos que en el fondo le perjudican.

Pero aún con ello, en esa disputa también se redefine el ejercicio del poder del gobierno, situación en la cual asoma la posibilidad de que en las próximas votaciones regresen las formas más autoritarias, debido a la incapacidad de ejecución que ha caracterizado al actual gobierno. Y desafortunadamente esa tendencia se presenta ahora envalentonada, pues a la larga ha sabido contrarrestar los tibios intentos de reforma social y mostrar que, aún en medio de la crisis, pueden maniobrar para sostener y reproducir su desgarrado tinglado de poder. Es en este álgido, contradictorio y complejo entramado donde es necesario realizar balances colectivos a fin de afinar las acciones venideras.

Edgar Fernández, Centro de Pensamiento y Crítica Praxis

El pueblo respondió con su presencia masiva en las calles de todo el país al fraude que hundió la consulta popular en el Senado. Nuevo paro nacional el próximo 11 de junio

Quien quiera informarse sobre este singular, creciente, abarcante y complejo fenómeno de la actual formación social concreta colombiana, al intentar aproximarse a él, encuentra por ejemplo, en el principal buscador de internet, 2´350.000 resultados que, paradójicamente, en lugar de producir mayor claridad intelectual, por el contrario, introducen al lector en una especie de tinta espesa y densa de calamares cocinados en su propia tinta, confirmando así, la intención del “entramado” del bloque de Poder Contrainsurgente dominante en el Estado colombiano, por aumentar la confusión e impedir su clarificación, introduciendo cada vez más hipótesis enmarañadas, ridículas y hasta esperpénticas.

Una muestra de la complejidad de los más destacados análisis que se han producido en los últimos años sobre el fenómeno narco paramilitar colombiano, el lector puede confirmarlo leyendo el condensado artículo “científico” titulado: Los estudios sobre el Paramilitarismo en Colombia, realizado sobre 59 libros aparecidos hasta 2007 por el profesor universitario Edwin Cruz Rodríguez (politólogo y especialista en análisis de políticas públicas Universidad Nacional de Colombia, estudios de Maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos IAED-IHEAL-Universidad Externado de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia). Ver su artículo en: http://scielo.org.co/scielo.

A lo que se suma, la estrategia del Estado colombiano y sus fuerzas para la hegemonía y la coerción, que a lo largo de los 20 años de los gobiernos del llamado Uribato (AUV. Santos, Duque) prolongado en el gobierno del Pacto Histórico, ha consistido mantener una innumerable y cambiante cantidad de clasificaciones “oficiales” sobre el dinámico y camaleónico fenómeno, manteniendo una férrea ambigüedad para soportar los fines estatales políticos hegemónicos-coercitivos.

Se relativiza la discusión de fondo con hipótesis ambiguas de si es una pieza fundamental del histórico entramado contrainsurgente nacional e imperial global para dominación total de Pueblos (recuérdese el origen imperialista de la contrainsurgencia universal, en la ocupación del US Army en las Filipinas 1898-1904. El ejército británico en India, China y Malasia. El ejército francés en Indochina, África negra, el Magreb y Argelia, etc.) o, si es un simple fenómeno de doble cara, ilegal-legal con “ciertas relaciones clandestinas” con el Estado, para captar rentas de las abundantes y gananciosas economías ilegales.

Si es un fenómeno político anti subversivo o simplemente criminal mafioso. Si su función principal es para brindar seguridad a sus miembros orgánicos socios y promotores: terratenientes gamonales, narcos, políticos nacionales regionales o locales, o si es para expandir el control social hegemónico del Estado.

Si es un fenómeno persistente (con rupturas y continuidades) o simplemente un cambio de camisa y de nombre después de cada masacre cometida: Gao, Gao residual, Gao económico, etc, según la definición operacional de las FFMM.

Si son parte del ambiguo término afrancesado de elite” que significa simplemente minoría y que ha hecho fortuna como concepto de alto valor ideológico en la politología dominante, o si son parte de la clase oligárquica dominante, concepto clasista ya olvidado o sepultado que chupa gladiolo en los anaqueles de los politólogos adictos al régimen.

Si su historia se remonta a 1959, cuando llegó la misión del general US Army Lieutenant General William Pelham Yarborough a asesorar al gobierno del naciente Estado plebiscitario surgido del pacto de Sitges, España entre dos exclusivos jefes, el falangista Laureano Gómez y el Panamericanista proyanqui Alberto Lleras o, si se remonta 12  años atrás, a las organizaciones falangistas oficiales para exterminar comunistas y opositores al régimen copiadas del nazis hitleriano, cómo el tenebroso Servicio de Inteligencia Colombiano SIC , la policía Chulavita y las bandas de asesinos llamadas Pájaros ( como el Cóndor León María Lozano; montadas por el nacional-catolicismo laureanista y conservador cuando asumió la presidencia Ospina Pérez, se precipitó el asesinato de J E Gaitán y con su sangre se “desbordaron las aguas” hasta el día de hoy (ver mi análisis  https://freytter.eus/files/  

En fin, la carencia, a la fecha o falta total de un concepto científico es decir dialéctico y materialista, que dé cuenta de las profundas contradicciones nuevas y recicladas del fenómeno contrainsurgente narcoparamilitar colombiano como: 1) Las relaciones con el Estado colombiano.  2)  Los apoyos orgánicos y coaliciones. 3) Las estructuras organizacionales con todos sus nombres. 4)  Las economías llamadas ilegales. 5)  Las características regionales y locales analizadas en el libro compilado por el sacerdote jesuita Javier Giraldo titulado: ¿Del Paramilitarismo al Paramilitarismo?  Ed Rosa Luxemburg Srtiftung. Medellín. Colombia. 2022.  

Pero además de una correcta conceptualización científica tan necesaria que incluya el   desentrañamiento histórico dialectico de sus fuentes contrainsurgentes globales, sus vínculos ideológicos con los “Freikorps” o camisas pardas de Hitler, o con las camisas negras de Mussolini o las camisas nuevas con la cara al sol de Franco, es decir con su soporte ideológico global nazi-fascista, expresión superior del Imperialismo como fase superior del capitalismo. Se torna obligatorio para los movimientos sociales y el antifascismo universal, plantear dos tareas adicionales:

 1) Una agitación político-estratégica persistente de denuncia y actualización de su accionar inhumano. 

2) la realización de acciones públicas académicas y de memoria como el reciente seminario sobre víctimas del Estado, paramilitarismo y exilio, realizado este 15 de mayo 2025 en Bilbao, País Vasco, que demostró en la discusión colectiva, que sin el desmonte de este monstruo multiforme de tantas cabezas entramadas; NO habrá paz en Colombia, pues a  pesar de los tantos años de denuncias y las exigencia de su desmonte total, realizadas por la  opinión pública nacional e internacional y los millones de víctimas suyas, en lugar de haberse disminuido su accionar inhumano, se ha incrementado peligrosamente hasta la barbarie actual que estamos viendo pavoridos, e IMPEDIDO y obstruido la consecución de la paz en Colombia.

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Heroínas y Héroes

Es una sensación extraña: bajar del coche así nomás en Barrio Kennedy. He conocido otros tiempos. Durante décadas, los barrios populares construídos en las laderas montañosas que rodean la ciudad de Medellín se conocieron por la violencia brutal con la que las organizaciones armadas se combatieron. Solían arrastrar los cadáveres de sus rivales atados a la parte trasera de sus motocicletas por las calles para marcar su territorio con una frontera invisible.

Tenemos una cita con Martha Macías Querubín. En aquellos tiempos vivía en parques, cementerios y casas abandonadas. Durante años la drogadicción determinó el rumbo se su vida. A los 13 años ya pertenecía a una de las bandas. Sus familiares no se salvaron tampoco. Cuando su propia banda asesinó a su hermano decidió salir.

Se acuerda de los muertos y los horrores como si fuera ayer. “Fue una época horrible,” me cuenta mientras miramos las fotos en la pared. “En los años 1990-1991 asesinaron aquí a siete mil jóvenes. En los años 2008-2009 hubo otro pico de cuatro mil muertos, todos jóvenes”. Hizo “limpiar” el edificio que alberga la Corporación de Heroínas y Héroes del Amor para que los espíritus de los jóvenes torturados, violados y asesinados en este lugar por fin descansaran en paz. Ella fue testigo.

Hace unos 16 años, Martha reunió a un grupo de ocho mujeres con preocupaciones afines y fundaron la Corporación. Con el tiempo se han unido algunos hombres también y ahora ya son veinte. Todos llevan “una mochila pesada”. Para los que viven enredados en un mundo de violencias, drogas y extorsiones, es importante poder dar sentido a la vida. Las Heroínas y Héroes lo hacen trabajando en su autoestima, su bienestar mental y la reconciliación. A partir de este proceso de crecimiento personal, logran contribuir al desarrollo de un barrio más digno conjuntamente con trabajadores pastorales, maestros locales y funcionarios de buena voluntad.

Pactando para enterrar a los muertos

Martha misma ha seguido una trayectoria impresionante. A trancas y barrancas ha logrado pasar de lo que ella llama “el mundo malo” al “mundo bueno”. Las Heroínas y Héroes actúan como intermediarios en los contactos con las bandas. “Trabajamos con las bandas, pero no para las bandas,” enfatiza ella. “Somos los mensajeros de los habitantes del barrio.” Y los hechos indican que lo hacen bien.

Los pactos de ya no vender drogas en las puertas de las escuelas o de no traficar en los parques de día cuando los niños están jugando, se respetan. “Pero no solamente eso, y lo que voy a decir ahora puede sonar cruel,” me advierte. “No siempre logramos detener los asesinatos, pero sí hemos logrado que las bandas dan a las familias de sus rivales la oportunidad de enterrar a sus muertos en toda tranquilidad.”

El 17 de octubre de 2024, Martha Macías, como representante de las Heroínas y Héroes, firmó la “Hoja de Ruta para la Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”. Ahora su firma aparece oficialmente junto a las de reconocidas organizaciones de la sociedad civil y la de Otty Patiño, el Alto Comisionado para la Paz. “Nosotros ayudamos a escribir la Hoja de Ruta,” explica no sin orgullo. “Con las Heroínas y Héroes pertenecemos a un sector de la sociedad civil fuertemente estigmatizado, pero todos saben que somos necesarios para poder implementar eficazmente la agenda acordada.”

Donde el crimen sustituye al Estado

Martha Macías no es una desconocida para Jorge Mejía Martínez que muestra su aprecio cuando mencionamos su nombre. El Gobierno Nacional le ha encomendado coordinar el diálogo socio-jurídico con las organizaciones criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. “Es la primera vez en la historia colombiana que la Paz Urbana es parte integral de una política nacional de paz,” aclara con satisfacción.

“En el transurso de las últimas décadas Colombia ha experimentado profundos cambios cuya causa está en el conflicto armado prolongado,” explica Jorge. “El 80 % de la población vive ahora en las ciudades y la violencia también se ha concentrado ahí. Durante más de cuarenta o cincuenta años el Gobierno ha intentado erradicar las organizaciones criminales con medidas represivas, pero está claro que esta estrategia ha fracasado.”

“Las bandas en Medellín han evolucionado con el tiempo y han demostrado una gran habilidad de adaptación. Disponen de una enorme capacidad para mantener el control territorial, social, económico, institucional y también político,” enfatiza.

El 85% de Medellín está bajo el control de lo que en Colombia se llaman “las estructuras armadas ilegales,” un término general que distingue a las guerrillas, las milicias, los paramilitares y el crimen organizado de las “estructuras armadas legales”, siendo las FF.AA. y la Policía. En los territorios controlados ilegalmente, las organizaciones criminales predominan. Tienen nombres como la Oficina, los Triana, la Terraza, los Pachelly, los Pesebreros, los Chatas, los Mesa y son 17 en total. Operan a través de 350 bandas o “combos” que en conjunto tienen 8.000 integrantes, en su mayoría jóvenes.

El problema de los territorios es característico de toda Colombia y no sólo de Medellín. “En Colombia hay más territorio que Estado,” concluye Jorge Mejía después de explicarme el origen de los territorios a lo largo de la historia. Esta historia nos enseña que el espacio que se libera cuando una organización armada deja las armas, es inmediatamente ocupado por otras estructuras ilegales mientras el Estado colombiano sigue destacándose por su ausencia.

Hacer historia en Medellín

Los desafíos no son pocos. Los partidarios de la línea dura se oponen ferozmente y el Alto Comisionado para la Paz se muestra reacio a dar prioridad al crimen organizado en las ciudades.

Una de las consecuencias es que aún no existe un marco jurídico claro que establezca los márgenes dentro de los cuales se puede llevar a cabo el diálogo con las organizaciones criminales. La ley establece que con las organizaciones criminales no se puede negociar y que por esto el diálogo debe limitarse a los aspectos sociales y jurídicos del desmantelamiento de las estructuras.

Sin embargo, Jorge Mejía mira hacia el futuro lleno de esperanza. Para él, la aprobación de la Hoja de Ruta es un paso gigantesco en la buena dirección. Se elaboró ​​en concertación con los representantes de la sociedad civil y se habló con los voceros de las organizaciones criminales en la cárcel de Itagüí. Representan entre el 85 y el 90% del total de las estructuras armadas ilegales en Medellín. Una decisión previa de trasladar a todos los voceros a la misma cárcel ha facilitado considerablemente el proceso.

La Hoja de Ruta se centra en temas como el derecho a la paz, las causas de la violencia, la vinculación de menores, la búsqueda de la verdad, el desarrollo integral de los barrios que actualmente están bajo el control de las bandas y la desarticulación de las estructuras criminales. Aún queda por concretar los detalles, así como elaborar los instrumentos de seguimiento, verificación y evaluación.

Negociando por ruta indirecta

Jorge Mejía sabe que la Hoja de Ruta es ambiciosa y que en el camino se enfrentarán con muchos obstáculos pero está convencido de que en Medellín se está haciendo historia. “Como representantes del Gobierno no es posible negociar con las organizaciones criminales, pero sí con los representantes de la sociedad civil. Con éstos podemos negociar las reformas sociales, económicas y políticas necesarias para que el proceso de Paz Urbana tenga éxito.”

“Una condición que pusieron los voceros de las estructuras en Itagüí para aceptar que la agenda saliera de la Mesa de Itagüí y llegara a la sociedad civil, es que parte de esa sociedad civil tendría que ser las organizaciones que ellos influencian. ¡Juntamos organizaciones, ONGs, que antes no se podían juntar por sus vínculos con las estructuras ilegales!” “Ya hoy la agenda está en manos de la sociedad civil, no está en manos de las estructuras, ni de la Mesa de Itagüí. Es un cambio cualitativo muy importante en este proceso.”

Se siente la confianza

Durante mi visita a Medellín hablo con muchos académicos y organizaciones de la sociedad civil que de una u otra manera están involucrados en el proceso de paz en Colombia. Escucho muchas reservas relacionadas principalmente con la manipulación de los acuerdos de paz por parte de los gobiernos anteriores, la reticencia del gobierno local en Medellín, el boicot por las élites tradicionales en el Congreso, el estancamiento de las negociaciones con la guerrilla y la creciente omnipotencia de los paramilitares. Pero al mismo tiempo se siente en todas partes la confianza en que esta vez sí la Paz Urbana se puede lograr.

Los voceros en la cárcel de Itagüí han demostrado que mantienen el control firme sobre sus tropas y siempre han cumplido con los acuerdos pactados. Se reconocen y valorizan plenamente las contribuciones de organizaciones como las Heroínas y Héroes. Algunos incluso sueñan en voz alta con que el modelo que paulatinamente se va construyendo en Medellín, acabará con el enfoque represivo de la megacárcel del Presidente Bukele en El Salvador.

Desde hace algún tiempo la situación en el Barrio Kennedy está tranquila. Desde que el Gobierno de Gustavo Petro asumió el poder con su proyecto de Paz Total, las tasas de criminalidad en Medellín han ido disminuyendo de manera sostenida. “Por supuesto puede haber un poquito de temor y un moderado escepticismo,” me dicen, “sin embargo, quienes vivimos y habitamos aquí creemos que la Paz Urbana sí es posible.”

Fotos: Marleen Bosmans, VerdadAbierta.com y Fundación Ideas para la Paz.

Traducción hecha por la autora. Versión original publicada en De Wereld Morgen, Bélgica, el 22 de mayo de 2025, bajo el sistema de Creative Commons: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2025/05/22/gewone-mensen-werken-vanuit-medellin-aan-vrede-voor-heel-colombia/

Marleen Bosmans es politóloga y lleva toda una carrera como experta en derechos humanos en distintas áreas de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe, Africa y Asia.

Petro ha convocado a Asambleas populares y Cabildos abiertos por todo el país para construir el plan de trabajo y el repertorio de acciones

El hundimiento de la Consulta Popular en el Congreso cayó como un baldado de agua fría a las aspiraciones de millares de colombianos.

Se había adelantado un trabajo pedagógico en barrios y comunas y hasta en las veredas más recónditas, el tema formaba parte de la agenda ciudadana.

Los campesinos veían cerca tener una mesada después de años de trabajo, en condiciones de inequidad laboral. Los practicantes de instituciones como el Sena tenían expectativas de que se reconocería su labor. Quienes llevan los domicilios, iban a dejar de arriesgar su vida por unos pesos.

En fin. Muchas posibilidades que se fueron al traste, que cayeron estrepitosamente, que golpearon a quienes consideraban que ahora sí se producirán las transformaciones sociales que requiere el país, indistintamente del color partidista de quien las haya promovido.

Aquí el asunto no era de corrientes ideológicas, sino de seguir impulsando la transformación social y cerrar las brechas de pobreza que prevalecen en el país.

“Yo iba a votar por el sí, antes que por mí, pensando en mis hijos”, me dijo don Aníbal, el lustrador de calzado junto a la Plaza de Cayzedo de Cali, con quien me encuentro antes de arrimar a la oficina.

No es el único. Doña Natalia, donde almuerzo habitualmente, tiene un nieto que está terminando su formación en el Sena.

“Esto es muy duro; nos toca darle cualquier pesito para las fotocopias, los pasajes y para que coma algo. Y esperábamos que comenzara a recibir algo al ser enviado a una empresa. Ahora, seguimos igual”, nos dice con una frustración que no logra disimular, aunque la llaman de aquí y de allá para que sirva una sopa o pedirle que repita la panelada vallecauana.

Si pudiéramos reunir a todos los que sintieron que el mundo se hundió bajo sus pies cuando 49 congresistas decidieron por su futuro, sin duda ocuparían un espacio muy grande.

Pasarán muchos años antes que se tenga esa oportunidad. Y como escribiera el inolvidable literato bogotano, Álvaro Salom Becerra “Al pueblo nunca le toca”