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El glifosato es un principio activo presente en multitud de productos de síntesis, con denominaciones comerciales diferentes, empleado de forma generalizada en la agricultura, la jardinería y en la limpieza de cunetas y redes de servicios por parte de diputaciones provinciales y ayuntamientos. Su aplicación bloquea una enzima de la planta que impide su metabolismo, hasta provocar su muerte. Desde hace unas décadas se ha popularizado en el mercado.

La Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IARC), integrada en la OMS, la Autoridad de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (EFSA), la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), el Instituto Ramazzini (que promueve la investigación sobre el cáncer), junto a organizaciones ambientales, sindicales y de consumidores, vienen avisando, con informes científicos independientes, de sus daños tóxicos y permanentes en la salud humana, el suelo, las aguas continentales y subterráneas, así como en la biodiversidad. En diciembre de 2023, la Comisión Europea prorrogaba su uso por un periodo de diez años, tras la acción de grupos de presión ligados a la industria química, reacia a cualquier tipo de regulación.

El glifosato está considerado desde el 20 de marzo de 2015 como “posiblemente cancerígeno” por la IARC. Se le relaciona con la destrucción de células embrionarias y de la placenta, mieloma múltiple (cáncer de la sangre que afecta a las células plasmáticas de la médula ósea), varios tipos de cáncer (de tiroides, riñón, hepático, de páncreas y linfoma no Hodgkin), alteraciones endocrinas, daños al hígado y riñón, disminución de la fertilidad y daños al desarrollo fetal, daños neurológicos o disfunción del sistema inmune, entre otros.

Este herbicida tiene una persistencia, en algunos suelos, de unos tres años de media. Las confederaciones hidrográficas de nuestro país han constatado su presencia alarmante en ríos y en masas de agua subterránea. En la naturaleza puede interferir en procesos vitales, como la fertilidad de suelos, la polinización y el control biológico. Incide sobremanera en organismos dependientes del medio acuático, como los anfibios, los vertebrados más amenazados ante la pérdida del hábitat, la contaminación y el cambio climático. Es incontestable que el uso de pesticidas y plaguicidas tiene que ver, además de otros factores, con la gran crisis de biodiversidad a la que se enfrenta el planeta.

Los ayuntamientos tienen en su mano restringir, o mejor eliminar, el glifosato y el resto de herbicidas en parques y jardines públicos, zonas residenciales, proximidades de centros de salud y hospitales, colegios, residencias geriátricas o instalaciones deportivas. Sin olvidar calles, extrarradios, cunetas de carreteras y vías de acceso. Directivas europeas y leyes estatales atribuyen a los municipios la posibilidad de disminuir, incluso prohibir, su utilización de cara a prevenir casos de exposición peligrosa a grupos vulnerables, instando a su sustitución por métodos menos agresivos, como escardas y siegas mecánicas, quemadores de infrarrojos o el diseño de cubiertas vegetales que inhiban la formación y crecimiento de malezas.

El Ayuntamiento de Tomelloso cuenta con la oportunidad de sumarse a la larga lista de localidades (casi doscientas) que – apoyándose en mociones municipales – han decidido eliminar los herbicidas de síntesis en la gestión de los espacios públicos urbanos, en beneficio de la protección de la salud y del medio ambiente.

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