Planea Energía ha culminado la puesta en marcha del complejo fotovoltaico Velilla, ubicado en el término municipal de Mantinos, en la provincia de Palencia. Las instalaciones han quedado conectadas a red el 15 de marzo, tras ocho meses de trabajos marcados por las dificultades climáticas. El proyecto, que ha supuesto una inversión aproximada de 25 …
La actualidad sigue marcada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Continua el intercambio de misiles y drones entre los países litigantes, mientras que el resto de países de Oriente Próximo también resultan bombardeados en objetivos más o menos estratégicos. El Estrecho de Ormuz sigue bloqueado y se convierte en el punto de atención del mundo entero. Y EEUU se enfrenta a la disyuntiva de retirarse sin haber conseguido sus objetivos o escalar, recrudeciendo los bombardeos e incluso enviando botas sobre el terreno. Mientras tanto, el Gobierno en España comienza a hablar tímidamente sobre un racionamiento de energía ante la escalada de precios del petróleo. Con Íñigo Molina y Toni Hernández. Conduce Carlos García.
Residir en un pequeño municipio de la provincia de Albacete no solo tiene ventajas en calidad de vida, sino que también puede suponer un importante ahorro fiscal. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene activas deducciones en el IRPF dirigidas a combatir la despoblación, que permiten reducir hasta un 25 % la cuota íntegra …
Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.
Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026
Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios.
Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”
“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”, destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno.
Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.
Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta.
Hoy continuamos evaluando el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus posibles consecuencias para las materias primas, la energía, la economía global y la geopolítica. La administración Trump y la de Netanyahu parecen cada vez más aislados políticamente del resto de la comunidad internacional mientras continúa un intercambio de misiles al que no se le ve un final cercano. La crisis inflacionaria parece estar más cerca cada día mientras los precios escalan día a día. En el tablero interno, analizamos el nombramiento como vicepresidente de Carlos Cuerpo, Ministro de Economía del PSOE. Con Carlos García, Íñigo Molina y Toni Hernández. Conduce Juan Carlos Barba.
Latifundistas tiránicos, precariedad laboral, migrantes esclavizados, acoso sexual, falta de sindicalismo… Los males del campo español (como vimos en el capítulo anterior) son muchos, sobre todo para quienes trabajan la tierra, cuyas voces casi nunca son oídas en los medios de comunicación. Pero lejos de esas prácticas depredadoras se encuentran casos como el de Marinaleda, donde más de 1.250 hectáreas son trabajadas de forma cooperativa desde que, en 1991 y gracias a la intensa agitación social y las ocupaciones promovidas por el antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la Junta de Andalucía expropió la finca al duque del Infantado para ceder su uso al pueblo con la condición de que se constituyeran cooperativas agrarias encargadas de gestionar colectivamente la explotación.
Esa realidad colectiva ha llevado a Marinaleda a ser el pueblo con menos desempleo de toda Andalucía. El caso de Marinaleda no es el único en la región, pues existen experiencias cercanas como La Zarza o la Cooperativa Campo de Tejada. Y aunque sin llegar al modelo político-social de Marinaleda, otras grandes cooperativas agrupan a productores para gestionar tierras y productos de manera conjunta, como Acor en Castilla y León.
En España, las cooperativas agrarias facturan más de 30.000 millones de euros anuales, con más de un millón de socios, y se han convertido en un motor fundamental del sector. Pero, a pesar de esas cifras, el impacto del cooperativismo agrario sigue siendo más bien escaso en la actualidad informativa: Marinaleda, por ejemplo, solo aparece en los medios para recordarnos que siempre ha gobernado el mismo partido bajo diferentes siglas, obviando su realidad sociolaboral.
“El mundo rural en general y el campo en particular no son cultura mainstream desde el momento en el que ni a nivel poblacional ni de poder adquisitivo son interesantes para la industria cultural o de la información. Al no ser cliente sujeto, cuando son reflejados lo son en tanto que mercancía-objeto y, por consiguiente, con la expectativa del urbanita medio, que demanda y adquiere esa cultura”. Son palabras de Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), creada en Cáceres en 2024. “Más allá de haberse convertido en cauce de compra-venta, el impacto de las cooperativas es limitado. En algunas comarcas ha sido crítico para dar garantías de estabilidad al sector, eso está claro, pero ha perdido el sentido fundacional de Rochdale”. Palomo se refiere a la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844 por trabajadores textiles y considerada la primera cooperativa de consumo moderna.
Gonzalo es militante del cooperativismo agrario e impulsor de numerosas iniciativas, como la de ACTYVA, cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro creada en Extremadura hace más de 10 años como respuesta a la última crisis financiera. “Viene del movimiento de las cooperativas integrales, cuya cara más visible fue Enric Durán, desde Catalunya. Participamos en todo aquel movimiento, que poco a poco se ha ido desinflando un poco en esta parte de la península, pero no así en Portugal. Allí ahora mismo hay una quincena de cooperativas integrales organizadas en una red en la que nos hemos integrado, y también lo ha hecho Estraperlo”.
La cooperativa fue una de las entidades encargadas de organizar el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología en 2024 y su propuesta va más allá de “hacer cooperativismo agrario, de trabajo asociado, de consumo o cualquiera de las clases de cooperativas que recogen nuestros estatutos”. Además de todo eso, busca “romper la cosificación a la que somos sometidos como productores/consumidores, pasando a ser sujetos político-económicos plenos, con capacidad de decisión sobre los mayores aspectos posibles de nuestro día: alimentación, vivienda, vestido… Desde la libertad y la responsabilidad que implica un modelo en el que no hay personas empleadas sino emprendedoras”. ACTYVA, además de su departamento agrario cuenta con otros nodos, como BBBFarming, centrado en comunicación, investigación y desarrollo para el sector agroalimentario.
Esquilado de ovejas merinas negras (raza en peligro de extinción) en la montaña de Cáceres, un proyecto ganadero de ACTYVA Cooperativa. BBBFARMING
A la cooperativa extremeña le están saliendo espejos como Xuntanza Campesina, que se presentó en 2024 en Asturias coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, o el guipuzcoano Amillubi, un proyecto de reciente creación que nace con el objetivo de “convertir la tierra que nos sostiene en un bien colectivo” gracias a un movimiento agroecológico cuyo objetivo es “proteger la tierra, para que las personas que se dedican a la agricultura tengan tierras que cultivar y la ciudadanía alimentos saludables”.
Pese a habitar en esas zonas oscuras que no gozan de la atención habitual de los focos, se hace necesario escuchar las voces de Mihaela, Germinal (protagonistas de la primera parte de este reportaje), Gustavo, Ana o Gonzalo, para seguir completando el complejo caleidoscopio que conforma el mundo rural, mucho más rico y plural de lo que habitualmente nos cuentan los medios generalistas.
No falla. Ya sea con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, las consecuencias económicas de la guerra de Irán o las elecciones en cualquiera de nuestras comunidades con peso rural, cada vez que los medios se preguntan por los “problemas del campo” acaban dando voz casi exclusivamente a las asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos – a veces calificados erróneamente como “sindicatos agrarios”– ASAJA, COAG, UPA… cuando no directamente a Abascal, a caballo y disfrazado de integrante de la familia real británica en una jornada de la caza del zorro. Pero la realidad en el campo es mucho más diversa y cuenta con otras voces que raramente gozan de eco mediático. Aquí van algunas de ellas.
Gustavo Sánchez es jornalero cordobés y hasta hace nada organizador sindical de CNT en el sector agrario. Aunque actualmente trabaja en la Administración, dedicó décadas de su vida laboral a faenar en las campañas agrícolas de la vendimia manchega y la aceituna de la sierra cordobesa. Para Gustavo, los medios “olvidan de manera premeditada a las personas jornaleras migrantes y nativas, y se da una imagen del campo español como la de un sector levantado por propietarios emprendedores que se sirven sólo de su fuerza de trabajo y la de su familia; una imagen completamente falsa”.
“En Andalucía y otros territorios de latifundio, la inmensa mayoría de las propiedades son heredadas, desde los Alba, los Domecq o los duques del Infantado, hasta los medianos o pequeños propietarios (entendiendo por pequeños a extensiones considerables de olivos, viñas, campos de frutos rojos, ganadería…)”, continúa Gustavo. “No estoy hablando de agricultores de pequeñas explotaciones, ni cooperativas que trabajan día a día y que son también las grandes olvidadas, junto a jornaleras y migrantes temporeras. Además, estos últimos no reciben, en su mayoría, subvenciones de la PAC, mientras medianos y grandes propietarios reciben una millonada por extensión de terreno, incluso por tierras no cultivadas”.
“El mundo jornalero no ha desaparecido. Se ha transformado y es más diverso. Hace 30 años había todavía muchas personas de los pueblos andaluces que se dedicaban a tareas relacionadas con el campo, que también salían al extranjero para campañas en Francia o Bélgica. Hoy día los pueblos están vacíos ante la falta de expectativas laborales, y en buena medida esa mano de obra es suplida por personas migrantes de diversas procedencias: África subsahariana, Marruecos, Rumanía, América Latina…”. Con un alto porcentaje de mujeres, además: “En la recogida de los frutos rojos, proceden de Marruecos en su mayoría, pero también de Rumanía, países del Este o Latinoamérica. Hay que poner el foco también en esa realidad, que además suele ser muy precaria”.
El “mar de plástico”
El Poniente almeriense alberga la mayor concentración de invernaderos de toda Europa y cuenta con más de 25.000 hectáreas de cultivo bajo plástico, siendo el núcleo productivo más importante de nuestro continente. Genera, junto con las zonas limítrofes, alrededor de 110.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El “mar de plástico” es vital para la agricultura nacional, liderando la exportación de hortalizas durante el invierno y representando una de las mayores fuentes de ingresos y empleo del sector agroalimentario.
En paralelo a la creciente mano de obra, se extiende también un ecosistema de precariedad y explotación laboral: “Llevo muchos años, unos veinte, en invernaderos y también en el manipulado, y las condiciones son de mucha explotación: estamos obligadas a trabajar diariamente nueve horas, más horas extras que deberían ser pagadas, pero que en realidad no lo son; y si protestas te echan. Lo mismo si te coges una baja: te echan. No tienes vacaciones y hay muchísima gente con depresión. Y luego está el tema del salario: teóricamente se paga lo pactado, 50 euros por día, pero si no estás asegurado te quitan 5. Y si quieres tener todo el mes cotizado tienes que pagar al jefe 18 euros al día. Él te cotiza solo 10 días; si quieres más lo pagas tú. Bueno, se lo tienes que dar tú para que cotice por ti”. Quien denuncia el abuso patronal es Mihaela [nombre figurado], trabajadora de origen rumano que lleva varias décadas en España.
Sus palabras son corroboradas por Germinal [nombre figurado], trabajador de una explotación agraria de la zona: “Hay que partir del hecho de que no se respetan el convenio provincial ni las horas estipuladas; en el mejor de los casos, se trabajan ocho horas al día toda la semana, es decir, sábados incluidos, pero es muy común trabajar nueve. Una cosa es lo que pone en nómina y otra lo que se cobra. El salario más común son 45 o 50 euros por día, pero un trabajador puede perfectamente tener una nómina de 400 euros un mes, pese a haber trabajado todos los días menos los domingos, cobrando el resto en negro. Así la empresa se ahorra cotizaciones y seguros sociales. De hecho, está muy extendido cotizar 10 o 12 días, cometiendo fraude a la Seguridad Social. Por supuesto nada de vacaciones, todo lo más 10 o 15 días, y nada de pagas extra, ni días de asuntos propios. Eso, cuando existe un contrato, porque luego está la confianza de la empresa; no se le hace contrato a cualquiera. Es habitual tener personal sin contrato para situaciones excepcionales, o no tan excepcionales, de aumento de producción”.
Las personas con las que hemos hablado coinciden de manera repetida en el abuso empresarial que se sufre en el sector. ¿Causas? Germinal apunta algunas: “Por aquí, el pico de producción se da en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y ante la escasez de mano de obra local, se recurre a trabajadores migrantes en su mayor parte. En esos meses puede haber fácilmente un 20 o 25 por ciento sin papeles, principalmente subsaharianos y magrebíes. Estas personas necesitan, entre otras cosas, un contrato de trabajo que varía, según nacionalidad, entre 4 meses y un año”.
Se dan pues condiciones de extrema precariedad que hace que el colectivo migrante se encuentre sometido a la total arbitrariedad del contratador: “Es habitual que un trabajador empiece a trabajar recién llegado a España y esté tres años sin contrato intentando demostrar que es un trabajador de confianza y que se ha ganado el ansiado documento de trabajo”.
La situación del campo en España dista de la realidad que Gustavo ha observado en otros países europeos: “En la vendimia en Francia, mi experiencia ha sido totalmente diferente: condiciones de trabajo, salario y estancias son mucho mejores; los ritmos de trabajo diferentes, e incluso la actitud patronal, ya que aquí la cultura empresarial viene del franquismo y busca esquilmar al máximo al trabajador. Allí hay otra mentalidad. No quiero decir que no haya explotación, pero se notan las diferencias. Como en las nóminas, que se cumplen a rajatabla tanto en las percepciones, horas extras, festivos, desplazamientos, cotizaciones… Eso aquí no ocurre en la mayoría de los casos”.
Sindicatos en el campo
A la precariedad a la que se ven sometidas las personas migrantes, se une la dificultad de representación sindical en el sector. Germinal afirma que “los sindicatos de concertación no existen aquí, no quieren saber nada de precarios ni de inmigrantes, y mucho menos de inmigrantes precarios. La única presencia que se hace notar en la agricultura intensiva bajo plástico es la del SAT, con presencia en El Ejido y Níjar y en explotaciones grandes. Y algo menor, la de CNT. Aquí las explotaciones son relativamente pequeñas: la mayoría de tres o cuatro hectáreas. También existen de 50 hectáreas, pero no es lo habitual. Y el número de trabajadores, relativamente bajo: dos por hectárea en época normal y de cuatro a cinco en épocas de mucha producción”. En esas condiciones se hace difícil desarrollar una implantación sindical efectiva, y hacer un seguimiento de todas las irregularidades se convierte en una tarea titánica.
Mihaela y Germinal, coinciden en que la denuncia por parte del trabajador implica normalmente el señalamiento y la amenaza de despido. A veces incluso acompañada de una respuesta violenta. Lo que no impide, como afirma Gustavo, que las personas migrantes empiecen a organizarse “para conseguir viviendas dignas”, ya que muchas se encuentran en asentamientos de chabolas e infraviviendas, algo habitual en Huelva o Almería. Y de igual manera, para mejorar sus condiciones de trabajo, “como en el caso de las trabajadoras de la fresa en Huelva, con alianzas entre temporeras andaluzas y migrantes luchando juntas”.
El exjornalero incide en las dificultades por las que atraviesa el sindicalismo por hacerse un hueco en el sector: “El sindicalismo tradicional de clase ha perdido un poco la influencia en el campo y por eso están surgiendo asociaciones y colectivos de trabajadores migrantes que suplen esa carencia. En Andalucía, el SAT se mantiene en ciertos pueblos, pero se ha reducido mucho la afiliación”. También influye la temporalidad y la falta de conexión entre jornaleras de diferentes procedencias: “Creo que el sindicalismo de clase tiene que trabajar estos temas y no dejar olvidado el campo, porque, si no, será la extrema derecha la que capitalice el descontento”.
Agresiones sexuales
“Hay que tener presente el internacionalismo como seña de identidad del sindicalismo y de las luchas obreras y jornaleras”, continúa Gustavo. A su juicio, no es conveniente desentenderse del terreno agrícola para que la extrema derecha levante un argumentario falso sobre lo que es el campo y quién lo trabaja. “Hay que dar a conocer la realidad en las explotaciones rurales y cómo sin las personas migrantes sería imposible mantenerlas”, sentencia. “Y hay que hablar de las mujeres, que son invisibilizadas, de las cooperativistas, los cuidados en las zonas rurales o las trabajadoras migrantes que son explotadas en campañas como la fresa o en los invernaderos y se ven sometidas a abusos y agresiones continuas, incluso sexuales”, añade.
Y es que la explotación laboral no es el único desvelo al que tienen que enfrentarse las mujeres migrantes. El colectivo se ve sometido, en no pocas ocasiones, al acoso sexual, tal y como reconoce Mihaela: “Hay muchos casos de acoso, e incluso agresiones sexuales, por ser extranjera. Porque entre ellos se conocen y no van a acosar a una muchacha del pueblo, ¿no? Conocen a los padres, se puede enterar no sé quién… Pero nosotras venimos de fuera, no tenemos familia, no tenemos a nadie y se creen que no tenemos ningún apoyo y que pueden hacer con nosotras lo que les da la gana. Suele pasar más en el campo que en los almacenes del manipulado, donde también existe, aunque es más leve. Pero en los invernaderos se ven casos realmente fuertes”.
Nuevas experiencias
Al igual que en el Poniente almeriense, el cultivo de frutos rojos en Huelva es un pilar estratégico del sector agrario español: concentra el 98% de la producción nacional de berries (fresa, arándano, frambuesa, mora) y cerca del 30% de la Unión Europea. Representa el 11,5% del PIB provincial y genera más de 100.000 puestos de trabajo. Y al igual que en el caso almeriense, viene acompañado de una situación de explotación en el que destaca el colectivo migrante. La realidad ha llegado a ser denunciada por Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, que en 2020 declaraba que las personas del campo onubense vivían “como animales”.
Chabolas al lado de los invernaderos donde trabajan los temporeros. ANA PINTO
Precisamente una de las nuevas experiencias que intentan hacer frente a la situación es la de la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha. Así nos lo cuenta Ana Pinto, una de sus portavoces, que además nos comparte la buena nueva de que acaban de constituir la Sindical Obrera Andaluza: “Tenemos por un lado la asociación, y por otra hemos creado el sindicato, que es la herramienta necesaria para poder luchar por los derechos laborales de la gente que trabaja en la zona, que es de una gran diversidad: no todos estamos en las mismas condiciones. La mitad de la gente es de aquí, de Andalucía, pero la otra mitad viene de fuera, aunque con diferente perfil: está quien viene de Europa del Este, del espacio Schengen, quien viene de fuera de ese espacio, de América Latina, del continente africano… Y luego existe otro perfil, el de la gente sin papeles, que malvive en asentamientos chabolistas a los cuales se les vende el empadronamiento y es el perfil más vulnerable debido a las leyes de extranjería”.
Para las jornaleras, la lucha tiene que ser antirracista y desde ese punto de vista, una de sus prioridades es la regularización del colectivo migrante; también pelear por una sensibilización “que ayude a acabar con los discursos del odio”. El sindicalismo que proponen tiene un objetivo integral, no solo laboral: “Es que además está el hecho de la zona donde vivimos, que es una zona de sacrificio donde tenemos de todo: desde la contaminación por fosfoyesos, fertilizantes, pesticidas, etc… que lleva décadas vertiendo Fertiberia en una ría totalmente contaminada; tenemos el Polo Químico y la refinería de crudo, y justo al lado, los invernaderos”.
La llamada «zona de sacrificio»: invernaderos en Huelva con el Polo Químico al fondo. ANA PINTO
Ana nos va desgranando el sistema de monocultivo intensivo del que forma parte el agronegocio en Huelva: “Explotación de la tierra al máximo, producción basada en agroquímicos, en la explotación de las personas, agotamiento del agua… La problemática ambiental que tenemos es enorme. Por eso nuestra lucha es transversal, no entendemos el sindicalismo de otra manera. Es lucha por nuestra vida y la de los pueblos, que la gente pueda quedarse; y que tengamos agua cuando abrimos el grifo”.
El relato de la situación laboral en la zona parece sacado de épocas pretéritas: “En muchos casos te prohíben hasta hablar con compañeros… O lo que me comentaba el otro día una compañera, que por ponerte unos cascos con música le han castigado tres días de empleo y sueldo. Y luego, la lista de productividad, te llaman la atención si no has hecho tanto como otras, te castigan de empleo y sueldo. Te dicen que si no te espabilas te echan. Todo el día corriendo, todo el día gritando, que no te rías o no hables, que no muevas las manos. Tremendo. Y con la gente contratada en origen ya ni te cuento. Estamos hablando con compañeras a las que no se les ha llevado al médico, vulnerando derechos sanitarios; personas que están firmando despidos, que no saben siquiera que son despidos, porque, aunque la ley obligue, no suelen ponerlo en su idioma”.
Y otra vez, las agresiones sexuales: “Bueno, es el patriarcado y el sistema machista. Hay compañeras que están viviendo en los mismos lugares donde trabajan, o sea, fincas alejadas de los pueblos, a veces hasta 15 kilómetros. A menudo sin cobertura de teléfono y sin vehículo. Y si quieren acercarse al pueblo tienen que ir andando. Y claro, toda esa exposición, toda esta vulnerabilidad… Encima, cuando denuncias, te encuentras con que la justicia sigue siendo igual de machista, igual de patriarcal. Y te dicen que las mujeres están denunciando porque se quieren quedar aquí y tener papeles. Si encima no tienes testigos, algo fundamental para demostrar una causa judicial, pues imagínate”.
De momento ya existe una denuncia judicial por parte de algunas temporeras marroquíes contra un encargado de una explotación en Moguer y otra ante la Audiencia Nacional de otras diez temporeras a la empresa Doñana 98por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.
Algunos humanos tienen la obsesión de intentar convertir en dinero cualquier cosa. Si publican fotos o vídeos, quieren cobrar como influencers (mejor en Andorra para pagar menos impuestos, aunque no renuncien a los servicios públicos de España: hospitales, aeropuertos…). Los que escriben ansían publicar libros para ganar mucho. Si cantan, quieren vender canciones. Si pintan, querrán vender cuadros. No todo tiene precio.
Las instituciones también caen en este error. En una zona turistificable, hay que maximizar el negocio sin medir si nuestra gente malvive explotada por la industria turística. Sabemos que el turismo es un negocio que no enriquece a una región, sino que la somete. Ahí están Canarias y Andalucía, destinos entre los más visitados del mundo y, a la vez, también están entre las comunidades más empobrecidas del país.
No es malo intentar ganar dinero. El problema es no pensar en las consecuencias. Y también obsesionarse bajo el influjo de gurús y emprendedores que te digan que «conseguirás todo lo que te propongas», aunque para ello tengas que amargarte la vida como inversión. Emprender está bien, pero es justo reivindicar el placer de actuar sencillamente por algo que pensamos que debe ser hecho. Sin esperar recompensa (al estilo karma yoga).
Hace unos días participé en una plantación de árboles organizada por voluntarios de WWF en Málaga, por la Universidad de Málaga y por el Ayuntamiento de Mijas. Los que fuimos hasta la Sierra de Mijas no pensamos en ganar dinero plantando algarrobos, acebuches, lentiscos y encinas. La mayoría eran jóvenes estudiantes universitarios que, seguramente, no volverán a aquel paraje para disfrutar de los árboles plantados. Es decir, hay personas —muchas de ellas jóvenes— comprometidas con el medioambiente y con hacer cosas que no se van a monetizar. Que sirvan de ejemplo.
De ahí que merezca la pena cuidarse de las obsesiones, para no perdernos, por su culpa, las mejores partes de la vida. Si te gusta escribir, escribe —y publica—; mucho mejor sin pensar en monetizar. Pinta como si no quisieras vender tu obra y baila como si nadie te estuviera mirando. Que nadie compre tu libertad.
Algunos humanos tienen la obsesión de intentar convertir en dinero cualquier cosa. Si publican fotos o vídeos, quieren cobrar como influencers (mejor en Andorra para pagar menos impuestos, aunque no renuncien a los servicios públicos de España: hospitales, aeropuertos…). Los que escriben ansían publicar libros para ganar mucho. Si cantan, quieren vender canciones. Si pintan, querrán vender cuadros. No todo tiene precio.
Las instituciones también caen en este error. En una zona turistificable, hay que maximizar el negocio sin medir si nuestra gente malvive explotada por la industria turística. Sabemos que el turismo es un negocio que no enriquece a una región, sino que la somete. Ahí están Canarias y Andalucía, destinos entre los más visitados del mundo y, a la vez, también están entre las comunidades más empobrecidas del país.
No es malo intentar ganar dinero. El problema es no pensar en las consecuencias. Y también obsesionarse bajo el influjo de gurús y emprendedores que te digan que «conseguirás todo lo que te propongas», aunque para ello tengas que amargarte la vida como inversión. Emprender está bien, pero es justo reivindicar el placer de actuar sencillamente por algo que pensamos que debe ser hecho. Sin esperar recompensa (al estilo karma yoga).
Hace unos días participé en una plantación de árboles organizada por voluntarios de WWF en Málaga, por la Universidad de Málaga y por el Ayuntamiento de Mijas. Los que fuimos hasta la Sierra de Mijas no pensamos en ganar dinero plantando algarrobos, acebuches, lentiscos y encinas. La mayoría eran jóvenes estudiantes universitarios que, seguramente, no volverán a aquel paraje para disfrutar de los árboles plantados. Es decir, hay personas —muchas de ellas jóvenes— comprometidas con el medioambiente y con hacer cosas que no se van a monetizar. Que sirvan de ejemplo.
De ahí que merezca la pena cuidarse de las obsesiones, para no perdernos, por su culpa, las mejores partes de la vida. Si te gusta escribir, escribe —y publica—; mucho mejor sin pensar en monetizar. Pinta como si no quisieras vender tu obra y baila como si nadie te estuviera mirando. Que nadie compre tu libertad.
Apenas quedan horas para aprobar la que se ha llamado Ley Integral de Impulso a la Economía Social y, sinceramente, lo celebro porque es una buena noticia. No todos los días se consigue una norma que afecta a un modelo que genera más del 11% del PIB, agrupa a miles de empresas y sostiene millones de empleos en nuestro país. También es positivo algo poco habitual, que se ha visto durante el desarrollo del Proyecto legislativo: un reconocimiento unánime por parte de los grupos políticos al papel que juega la Economía Social. Hasta ahí, muy a favor.
Ahora bien, también conviene decir las cosas claras. Dentro de la Economía Social no somos todos iguales. Compartimos principios, sí, pero nuestras realidades y necesidades son distintas. Y cuando se intenta meter todo en una única ley, el riesgo es evidente: que al final tengamos una norma demasiado general, demasiado de mínimos, que no responda de verdad a lo que necesitamos.
En el caso de las cooperativas, este riesgo es aún mayor. La idea de unificar tres leyes en una nos afecta directamente, y lo cierto es que muchos de los avances que llevamos años reclamando se pueden quedar fuera el próximo 26 de marzo en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de temas tan importantes como la fiscalidad, la regulación de las horas de trabajo por cuenta ajena vinculadas a los socios y socias, el fondo de reserva obligatorio destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa o la recuperación de empresas a través del modelo cooperativo. No son detalles técnicos, son cuestiones que marcan el día a día y el futuro de nuestras cooperativas.
Durante todo este proceso hemos hecho un esfuerzo importante por llegar a acuerdos. Hemos cedido, dialogado e intentado construir una ley que represente a todo el sector. Pero ese esfuerzo tiene que verse reflejado en el resultado final. No se trata solo de aprobar una ley, sino de que esa ley realmente impulse y transforme.
También compartimos la idea de que sería deseable que esta ley salga adelante con el mayor consenso posible, como ocurrió en 2011. Pero el consenso no puede ser a costa de rebajar el contenido. No podemos conformarnos con una ley correcta si podemos tener una ley realmente útil.
Por eso, de cara a la votación final en el Congreso, hacemos un llamamiento claro a todos los grupos políticos: estamos a tiempo de mejorar el texto. De incorporar las enmiendas que el sector lleva tiempo defendiendo. De escuchar de verdad a las cooperativas.
La Economía Social ha demostrado que funciona, que aporta estabilidad y que genera oportunidades. Ahora le toca a la ley estar a la altura. El 26 de marzo no debería ser solo el cierre de un trámite. Debería ser el comienzo de algo más ambicioso.
«Habría que preguntarse por qué esas tribus pérdidas que viven prácticamente cómo lo hacían en el Paleolítico, son infinitamente más felices y sanas que las denominadas sociedades avanzadas con toda la tecnología y las comodidades a su alcance».
— Félix Rodríguez de la Fuente.
La búsqueda de la felicidad se ha convertido en uno de los grandes relatos de la sociedad contemporánea. Se nos repite con insistencia que el progreso material, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico constituyen el camino natural hacia una vida más plena. Sin embargo, a medida que las sociedades avanzadas se transforman y la tecnología ocupa un lugar cada vez más central en la vida cotidiana, surge una pregunta que merece una reflexión profunda:
¿Hasta qué punto ese progreso nos acerca realmente a la felicidad?
En muchas regiones del mundo desarrollado la vida transcurre hoy casi por completo en entornos urbanos. Ciudades densamente pobladas, ritmos de trabajo acelerados y una creciente digitalización han configurado una forma de vida profundamente distinta de la que acompañó a la humanidad durante la mayor parte de su historia. En este nuevo escenario, la naturaleza ha pasado a ocupar un lugar marginal. Para millones de personas el contacto con el entorno natural se reduce a espacios verdes fragmentados o a experiencias ocasionales durante el tiempo libre.
Esta transformación no es únicamente paisajística. La distancia creciente entre el ser humano y su entorno natural implica también una ruptura cultural y emocional con los procesos ecológicos de los que dependemos. Durante milenios, la vida humana estuvo integrada en los ritmos del territorio: las estaciones, los ciclos del agua, la presencia de fauna y la dinámica de los ecosistemas formaban parte del horizonte cotidiano. Hoy, sin embargo, una parte significativa de la población vive prácticamente ajena a estos procesos.
La desconexión con la naturaleza no es un fenómeno trivial. Numerosos estudios científicos han señalado que el contacto regular con entornos naturales tiene efectos positivos sobre la salud física y mental. La exposición a paisajes naturales reduce el estrés, mejora la capacidad de concentración y favorece el bienestar psicológico. Por el contrario, la vida en entornos excesivamente artificiales puede contribuir a aumentar la ansiedad, la fatiga mental y la sensación de alienación.
Este contraste plantea una cuestión fundamental: si el progreso tecnológico ha mejorado de manera indiscutible muchos aspectos de la vida humana, ¿por qué persiste una sensación generalizada de insatisfacción en muchas sociedades desarrolladas? La respuesta probablemente no se encuentra en un rechazo al progreso, sino en la forma en que ese progreso ha sido concebido. Durante décadas se ha asumido que el bienestar humano depende principalmente de la acumulación de bienes materiales y de la expansión tecnológica. Sin embargo, esta visión ignora dimensiones esenciales de la experiencia humana.
En este contexto adquieren especial relevancia las reflexiones de figuras como Félix Rodríguez de la Fuente, que dedicó buena parte de su vida a recordar la profunda relación entre el ser humano y el mundo natural. Para él, la naturaleza no era simplemente un escenario exterior ni un recurso utilitario, sino el marco fundamental de nuestra existencia. Sus palabras siguen invitando a replantear una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué es realmente lo que valoramos cuando hablamos de felicidad?
La respuesta no puede encontrarse únicamente en indicadores de crecimiento o en avances tecnológicos. La felicidad humana parece estar ligada a elementos más complejos y menos cuantificables: el sentido de pertenencia, la relación con los demás, la experiencia del paisaje y la conexión con los procesos naturales que sostienen la vida. Estos factores no pueden sustituirse mediante innovaciones técnicas ni mediante el aumento indefinido del consumo.
La cuestión, por tanto, no consiste en oponer tecnología y naturaleza como si fueran realidades incompatibles. El desafío de nuestro tiempo es encontrar una forma de convivencia entre ambas que no implique sacrificar el vínculo con el mundo natural. La tecnología puede contribuir a mejorar la calidad de vida, pero debe integrarse dentro de una visión que reconozca los límites ecológicos y la importancia de mantener una relación equilibrada con el entorno.
Esta búsqueda de equilibrio es, en última instancia, una cuestión cultural. Implica revisar las prioridades de la sociedad y preguntarse qué entendemos por progreso. Si el desarrollo tecnológico conduce a una vida cada vez más desconectada de la naturaleza, es legítimo cuestionar si ese modelo responde realmente a las necesidades profundas del ser humano.
Tal vez la verdadera reflexión no consista en preguntarnos cómo alcanzar la felicidad mediante nuevos avances, sino en recordar aquello que siempre ha formado parte de la experiencia humana: la relación con el territorio, el contacto con la vida silvestre, la percepción del paso de las estaciones y la conciencia de pertenecer a un mundo natural que trasciende nuestras propias construcciones.
En un tiempo marcado por la aceleración y la innovación constante, recuperar esa perspectiva puede ser un acto de lucidez. La tecnología seguirá avanzando, pero la pregunta fundamental permanece abierta: si el progreso nos aleja cada vez más de la naturaleza, ¿estamos realmente avanzando hacia una vida más feliz o simplemente hacia una forma distinta de vivir más lejos de aquello que nos hacía sentir parte del mundo?
«Habría que preguntarse por qué esas tribus pérdidas que viven prácticamente cómo lo hacían en el Paleolítico, son infinitamente más felices y sanas que las denominadas sociedades avanzadas con toda la tecnología y las comodidades a su alcance».
— Félix Rodríguez de la Fuente.
La búsqueda de la felicidad se ha convertido en uno de los grandes relatos de la sociedad contemporánea. Se nos repite con insistencia que el progreso material, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico constituyen el camino natural hacia una vida más plena. Sin embargo, a medida que las sociedades avanzadas se transforman y la tecnología ocupa un lugar cada vez más central en la vida cotidiana, surge una pregunta que merece una reflexión profunda:
¿Hasta qué punto ese progreso nos acerca realmente a la felicidad?
En muchas regiones del mundo desarrollado la vida transcurre hoy casi por completo en entornos urbanos. Ciudades densamente pobladas, ritmos de trabajo acelerados y una creciente digitalización han configurado una forma de vida profundamente distinta de la que acompañó a la humanidad durante la mayor parte de su historia. En este nuevo escenario, la naturaleza ha pasado a ocupar un lugar marginal. Para millones de personas el contacto con el entorno natural se reduce a espacios verdes fragmentados o a experiencias ocasionales durante el tiempo libre.
Esta transformación no es únicamente paisajística. La distancia creciente entre el ser humano y su entorno natural implica también una ruptura cultural y emocional con los procesos ecológicos de los que dependemos. Durante milenios, la vida humana estuvo integrada en los ritmos del territorio: las estaciones, los ciclos del agua, la presencia de fauna y la dinámica de los ecosistemas formaban parte del horizonte cotidiano. Hoy, sin embargo, una parte significativa de la población vive prácticamente ajena a estos procesos.
La desconexión con la naturaleza no es un fenómeno trivial. Numerosos estudios científicos han señalado que el contacto regular con entornos naturales tiene efectos positivos sobre la salud física y mental. La exposición a paisajes naturales reduce el estrés, mejora la capacidad de concentración y favorece el bienestar psicológico. Por el contrario, la vida en entornos excesivamente artificiales puede contribuir a aumentar la ansiedad, la fatiga mental y la sensación de alienación.
Este contraste plantea una cuestión fundamental: si el progreso tecnológico ha mejorado de manera indiscutible muchos aspectos de la vida humana, ¿por qué persiste una sensación generalizada de insatisfacción en muchas sociedades desarrolladas? La respuesta probablemente no se encuentra en un rechazo al progreso, sino en la forma en que ese progreso ha sido concebido. Durante décadas se ha asumido que el bienestar humano depende principalmente de la acumulación de bienes materiales y de la expansión tecnológica. Sin embargo, esta visión ignora dimensiones esenciales de la experiencia humana.
En este contexto adquieren especial relevancia las reflexiones de figuras como Félix Rodríguez de la Fuente, que dedicó buena parte de su vida a recordar la profunda relación entre el ser humano y el mundo natural. Para él, la naturaleza no era simplemente un escenario exterior ni un recurso utilitario, sino el marco fundamental de nuestra existencia. Sus palabras siguen invitando a replantear una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué es realmente lo que valoramos cuando hablamos de felicidad?
La respuesta no puede encontrarse únicamente en indicadores de crecimiento o en avances tecnológicos. La felicidad humana parece estar ligada a elementos más complejos y menos cuantificables: el sentido de pertenencia, la relación con los demás, la experiencia del paisaje y la conexión con los procesos naturales que sostienen la vida. Estos factores no pueden sustituirse mediante innovaciones técnicas ni mediante el aumento indefinido del consumo.
La cuestión, por tanto, no consiste en oponer tecnología y naturaleza como si fueran realidades incompatibles. El desafío de nuestro tiempo es encontrar una forma de convivencia entre ambas que no implique sacrificar el vínculo con el mundo natural. La tecnología puede contribuir a mejorar la calidad de vida, pero debe integrarse dentro de una visión que reconozca los límites ecológicos y la importancia de mantener una relación equilibrada con el entorno.
Esta búsqueda de equilibrio es, en última instancia, una cuestión cultural. Implica revisar las prioridades de la sociedad y preguntarse qué entendemos por progreso. Si el desarrollo tecnológico conduce a una vida cada vez más desconectada de la naturaleza, es legítimo cuestionar si ese modelo responde realmente a las necesidades profundas del ser humano.
Tal vez la verdadera reflexión no consista en preguntarnos cómo alcanzar la felicidad mediante nuevos avances, sino en recordar aquello que siempre ha formado parte de la experiencia humana: la relación con el territorio, el contacto con la vida silvestre, la percepción del paso de las estaciones y la conciencia de pertenecer a un mundo natural que trasciende nuestras propias construcciones.
En un tiempo marcado por la aceleración y la innovación constante, recuperar esa perspectiva puede ser un acto de lucidez. La tecnología seguirá avanzando, pero la pregunta fundamental permanece abierta: si el progreso nos aleja cada vez más de la naturaleza, ¿estamos realmente avanzando hacia una vida más feliz o simplemente hacia una forma distinta de vivir más lejos de aquello que nos hacía sentir parte del mundo?
Hoy continuamos analizando el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entramos en la tercera semana y no parece verse una solución fácil al conflicto. El objetivo de la administración Trump de cambiar al régimen de los ayatolás no parece, ahora mismo, ni remotamente cercano. Ni por rendición ni por derrocamiento interno. Irán, por su parte, manifiesta repetidamente su negativa a sentarse a negociar nada en el actual estado de las cosas. Y, mientras tanto, siguen cayendo los misiles, el precio del petróleo y sus derivados aumenta y los Gobiernos empiezan a mirar a sus reservas estratégicas. Como segundo tema, analizamos los resultados electorales de Castilla y León: el Partido Popular gana las elecciones y gobernará junto con VOX. Por su parte, el PSOE gana también votos mientras que Podemos desaparece de otra Comunidad Autónoma. Con Toni Hernández, Carlos García e Íñigo Molina. Conduce Juan Carlos Barba.
«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.
En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.
Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.
La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad
Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.
Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.
Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.
El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco
Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.
El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.
También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.
La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.
El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.
El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.
El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.
Segunda semana de guerra en Irán. Estados Unidos e Israel continúan con sus bombardeos mientras los iraníes reparten misiles entre objetivos estratégicos en varios países a su alrededor. Oriente Próximo está, literalmente, en llamas mientras arde el petróleo y el precio del crudo escala en bolsa. Grandes fondos de inversión anuncias medidas de restricción de la liquidez y los mercados se encuentran bajo gran estrés. La campaña estadounidense, sin embargo, no parece estar saliendo como esperaba Donald Tump. El régimen de los ayatolás no parece aún cerca de caer mientras que varios países niegan su ayuda e implicación con la campaña. El más destacado de todos ellos, Pedro Sánchez, que comenzó con la tendencia de negar el uso de las bases de Rota y Morón, y que varios mandatarios europeos han seguido. Con Jaume Garo, Íñigo Molina y Carlos García. Conduce Juan Carlos Barba.
«Es imposible separar el presente democrático del pasado autoritario». Esta es la premisa del análisis que Andrés Villena Oliver, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y doctor en Sociología, hace en su libro Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939. Al frente del poder económico y, en paralelo, en la administración pública se repiten algunos apellidos desde los albores del franquismo hasta hoy. Era algo más o menos intuido, más o menos conocido, pero verlos desfilar, negro sobre blanco, a lo largo de las páginas de Villena aún provoca urticaria en determinados sectores de la sociedad española.
En principio, este libro iba a ser publicado por Ariel, un sello del Grupo Planeta. Incluso ya tenía portada, pero en el último momento, poco antes de que la imprenta se pusiera a girar, alguien decidió eliminarlo del calendario de publicaciones y del catálogo de Planeta. La razón oficial: no encajaba con la línea actual de la editorial. Por suerte, Libros del K.O. salió al rescate y evitó que la investigación de Villena se quedara en un cajón.
Veamos con un ejemplo práctico, tomando casi al azar un solo nombre de los muchos que aparecen en su estudio, qué es lo que ha podido molestar. «Antonio Garrigues Díaz-Cañabate se casó con la hija del presidente de la ITT, que es la empresa que está en el capital original de Telefónica», explica el autor en la presentación del libro en Madrid, en la librería Grant. Ese primer Garrigues fue embajador en Estados Unidos, procurador en Cortes, ministro de Justicia, presidente de la Citroën en España, de la Cadena SER y de otras muchas empresas, además de fundar uno de los despachos de abogados más importantes del país. Su hijo Joaquín Garrigues Walker, también abogado, fue ministro con la UCD y presidente de la Liga Financiera (una empresa constructora de autopistas). Otro hijo, Antonio, además de estar al frente de decenas de fundaciones, creó el Partido Demócrata Liberal, que estuvo en la génesis, junto a Florentino Pérez, de la Operación Roca, una apuesta centrista con Miquel Roca (CiU) a la cabeza que acabó en fracaso. El bufete familiar, a lo largo de los años, ha estado en permanente contacto con el poder político, también en la actualidad, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en realidad, no se trata sólo de familias, es algo más complicado.
«Aunque la gente muera, el apellido persiste –señala Villena– porque el apellido no deja de ser una institución. Que Ana Botín sea la nieta del fundador del Santander y que cuatro Botín se hayan sucedido al frente del banco no es solo endogamia familiar, es que las instituciones pesan más que las personas». Y las instituciones caen o se reforman o se crean otras nuevas, pero el modelo permanece.
En su libro, el economista se centra en esas sagas y en determinadas esferas de poder en las que el mundo empresarial se mezcla con el alto funcionariado del Estado hasta el punto de que, tras décadas y décadas de cohabitación, llegan a confundirse. No se trata sólo de las conocidas «puertas giratorias» –que también–, sino de un fenómeno más sutil y constante.
Portada de Las élites que dominan España. LIBROS DEL K.O.
«Cuando los políticos llegan al gobierno, en especial los más reformistas, intentan cambiar esas dinámicas, intentan crear cuerpos administrativos nuevos, pero no consiguen modificar el statu quo impuesto por las viejas élites. El político que más cuerpos nuevos creó, entre ellos el de economistas del Estado, fue Laureano López Rodó, pero no pudo cambiar los modos de aquellas tribus de altos funcionarios, que tienen un punto de vista que tiende a ser conservador, no en el sentido ideológico sino práctico», ilustra Villena. Esto, a su juicio, no es un inconveniente excesivamente grave. ¿Por qué? Porque, en momentos de zozobra política, este funcionariado es garante de estabilidad y permite que el Estado eluda el caos y siga funcionando.
Estos altos funcionarios se agrupan en clanes, en gremios, en partidos aparentemente enfrentados, sea PP o PSOE, pero se sientan a la misma mesa desde hace 80 años. «Cuando el PP está en el poder, en la órbita del gobierno abundan los abogados del Estado. Cuando lo hace el PSOE, hay más diplomáticos, jueces y fiscales», explica el autor, que ve lógico que los políticos se rodeen de este tipo de perfiles. Después de todo, son los que más saben. Villena cuenta una anécdota para esclarecer este punto: «Había un diputado de Podemos, en sus años buenos, 2015 y 2016, que se lamentaba a micro cerrado: “No podemos con ellos, no podemos con ellos… Tendríamos que estudiar 12 horas al día para enfrentarnos a ellos. Cuando hacemos una propuesta, siempre sale un tío, probablemente asesorado por abogados del Estado, que nos dice que eso no se puede hacer porque contradice una ley o un precepto o se sale del presupuesto”. Esto, en el fondo, es bueno. Hay reglas, hay leyes, hay una Constitución, y esa es la mejor vacuna contra la tiranía».
Pero en esta eficiencia tecnocrática hay un peligro para las democracias (o para los «sistemas parlamentarios burgueses», como Villena prefiere llamarlas): «Hay determinadas personas jóvenes, no socializadas en el periodo de la Transición, que pueden acabar diciendo: yo la legitimidad se la otorgo a un gobierno de expertos y científicos que, ante las múltiples amenazas climáticas, tecnológicas y militares, sea capaz de tomar las decisiones adecuadas. Este es el mismo discurso del jefe de BlackRock, el fondo de inversión que posee el 5% de todas las empresas del mundo que cotizan en bolsa, y que dijo que lo que necesitamos es un líder… no dijo con dos cojones, pero ese era el sentido».
Esta inclinación es, por cierto, muy española. No en vano aquí acuñamos el concepto de «cirujano de hierro», un gran cerebro reformista capaz de cambiar el rumbo del país en momentos difíciles. Ocurrió en 1959 (cuando el Opus Dei le gana el pulso a Falange y España se abre a la inversión extranjera), en 1977 (con los Pactos de la Moncloa), en 1982 (con la victoria del PSOE), en 1996 (con la del PP), en 2010 (con la crisis económica)… En todas estas ocasiones, las élites (empresariales, políticas, administrativas) fueron capaces de sacar adelante sus planes doblegando cualquier oposición, frecuentemente materializada en forma de lucha sindical. Adoptó los nombres de «Plan de Estabilización» o de «reconversión industrial» o de «políticas de austeridad», pero los protagonistas y las maneras siempre fueron las mismas. Villena se propuso estudiar «cómo se organizan estas minorías para acceder al poder y permanecer en él».
El estudio de las élites es un tema que «no interesa a las revistas académicas, porque les parece que es un método de extracción de datos muy subjetivo, porque es muy difícil acceder a las fuentes primarias», explica el autor. «Este tipo de estudios concita rechazo, porque parece que quien se ocupa de ellos está intentando destapar algo, pero se trata simplemente de objetivar un conjunto de posiciones que son ventajosas, y que como son ventajosas tienden a mantenerse en el tiempo», dice Villena para defender el carácter factual, incluso aséptico, de su libro. «Parece que estoy haciendo propaganda contra mí mismo, pero yo en mi estudio no hago ningún descubrimiento. Lo que hago es una recopilación de hechos ya publicados, fragmentarios y muchas veces ignorados que, unidos y con contexto, cobran sentido como una nueva teoría para analizar lo que ha pasado desde 1939 hasta ahora».
«Cuando tú ves que uno de los mandatarios de Planeta es el número 2 de la Fundación Quirón Salud, te das cuenta de que ahí hay una articulación de las élites que va más allá del resultado económico», dice Villena para denunciar una «censura latente» que está presente en todos los grandes grupos de comunicación. «Si yo hablo mal de Quirón en un libro que va a ser publicado por una editorial que tiene fuertes relaciones con el grupo Quirón, pues ese libro no sale».
Aquel rechazo le provocó una «gran ansiedad», pero también «un cierto orgullo», confiesa. «Si no te despiden de un medio de comunicación o no te censuran, yo creo que hay algo que no estás haciendo bien. Eso es que te estás convirtiendo en sumiso».
El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria1.
Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas.
La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.
Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible.
Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.
Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.
Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos
Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta
Revitalizar la democracia europea
El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política2; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones.
La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.
En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática.
Las normas existen para proteger al público
Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar3. En lugar de más «leyes omnibus4» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial.
Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA5) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas.
No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes
Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación6). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».
El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.
Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas7. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta8. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.
En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.
4 Un Omnibus de la UE es un paquete legislativo que agrupa múltiples enmiendas, a menudo diversas, en un único documento exhaustivo diseñado para una única votación. Lanzado por la Comisión Europea, su objetivo es debilitar las leyes y reducir la responsabilidad de las empresas, en nombre del impulso de la «competitividad».
5 El ácido trifluoroacético (TFA) es una «sustancia química eterna» altamente móvil y persistente que pertenece al grupo PFAS y se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales, agrícolas y farmacéuticas. Como subproducto de los gases fluorados y los pesticidas, se ha vuelto omnipresente en el medio ambiente, incluyendo el agua, el suelo y los alimentos, lo que suscita preocupación por su acumulación a largo plazo. Ver documento
Hoy hablamos sobre el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El sábado 28 de febrero ha comenzado el lanzamiento de misiles sobre objetivos iraníes que han costado la vida al ayatolah Alí Jamenei. A pocas horas del comienzo de los bombardeos, analizamos los motivos de este ataque, cómo se están posicionando los países a nivel internacional, las posibilidades de escalada y qué escenarios se abren a partir de ahora. También analizamos la polémica entre Donald Trump, el Departamento de Guerra y Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude. La administración Trump había amenazado a Anthropic con serias represalias si no eliminaba las políticas de seguridad de su IA para trabajar en vigilancia masiva y el desarrollo de armas autónomas. La empresa se ha negado y OpenAI ha tomado su lugar al frente de los contratos públicos del Ejército de los Estados Unidos. Con Carlos García, Toni Hernández y Jaime Garo. Conduce Juan Carlos Barba.
Rafael Toro Ruiz (@RToruiz), estudiante de periodismo
La generación de residuos tecnológicos destruye ecosistemas y recursos naturales.
Consumismo y obsolescencia programada: Dos términos que van de la mano. Dos tendencias perjudiciales para los ecosistemas mundiales. La sociedad se está convirtiendo en cómplice de un sistema engañoso que incita al consumo severo de todo tipo de productos, con la intención de ver aumentados los beneficios económicos de las grandes empresas multinacionales, empresas que, de la mano de la globalización, son hoy las encargadas de dictar las reglas del juego.
Un chaval que decide cambiar habitualmente su teléfono móvil, una empresa que decide renovar los ordenadores de sus oficinas, un instituto que decide adquirir nuevas impresoras de mayor calidad o una familia que decide comprar electrodomésticos nuevos para su hogar. Estas situaciones son ejemplos de cómo se producen cada año millones de toneladas de residuos tecnológicos y basura peligrosa. Y nuestro sistema es cómplice de ello.
La “obsolescencia programada” se refiere a adelantar por parte de las empresas el fin de la vida útil de un producto para que el consumidor se vea obligado a comprar otro. La sociedad aún no es plenamente consciente de que el consumismo de tecnología, unido al acortamiento de la vida útil de los productos, conducen a una contaminación cada vez mayor del medio ambiente, incluyendo la destrucción de ecosistemas en los países del tercer mundo, tanto por la extracción masiva de los diferentes recursos naturales necesarios para la fabricación, como por su desecho final.
Nuestro sistema actual, con las grandes empresas y los medios de comunicación como actores destacados, pretende hacer pagar al consumidor muchas veces en su vida por un mismo producto con modificaciones ínfimas o innecesarias. Pero, realmente, ¿este hecho es nuevo? Rotundamente no. Antecedentes de todo tipo explican el nacimiento y la consolidación de esta tendencia tan perjudicial. La obsolescencia programada es fruto de la revolución comercial, la acumulación del capital y los avances tecnológicos, así como, de la aparición del capitalismo financiero y del liberalismo económico. El “American way of life” nacido en EE.UU., poco a poco, se adentró en la sociedad. La felicidad y el bienestar basado en el consumismo eran ya reglas básicas en los años 60.
La obsolescencia programada es una práctica demasiado habitual en la industria actual y sabemos que las autoridades la toleran: “Son los consumidores los que deberían exigir que se pongan multas a las empresas para evitar esta forma de fabricar productos”, expresa con preocupación el colectivo malagueño Aulaga. Todo esto conlleva un beneficio económico para la industria, aunque tiene un impacto muy negativo sobre los recursos disponibles y los ecosistemas mundiales. “Esto no tiene en cuenta la realidad de nuestro planeta finito en el que ni los recursos ni la energía son infinitos”, afirma Fran Pérez, de Ecologistas en Acción. La obsolescencia programada bebe hoy del sistema capitalista, que usa como pozo sin fondo los recursos de los países empobrecidos. Una vez que el primer mundo disfruta de dichos recursos, estos vuelven al tercer mundo en forma de basura contaminante: “Esto perpetua una gran rueda de miseria, problemas de salud, económicos y ambientales”, expresa Fran Pérez.
Según la ONU, generamos unos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, la mayor parte de ellos producidos en Occidente, que van a parar a países en vías de desarrollo, donde se apilan sin control. Esta basura electrónica se reparte entre dos grandes vertederos: Ghana (África) y Guiyu (China). La primera y más impactante consecuencia de esto es la destrucción de los ecosistemas. La basura sustituye a la fauna y a la vegetación. La riqueza ambiental se ve sumergida en millones de residuos apilados sin control, provocando desde la contaminación de aguas subterráneas con metales pesados y otros tóxicos, hasta la contaminación del aire en caso de que estos residuos se quemen, pasando por la extracción severa de recursos y la destrucción de ecosistemas.
Es necesario sumar a lo anterior la generación de residuos no biodegradables. Si bien, muchos de los componentes que se usan para fabricar los diferentes productos electrónicos no son tóxicos cuando el aparato es útil, esto cambia radicalmente cuando el aparato se desecha. Esto pasa principalmente con plásticos, vidrios, baterías o pantallas LCD, elementos perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente, por contener productos químicos tóxicos cuando se liberan al medio.
Pero, sin duda, la consecuencia número uno de la obsolescencia es el abuso extremo de los recursos naturales. Teniendo en cuenta la baja tasa de reciclado, el sistema de producción se convierte en una “extracción continua y desenfrenada”, definido así por Fran Pérez. La mayoría de productos tecnológicos necesitan para su fabricación la extracción de metales y minerales como cadmio, cromo, mercurio o coltán, entre otros, recursos considerados no renovables.
Cuando se habla de obsolescencia programada, lo que más chirría en la actualidad es la dudosa voluntad de la UE para solventar el problema, así como el desconocimiento generalizado de la sociedad, que toma en muy pocas ocasiones la iniciativa para exigir a sus dirigentes cambios a este respecto. El caldo de cultivo de todo esto es que los gobiernos occidentales, más allá de tomar medidas o no para parar la obsolescencia programada y de velar por el interés general de la ciudadanía, en demasiadas ocasiones “se decantan más por favorecer los intereses de las empresas multinacionales”, afirma Aulaga.
En octubre de 2014 un país europeo mostró sus primeros deseos de luchar contra este fenómeno. El parlamento francés aprobó, dentro de la Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para todos aquellos fabricantes que programaran de manera consciente el fin de la vida útil de sus productos. Esta normativa se convertiría en la primera legislación europea que reconocería, de manera abierta y sin tapujos, la existencia de la obsolescencia programada. Pero el intento fue en vano. Las medidas asomaron pero, rápidamente, volvieron a esconderse y nadie ha sido condenado aún. Dos años después de la aprobación de esta medida francesa, el resto del continente sigue prácticamente igual, España incluida.
Como afirman diferentes asociaciones ecologistas, en nuestro país hubo un momento en el que la sociedad parecía ser consciente del problema. Todos querían imitar la nueva normativa surgida en Francia pero, pese a que todo indicaba que España sería otro de los países en controlar de manera férrea a las empresas “tramposas”, llegamos a 2016 sin una normativa en este sentido. Hay voces, pequeños colectivos que lo intentan, aunque una vez más queda en evidencia la falta de firmeza de nuestro gobierno en este aspecto. “Para parar la destrucción de ecosistemas debemos comenzar deteniendo la rueda consumista de la obsolescencia programada. «El mejor residuo es el que no se genera» debería ser el eslogan de una humanidad coherente con sus actos y empática con el medio que la rodea”, afirma Fran Pérez.
Teniendo en cuenta el plan llevado a cabo por Francia, en los últimos meses se ha dejado ver alguna intención para fomentar la lucha contra la obsolescencia programada.Recortes Cero–Los Verdes fue una de las pocas candidaturas ecologistas que se presentó a las elecciones generales en España en 2016. En su programa reservó un espacio donde aboga por conseguir una “España ecológica y socialmente justa”. Esta candidatura incorpora la propuesta de legislar para “prohibir por ley la obsolescencia programada”. Pretenden así poner en marcha un nuevo modelo de mercado centrado en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
Todavía son pasos insuficientes y voces demasiado débiles. La obsolescencia programada genera innecesariamente cientos de miles de residuos que podrían evitarse. España es uno de los países con mayor protagonismo, pues sus 800.000 toneladas anuales de residuos electrónicos no pasan desapercibidas. Las soluciones no llegan y el reloj corre en contra de la sociedad y del medio ambiente.
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La búsqueda de la felicidad se ha convertido en uno de los grandes relatos de la sociedad contemporánea. Se nos repite con insistencia que el progreso material, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico constituyen el camino natural hacia una vida más plena. Sin embargo, a medida que las sociedades avanzadas se transforman y la tecnología ocupa un lugar cada vez más central en la vida cotidiana, surge una pregunta que merece una reflexión profunda:
