Los ataques del ejército israelí sobre el Líbano, más allá del sur, extendiéndose a todo el país, muy especialmente a Beirut, requieren un análisis reposado difícil durante una guerra con múltiples focos.

La agresión de Israel y EE.UU. contra Irán ha incendiado toda la región, especialmente al muy debilitado Líbano. La novedad de esta nueva guerra sionista no es tanto su violación del Derecho internacional, habitual en un Estado paria del orden jurídico internacional, como la demostración de su progresiva soledad y las limitaciones materiales y militares de dos de los ejércitos más poderosos del mundo. Ambos Estados agresores están siendo debilitados militarmente, en su capacidad de influencia internacional (ya casi nula), en el relato y, también, en el diseño de un futuro satisfactorio para ellos.

Sin embargo, los imperios y los proyectos colonizadores racistas, cuando se desmoronan, cuando están heridos, son aún más peligrosos. El historiador israelí Ilan Pappé ya da por finiquitado el Estado sionista y anuncia su colapso y desaparición. Ante esta posibilidad, cada vez más evidente pero aún incierta, el gobierno y una gran parte de la sociedad israelí han extendido el terror a la Cisjordania ocupada y, de forma más sangrienta, al Líbano. Los bombardeos masivos sobre Beirut, la demolición de edificios de viviendas, el asesinato de más de 3.000 personas, fundamentalmente civiles, la destrucción de pueblos enteros, la ocupación de una parte del territorio, y su intención declarada de extenderla hasta el sur del río Zahrani, son muestra de ello.

Frecuentemente, y con razón, el mundo se desespera con la ONU o el Derecho internacional porque no pueden impedir inmediatamente los crímenes internacionales de ciertas potencias. Y es cierto.

Los agresores, los genocidas, también se desesperan. Porque conocen la fuerza del orden internacional y de las Naciones Unidas. No es baladí recordar que EE.UU. está intentando, con nulo éxito, amedrentar a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional, por haber emitido una orden de detención internacional contra Netanyahu. Lo que le impide viajar a la mayor parte del planeta. Hasta su fallecimiento o detención. Ninguna de las sanciones contra los miembros de la Corte ha funcionado. Más agresiva es aún la persecución a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, y que sufre el bloqueo de sus cuentas, persecuciones y amenazas. En vano.

Nadie persigue a quien no supone una amenaza. Los diferentes relatores de la ONU están documentando cada crimen cometido por Israel. Y esta documentación servirá como prueba de actos que marcarán para siempre la Historia del Estado sionista y también su responsabilidad jurídica.

Fácil calificación

No parece muy complejo calificar los bombardeos de viviendas de civiles en Beirut como un crimen de guerra, según las diferentes normas internacionales, interestatales y penales, pues son ataques deliberados y directos contra población civil. Lo mismo ocurre con los asesinatos de periodistas y personal sanitario, ya comportamientos clásicos de un ejército, el israelí, carente de mínimos éticos o humanitarios.

En Líbano, un millón de personas (un 35% menores de edad, según ACNUR) han tenido que huir de sus hogares y el ejército invasor anuncia la aniquilación y pillaje de toda la zona sur del país. Al ser este un ataque deliberado, sistemático y flagrante contra la población civil, compuesto de asesinatos y traslados forzosos permanentes, esta acción, de completarse, constituiría un crimen de lesa humanidad.

Para poder juzgar, en este momento (recuerden que son crímenes que no prescriben y la Historia tiende a sorprender) a Israel por estos crímenes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debería ser competente, y no lo es por la negativa de Israel a aceptar su jurisdicción sobre estas cuestiones. Para que la Corte Penal Internacional (CPI), por su parte, fuera competente y pudiera perseguir a los dirigentes sionistas y a los militares israelíes, Líbano, lugar donde los crímenes están siendo cometidos, debería haber aceptado su jurisdicción. Y no lo ha hecho. Esta es la diferencia con Palestina, y por esto hay orden de detención contra dirigentes israelíes. Palestina sí aceptó la competencia de la Corte y todo lo que allí ocurra está protegido por la CPI.

En el caso de Israel, es evidente la razón de no aceptar la jurisdicción de ningún tribunal internacional. Si los asesinos en serie pudieran, tampoco permitirían que los tribunales les juzgaran. Los Estados pueden negarse. Extraña piedra angular de un sistema que necesita de recovecos para funcionar: la voluntariedad de los Estados genera adhesión a los principios y procedimientos. Casi siempre. Porque negarse suele suponer aislarse.

El papel de la Corte Internacional de Justicia

De hecho, como es sabido, Israel está siendo juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia tras la demanda presentada por Sudáfrica. En su eterna arrogancia, sí otorgó competencia a la Corte para juzgar este crimen porque nunca creyó que ningún Estado se atreviera a denunciarle por ello, y que la Corte, en todo caso, nunca aceptaría un caso así. Se equivocaron en ambos casos.

Volviendo a lo que ocurre en Líbano, y dado que la Corte sí puede juzgar a Israel por genocidio, ¿puede intentarse esta vía para la agresión actual sobre el Estado mediterráneo? El Derecho internacional, en toda su complejidad, es más variado y amplio que las órdenes estatales, y la impunidad puede esquivarse de diferentes maneras. La imposibilidad de perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad israelíes nos lleva obligatoriamente al genocidio.

Un genocidio, como estamos viendo en Gaza, implica “intentar destruir de manera total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” mediante la comisión, por ejemplo, de asesinatos o deportaciones. En este sentido, deberíamos concretar si Israel está atacando y destruyendo una parte del pueblo libanés, por ejemplo, la parte palestina del mismo o la población chií.

Es evidente que los actos materiales los está cometiendo, pues los asesinatos y desplazamientos son diarios. Lógicamente, al igual que en el caso de Gaza, lo más difícil será probar la intención de destrucción de una parte del pueblo (en aquella ocasión, la intención genocida se ha probado, indiciariamente, en los discursos de los altos cargos). Para ello son necesarias pruebas, discursos, planes, sentencias internas o leyes que justifiquen y demuestren dicha intención. Otra posibilidad, tal vez más viable, es extender la causa respecto a Gaza al territorio libanés. Porque, ¿no es esta invasión una forma de perseguir al pueblo palestino y acabar con él, incluso en los Estados donde se refugió de las anteriores oleadas genocidas?

Es demasiado pronto para responder a todas estas preguntas, nos faltan datos y elementos concretos de calificación. En esta salvaje huida hacia delante de Israel, desconocemos el punto límite a su delirio expansionista. Sabemos que será dañino y sangriento. Y sabemos también que, antes o después, el Derecho internacional, con su exasperante lentitud, estará esperando.

Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor de Derecho Internacional Público UPV/EHU

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A unas horas del inicio del masivo ataque de los regímenes de EE.UU. e Israel contra Irán, debemos hacer el esfuerzo de concretar dónde estamos y hacia dónde nos llevan.

1. Los ataques son una violación directa de la prohibición de agresión enunciado en el art. 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Es, también, una violación de la Constitución estadounidense, en otro paso del derrumbe de su sistema democrático. No es, sin embargo, una novedad. Es exactamente lo mismo que vimos en 2003 con el ataque a Irak. Una agresión militar basada en una falsedad: en su momento, las armas de destrucción masiva; ahora, el inexistente riesgo de armas nucleares.

2. El régimen iraní ha activado la legítima defensa que le corresponde según el art. 51 de la Carta ONU. Así se lo ha hecho saber al propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cualquier Estado puede responder a un ataque armado para forzar su cese. La respuesta, en ataques a bases estadounidenses en la región o al territorio israelí, se enmarcan en este derecho. Habrá que analizar su justificación sobre los dirigidos contra bases de EE.UU. en terceros Estados, si estas no habían sido utilizadas en la agresión. Serían ataques lícitos si las bases se han utilizado, y una agresión, si no lo han sido. Esos ataques sí sirven para subrayar, entre el mundo árabe, la colaboración de sus gobiernos con Israel.

3. El Secretario General de la ONU, y diferentes altos cargos de la misma, han condenado ya la agresión estadounidense. Conun EE. UU cada vez más alejado de las instituciones internacionales, la ONU puede actuar y hablar de forma más libre. No hay diferencia entre esa agresión y la rusa sobre Ucrania, lo que permite a la ONU mantener una línea coherente ante el mundo y recordar su necesidad: cuanto más fuerte esté la ONU, menos riesgo de Tercera Guerra Mundial. Y viceversa, claro.

4. Las verdaderas razones de la guerra ahora iniciada son evidentes, Israel necesita más guerras para lograr la hegemonía regional y, sobre todo, para que Netanyahu no acabe en prisión. El primer ministro israelí, perseguido por la Corte Penal Internacional, necesita una guerra permanente. EE. UU es, en este caso, un ridículo obediente de la locura sionista. Trump está obedeciendo a Netayanhu. No hay nada de esta guerra que pueda beneficiar al antiguo gigante americano (que ayer casi tenía atado un acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear). Sin embargo, otra guerra oculta por unos días las acusaciones de pederastia a Trump. El anunciado cambio de régimen o la cuestión nuclear son bombas de humo.

5. La comparación con la guerra de 2003 sí muestra diferencias. Es un ataque igual de ilegal y que ya ha provocado crímenes de guerra y, puede, de lesa humanidad. Han bombardeado escuelas de niñas y objetivos civiles. Pero, ¿quiénes son sus aliados? EE.UU. e Israel han atacado solos. Ninguna otra potencia occidental ha colaborado (públicamente) ni, parece, que vaya a hacerlo. No criticarán, pero no enviarán soldados. Los estados árabes, siempre serviles con EE.UU. y traicionando al pueblo palestino, se limitan a intentar evitar que caigan misiles sobre Israel. Por lo demás, la potencia estadounidense vuelve a aparecer desnuda, y peligrosa, ante los ojos de todo el mundo. Otra comparación, más dolorosa aún, la sociedad civil global no parece despertar para defender a los pueblos bajo las bombas. Es prueba de hartazgo. También de que nadie en el mundo cuenta ya con EE.UU como garante de derechos o estabilidad.

6. La OTAN demuestra su irrelevancia, de forma más evidente que la ONU. Cuando la principal potencia de la alianza inicia una guerra regional, sin planes serios o realistas, y sin informar a los miembros, es que está políticamente muerta. Varios socios de la alianza, como España, Finlandia o Francia, se han opuesto públicamente al ataque. Queda el siguiente paso: prohibir la utilización de las bases estadounidenses para una guerra salvaje. No lo esperen. Ningún líder europeo se atreverá. La UE, fiel a su irrelevancia diplomática y geopolítica, no dice nada sobre la violación del Derecho internacional e intenta aunar sus irreconciliables posturas. Rusia y China, que han condenado la agresión a su socio, esperan con cautela más errores de EE.UU y advierten de que toman nota. 

7. En conexión con esto, es necesario subrayar el ridículo de Canadá o Reino Unido. Hace unas semanas, el primer ministro de Canadá denunciaba que EE.UU hacía peligrar “un orden basado en reglas”. Aunque avisábamos de la hipocresía canadiense, el apoyo de hoy a la violación de la Carta de Naciones Unidas demuestra que Canadá sigue sin una política exterior clara e independiente y se arrodilla ante EE.UU y su permanente amenaza a la paz y seguridad internacional. Igual que Alemania. El líder británico, por su parte, ha hecho lo propio. Apoyar diplomáticamente a EE.UU e Israel ante la agresión. En este caso, Starmer es un líder ignorado en el mundo y despreciado por su población. Entre otras cosas, por su apoyo al genocidio sobre el pueblo palestino. Y es que, en las democracias, la violación de las normas internacionales básicas se paga. Pregunten a Biden.

8. En España, el Gobierno se divide. Sánchez condena la agresión a Irán, poniendo a España en cabeza occidental de defensa del orden jurídico internacional, pero condena la legítima defensa del país persa, ignorando ese Derecho internacional que dice defender. Nada dice sobre el uso de las bases sobre el territorio o el espacio aéreo. A su izquierda, los partidos de Sumar son mucho más claros. Condena inequívoca de la agresión. Más a la izquierda, Podemos, libre de ataduras gubernamentales, se atreve a proponer cambios: salir de la OTAN, defensa europea, cierre de las bases militares estadounidenses y ruptura de relaciones (es increíble que todavía existan) con Israel. Ninguna de sus peticiones se va a cumplir, pero abren el campo del discurso político y las alternativas.

9. La derecha española, y la ultraderecha, vuelven a 2003, cuando estaban en el mismo partido. Y vuelven también al mismo discurso. Apoyo sin fisuras a las guerras ilegales en Medio Oriente, sumisión cobarde a Estados Unidos y seguidismo del sionismo criminal. Afortunadamente, no están en el gobierno. La última vez que nos metieron en una guerra, la consecuencia fue el 11M. Nunca han pedido perdón a familiares de asesinados y heridos. 

10. ¿Y el pueblo iraní? A nadie le importa. No al salvaje régimen iraní, no al hijo del antiguo sha, dictador sanguinario colocado por EE. UU., no a Estados Unidos o Israel. Nos dicen los agresores que quieren un cambio de régimen. Es falso. No se salva a un pueblo aniquilándolo. Este salvaje ataque parece reforzar, sin embargo, al gobierno autoritario. Nada une más a un pueblo que un ataque del enemigo exterior. La oposición democrática (que no quiere al “nuevo” sha), está desactivada y puede verse como traidora (gracias a Trump y Netayanhu) si apoya el ataque.El pueblo persa es orgulloso. Puede no querer a su gobierno y, al tiempo, no admitir que arrasen su país para colocar a otro dictador. Trump prefiere una guerra civil, lo que sería un desastre humanitario. No parece probable una invasión terrestre, precisamente porque el pueblo se defendería. De producirse, nos acercaríamos peligrosamente a otro genocidio. Sin duda, a decenas de miles de muertos entre todos los bandos. Defender la libertad del pueblo de Irán empieza por condenar que sean bombardeados y asesinadas. También,denunciando siempre la persecución y asesinatos de la oposición. Ninguna guerra de agresión ha liberado a pueblos. Los ha condenado a otra dictadura.

Si han llegado hasta aquí y esperan una solución, lo siento, sólo hay una y no es nueva: diplomacia, rechazo social y político a las guerras y las agresiones, y reforzar la ONU como centro de la paz y seguridad mundial. Salgamos de nuevo a las calles. Hemos debilitado en los últimos años la institución que ha garantizado que no hayamos vivido una Tercera Guerra Mundial. Miremos los resultados y volvamos al multilateralismo en el sistema ONU. 

Ander Gutiérrez-Solana Journoud es profesor de Derecho Internacional Público UPV/EHU

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Esta semana hemos asistido en Davos al discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, considerado histórico por mucha prensa generalista, por ser certero en el análisis y un cierre del “viejo orden mundial basado en normas”. Un calificativo, el de histórico, algo exagerado pues Carney no propone cambios de fondo, aunque sí de alianzas.

Un discurso tan sincero como hipócrita

Honesto con la actualidad internacional, Carney ha sido también muy hipócrita. No ha reconocido que, lo que llama “viejo orden”, no es que ahora sea injusto, sino que las injusticias inherentes a él, ahora dañan a Canadá. De ahí su reclamo de un mundo basado en valores y normas, sin hegemonías. 

Estas llamadas al respeto del Derecho internacional significan dos cosas. Por una parte, que sigue gozando de un apoyo mayoritario en el imaginario, pues marca las líneas rojas que aseguran la coexistencia pacífica. Esas reglas, inspiradas en la Carta de la ONU, no han cambiado en 80 años. Ni en la Guerra Fría; ni en la posterior hegemonía de EE. UU., finalizada en 2003 con la ilícita invasión de Iraq; ni en este periodo de reconfiguración de los equilibrios, con dos superpotencias, China y EE. UU., y un reguero de potencias medias, como Rusia, la UE, Brasil, India o Sudáfrica.

En segundo lugar, que el nuevo orden mundial, el que fija el reparto de poder, se decidirá sobre las reglas clásicas del Derecho internacional. Los “órdenes mundiales” cambian porque son fruto de su momento histórico. Y ese cambio puede venir desde el derecho o contra él.  

Carney afirmaba que ahora “el orden basado en normas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que deben». Evidentemente, los débiles ya conocían esta realidad y no es nueva. El líder canadiense no ha reconocido la participación de su país en las injusticias, pero sí reconoce que “prosperó” bajo el mismo orden.   

Canadá ha participado, con EE. UU., en el genocidio en Gaza, colaborando con Israel; y en las guerras ilegales (por distintas razones) en Kosovo, Afganistán, Siria o Libia. Canadá, este mismo mes, no ha condenado la agresión a Venezuela. Carney reclama en su discurso el mantenimiento de los principios jurídicos que ordenan el Derecho internacional, a saber, “prohibición de uso de la fuerza, integridad territorial, soberanía, independencia, derechos humanos y cooperación”. Pero es incapaz de denunciar y reaccionar cuando todos ellos son violados.

Cualquier estudio objetivo de los conflictos internacionales en los últimos 30 años situará a la OTAN en el centro de la belicosidad mundial. Esa otra evidencia de la que en Occidente no queremos hablar. Carney, cuando habla de crear un “nuevo orden”, no se atreve a proponer el desmantelamiento de la OTAN. Al contrario, se reafirma en su adhesión a la misma. Cuando Europa y Canadá entiendan que la OTAN no necesariamente les ha protegido nunca, es posible que sí se inicie un cambio de era basado en las mismas normas de Derecho internacional que ya tenemos, pero más justo y equilibrado. Eso sí sería histórico. 

La propuesta de Canadá: más Derecho internacional

El “nuevo orden” que propone Carney es un mayor respeto al mismo sistema jurídico. Insiste, varias veces en su discurso, en apoyar un modelo basado en los principios y procedimientos que ya existen. No enmienda el Derecho internacional, sino que lo abraza. Una forma suave de reconocer que, hasta ahora, no lo hacían del todo. Una gran noticia.

Canadá se suma a lo que ya hacía el Sur Global, con Brasil, Sudáfrica, México, Colombia y, en menor medida, India, a la cabeza. Con más fuerza aún, los Estados pequeños y empobrecidos, los que necesitan el Derecho internacional para existir. 

Este EE. UU. de Trump ha reculado cada vez que el propio Canadá, México, Brasil o China han respondido a las amenazas en su contra, y su valentía les honra, con represalias, previstas en las normas internacionales. Trump solo sale victorioso de los encontronazos con la UE y el Reino Unido porque practican la técnica, estúpida ante un matón, de la distensión. Y Carney, sin duda un firme defensor de las represalias pacíficas, ha comprobado que funcionan. 

El primer ministro canadiense acusa a las “potencias” de desmontar el viejo orden mundial. Lo dice en genérico, pero sabe que esa estrategia es la estadounidense, no la del resto. Ni tan siquiera la de Rusia, potencia media también, que no puede liderar ningún cambio de calado. China no está jugando a eso y Carney lo sabe (y por eso pacta con ella). China defiende un orden basado en reglas comunes y previsibles, porque su forma de ampliar su influencia no es agresiva. 

¿Qué propone entonces Canadá? Propone, en lo jurídico, más cooperación, más diplomacia, más tratados internacionales, mejores organizaciones internacionales y más multilateralismo. Propone “inversiones colectivas”, “normas compartidas”, “diferentes coaliciones para diferentes cuestiones basadas en valores e intereses comunes” y “crear instituciones y acuerdos que funcionen tal y como se describe”. Es decir, construir más normas de Derecho internacional, partiendo de las existentes, que sean más efectivas, menos injustas.

En definitiva, Carney no viene a proponer un cambio jurídico internacional. Su discurso suena nuevo porque es un líder occidental. Es nuestro eurocentrismo el que nos ha impedido ver lo que ocurría. Canadá y la UE están sorprendidas ante la arrogancia y la violencia de EE. UU. El resto del mundo, no.

Carney no se atreve a romper del todo con EE. UU., pero sí hace una cosa crucial: anuncia públicamente el fin de la hegemonía estadounidense, también en el bloque occidental. Le niega el bilateralismo que Trump anhela, y exhorta al resto a seguir esa vía.  

Plantea un multilateralismo económica y militarmente neoliberal, favorable a las grandes empresas. En lo geopolítico, una suerte de “no alineamiento” frente a las potencias, siguiendo las propuestas del candidato de izquierda a la presidencia francesa, Jean Luc Melenchon. Tal vez las llamadas del Sur Global sobre un futuro con normas y valores respetados lleguen tanto a los liberales canadienses y los “rojos” europeos. Sería un inicio.

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