Te dejamos el audio de la entrevista con nuestra abogada Marisa Dávila: Tenemos notición!!! Por fin nos ha llegado la sentencia, y la audiencia nos ha dado la razón , ¡¡¡HEMOS GANADO!!! La Junta de Andalucía utilizó retorcidamente digamos, las… Leer más

Radio Almaina - Victoria de Radio Almaina contra la junta de Andalucía y Rueda de Prensa en la puerta de la Audiencia, en Plaza Nueva, el próximo 7 de abril a las 13h

Por fin nos ha llegado la sentencia, y la audiencia nos ha dado la razón , ¡¡¡HEMOS GANADO!!! La Junta de Andalucía utilizó retorcidamente digamos, las herramientas de la ley para intentar censurarnos,( aunque en esto, no nos da la… Leer más

Radio Almaina - Especial sentencia contencioso administrativo de Radio Almaina contra la Junta de Andalucía

• Para la Plataforma resulta imprescindible la restauración y recuperación ambiental integral tanto del cauce como del dominio público hidráulico del río Guadiamar, así como de una amplia zona transformada por la actividad agrícola, para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra España dictada en 2021 por la insuficiente conservación de los acuíferos y de las zonas ZEPA en Doñana.
• Hace 27 años fue declarada de interés general la restauración integral del Guadiamar y aún no se ha ejecutado.

La Plataforma Salvemos Doñana, y Ecologistas en Acción como miembro de la misma, está a la expectativa de la presentación de las alternativas de actuación para la restauración del río Guadiamar que baraja el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dentro del marco de actuaciones para Doñana, que va con mucho retraso. Esta Plataforma ciudadana considera que la inclusión de este río en el Plan Nacional de Restauración, que está en elaboración, es imprescindible y una oportunidad para dotar de los recursos necesarios a la obra de bioingeniería que requiere el Guadiamar, considerado el río de Doñana, para recuperar su funcionalidad natural.

De cara a poder realizar una participación pública eficaz cuando las propuestas se hagan públicas, un nutrido grupo de miembros de la Plataforma Salvemos Doñana y miembros de la comunidad científica ha visitado el Guadiamar en el Espacio Natural Doñana al objeto de comprobar sobre el terreno el estado de los diferentes tramos en que quedó dividido, y con este conocimiento poder evaluar las alternativas para restaurar su funcionalidad natural.

Tras la visita al Guadiamar en Doñana, Salvemos Doñana concluye que la reconexión de la cuenca natural del río Guadiamar con los 8 kilómetros del tramo bajo del río que quedaron aislados, llamado Caño Guadiamar, es una actuación compleja pero indispensable para preservar Doñana que requerirá una obra de bioingeniería de gran presupuesto; devolver al río zonas drenadas para la agricultura hace varias décadas; recuperar y proteger terrenos de la marisma norte de Doñana; y garantizar la calidad óptima de sus aguas desde su cabecera.

En 1999 fue declarada de interés general la restauración y recuperación ambiental integral del cauce y del dominio público hidráulico del río Guadiamar y de una amplia zona transformada por la actividad agrícola, con una mejora de la calidad de sus aguas antes de su incorporación a la marisma. Al igual que ocurre actualmente con la construcción del AVE Sevilla-Huelva, la restauración integral del río Guadiamar, declarada de interés general hace 27 años y aún sin ejecutar, y debido a esa clasificación jurídica, requerirá a la administración pública establecer obligaciones específicas de servicio público que recaerán tanto en el sector público como en el privado.

La recuperación de los aportes del Guadiamar, río de la marisma fluvial de Doñana, y de la calidad de sus aguas, ha estado presente en las recomendaciones para la conservación y protección de este Humedal de Importancia Internacional y Patrimonio de la Humanidad de todas las últimas misiones tanto de UNESCO como de RAMSAR.

Por ello, la Plataforma requiere al Ministerio que aborde con un proyecto adecuado y la inversión necesaria esta obra de regeneración hídrica, prevista en el proyecto Doñana 2005, como obra imprescindible para satisfacer esas recomendaciones y, sobre todo, para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra España dictada de 4 de junio de 2021 “por la insuficiente conservación de los acuíferos y de las zonas ZEPA en Doñana”.

Salvemos Doñana pide a la Junta de Andalucía que apoye y defienda que el río Guadiamar sea incluido en el Plan Nacional de Restauración que están elaborando el MITECO y las Comunidades Autónomas para dar cumplimiento al Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, el cual tiene que entregarse a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de este año. La regeneración del río Guadiamar debe de integrarse en el plan nacional con el fin de asegurar la planificación, regulación y financiación, ya que la “restauración de la conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales correspondientes” así como de los Hábitats de Interés Comunitarios están previstas de forma explícita en la norma europea de aplicación conforme a la cual se está elaborando el plan.

Incluyendo la restauración integral de la funcionalidad natural del río Guadiamar y sus llanuras aluviales en el Plan Nacional de Restauración de España, el Gobierno central y la Junta de Andalucía estarían saldando una deuda con Doñana de hace 27 años y cumpliendo en una parte importante con el protocolo general firmado entre ambos en noviembre de 2023, que incluía la adopción de todas las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias respectivas para que concluya el procedimiento de infracción abierto contra España por la Comisión Europea por el incumplimiento de dicha sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

Juan Romero, portavoz de la Plataforma Salvemos Doñana y miembro de Ecologistas en Acción

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Se trata de una ley que viene a relevar a la ley de Gestión Integral de Andalucía, GICA de 2007 , y supone un grave retroceso de forma generalizada, porque:

1. A pesar de que se postule como un avance respecto a la ley anterior, no es una ley integral, porque la prevención, el control y la evaluación de los recursos hídricos quedan al margen, al igual que la ordenación territorial y lo relativo a la economía azul. Resulta incongruente que una Consejería que ha abandonado las competencias en materia de agua y de economía azul pretenda regular las actuaciones en esas tres áreas de forma integral y omnicomprensiva, cuando carece de la atribución de responsabilidades. La Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) debería incluir la gestión de los impactos hídricos, no solo al suelo y a la atmósfera, de forma que las autorizaciones en dominio público hidráulico se integren en la autorización ambiental unificada.
2. No deja de ser significativo la pérdida de la palabra “integral” que contenía la antigua GICA, revelando que se renuncia a integrar a todo plan, proyecto y programa en la perspectiva de la calidad ambiental.
3. No es seguro que la “simplificación administrativa”, con unas nuevas Autorizaciones Ambientales Unificadas Simplificadas, no vaya a representar un retroceso en garantías ambientales.
4. Las atribuciones del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente se limitan a “proponer, asesorar, impulsar,…”, sin poder intervenir en el diseño de las políticas ex ante, no a posteriori.
5. La participación pública en asuntos con incidencia medioambiental no establece ninguna herramienta previa de publicidad y de apertura de un proceso participativo con la sociedad sobre los proyectos, planes y programas objeto de evaluación ambiental y autorización ambiental, con lo que la “participación real y efectiva” se convierte en un simulacro. Además, se sugiere a todas las personas interesadas en los procedimientos de evaluación y de prevención ambiental a inscribirse en un Registro voluntario.
6. La fiscalidad ambiental se reduce a una mera concesión de posibles “incentivos” a las empresas con desempeño ambiental, obviando las múltiples fórmulas que tanto la Administración local como la autonómica tienen para favorecer conductas responsables y disuadir aquellas que ponen en riesgo el medio ambiente.
7. La ecoinnovación se limita a un escueto objetivo aspiracional, restringiendo la economía circular a una posibilidad y no una exigencia; las mejores técnicas disponibles no figuran como una herramienta de obligado cumplimiento para asegurar la producción limpia, solo se “procurará favorecer”.
8. Las contaminaciones acústica y lumínica no son objeto de restricción, solo de medición y “planes de acción” que se limitan a “afrontar cuestiones y determinar las acciones a realizar”. La contaminación lumínica y acústica se tratan con poco rigor, al no establecer límites, objetivos, medios o control para corregirlas, además de estar plagadas de excepciones que terminan de hacer esta ley ineficaz.
9. La constatación de la sobrecarga de trabajo de los servicios técnicos de la Consejería no va acompañada de medidas de refuerzo, sino de una externalización de funciones en entidades colaboradoras con la Administración, que podrán tener capacidades inspectoras. Significa un retroceso tremendo en la función disuasoria y preventiva de la potestad sancionadora de la Administración. Uno de los aspectos más negativos de la Ley es la sustitución de las labores hasta el momento encomendadas a la Administración Pública y, por ende, a sus funcionarios, de “actuaciones de verificación y control de las actividades” así como de las “tareas de vigilancia, el control y seguimiento, y apoyo a la inspección ambiental” a las entidades colaboradoras. Se trata de una PRIVATIZACIÓN del servicio público en favor de las entidades privadas. La norma se aleja de la responsabilidad que compete a la Administración Pública Andaluza. El aumento de actividades que podrán gestionar los ayuntamientos mediante declaraciones responsables, que reemplazan a la calificación ambiental, reducirán la carga administrativa municipal, pero pueden limitar las garantías ambientales.
10. La llamada en la nueva Ley prestación ambiental sustitutoria representa un abandono por parte de la Administración de su potestad y de su obligación sancionadora. Significa permitir a los infractores que eludan el pago o inflen presupuestos de proyectos de restauración, educación ambiental o mejora, dejando de ingresar en las arcas públicas el dinero proporcional al daño causado. Es muy peligroso recurrir a la fórmula de actividades de compensación de daños para sancionar conductas atentatorias contra el medio ambiente, sustituyendo el necesario castigo disuasorio por tareas restaurativas, de forma que se podría quitar la sanción que corresponda y sustituirla por restaurar. De aprobarse, las infracciones saldrían muy ventajosas, por mucho que enfatice la norma matiene la misma cuantía.
11. La LEGAM debería desarrollar la legislación relativa a la gestión de residuos, sin limitarse a mencionar la Ley estatal de 2022.
12. La Ley debería asegurar la Restauración del Espacio Natural Afectado por las Actividades o Actuaciones cuya evaluación, y autorización ambiental regulan. Ejecutar un Plan de Restauración e imponer un aval de restauración para asegurar que su realización se lleva a cabo, deberían estar incluidos en la Ley.

En definitiva, esta Ley que pretende “establecer un marco jurídico garante de un alto nivel de protección del medio ambiente”, dista mucho de esa finalidad; lo que sí consigue con esta Ley la Junta de Andalucía es establecer un alto nivel de protección de la actividad económica, ya que se suprimen controles, se privatizan otros y hace corresponsable de la protección a la propia sociedad civil, en un quitarse de en medio irresponsable. Ninguna de las sugerencias que Ecologistas en Acción introdujo en el anteproyecto de 2024 ha sido aceptada, ni siquiera contestadas. El deseo de que la ley “aspira a garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente” se quedará insatisfecho e incumplido.

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• El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la nulidad de la sentencia y ordena la repetición del juicio, incluyendo el enjuiciamiento de los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal.
• Estos graves delitos no se enjuiciaron por decisión del Tribunal, que solo condenó a dos de los acusados por denuncia falsa, el menor de los delitos por los que fueron denunciados por Juan Clavero y Ecologistas en Acción.
• Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por esta sentencia, que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Juan Clavero y Ecologistas en Acción, y que fue apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada el día 14 de octubre de 2024 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez.

La sentencia condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz, como autores criminalmente responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria. Asimismo se les condenó a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Juan Clavero Salvador en la suma de 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. La sentencia absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, y a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L.

La sentencia incluía como hechos probados que José Miguel Herrera Díaz, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., acordó con Manuel Alcaide que “participase en dicha ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera cierta cantidad de drogas en el vehículo de alguno de dichos miembros para, a continuación, avisar a la Guardia Civil y propiciar la apertura de las correspondientes diligencias penales”. Estos hechos son constitutivos de un delito de denuncia falsa, con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, que terminaron siendo reducidas por dilación indebida.

El Tribunal impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, que plantearon tanto la acusación particular ejercida por Juan Clavero, como la popular ejercida por Ecologistas en Acción. Ambas acusaciones solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar a Juan Clavero, que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas.

Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., pues quedó demostrado que su administrador, José Miguel Herrera, fue quien organizó la trampa para imputar a Juan Clavero como narcotraficante, y que admitió en el juicio que contrató a Manuel Alcaide como espía y, según reconoce la sentencia, para introducir cocaína en el vehículo de Juan Clavero.

Tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción anunciaron que recurrirían la sentencia ante el TSJA, como así hicieron, y ahora dicho tribunal les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción muestran públicamente su satisfacción por esta sentencia que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal. Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

Ecologistas en Acción espera que en el nuevo juicio se haga justicia y no quede impune ninguno de los implicados en esta trama.

Declaraciones de Juan Clavero valorando la sentencia del TSJA

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Doñana es una zona protegida del Sur de España, parada obligatoria para muchas aves migratorias, marismas llenas de biodiversidad, y mucho más, que merecen la máxima protección legal (Parque Nacional de España). También fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y para muchos es la mejor joya ecológica de toda Europa.

Un informe de WWF denuncia que los políticos españoles y andaluces lejos de no hacer nada para proteger esta joya, parecen interesados en destruirla. Actualmente hay demasiadas amenazas graves sobre Doñana. La primera es la desecación artificial: Doñana necesita agua para sus marismas, y los agricultores ilegales de fresas están extrayendo demasiada agua, mientras las autoridades miran para otro lado, año tras año. Según WWF, sólo un tercio de la superficie de riego cuenta con los permisos necesarios, habiendo unas 2.000 tomas de agua irregulares, y más de 2.000 hectáreas de cultivos en zonas forestales: Muchos campos de fresas han sido instalados cortando pinares públicos, sin los permisos adecuados. Unos pocos se enriquecen a costa de la Naturaleza, usando y descuidando bienes públicos, en clara competencia desleal para con los agricultores legales, que pagan por el uso del agua y del suelo. Para facilitar el trabajo a los políticos la organización ecologista WWF ha hecho un mapa con las agresiones y pozos ilegales que afectan a Doñana. ¿Lo tendrán en cuenta los políticos competentes o harán como con los pozos ilegales de Murcia?

Por otro lado, la construcción de edificios y el asfaltado de caminos obstaculiza la vida natural: Demasiados linces han sido atropellados ya en esas carreteras. Otro problema es el proyecto de dragado del río Guadalquivir que contaminaría gravemente las marismas de Doñana.

Por si fueran pocas amenazas, recientemente, alcaldes del PP firman un pacto para crear una carretera que bordee Doñana. España no necesita muchas más carreteras, pero en una zona tan sensible hay que tener especial cuidado. Ya no es sólo los destrozos materiales y la enorme extensión que toda carretera ocupa, sino también la contaminación ambiental, atmosférica, acústica, y paisajística, así como la muerte asegurada de billones de insectos que son la base alimenticia de muchas aves de Doñana. El impacto será brutal, aunque así no lo refleje la Evaluación de Impacto Ambiental que se haga (si es que se hace, pues ya sabemos que en Andalucía se puede construir cualquier cosa, en cualquier sitio… véase el impacto ambiental del hotel ilegal del Algarrobico de Almería, en pleno Parque Natural, aún pendiente de ser demolido, a pesar de varias sentencias judiciales sentenciando su ilegalidad).

No acaba aquí la cosa, aunque no quiero extender mucho más este artículo. WWF ha detectado más amenazas, como la masificación de romerías. Recuerdo que hace unos años, visitando Doñana, uno de los guardas del Parque se quejaba de la romería anual de El Rocío diciendo: “Todo el año cuidando el Parque como una joya, y una vez al año los rocieros pasan destrozando y ensuciando todo”.

Más recientemente, WWF denunció ante la fiscalía y ante la UE que lleguen a Doñana aguas residuales contaminadas y espumosas, a pesar de que las depuradoras están casi terminadas. La “falta de coordinación” de los políticos parece no tener límites… las imágenes son realmente impactantes.

Hasta la UNESCO ha amenazado con quitarle el título internacional de Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. No es extraño… aunque afortunadamente, la construcción de un oleoducto junto al Parque, que duplicaría el número de petroleros en las costas con el riesgo de accidentes y vertidos, ha sido vetado por el gobierno ante la incuestionable amenaza ambiental. El proyecto de refinería en Extremadura queda así hundido, esperemos que para siempre.

Para colmo, todos los años los rocieros destrozan y ensucian el Parque Nacional de Doñana, dejando a su paso un rastro de basura, incendios, y hasta caballos muertos por sed y agotamiento. No os perdáis este artículo.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Por lo menos, podemos escribir al Presidente de la Junta de Andalucía, a través de la web oficial (www.juntadeandalucia.es)

Son plantas espontáneas u oportunistas, plantas salvajes (silvestres, no cultivadas) que surgen sin ayuda, sin voluntad o mediación directa del ser humano. Son inesperadas, autóctonas, o alóctonas. Si nacen en los cultivos (plantas arvenses) algunos las llaman “malas hierbas” porque no son deseadas. Pero no son realmente malas, pues tienen efectos beneficiosos, tales como atraer insectos polinizadores, conservar la biodiversidad, restaurar ecosistemas alterados, frenar la erosión, almacenar tóxicos, o ser plantas comestibles y medicinales (vídeo de Josep Pàmies).

Cuando nacen en la ciudad, a algunos les molestan, incluso aunque no tengan efectos negativos destacables. En este tipo de plantas espontáneas urbanas, podemos distinguir dos tipos de lugares que pueden colonizar: a) Tierra en la que el ser humano pretende hacer crecer especies cultivadas (alcorques de árboles, macetas, parques y jardines…) b) Lugares en los que a priori no se esperaría que pueda crecer una planta, ya que no hay en principio espacio para las raíces ni condiciones favorables para que crezca una planta.

Las plantas que crecen en el primer terreno ya fueron defendidas en un artículo anterior. Este artículo fotográfico queremos dedicarlo a esas plantas que, inesperadamente, aprovechan las que consideramos escasas oportunidades para nacer, crecer y, en muchos casos, también florecer. No sólo sin ayuda del ser humano, sino que hay que añadir que a pesar de las dificultades que éste les plantea.

Estas plantas suelen ser hierbas anuales o bianuales, de crecimiento rápido, con alta producción de semillas, y nitrófilas (viven en ambientes fuertemente nitrificados, como lo son los suelos urbanos). En la flora ruderal ibérica dominan las compuestas (margaritas en general), leguminosas (como los tréboles), y gramíneas (como la avena loca). Al parecer, la globalización también afecta a este tipo de flora, y en todo el mundo predominan tan sólo unas pocas familias.

Veamos unas cuantas fotos, para maravillarnos con el poder de la Naturaleza para colonizar los sitios más insospechados, y que nos invita a una sencilla reflexión… ¿Cuántos años tardaría la Naturaleza en cubrir una ciudad o una carretera abandonada?

Pasa el ratón para ver más información, y pincha en una foto para verlas a mayor tamaño.

NOTAS:

1. 1. Nombre según Florandor. sp. = especie exacta desconocida, sólo identificada por su género. cf. = confírmese (especie dudosa).
   2. Todas las fotos han sido tomadas en la provincia de Málaga (principalmente la capital), durante la Primavera 2013.
   3. Con la ayuda de algunos botánicos hemos intentado identificar las especies, pero no es fácil pues hay muchas especies comunes y similares entre sí, tales como el senecio (Senecio vulgaris) y la lechuga silvestre (Lactuca virosa). Un pariente de la primera es el Selecio jacobaea, otra planta ruderal que causa la muerte a caballos y ovejas si es ingerida. El diente de león (Taraxacum officinale) es una planta que no existe en Andalucía, aunque hay especies similares.
   4. AGRADECIMIENTOS por su colaboración en la identificación de las plantas a Óscar Gavira (Andarríos), y José Alberto Robles (silencioverdeimagen.blogspot.com.es).

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• Silvia Matesanz, y Fernando Valladares (CSIC): Plantas ruderales. Investigación y Ciencia. Marzo 2009.

El objetivo principal del manual de resistencia de Pedro Sánchez es resistirlo todo. Pareciera una tautología –y, por tanto, redundante–, pero resistir, en política, es un asunto serio. No consiste simplemente en esperar a verlas venir. Por ejemplo: hay que resistir los ataques de los rivales políticos y de la opinión pública ante la corrupción de un secretario de organización, o incluso de un par de ellos.

También hay que poder pactar con quienes en el pasado fueron señalados como enemigos de la patria, mientras se intenta consolidar el relato de que quien la defiende eres tú, y no los que vendrán. Mantener la disidencia interna a raya ayuda, siempre que se conserve la apariencia de diálogo y talante. Sobre todo, la apariencia.

Por si fuera poco, aun haciendo todo eso –y haciéndolo bien–, la resistencia no está garantizada. A Sánchez no le basta con sobrevivir de forma aislada: sus socios de coalición también deben hacerlo. Y eso, a día de hoy, se antoja todavía más complicado.

2026: comienza la carrera de obstáculos

El futuro no está escrito, pero tampoco es un lienzo en blanco. Está condicionado por el presente, y cuanto más cerca está ese futuro, mayor es la dependencia. Traducido a términos políticos, el camino de Pedro Sánchez para llegar a las elecciones generales está plagado de piedras, barrancos y controles policiales. Ahora bien, en política representativa un año puede ser mucho tiempo. Siempre hay margen para equivocarse, y todavía más cuando la alternativa al sanchismo la lidera un sofista mediocre colega de un narcotraficante.

La fecha límite para la celebración de las elecciones generales es el 22 de agosto de 2027. De agotarse la legislatura, todavía quedaría más de un año y medio para la decimonovena «fiesta de la democracia» tras el franquismo. La pregunta es si Sánchez será capaz de llegar hasta ahí o si se verá forzado a convocar elecciones anticipadas. Y, sobre todo, qué obstáculos deberá sortear para hacerlo con alguna opción real de disputarle el poder político a la extrema derecha.

8 de febrero de 2026 – Elecciones autonómicas en Aragón

Aragón será la primera cita y, como suele ocurrir con las primeras, servirá más para marcar clima que para repartir poder real. No es una comunidad decisiva en términos aritméticos, pero sí un buen termómetro del estado anímico del PSOE fuera de sus plazas más protegidas. Allí, donde el partido conserva una implantación reconocible pero debilitada, Sánchez ha decidido intervenir directamente.

Lo ha hecho colocando al frente de la candidatura a Pilar Alegría, hasta hace poco portavoz del Gobierno, forzando su salida del Ejecutivo. No se trata de un relevo discreto ni de una transición orgánica, sino de un movimiento visible y deliberado, pensado para concentrar foco y disciplina en una comunidad donde el PSOE no despega por inercia. Alegría llega con el encargo de recomponer un espacio político erosionado, en un contexto de fragmentación a la izquierda y con el PP gobernando sin sobresaltos.

El resultado, sea cual sea, tendrá lectura nacional. No tanto por lo que se gane o se pierda en Zaragoza, sino porque marca una pauta que se repetirá después en otros territorios. Como ocurrirá en Andalucía, Sánchez parece asumir que algunas batallas autonómicas solo pueden librarse trasladando parte del Gobierno al terreno y aceptando que el coste de hacerlo forma parte del precio de seguir resistiendo.

Marzo 2026 – Elecciones autonómicas en Castilla y León

Castilla y León será el siguiente revés para el PSOE autonómico y, por extensión, para el partido en su conjunto. La reedición del gobierno de coalición entre PP y Vox, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, se da prácticamente por hecha. Y eso pese a que el PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2019 con 35 diputados, seis más que el PP. En 2022, en cambio, los populares quedaron primeros con 31 escaños frente a los 28 socialistas.

Para que a Sánchez no se le atragante Salamanca, bastaría con reducir distancias. Para ganar oxígeno de verdad, necesitaría algo mucho menos probable: un vuelco electoral que, aun sin permitir al candidato socialista Carlos Martínez alcanzar la presidencia –el bloque de la derecha mantiene un margen amplio–, serviría como golpe de efecto. Impactante. Improbable.

La resolución de la Ley de Amnistía y el regreso de Puigdemont

Si el Gobierno sigue en pie y Junts per Catalunya no ha roto todavía con Pedro Sánchez, no es por afinidad ideológica ni por una súbita vocación de estabilidad institucional. Es por la Ley de Amnistía. La legislatura entera gravita alrededor de esa promesa, y todo lo demás –los amagos de ruptura, las advertencias públicas, la teatralidad parlamentaria– responde más a la necesidad de marcar perfil que a una voluntad real de romper la baraja.

Junts acepta el desgaste por su flanco derecho y la sangría constante hacia Aliança Catalana a cambio de una expectativa concreta: cerrar el frente judicial abierto desde 2017 y permitir el regreso de su líder. Pero ese movimiento tiene un coste elevado para Sánchez, y no se limita al ruido de la derecha ni a la ofensiva mediática permanente. La amnistía erosiona también por dentro. Entre una parte del electorado socialista que no acaba de asumirla como un mal necesario y entre dirigentes territoriales que no están dispuestos a pagar ese peaje en sus comunidades. Emiliano García-Page ha sido el más explícito, aunque no el único.

En ese contexto, el eventual regreso de Carles Puigdemont no será solo una imagen de alto voltaje simbólico, sino la confirmación de algo más incómodo: que la resistencia también desgasta a quienes resisten. La amnistía puede ser condición necesaria para sostener la legislatura. Difícilmente será un activo electoral. Y eso, en Moncloa, lo saben desde el primer día. Todavía no hay una fecha concreta, aunque se espera que la resolución del Tribunal Constitucional llegue durante el primer trimestre de 2026.

Junio de 2026 – Elecciones autonómicas en Andalucía

Al PSOE le duele Andalucía. Como en la típica escena de una película barata de detectives, se encuentran delante del cadáver mientras se preguntan, anonadados, cómo pudo suceder algo así. Antaño principal feudo socialista, cuna del felipismo y cantera de cuadros orgánicos del principal partido de España, Andalucía pasó de ser una base sólida a un problema estructural.

La mayoría absoluta de Juanma Moreno en 2022 certificó ese cambio de ciclo. Y, como en Aragón, Sánchez ha decidido quemar otra carta de alto valor, repitiendo una estrategia que ya no es táctica, sino defensiva: enviar a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a encabezar la candidatura socialista. Sacarla del núcleo duro del Gobierno no es un gesto menor. Es admitir que Andalucía no se recupera con perfiles intermedios ni con discursos amortiguados. El problema es que incluso esa jugada llega con el terreno ya muy erosionado. Aun mejorando resultados, desalojar al PP parece fuera de alcance. Y una nueva derrota, por ajustada que sea, consolidaría una idea peligrosa para Moncloa: que el PSOE no solo perdió Andalucía, sino que todavía no ha terminado de entender por qué.

Resistir hasta lo desconocido y más allá

Así de complicado es el camino que tiene Pedro Sánchez para llegar hasta agosto de 2027. Y eso sin mencionar que, al final de esa ruta, se abrirá un nuevo ciclo electoral con las elecciones municipales y otras tantas autonómicas. Eso, en todo caso, lo analizaremos el año que viene…si es que Sánchez todavía sigue resistiendo.

La entrada El camino de piedras de Sánchez hasta las elecciones se publicó primero en lamarea.com.

Tras varios meses de negociación, y con apoyo de la asamblea, el sindicato ATA decidió ir a la huelga

De las 1.565 nuevas cooperativas creadas en 2024, un 78% (1.227) son cooperativas de trabajo asociado, responsables de casi 3.000 nuevos empleos cooperativos

El entresijo de las eléctricas y su grado de mercantilización, un bien común que igual que otras necesidades esenciales de la población es una mercancía en nuestro sistema capitalista

Acto por el aniversario del tripe asesinato de los jóvenes Luis Cobos, Luis Montero y Juan Mañas, 'Caso Almería'