El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución con 123 países a favor, 52 abstenciones y 3 votos en contra en la que se “declara que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos constituyen el crimen de lesa humanidad más grave”. La iniciativa fue impulsada por Ghana, con el respaldo de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, y culminó con la aprobación de una resolución de enorme trascendencia, resultado de años de trabajo diplomático y avances progresivos a través de diversos instrumentos internacionales. Esta declaración va más allá de lo simbólico. Describe la esclavitud como un sistema “de escala, duración, naturaleza sistémica y consecuencias perdurables” y abre la puerta a medidas como disculpas formales, restitución o indemnización.

No creo que merezca la pena detenerse en el análisis de los tres votos en contra de Estados Unidos, Israel y Argentina como un emergente “eje del mal” que viene mostrando sin complejos su rechazo absoluto al derecho internacional y al multilateralismo. Sin embargo, debemos detenernos en los argumentos del bloque abstencionista, fundamentalmente los Estados de la UE y, más concretamente, en lo que respecta a la abstención de España. No obstante, ambas posiciones, por muchos matices que se quieran introducir, tenían como principal propósito cerrar la puerta a la justicia reparativa. Los argumentos no difieren. Con estas palabras los expresaba el embajador de Estados Unidos: “[EE. UU.] no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron”.

A mi juicio, la abstención de los países de la UE, y especialmente de España, es injustificable y merece una crítica severa a la luz de la argumentación resumida en el Informe del Servicio Europeo de Acción Exterior.

«Jerarquizar tragedias históricas»

El punto de partida es la unánime condena de la esclavitud y el comercio de esclavos para a continuación justificar la abstención con argumentos técnicos como la inseguridad jurídica, principio de legalidad y la irretroactividad de las normas internacionales, aunque también se esgrimieron argumentos de carácter político, como el temor a “jerarquizar tragedias históricas”. Pero este razonamiento es sumamente débil. Reconocer la magnitud de la esclavitud no minimiza ni relativiza, en absoluto, la dimensión de otros crímenes, entre ellos el Holocausto. O incluso adoptar una posición defensiva ante referencias históricas, considerando que podrían generar divisiones, algo más que llamativo ¿Caben otras interpretaciones de este crimen atroz?

Volviendo a los argumentos de la abstención, parecen ignorar que el derecho internacional contemporáneo se ha construido precisamente sobre la idea de que ciertos crímenes, los más graves, trascienden su momento histórico. Por otro lado, olvidan que actos como la esclavitud racializada de los africanos en todo el mundo son criminales per se, independientemente de que no hubiera ley que los prohibiera e incluso antes de que fueran codificándose de forma progresiva, desde las bulas papales hasta su abolición. El precedente de los juicios de Nuremberg neutralizó el principio de legalidad como argumento frente a la comisión de crímenes masivos.

Además, en lo que respecta a la posición de España, podríamos decir que es una preocupante regresión respecto a sus propios compromisos y una contradicción con el liderazgo que está asumiendo en la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos. En la Declaración de Durban de 2001, se reconoció que la esclavitud es un crimen que «siempre debería haberlo sido». Si hace dos décadas España votó a favor de esta resolución ¿por qué se abstiene en 2026? La respuesta es incómoda: el miedo a las posibles implicaciones de la declaración. Aunque no sea vinculante, marca una dirección. Va más allá del simbolismo, legitimando el debate sobre las reparaciones que muchos Estados europeos prefieren evitar, entre ellos España. No por inseguridad jurídica, sino por sus posibles consecuencias políticas y económicas.

Otra de las cuestiones trascendentales es la persistencia de los efectos derivados de la esclavitud hasta hoy. Concretamente, se declara que “las secuelas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos persisten hoy en día en forma de racismo estructural, desigualdades raciales, subdesarrollo, marginación y disparidades socioeconómicas que afectan a los africanos y a las personas afrodescendientes en todas las partes del mundo”.

La contradicción de España

La contradicción es evidente. España reivindica el derecho internacional como herramienta para exigir responsabilidades en conflictos actuales, pero se muestra reticente cuando ese mismo marco apunta hacia su propio pasado. Es un doble estándar de difícil justificación, más aún cuando la resolución tampoco concreta las medidas de reparación ni redefine automáticamente las obligaciones de los Estados. Difícil explicación tiene, quizás por este motivo no encontremos ni comunicado ni declaraciones al respecto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Como muy bien señala la Red Europea contra el Racismo, la postura de la UE abre una brecha entre sus «compromisos políticos y la acción significativa en justicia racial» y refleja una «renuencia a confrontar el papel histórico y actual de Europa en el racismo estructural».

La trata transatlántica de esclavos no solo fue por su dimensión “el crimen más grave contra la humanidad”, sino que esta atrocidad histórica es la base del racismo estructural y las desigualdades que persisten hoy en día. La abstención de la UE y de España es injustificable desde cualquier punto de vista. Ni los tecnicismos falaces ni el posible alcance de esta resolución en el futuro justifican una posición defensiva e incoherente que, en realidad, no es más que un escudo contra la justicia reparativa. No dudo que la abstención en este caso no es sinónimo de neutralidad, pero ante los crímenes contra la humanidad no debería caber ni la ambigüedad ni los cálculos políticos, económicos o de cualquier otro tipo por parte de los Estados

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A principios de marzo se presentó la iniciativa de cooperación militar multilateral denominada “Escudo de las Américas” promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.  La iniciativa se anunció con una épica casi cinematográfica: una cruzada contra el narcotráfico, en la que se propone, además de compartir inteligencia militar, la posibilidad de coordinar operaciones para desmantelar los cárteles de la droga. Nada nuevo, por otro lado, ni una cuestión ni otra.

El llamado “Escudo” (Shield of the Americas, con tipografía propia de un cartel de una película de superhéroes) reúne a un grupo de gobiernos abiertamente alineados con las políticas de Trump que, como resulta obvio, deja fuera a México, Colombia o Brasil. No hay forma de revestir la realidad: lejos de ser un nuevo instrumento de cooperación regional, esta nueva iniciativa es poco más que una “foto de familia” en la que EE. UU. se exhibe con todos los gobiernos que comparten los dogmas del trumpismo, donde la geopolítica y la denominada “doctrina Donroe” se disfraza burdamente de lucha contra el narcotráfico.

Pese a su nombre grandilocuente, parece evidente que no asistimos al surgimiento de un nuevo proyecto de cooperación regional ni a un esfuerzo serio por abordar el problema del narcotráfico. Es, más bien, una operación política envuelta en retórica securitaria, diseñada para recomponer la influencia de Estados Unidos en América Latina a través de gobiernos afines, dependientes y dispuestos a asumir costes políticos y sociales en nombre de una supuesta “guerra contra la droga” que, en realidad, sirve a otros intereses. También tiene la pretensión de lanzar un mensaje al mundo de que hay un cambio de rumbo en América Latina y se presenta como una nueva alianza de gobiernos alineados con ese nuevo orden que trata de imponer Estados Unidos.

Por otro lado, desde su planteamiento inicial, el proyecto revela su inconsistencia al excluir a actores clave en sus propios fines como México o Colombia, países centrales en cualquier estrategia contra el narcotráfico. Esta ausencia es una decisión política: el “Escudo” no busca integrar, sino seleccionar y alinear. Se trata de una coalición de gobiernos ideológicamente próximos a Trump, más preocupados por exhibir su fuerza junto al poderoso que por construir un instrumento de cooperación efectivo para sus fines. Podría afirmarse que el verdadero objetivo de esta iniciativa, en realidad, es reconfigurar el mapa de alianzas en la región, reforzando eso que el propio gobierno de Estados Unidos ha calificado como su “área de influencia”.

Por otro lado, el discurso de “mano dura” frente al crimen organizado tampoco es nuevo ni especialmente sofisticado. América Latina lleva décadas aplicando políticas represivas contra el narcotráfico con resultados, como mínimo, cuestionables: aumento de la violencia, fortalecimiento de las redes criminales y una profunda erosión institucional. El plan es volver a ese mismo esquema, ahora bajo un nuevo nombre y con un evidente sesgo geopolítico.

En este contexto, el “Escudo de las Américas”, al igual que otros planes, en la práctica se concretará en más presencia militar de Estados Unidos y en la injerencia en asuntos internos, con los efectos ya conocidos sobre la población de las zonas en las que se despliegan, sin un impacto significativo en su principal objetivo: la lucha contra los cárteles de la droga y, mucho menos aún, en el desarrollo económico y social. 

No es casualidad que los gobiernos más entusiastas con esta iniciativa compartan ciertos rasgos: liderazgos personalistas, persecución de la oposición política y la protesta social, militarización de la sociedad y reformas legislativas o medidas que restringen derechos de la ciudadanía. Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador o Javier Milei en Argentina, son unos clarísimos exponentes de una deriva autoritaria en sus respectivos países que se manifiesta, entre otros ejemplos, en la criminalización de la protesta social, la persecución de la oposición política, la militarización de la seguridad pública, recortes de libertades y en un debilitamiento de los contrapesos democráticos.

Resulta especialmente preocupante que este movimiento se produzca en un momento en el que, durante años, se habían impulsado, con mayor o menor éxito, proyectos de integración regional. Iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación latinoamericana, a reducir la dependencia externa y a construir una voz propia en el escenario internacional. El “Escudo de las Américas” avanza en la dirección opuesta: fragmenta, excluye y reintroduce lógicas de subordinación que parecían, al menos en parte, superadas. Si algo anuncia esta iniciativa no es una nueva estrategia contra el narcotráfico, sino la apertura de un ciclo político en el que la subordinación se presenta como pragmatismo y el autoritarismo como solución a todos los problemas.

Frente a esta deriva, la alternativa pasaría por recuperar ese impulso a través de instrumentos de integración y cooperación regional y, en lo concreto sobre esta iniciativa, disputar el sentido mismo de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Porque, de lo contrario, el “Escudo” no protegerá a las sociedades latinoamericanas, sino que terminará protegiendo, una vez más, los intereses de quienes nunca han tenido que pagar sus costes.

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Enrique López Cáceres es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.

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“Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá”. Con estas palabras, pronunciadas el pasado 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiso describir el momento histórico que atravesamos. Y añadió algo aún más significativo: que la Unión Europea “seguirá defendiendo el sistema basado en reglas”, pero que ya no puede confiar en él como única forma de proteger sus intereses.

Aunque posteriormente se haya intentado matizar, aclarar esa declaración, no puede obviarse su trascendencia. Las numerosas reacciones que ha suscitado reflejan hasta qué punto ha puesto sobre la mesa un debate central: el de la autonomía de la política exterior europea ante un “nuevo orden mundial” impuesto por Estados Unidos y caracterizado por intervenciones unilaterales, el uso de la coerción y de la fuerza, y la creciente erosión del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y del respeto al derecho internacional.

Quizá, en una primera lectura, estas palabras podrían interpretarse como una expresión de pragmatismo. Pero, en realidad, apuntan a algo mucho más profundo: la posibilidad de que la Unión Europea renuncie a que su acción exterior esté vertebrada por el derecho internacional. Dicho de otro modo, significaría aceptar que la política exterior europea se adapte al marco de la “ley del más fuerte” que pretende imponer Donald Trump. Además, esta idea no se deduce únicamente de las declaraciones mencionadas. De una u otra forma, ya había sido expresada por dirigentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz.

Todo lo que sintetizan estas palabras tampoco surgen de la nada. Reflejan una posición que desde hace años atraviesa a la Unión Europea: la progresiva subordinación a la estrategia global de Estados Unidos y la resignación ante un orden internacional cada vez más dominado por el unilateralismo. En ese contexto, más que marcar un rumbo propio, la Comisión Europea parece asumir el marco impuesto por Washington.

Este debate gira, al menos, en torno a tres elementos centrales, profundamente ligados entre sí: primero, la creciente subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos; segundo, el cuestionamiento de los valores fundacionales de la Unión; y tercero, la propia arquitectura política sobre la que se construyó el proyecto europeo, en un momento de inestabilidad internacional que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Respecto al primero, las sanciones extraterritoriales, las amenazas arancelarias contra aliados y adversarios o incluso las declaraciones sobre la posible apropiación o control de territorios estratégicos forman parte de esa lógica. Un modelo de relaciones internacionales en el que el derecho queda subordinado al poder y a los intereses económicos. Lamentablemente, la Unión Europea parece haber quedado “atrapada” en esa dinámica. A pesar de los intentos posteriores por matizar (o incluso rectificar) sus palabras, motivados por la controversia generada, las declaraciones de Von der Leyen terminan reforzando esa percepción de subordinación. Una imagen tan simbólica como la firma del acuerdo arancelario en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump resume bien esa relación de fuerzas.

En cuanto a las otras dos cuestiones, conviene recordar que el Tratado de la Unión Europea ancla su acción exterior en principios muy claros: el respeto al derecho internacional, la cooperación entre Estados, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. El giro que ahora se insinúa entra en contradicción directa con esos valores fundacionales, los pilares morales y jurídicos sobre los que se construyó el proyecto europeo.

La construcción europea también nació como una respuesta política y moral frente al fascismo, al militarismo y a la lógica de la guerra que había asolado el continente. Cuestionar hoy esos fundamentos supone, en realidad, poner en duda la propia razón histórica que dio origen a la Unión Europea.

Al mismo tiempo, el proceso de integración coincidió con el final del ciclo colonial de las grandes potencias europeas y con la aceptación de un orden internacional basado en reglas, articulado en torno a la Carta de Naciones Unidas y al principio de igualdad soberana entre los Estados. En ese sentido, la Unión Europea representó también la renuncia a las viejas lógicas imperiales que durante siglos marcaron la política internacional. El retorno actual a dinámicas de presión económica, control de recursos o apropiación estratégica de territorios recuerda, sin embargo, a formas de neocolonialismo que chocan frontalmente con ese compromiso multilateral.

Si el derecho internacional deja de ser el límite, lo que queda es la política de bloques, la presión económica y, en última instancia, la amenaza o el uso de la fuerza. El retorno a un orden internacional en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de las normas. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular a través de su portavoz, lo han entendido rápidamente: “Europa no tiene que quedarse en una esquina porque no se cumplan las normas”. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer Europa? Y si ya no se puede confiar en el derecho internacional, ¿qué debe sustituirlo? ¿La guerra?

El verdadero problema es que las posiciones favorables a construir una alternativa basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional siguen siendo minoritarias. En este sentido, el Gobierno de España se ha alzado como una de las principales voces del “no a la guerra”, defendiendo que la seguridad global no se construye con sanciones indiscriminadas, amenazas económicas o intervenciones militares preventivas, sino mediante negociación, acuerdos y respeto a la legalidad internacional.

Si Europa renuncia a defender el derecho internacional como fundamento de su acción exterior, estará renunciando a aquello que justificó su propia existencia. La Unión Europea nació de la convicción de que la política podía emanciparse de la lógica de la guerra y del dominio de los más fuertes. Abandonar ese principio significa aceptar que esa aspiración ha fracasado. Y si Europa acepta que el derecho internacional es una reliquia de un mundo que ya no existe, no solo estará adaptándose a un nuevo orden mundial: estará contribuyendo a consolidarlo. En ese mundo donde impera la ley del más fuerte, Europa no solo habrá perdido influencia. Habrá perdido aquello que justificaba su propia existencia.

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Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.

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Las recientes acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela representan algo más que un nuevo episodio de tensión bilateral. Constituyen un desafío directo al derecho internacional y una señal inquietante de hacia dónde puede evolucionar el orden mundial si se normaliza el uso unilateral de la fuerza. Ataques con drones, operaciones navales, interceptaciones de embarcaciones y amenazas de bloqueo han convertido al Caribe y al Pacífico oriental en un escenario de militarización sin precedentes.

El coste humano de esta escalada resulta especialmente alarmante. En los últimos meses, más de un centenar de personas han muerto como consecuencia de bombardeos y ataques contra embarcaciones llevados a cabo por fuerzas estadounidenses. Las víctimas eran civiles, ejecutados sin haber sido detenidos, juzgados ni sometidos a procedimiento alguno, lo que podría encuadrarse en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, prohibidas de forma absoluta por el derecho internacional.

El marco jurídico es inequívoco. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Solo se admiten dos excepciones: la legítima defensa frente a un ataque armado y la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Ninguna de ellas concurre en el caso venezolano. No existe mandato alguno que legitime un bloqueo ni ataques armados, ni se ha acreditado una amenaza inminente que permita invocar la legítima defensa. Lo que hay es una actuación unilateral que vulnera principios básicos del orden jurídico internacional.

Además de la prohibición del uso de la fuerza, la actuación unilateral de EE.UU. atenta directamente contra los principios de igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de otros países, que conforman la base de una convivencia pacífica entre Estados y sobre los que descansa el derecho internacional.

Sin embargo, tampoco debe resultar extraño si tomamos en cuenta el desprecio de Donald Trump hacia el sistema multilateral, desautorizando reiteradamente a Naciones Unidas, calificándolas de “organismo inútil” y defendiendo que Estados Unidos no necesita el aval de nadie para “defender sus intereses”. En relación con Venezuela, Trump ha sido aún más explícito. En diversas declaraciones públicas ha subrayado que posee “enormes reservas de petróleo” y que esos recursos “no pueden quedar en manos de enemigos de Estados Unidos”. Altos cargos de su administración han insistido en la necesidad de “proteger intereses energéticos estratégicos” en la región.

Cuando el uso de la fuerza coincide tan claramente con intereses económicos, el derecho internacional pasa a convertirse en un obstáculo incómodo. Como ha señalado el prestigioso jurista y exrelator de la ONU, Richard Falk, cuando las grandes potencias actúan al margen de las normas comunes “el derecho internacional deja de cumplir su función de contención del poder”.

La magnitud del despliegue militar estadounidense refuerza esta preocupación. Estados Unidos no concentraba tanto poder militar en la región desde los años ochenta, durante los conflictos en Centroamérica y la invasión de Panamá. Tampoco se recuerda, desde el final de la Guerra Fría, una presencia militar tan intensa y prolongada en el espacio marítimo frente a las costas de Venezuela y Colombia como foco de presión.

En la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, celebrada a petición de Venezuela, varios Estados denunciaron que las acciones estadounidenses violan la soberanía venezolana y socavan los principios fundacionales de la ONU. El representante de China fue especialmente contundente al advertir que “el uso unilateral de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad debilita gravemente el orden internacional basado en el derecho”.

No se trata de una discrepancia ideológica, sino de la defensa de normas mínimas que permiten la convivencia entre Estados, la estabilidad en la región y un aspecto clave, siempre olvidado, el impacto de estas medidas sobre la población civil. Los bloqueos de facto, las sanciones y las amenazas militares no castigan a los gobiernos, sino a las sociedades y, especialmente, a los grupos más vulnerables.

Pero hay una cuestión aún más profunda. Lo que ocurre en Venezuela puede interpretarse como un laboratorio de una reconfiguración del orden mundial. Como advierten varios analistas, como la politóloga Anne-Marie Slaughter, el abandono del multilateralismo solo “conduce a un mundo regido por esferas de influencia y por la ley del más fuerte”. Aceptar esta lógica implica asumir que el derecho internacional es prescindible cuando resulta incómodo y también normalizar que las grandes potencias puedan imponer su voluntad por la fuerza, fundamentalmente por sus intereses económicos.

Defender el derecho internacional hoy significa preservar las reglas que evitan que el mundo retroceda a la “diplomacia de las cañoneras” propia del imperialismo del siglo XIX. La actuación de Estados Unidos en Venezuela no solo vulnera la legalidad internacional, sino que apuntala un modelo de relaciones internacionales basado en el unilateralismo, la coerción y la fuerza, erosionando el sistema multilateral y sentando un precedente extremadamente peligroso para el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional.

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Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.

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