Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.

El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.

Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.

La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.

Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.

En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.

Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.

Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.

¿A qué se debe?

Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!

¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?

Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?

Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.

Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.

En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.

También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.

¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?

Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.

Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.

Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?

Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.

La entrada Hernán Fernández, creador de Buscar Combatientes: “Aún hay muchas trabas para acceder a los archivos de la represión franquista” se publicó primero en lamarea.com.

A todos los historiadores, académicos, profesores y estudiantes universitarios

Preámbulo. Cuando la historiografía renuncia a investigar

Existe un punto —bien definido, inequívoco— en el que la perseverancia en el error deja de ser un problema metodológico para convertirse en una anomalía ética y un engaño.

La reedición en 2025 de Anarquía i República a la Cerdanya (1936–1939) sitúa a Josep M. Solé i Sabaté exactamente en ese punto de no retorno: el de quien, disponiendo desde hace años de crítica fundada, documentación que desmiente sus interpretaciones y testimonios contrarios concluyentes, opta deliberadamente por no rectificar.

No estamos ante una discrepancia interpretativa legítima, ni ante un debate historiográfico abierto. Estamos ante la reiteración consciente de un relato obsoleto y falseado, sostenido desde finales de los años ochenta por la inercia institucional, la complicidad editorial y una red de silencios académicos que ha sustituido la controversia crítica por la repetición ritual del mito. La búsqueda de la verdad es sustituida por la defensa sectaria de una versión conveniente al nacionalismo catalán.

Que este relato haya sido calificado explícitamente de fábula por un historiador ceretano francés, Jean-Louis Blanchon —ajeno a los equilibrios, jerarquías y lealtades del mundo universitario catalán— no ha suscitado réplica alguna por parte de Solé Sabaté. Ese silencio no puede interpretarse como prudencia. Es una táctica deliberada. Y como tal, resulta profundamente reveladora de su inmovilismo.

La reedición de 2025: no revisión, sino blindaje

Treinta y siete años después de la primera edición de 1988, la reimpresión de 2025 se presenta como si nada hubiese ocurrido en el campo historiográfico desde entonces. El texto original se reproduce sin una sola corrección, sin notas críticas, sin diálogo alguno con la investigación posterior. No se trata de una tercera reedición crítica: es una reafirmación doctrinal. No se toma en consideración la edición en 2018 del libro Nacionalistas contra anarquistas en la Cerdaña de Gascón y Guillamón. Como si ese libro no existiera y, por lo tanto, como si jamás se hubiesen expuesto y publicado las numerosas y rigurosas críticas al libro de Pous y Sabaté. El silencio como constatación de su ignorancia factual y su dominio en el escalafón académico: ¡qué enorme error!

La incorporación de un capítulo suplementario —“Textos i documents afegits a la tercera edició”— cumple una función meramente ornamental. No revisa el núcleo del relato, no lo cuestiona, no lo somete a examen analítico. Su finalidad no es ampliar el conocimiento histórico, sino conferir una apariencia de actualización a un texto que el propio autor se niega obstinadamente a someter a revisión alguna. Nos encontramos ante la defensa a ultranza del dogma pro nacionalista y anti libertario.

Documentación exhibida, no analizada

El corpus documental añadido resulta, desde cualquier estándar metodológico mínimamente exigente, indefendible. Se amontonan informes policiales sin contextualización archivística precisa, recortes de prensa sin análisis de su filiación ideológica y traducciones de prensa extranjera utilizadas sin advertencia previa al lector, reproduciendo exactamente los mismos vicios ya señalados y criticados desde la primera edición de 1988 y la segunda de 1991.

La documentación no se trabaja: se acumula. No se construye un razonamiento histórico: se busca un efecto de saturación. El resultado es un cajón de sastre que no aporta ninguna prueba nueva y que, por el contrario, evidencia la incapacidad del autor para sostener su relato mediante un análisis riguroso.

Testimonios neutralizados: citar para ocultar

Particularmente grave es el tratamiento de los testimonios contemporáneos. La carta de Francesc Mill (POUM), conservada en el Archivo Comarcal de la Cerdaña, afirma sin ambigüedad que Antonio Martín no murió en combate, que no existió batalla alguna y que fue abatido en una emboscada organizada por milicianos del PSUC. Solé Sabaté reproduce el documento, pero silencia su significado.

Esta operación —citar sin interpretar aquello que desmantela el propio relato— no es un descuido ni una omisión casual. Es una maniobra consciente de neutralización. El documento se muestra, pero se le priva deliberadamente de toda capacidad explicativa.

El mismo procedimiento se repite con la carta de Manuel Cruells (1972), en la que se formulan preguntas que desmontan el mito de Bellver y se reconoce la implicación de miembros de Estat Català en la emboscada. Ninguna de estas cuestiones recibe comentario alguno. El testimonio queda reducido a un elemento decorativo, no a una fuente histórica.

Autoridad circular y legitimación en bucle

La utilización de historiador anglosajón Paul Preston alcanza aquí un grado de circularidad intelectualmente alarmante. Preston toma su referencia sobre Antonio Martín de la obra de Pous y Solé; Solé Sabaté devuelve la cita como aval externo. El lector no es informado de esta dependencia mutua. La autoridad no se contrasta: se recicla. La legitimidad no se demuestra: se fabrica por repetición.

Conclusiones. La fábula como política de memoria

Las dos últimas obras de Solé Sabaté no esclarecen el pasado: lo enturbian. Añaden capas narrativas, testimonios reciclados y documentación instrumentalizada para sostener una versión que ya no resiste el menor contraste serio con las fuentes.

Los hechos, por el contrario, son obstinados:
– no hubo batalla en Bellver;
– no hubo enfrentamiento abierto;
– hubo una emboscada;
– hubo un asesinato político: el de Antonio Martín Escudero.
– hubo, posteriormente, un mítico relato nacionalista construido a conveniencia propia, ininterrumpido desde 1937 hasta hoy.

Persistir en la versión de 1988 y 1991 ya no puede calificarse de error. Es una toma de posición. Cuando los documentos contradicen el relato y el relato permanece intacto, el historiador ha dejado de comportarse como tal.

La pregunta que Solé Sabaté lanzó en su día desde Querol contra Gascón y Guillamón —“¿hablan historiadores o ideólogos?”— regresa ahora con una respuesta incómoda y brutal. No porque a Gascón y Guillamón les falten documentos, como insinuaba Sole Sabaté, sino porque les sobran para certificar que el relato histórico nacionalista que demoniza a Antonio Martín y criminaliza a los anarquistas en la Cerdaña es pura fantasía y mala literatura.

Parafraseando a Menéndez Pelayo, nada envejece tan deprisa como un libro de historia que se niega a corregir errores o interpretaciones caducas. Pero aquí no es el libro lo que envejece hasta morir. Es la credibilidad de su autor.

Y, dado el peso académico y mediático del señor Solé Sabaté, cabe preguntarse si las universidades catalanas son conscientes del descrédito que les acarrea su silencio ante el escándalo de un profesor dispuesto a mantenerse en sus trece contra toda evidencia, rigor, investigaciones, documentos y racionalidad: en el discurso histórico de Solé Sabaté Antonio Martin deja de ser (en 1936-1937) un líder revolucionario anarquista, para convertirse en un asesino y la CNT ya no es una organización sindical, sino una asociación criminal. Tal infamia ya no puede sostenerse como relato histórico, porque ha sido rebatido totalmente de forma argumental, interpretativa y documental por Gascón y Guillamón. Solé i Sabaté debe rectificar. Y, si no lo hace, el medio universitario no puede permanecer mudo o indiferente. No puede ser cómplice.

Una responsabilidad colectiva ante la comunidad internacional

Este no es un asunto personal ni una querella académica doméstica. Es una cuestión de responsabilidad colectiva ante la ciencia histórica y ante la comunidad internacional de investigadores. Cuando una universidad tolera que un relato desacreditado se perpetúe por razones ideológicas, no compromete únicamente a un autor: se compromete a sí misma.

El problema ya no es Josep M. Solé i Sabaté. El problema es el entorno académico que lo ampara, lo reedita, lo prescribe y lo legitima mediante el silencio ¡o la financiación pública! Un silencio que, desde fuera de Cataluña, ya no puede interpretarse como prudencia sino como connivencia. Véase los artículos sobre la Cerdaña recogidos por la Kate Sharpley Library.

En cualquier otro contexto universitario europeo, la persistencia en una versión documentalmente refutada, como lo ha sido desde hace varios años en la web Ser Histórico, habría obligado, como mínimo, a una revisión crítica pública. Aquí, en cambio, se ha optado por el blindaje corporativo, por la clausura del debate y por la transformación de una fábula política en política de memoria oficial, Memorial Democrático mediante.

La historiografía catalana no puede aspirar a un reconocimiento internacional mientras confunda debate con silencio, silencio con desprecio a los críticos y convierta la crítica rigurosa en pretendido insulto y la rectificación en una especie de traición a la patria. Ninguna tradición académica madura se construye sobre la negación sistemática de la evidencia, ni sobre la protección de relatos útiles para determinadas ideologías, pero falsos.

Desde fuera de Cataluña, lo que hoy se percibe no es un debate historiográfico vivo, sino una disciplina encerrada en sí misma, incapaz de corregirse, y dispuesta a sacrificar el método para preservar el mito. Esa imagen —que ya circula en Francia, Reino Unido y Estados Unidos— no es fruto de una campaña externa: es consecuencia directa de decisiones académicas internas. Una historiografía ideológica nacionalista, promovida y protegida por las instituciones del gobierno de la Generalidad, versus una historiografía no institucional, veraz y científica: materialista.

Por ello, esta carta no interpela únicamente a un autor, sino a todos los historiadores, departamentos de historia, comisiones editoriales y universidades que, con su pasividad o complicidad, han permitido que una falsificación histórica se consolide como verdad académica aceptada. El descrédito no será individual. Será colectivo. Y será duradero. No se puede seguir sosteniendo el dogma antihistórico que criminaliza al movimiento obrero catalán y muy especialmente a la CNT.

La historia no solo juzga implacablemente a quienes falsean los hechos, sino también —y con especial severidad— a quienes, pudiendo corregirlos, prefieren callar o incluso fomentar la infamia y la falsedad.

Esta carta abierta apela a la conciencia y al sentido común de la comunidad historiográfica catalana. Aún no es demasiado tarde para evitar que el descrédito individual se transforme en un descrédito generalizado de las universidades catalanas.

 Antonio Gascón

Agustín Guillamón

Barcelona, febrero de 2026

BIBLIOGRAFÍA:

Artículos publicados en la web Ser Histórico

Gascón, Antonio y Guillamón, Agustín: De la infamia a la ignorancia y de la desmemoria al fraude. Web Ser Histórico (30/12/2019).

Gascón, Antonio y Guillamón, Agustín: La Agrupación de Defensa Ciudadana. Web Ser Histórico (6/10/ 2020).

Gascón, Antonio: Marzo de 1937, La CNT de Puigcerdà asalta el chalet de La Molina. Web Ser Histórico (6/06/2021).

Gascón, Antonio: Los primeros días de la revolución de 1936 en Puigcerdà, o la « Memoria» de » Jaume Palau Soldevila, alcalde por ERC. Web Ser Histórico (16/09/2023).

Gascón, Antonio: El 6 de octubre de 1934 en Puigcerdà, preámbulo de una tragedia. Web Ser Histórico (29/10/2023).

Gascón, Antonio: Un informe arroja nueva luz sobre los Hechos de ´Puigcerdà de 1937. Web Ser histórico (3/02/2024).

Gascón, Antonio: Benet Samper, uno de los encargados de atentar contra Antonio Martín Escudero. La otra historia. Web Ser Histórico (9/09/2024).

Gascón, Antonio: Un trabajo pone nombre al asesino de Antonio Martín Escudero: Emili Solé Cristofól. Web Ser histórico (21/12/2024).

Gascón, Antonio: El intento de asalto a Puigcerdà del 23 de abril de 1937. Web Ser Histórico (2/04/2025).

Guillamón, Agustín: Desconstrucció de les mentides i disbarats del monòlit de Puigcerdà. Web Ser Histórico (22/09/2023).

Guillamón, Agustín: La matanza de veinte derechistas el 9 de septiembre de 1936 en Puigcerdà. Web Ser Histórico (4/011/ 2023).

Guillamón, Agustín: Reescribir la Cerdaña en guerra: confrontación crítica entre Pous/Solé y Gascón/Guillamón. Web Ser Histórico (15/12/2025).

Guillamón, Agustín: Paul Preston contra la historiografía de la revolución: una impugnación necesaria.  Web Ser Histórico (1/01/2026).

Guillamón, Agustín: Contra la descalificación historiográfica de “Homenaje a Cataluña”. Web Ser Histórico (4/01/2026).

Bibliografía fundamental:

 Gascón, Antonio y Guillamón, Agustín: Nacionalistas contra anarquistas en la Cerdaña (1936-1937). Antonio Martín, la experiencia libertaria de Puigcerdá y el sagrado mito de Bellver. Descontrol, Barcelona, 2018.

Peitx, Joan: Entrevista a J. L. Blanchon: “La faula dels “fets de Bellver” dura des fa més de vuitanta anys”. Querol número 34 (2024).

Peitx, Joan: Entrevista a Antonio Gascón y Agustín Guillamón. “ERC va fer la llista dels que havien de ser afusellats el 9 de setembre al Còrrec del Gavatx”. Querol número 34 (2024).

Peitx, Joan: Entrevista a Josep M. Solé Sabaté: “Tot el que fa l’alcalde Joan Solé a Bellver, ho fa amb el conjunt del poble”. Querol número 34 (2024)

Pous i Porta, Joan; Solé i Sabaté, Josep Maria: Anarquía i República a la Cerdanya (1936-1939). El “Cojo de Málaga” i els fets de Bellver. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, 1991 y 2025.

Solé i Sabaté, Josep Maria: La Cerdanya republicana i antifranquista: Joan Solé Cristòfol. Memorial Democràtic, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2024.

Webs:

Querol número 34: www.recercacerdanya.org/fitxers/querol/querol-34.pdf

Ser Histórico: https://serhistorico.net/category/guerra-civil-espanola/

El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.

Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.

Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.

Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España

El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.

El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.

En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.

Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.

La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.

A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.

La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba

Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.

El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.

La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.

En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.

Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.

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Nos dejo la Abu. Esa chiquilla de 98 añicos que alumbraba nuestros días y decidí hacerle un homenaje contándonos ella misma a través de las grabaciones hechas cuando aun estaba con nosotros sus aventuras y desventuras.

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