• La promotora podría llegar a construir más de 5.000 viviendas, gracias a terrenos forestales que no cumplen la Ley del Suelo, según la Consejería de Fomento.
• Supone que más de la mitad de lo edificable sería gracias al famoso “Teletransporte” que tanto se utilizó en los pelotazos urbanísticos de la época del alcalde Cámara.
• Una de las urbanizaciones se encuentra dentro de un área delimitada por el Plan de Recuperación del Águila Perdicera.

El pasado mes de mayo el pleno de Ayuntamiento de Murcia, con el único voto a favor del Partido Popular, aprobó el avance de la modificación del Plan General de Murcia a propuesta de una conocida promotora urbanística, en las pedanías de Baños y Mendigo, y Corvera. Se trata de tres nuevos sectores ZU-SB-CV5 en Corvera, y ZU-SB-BM13 y ZU-SR-BM14, donde se pretende construir nada menos que casi 9.000 nuevas viviendas en estos “resorts”.

Según cálculos de los ecologistas a partir de la documentación presentada por la mercantil promotora (PROFUSA), la mayor parte de esas viviendas (el 60%, más de 5.000) podrán ser construidas gracias a la cesión como sistemas generales de terrenos forestales que ya están protegidos dentro del Parque Regional de Carrascoy y El Valle, lo cual según esta organización “es un disparate y pura especulación prohibida por la Constitución. El teletransporte genera para los promotores, sin hacer prácticamente nada, plusvalías 100 veces superiores a las habituales. Es el regreso al urbanismo a la carta del anterior alcalde Miguel Ángel Cámara y un falso regalo”. De hecho, la propia Consejería de Fomento del gobierno regional ya paralizó un desarrollo urbanístico similar en término municipal de Murcia, en Sangonera La Verde, debido a que “los terrenos situados dentro del Parque Regional de Carrascoy no cumplen los requisitos vigentes establecidos en el art. 116.1 LOTURM, y no está justificada su incorporación ni siquiera como sistemas generales al ámbito de desarrollo propuesto”. Este desarrollo en Sangonera fue iniciado por esta misma promotora que ahora promueve las tres nuevas modificaciones, si bien posteriormente aparece como impulsora una sociedad mercantil que tiene cerrado el registro mercantil por falta del depósito de las cuentas anuales.

Para la organización ecologista, el colmo de la “desfachatez urbanística” consiste -como sucede en concreto en uno de los tres nuevos sectores propuestos- en que la promotora prácticamente no es propietaria del suelo edificable cuya transformación promueve, pero consigue la edificabilidad gracias a las fincas forestales ya protegidas dentro del Parque.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones dentro del trámite urbanístico y medioambiental, denunciando además que uno de los sectores, situado en la pedanía de Corvera (denominado “Cv5”) está íntegramente dentro de una zona protegida por Decreto del Consejo de Gobierno 59/2016, de 22 de junio, por el que se aprueban los planes de recuperación de varias especies de fauna silvestre amenazadas, entre ellas el águila perdicera. Los ecologistas advierten que aprobar la posible urbanización choca frontalmente con esta protección faunística y exigen coherencia al Gobierno regional, que será quien en su caso apruebe las tres modificaciones del plan general: “No se puede estar un día soltando linces con evidentes fines propagandísticos, y al otro enladrillando las áreas protegidas para la fauna silvestre en peligro”.

El concejal Antonio Navarro Corchón informó en su día de la existencia de un informe de la Dirección General de Patrimonio Natural que “ha justificado su idoneidad por el valor ambiental que tienen los terrenos». Los ecologistas indican que han solicitado copia de dicho informe y advierten de que “no consentiremos otra Zerrichera, ni otro Novo Carthago”, aludiendo a estos polémicos desarrollos urbanísticos, ambos fracasados. “Es además irónico que se puedan beneficiar de esta operación los sectores económicos que se oponen a la aprobación de las normativas de ordenación del Parque Natural y que el gobierno regional tiene 30 años bloqueadas”, insisten los ecologistas.

También piden que la tramitación de estas modificaciones se suspenda mientras se tramita el nuevo Plan General de Murcia, ya que en su opinión se está tratando de eludir los cambios que sin duda se avecinan. Según responsables de la organización, que el Ayuntamiento de Murcia tramite en estos momentos a la vez tres modificaciones del mismo promotor resulta “altamente sospechoso desde el punto de vista urbanístico, ya que lo lógico sería analizar estas operaciones de acuerdo con los nuevos criterios que favorecen el crecimiento denso alrededor de los núcleos ya existentes, que es donde trabaja la gente: la nueva movilidad y otras infraestructuras provocada por estos desarrollos desaforados será inasumible”.

Ecologistas en Acción ha declarado que “estamos a favor de que las fincas privadas dentro del Parque Regional pasen a propiedad pública, pero no al precio de un desarrollo urbanístico insostenible, especulativo y contrario a la Ley del Suelo, sino como el suelo rústico sin apenas valor monetario que es, según las normas de valoración vigentes”. Justamente hace unos días el Ayuntamiento de Mazarrón ha rechazado la cesión de la isla de Adentro a cambio de otros terrenos mediante una permuta debido a que, según su alcalde, «el valor de la isla es cero», ya que se trata de un espacio natural protegido europeo de la Red Natura 2000, exactamente igual que los terrenos forestales que se quiere vincular a las nuevas urbanizaciones en tramitación.

La entrada Denuncian edificabilidad ilegal a costa de suelo protegido en Murcia aparece primero en Ecologistas en Acción.

• Ecologistas en Acción denunció hace unos días a la consejera de Agricultura de la Región de Murcia por negar la existencia de un informe que demuestra niveles preocupantes de metales pesados en Mar Menor Sur.
• Las sospechas de que podría haber transferencia a productos agrícolas se han hecho más fuertes tras conocerse los resultados y advertencias de una tesis doctoral de 2022, entre ellas, la acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas en suelos agrícolas contaminados.
• La organización ecologista tacha de “muy irresponsable” el silencio y la falta de transparencia que mantienen las autoridades de la Región de Murcia que “no hacen más que aumentar la incertidumbre y las sospechas”.

Ecologistas en Acción de la Región Murciana denunció hace unos días a la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira Martínez, por la posible comisión de un delito al intentar ocultar la existencia de un estudio de suelos agrícolas de la Universidad Politécnica de Cartagena que revelaba niveles alarmantes de metales pesados en algunas áreas del sur del Campo de Cartagena.

A principios de febrero de este año, se destapó que Rubira negó el acceso al estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, alegando que no existía. Desde entonces, la organización ecologista denuncia que no han parado de sucederse las versiones contradictorias y el empeño en mantener el estudio oculto. A todo ello se ha sumado la revelación de una tesis doctoral de 2022 que demuestra transferencia de metales pesados a productos de consumo, lo cual ha hecho saltar las alarmas.

Para la organización ecologista, la secuencia de acontecimientos es clave, ya que revela una opacidad y silencio inusitados en torno a un asunto que genera gran alarma por sus posibles consecuencias en la salud pública:

• En noviembre de 2023, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca encargó a un equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) la realización del estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”, por el que se otorgó una subvención directa de 293.035 €.

El Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa), liderado por el investigador Ángel Faz, fue el encargado de realizar dicho trabajo.

• En mayo de 2025, según confirmó la propia UPCT, el trabajo fue concluido, entregado y justificado a la Consejería, sin que haya trascendido que en ese momento se realizara ningún requerimiento de subsanación.
• En junio de 2025, en el marco de un procedimiento judicial, Tragsa entregó en el Juzgado nº1 de Cartagena un informe llamado “Caracterización de tecnosuelos del depósito minero El Lirio–Los Belones (Cartagena)”. Este informe, elaborado por el mismo grupo de investigación de Ángel Faz, utiliza referencias a su propio estudio de diagnóstico de suelos agrícolas, aportando datos y una serie de mapas del mismo. Los mapas de distribución de metales muestran en algunas áreas concentraciones por encima de lo legal para suelos agrícolas.
•  En octubre de 2025 se solicitó a la Consejería el acceso al estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”.
• El 4 de febrero de 2026 la Consejería negó el acceso al documento, y argumentó que el estudio no existía y que se iba a iniciar un procedimiento para pedir a la UPCT la devolución de la subvención.
• — A partir de ese momento, la noticia saltó a los medios de comunicación y, cuando la consejera Rubira fue consultada, inició una serie de cambios de versión: primero negó la existencia del estudio, luego aludió a un incumplimiento de los objetivos de la subvención, y finalmente fijó un plazo de 15 días para que el equipo investigador de la UPCT subsanara documentación, tras casi un año de estar concluido, entregado y justificado el estudio.
• A fecha de 2 de marzo de 2026, el estudio “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación” sigue sin hacerse público.

Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, lo resume con estas palabras: “Se está intentando evitar el acceso a un informe de una universidad pública, pagado con dinero público, y del que solo conocemos unos datos preocupantes de contenido en metales en suelos agrícolas así como unos mapas bastante impactantes que se aportan en el informe sobre tecnosuelos y que se presentaron en el juzgado”.

Acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas

Luengo destaca que, “en medio de esta situación de ocultación y con la posibilidad de que estos metales estén siendo absorbidos por algunos cultivos y puedan llegar a consumidoras y consumidores, hemos sabido que en marzo de 2022 se publicó una tesis doctoral de la UPCT, dirigida por el mismo investigador Ángel Faz, y que precisamente analizaba la transferencia de metales pesados desde los depósitos mineros abandonados de la Sierra Minera hacia suelos forestales, agrícolas, zonas urbanas y medio marino”.

Para Ecologistas en Acción, lo más preocupante de esa tesis es que advierte de la acumulación de plomo y cadmio en lechugas cultivadas con suelos agrícolas contaminados del Arco Sur. Al mismo tiempo, aconseja a las autoridades un seguimiento por el “riesgo de incorporación a la cadena trófica por consumo de los productos cultivados en zonas agrícolas influenciadas por la actividad minera”, debido al peligro para la salud humana que esto supone, especialmente en un consumo frecuente.

La organización ecologista afirma que la situación es insostenible:“Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”. A su vez, señala que desde las autoridades competentes no ha trascendido ninguna actuación preventiva al respecto en todo este tiempo.

“Que a día de hoy se siga intentando ocultar la información sobre este asunto, y no haya una aclaración inmediata y suficiente de las medidas de control adoptadas por las autoridades competentes, no hace más que sembrar la sospecha de que algo no va bien; se trata de un silencio totalmente insostenible e impropio de un Estado democrático en pleno siglo XXI”, ha añadido Luengo.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha anunciado que en los próximos días solicitará información sobre las actuaciones de la Administración regional en cuanto a protección de la salud pública, y no descarta que se puedan derivar nuevas acciones judiciales.

 

La entrada Alerta por la posible contaminación por metales pesados en productos agrícolas de Cartagena aparece primero en Ecologistas en Acción.