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✇Ecologistas en Acción

Restringen marcha por camino público inventariado

Por: Huelva

Con motivo del VI Día Estatal de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, Ecologistas en Acción, FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) y la Plataforma Ibérica Por los Caminos Públicos, junto con colectivos locales como Los Pies en la Tierra, Amigos de los Caminos y Aldeas Unidas, convocaron una marcha por el camino público “De Jabugo a El Quejigo”.

Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Huelva emitió una toma de conocimiento condicionada que impedía el tránsito por el tramo usurpado por la finca privada “Montegallinas”, desplegando efectivos de la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de esta restricción, ante lo que Ecologistas en Acción denuncia que la Administración elude proteger el dominio público frente a intereses privados

Dos días antes de la marcha, la propietaria de la finca presentó un escrito oponiéndose al paso alegando titularidad registral privada sin cargas. En respuesta, la Subdelegación advirtió que la autorización “no ampara el acceso a terrenos rústicos vallados”, trasladando el conflicto de titularidad a la vía administrativa o judicial ordinaria. Durante la marcha, los efectivos de la Guardia Civil acompañaron a los participantes para asegurar que no se accediera al tramo disputado, obligando a los organizadores a detenerse ante la portilla de la finca.

Desde las organizaciones se denuncia que los caminos públicos son bienes de dominio público, inembargables e imprescriptibles (art. 132 CE). La inclusión del camino en el Inventario Municipal de Bienes Públicos, aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Jabugo el 30/04/2025  genera presunción de publicidad y legitimidad. El camino figura catalogado como Dominio Público – Uso Público (Epígrafe 1.4, Nº Orden 10), con 2.314 metros de longitud.

Las organizaciones convocantes creen que la Subdelegación elude sus responsabilidades alegando incompetencia para determinar titularidades, pero al condicionar la marcha y desplegar policías, toma partido de facto por la titularidad privada. Esta no es una situación aislada; hace dos años la Subdelegación adoptó una postura similar en la carretera HV-5015 de Minas de Riotinto.

Camino cortado

Este camino tiene especial relevancia estratégica. La aldea de El Quejigo cuenta actualmente con una única vía de acceso practicable. En caso de incendio forestal u otra catástrofe que corte la carretera principal, la aldea quedaría totalmente aislada, como ocurrió parcialmente en el incendio de Los Romeros el verano pasado. Además, su recuperación permitiría crear un “camino romero” seguro para la romería de la Virgen del Quejigo, reduciendo el tránsito por la carretera nacional.

Las organizaciones anuncian que presentarán denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Jabugo, solicitando la incoación de expediente de recuperación de oficio del camino usurpado . Asimismo, pondrán los hechos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo Andaluz. Las convocantes creen que no estamos ante un conflicto entre particulares sino ante una usurpación de dominio público que la Administración tiene el deber inexcusable de proteger.

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✇Ecologistas en Acción

Suspensión provisional de las obras del macroproyecto urbanístico, Nuevo Rompido Este

Por: Huelva

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Huelva ha acordado la suspensión cautelar provisionalísima de las obras del Proyecto de Urbanización del Sector SUS C-2 “Nuevo Rompido Este”, promovido en el término municipal de Cartaya y vinculado al desarrollo inmobiliario impulsado por la promotora vasca Loiola.

La resolución judicial, dictada el 17 de marzo de 2026, estima la solicitud presentada por la Federación Ecologistas en Acción de Huelva y ordena la paralización inmediata de cualquier actuación de tala, desbroce, arranque de vegetación, movimiento de tierras o alteración del terreno en el ámbito afectado por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartaya de 8 de mayo de 2025, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización.

Corte de pinos, matorral y alteración del suelo

La medida ha sido adoptada con carácter urgente y sin oír previamente a las partes demandadas, al apreciar el juzgado la concurrencia de circunstancias de especial urgencia. En particular, la jueza considera que la continuidad de los trabajos podría hacer perder la finalidad legítima del recurso contencioso-administrativo interpuesto, dado que los daños ambientales denunciados podrían resultar irreversibles.

Según recoge el auto, de no suspenderse la ejecución del proyecto “el recurso perdería su finalidad dado que, una vez dictada la sentencia, aun resultando estimatoria, la zona habrá desaparecido y perdido su valor botánico y ecológico, siendo difícil revertir la situación a su estado anterior”.

El informe pericial aportado por Ecologistas en Acción acredita que desde el 24 de febrero se habrían ejecutado actuaciones sobre una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, incluyendo la tala de más de un centenar de pinos adultos (Pinus pinea), la eliminación de matorral mediterráneo y la alteración física del suelo mediante maquinaria pesada. La resolución judicial subraya que estos daños no son fácilmente reversibles y que su continuación ampliaría la superficie afectada.

El juzgado destaca, además, la relevancia constitucional de la protección ambiental, recordando que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos el deber de velar por la conservación del Medio Ambiente, y que en la ponderación de intereses realizada el único riesgo de perjuicio irreparable apreciado es el relativo a los valores ambientales.

La resolución concede ahora un plazo de tres días al Ayuntamiento de Cartaya y a la Junta de Compensación del Sector para formular alegaciones, tras lo cual el juzgado decidirá si mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada.

Ecologistas en Acción de Huelva valora positivamente la decisión judicial que considera un paso importante en la defensa de los valores naturales del ámbito afectado. La organización recuerda que su actuación se ejerce al amparo de la acción pública en materia ambiental y reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental en el desarrollo previsto para Nuevo Rompido Este.

La medida cautelar adoptada no prejuzga el fondo del asunto, que deberá resolverse en sentencia, pero implica la paralización inmediata de las actuaciones materiales hasta nueva decisión judicial.

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